Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad las actas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (2007-2017). Tras la denegación total basada en confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actas con la omisión de datos confidenciales y personales.
Se solicitó documentación del expediente de contratación del servicio de sonorización del Recinto Ferial de Móstoles al Ayuntamiento de Móstoles. El interesado alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso a la mayor parte del expediente pero denegando la memoria técnica por proteger intereses comerciales.
El ciudadano solicitó a AENA, S.A. el número de desvíos y cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de A Coruña en 2017, desglosados por mes y causa. Tras una respuesta parcial, el ciudadano alegó falta de motivación y disponibilidad de los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a AENA a facilitar las causas de dichos vuelos.
Un representante del Comité de Empresa solicitó a la Autoridad Portuaria de Vigo el Plan de Empresa 2018 y el acta del Consejo de Administración del 23/02/2018. La administración denegó el acceso alegando intereses económicos y confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se acreditó un perjuicio real.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento actas y órdenes del día del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón (1996-2017). La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, límites del art. 14 y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el derecho a la información es amplio, las normas internas no pueden limitarlo y los límites deben aplicarse caso por caso.
La empresa Iron Mountain solicitó acceso al expediente de contratación de un servicio de custodia documental. El Departamento de Presidencia denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad de ciertos documentos. El Consejo de Transparencia de Aragón decide no entrar a conocer la reclamación por haber sido resuelta simultáneamente por el TACPA mediante recurso especial.
El solicitante pidió actas y altas de empresas al Consejo Regulador de Vinos Espumosos. El Consejo Regulador del Cava denegó el acceso alegando confidencialidad y falta de titularidad de la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información se refiere a un organismo ya extinguido y fue solicitada a una entidad distinta que no dispone de ella.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento un informe de la Abogacía del Estado sobre la OPA de Abertis. Tras alegar que el procedimiento ya había concluido y que no existían riesgos económicos, el reclamante desistió de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al haber obtenido la información por otra vía.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital los expedientes completos de los permisos de investigación de hidrocarburos Bezana y Bigüenzo. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los expedientes pero excluyendo la información sobre capacidad técnica y económica financiera por afectar a intereses comerciales.
Se solicitó a la Corporación Radio Televisión Española (CRTVE) la copia de los contratos y el desglose de costes del programa «¿Cómo lo ves?». La entidad denegó el acceso alegando protección de datos personales y perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la transparencia de la contratación pública y el control del gasto superan los posibles daños comerciales, y que los datos personales pueden anonimizarse.
Se solicitó a la Agencia EFE información sobre tarifas y listas de colaboradores nacionales e internacionales, así como el gasto total en dichas colaboraciones durante 2017. La administración denegó las listas y los desgloses por colaborador alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los gastos totales desglosados por sección y tipo, pero sin identificar a las personas.
La Asociación POKERCSI solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número total de manos de póker online jugadas en 2016 y el porcentaje de manos analizadas para valorar el reparto. El interesado alegó que la información es accesible mediante simples consultas a los operadores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por inexistencia de la información y requerir reelaboración.
APEDANICA solicitó al Consejo General de la Abogacía Española copia de contratos y un informe técnico elaborados por la empresa IBM. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que decidió inadmitir la reclamación al considerar que la documentación de una sociedad mercantil privada no está sometida a la Ley 19/2013.
El ciudadano solicitó a la AEMPS información detallada sobre incidentes con el producto Ala Octa, incluyendo informes técnicos y nombres de expertos. Alegó que la administración denegó el acceso basándose en una confidencialidad inaplicable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los informes y datos, excepto los avances de la investigación.
Radiodifusión Digital solicita a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha diversos convenios y contratos relacionados con la televisión digital terrestre (TDT) y ayudas estatales. La administración denegó el acceso alegando inadmisión por publicidad activa, reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación.
PROMARCA solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el acceso a resoluciones sancionadoras. Tras la denegación, reclamó alegando que los límites de datos y secretos comerciales no procedían y que podía haber expurgo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que las resoluciones contienen secretos comerciales cuya divulgación perjudicaría a las empresas investigadas, por lo que aplica el límite del art. 14.1 h) de la LTAIBG.
Una sociedad mercantil solicitó al Ayuntamiento del Pla de Santa Maria la licencia y el expediente de apertura de una planta de reciclaje. El Ayuntamiento estimó parcialmente la solicitud denegando el proyecto de actividad por intereses económicos. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar toda la documentación por falta de motivación de los límites alegados.
El reclamante solicitó información técnica sobre una estación de servicio al Ayuntamiento del Campello. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación ante el Consell de Transparència de la Comunidad Valenciana. El organismo estimó la reclamación e instó al Ayuntamiento a proporcionar la información en el plazo de un mes, dado que la documentación forma parte de expedientes de permisos municipales.
Se solicitó al Ministerio de Fomento la cifra de viajeros punto a punto del año 2017 en diversas rutas ferroviarias. Renfe Operadora denegó el acceso alegando que la información detallada afectaba a sus intereses comerciales y estratégicos ante la liberalización del mercado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los datos de las rutas solicitadas.
Una funcionaria interina solicitó información sobre su puesto de trabajo y si este estaba incluido en una convocatoria de oposiciones. La Comunidad de Madrid denegó la segunda parte por ser información en curso de publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar las fechas de las modificaciones del perfil del puesto.
Un funcionario interino solicitó información sobre su puesto de trabajo (nº 30919), específicamente sobre sus modificaciones de perfil y si estaba incluido en una convocatoria de oposiciones. La Comunidad de Madrid denegó el acceso a lo segundo por ser información en curso de publicación y dio una respuesta incompleta sobre lo primero. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación.
Un funcionario interino solicitó información sobre su puesto de trabajo y si este estaba incluido en una convocatoria de oposiciones. La Consejería de la Comunidad de Madrid denegó el acceso a la vinculación con la convocatoria alegando que era información en curso de publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, pues aunque la inadmisión por publicación es correcta, la administración no facilitó la fecha de reclasificación del puesto ni otras posibles modificaciones.
Una mercantil solicitó a l'Autoritat Portuària d'Alacant copias de diversos expedients administrativos para demostrar una supuesta desigualdad de trato. La administración denegó parte de la información alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana se declara incompetente por ser la entidad reclamada un organismo estatal.
Una funcionaria interina solicitó a la Comunidad de Madrid saber si su plaza específica sería incluida en una convocatoria de empleo público. La administración inadmitió la solicitud por considerarla información en curso de publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que los puestos concretos no se determinan hasta que finaliza el proceso selectivo.
La interesada solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre la vinculación de su puesto de trabajo a una oferta de empleo público. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información es de publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información solicitada no es objeto de publicación general previa.
El ciudadano solicitó a la Sociedad Mercantil Valladolid Alta Velocidad 2003 copia de dos audio actas y el Plan de Viabilidad de la entidad. La administración denegó el acceso alegando límites de protección de datos y confidencialidad comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar las actas, pero mantiene la denegación del Plan de Viabilidad.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía copia de los Contratos-Programa con la concesionaria NEX CONTINENTAL HOLDINGS, SLU. Tras recibir acceso parcial, el solicitante recurrió al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo acuerda retrotraer el procedimiento ya que la información fue generada por el Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería.
Una ciudadana solicitó a Paradores de Turismo de España, S.A. el inventario de bienes muebles y artísticos del Parador de San Marcos de León. La entidad denegó el acceso alegando riesgos de seguridad y confidencialidad comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar el inventario omitiendo la localización física de las obras.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales información sobre el Comité de Apoyo a las JMJ 2011. Alegó que el acceso fue incompleto al tacharse cifras económicas de las actas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque dicha información tiene carácter tributario y es reservada según la Ley General Tributaria.
El Comité de Empresa de la Agencia EFE solicitó al organismo información sobre colaboradores, contratos, retribuciones y gastos. La administración denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el solicitante ejercía abusivamente el derecho de acceso para cumplir funciones sindicales, un ámbito que debe resolverse por cauces laborales específicos y no mediante la Ley de Transparencia.
El interesado solicitó a Patrimonio Nacional información detallada sobre contratos de publicidad institucional y subvenciones a medios (2013-2016). Tras una respuesta parcial, el ciudadano reclamó la falta de datos sobre los medios beneficiarios finales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender el plazo para resolver debido a la existencia de litispendencia judicial.
El solicitante pidió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital información detallada sobre contratos de publicidad institucional y ayudas a medios (2013-2016). Alegó que los enlaces proporcionados eran insuficientes y ocultaban el reparto real de fondos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución hasta que haya sentencia judicial por litispendencia.
Se solicitó al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad copias de documentos relativos a los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Venezuela y Colombia. El solicitante alegó que la información es relevante para la toma de decisiones y no es meramente auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó al FROB copia del expediente de la resolución del Banco Popular, incluyendo el informe del experto independiente y los acuerdos de compraventa. El FROB denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad e intereses económicos y comerciales de Banco Santander. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno suspendió el plazo para resolver la reclamación debido a la litispendencia con un procedimiento judicial sobre un caso idéntico, sin pronunciarse aún sobre el fondo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre objetivos de políticas de multas, desglose de recaudación anual desde el año 2000 y datos de inversión en prevención de accidentes. El Ayuntamiento denegó o inadmitió parte de la solicitud por requerir reelaboración o falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente información detallada sobre contratos de publicidad institucional y ayudas a medios (2013-2016). El ciudadano alegó que la respuesta era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender las actuaciones debido a la existencia de litispendencia con otros procesos judiciales similares.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el detalle desglosado de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de 2016. La administración facilitó datos globales pero denegó el desglose alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información requiere un tratamiento manual y una revisión expediente a expediente.
La Sección Sindical de CCOO en la Agencia EFE solicitó información económico-financiera a la empresa. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación ante el CTBG. La administración alegó carácter abusivo, necesidad de reelaboración y protección de intereses económicos. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar datos sobre gastos, salarios de altos cargos y variaciones financieras, al considerar que el interés público en la transparencia de fondos públicos prevalece sobre las limitaciones no suficientemente justificadas.
Se solicitó al ente público Radio Televisión Canaria (RTVC) el listado y copia de los proyectos audiovisuales presentados en septiembre de 2016 para la nueva programación. La administración alegó que, al ser la solicitante miembro del Consejo Rector, se aplicaba la Ley 40/2015 y no la de transparencia. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación por considerar que los cargos públicos mantienen su derecho de acceso como ciudadanos.
Se solicitó al FROB documentación sobre la resolución de Banco Popular. El reclamante alegó falta de ponderación del daño y que la información era pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la valoración del experto independiente por no acreditarse perjuicio económico, pero desestimando el resto por afectar a la confidencialidad y secretos comerciales de los participantes.
Taurodelta S.A. solicitó copia de la oferta presentada por la UTE adjudicataria en un concurso para la gestión de la Plaza de Toros de Las Ventas. La Comunidad de Madrid denegó el acceso a tres documentos (plan de publicidad y proyectos de obras y seguridad) alegando confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye secretos comerciales.
Se solicitó al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital información detallada sobre ayudas sociales por costes laborales en la minería del carbón (2013-2016). El interesado alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos totales y el desglose por fecha y empresa, pero denegando datos personales específicos.
El interesado solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid datos detallados de la Estadística de la Enseñanza desde el curso 2009-2010. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información tiene prevista una publicación general próxima.
El representante de EMASA Empresa Constructora solicitó información al Ayuntamiento de Cartagena sobre diversos procedimientos urbanísticos. Tras la desestimación de la administración alegando falta de concreción y carácter abusivo, el interesado reclamó ante el Consejo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por falta de competencia material.
Se solicitó acceso a los informes del Programa Nacional de Reformas 2017 y del Programa de Estabilidad 2017-2020 a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. El interesado alegó falta de motivación y aplicación indebida de límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información no es auxiliar, sino principal para la rendición de cuentas.
Se solicitó a AENA S.M.E., S.A. el desglose de los gastos de representación de los directores de los aeropuertos de A Coruña, Santiago y Vigo (2013-2016). La administración alegó que no existen tales gastos bajo esa denominación y que la contabilidad analítica es confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el importe real utilizado de las dotaciones.
El representante de Agrupació RadioTaxi Tarragona solicitó acceso al expediente de un concurso de servicios de transporte para personal de cercanías. RENFE-Operadora denegó la solicitud alegando un carácter abusivo y la existencia de un régimen de contratación específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación.
La Asociación POKERCSI solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría y certificación de los generadores de números aleatorios del póker online. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio al secreto profesional, propiedad intelectual y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de dichos informes revelaría know-how técnico y parámetros criptográficos protegidos, vulnerando los límites del art. 14 de la LTAIBG sin posibilidad de acceso parcial.
La Junta de Personal de la AEAT Valencia solicitó el catálogo de puestos de trabajo ocupados y vacantes en la provincia. La AEAT denegó el acceso a la identidad de los ocupantes alegando seguridad y lucha contra el fraude. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que los nombres y cargos son datos identificativos de interés público.
La FIAB solicitó acceso a las resoluciones de expedientes sancionadores contra DIA y EROSKI tramitados por la AICA. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y falta de firmeza. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al momento de la solicitud, las resoluciones aún no existían y no se podía acceder a información inexistente.
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