Acceso a las actas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (2007-2017)

PRESIDENCIA RESOLUCIÓN S/REF: 001-020365 N/REF: R/0239/2018 (100-000721) FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO ASUNTO: Resolución de Reclamación presentada al amparo del artículo 24 de la Ley 19/ 2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno En respuesta a la Reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, con entrada el 18 de abril de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, considerando los antecedentes y fundamentos jurídicos que se especifican a continuación, adopta la siguiente RESOLUCIÓN: I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO solicitó al MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD, el día 22 de enero de 2018 y al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la siguiente información: xActas aprobadas de las reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos con todos los acuerdos adoptados de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 2. Mediante Resolución de fecha 21 de marzo de 2018, el MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD contestó a la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, informándole en los siguientes términos: xEn relación a su solicitud de 22 de enero de 2018, de acceso a las actas de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos correspondientes a las sesiones celebradas durante los años 2007 a 2017, a la vista de las alegaciones presentadas por los terceros afectados por informaciones, contenidas en aquellas, y previa la ponderación de los intereses de toda índole afectados por el acceso a la información solicitada, se ha resuelto denegar el acceso al contenido de las meritadas actas. Y ello por entender que las mismas contienen datos e información protegida por la garantía de confidencialidad y cuya revelación podría afectar a intereses económicos y comerciales de los laboratorios titulares de los medicamentos a que se refieran aquellas. En efecto, las actas recogen las deliberaciones de la CIPM sobre la financiación y precio de los medicamentos, en un ejercicio de ponderación entre los costes de fabricación del medicamento, margen de beneficio empresarial y la utilidad terapéutica del producto; datos todos ellos de conocimiento reservado y cuya publicación podría afectar gravemente a la capacidad de competencia de las empresas (téngase en cuenta que se trata de información relativa, entre otros, a previsiones de ventas, cuotas de mercado, análisis económico y costes farmacológicos). xAsí lo entiende, por lo demás, el propio texto refundido de la ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, cuyo artículo 97.3 declara la confidencialidad de la información facilitada por los laboratorios farmacéuticos sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros que se precise para la información de precios. xPor lo expuestos se RESUELVE DENEGAR el acceso a la información solicitada por venir este afectado por los límites señalados en los apartados h), j), y k) del artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 3. A la vista de esta contestación, la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO presentó Reclamación ante este Consejo de Transparencia, con entrada el 18 de abril de 2018, al amparo de lo previsto en el artículo 24 de la LTAIBG, argumentando básicamente: xQue teniendo en cuenta que: 1) Las actas aprobadas por la Comisión Interministerial de precios se publican, desde el pasado mes de diciembre de 2017, en este link (https://www.msssi.gob.es/profesionales/farmacia/CIPMyPS.htm) con la información que cree conveniente la propia Comisión, por lo que estas actas existen; 2) En relación con el Criterio 7/2015, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se define que “El segundo supuesto sería el que se refiere a la información que, por contener datos de carácter personal, debe ser “anonimizada” o disociada antes de ser suministrada al interesado o bien que, por afectar a alguno de los límites previstos en la norma, el acceso sólo deba proporcionarse respecto de la información solicitada. Son los supuestos contemplados en los artículos 15.4 –que prevé la anonimización de la información de modo que se impida la identificación de las personas afectadas- y 16 de la Ley 19/2013, que prevé el suministro de la información con omisión de aquella que esté afectada por algunos de los límites del artículo 14. En estos casos, y pese a suponer, implícitamente, un proceso específico de trabajo para proporcionar la información, ninguno de estos dos supuestos puede entenderse como reelaboración”; por lo que pido los documentos anonimizados en las partes en las que haya un dato afectado por los límites de la Ley. xSolicito una resolución del Consejo de Transparencia ante dicha solicitud, al amparo del artículo 24 de dicha norma. 4. El día 19 de abril de 2018, se trasladó la documentación obrante en el expediente al MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICISO SOCIALES E IGUALDAD, a través de su Unidad de Información de Trasparencia, para que presentase alegaciones. El escrito de alegaciones tuvo entrada el 16 de mayo de 2018 y en el mismo se señalaba lo siguiente: xCiertamente asiste la razón al interesado cuando, ajustando los términos de su solicitud de acceso, circunscribe la misma a los datos que no se vean afectados por la garantía de confidencialidad, que debería ser eliminados de la copia del acta a que se le dé acceso. Ocurre, sin embargo, que en esta clase de documentos se presenta la dificultad, cuando no la imposibilidad, de deslindar los datos de público conocimiento de los de carácter reservado. Semejante actuación exigiría, en primer lugar, discernir qué datos merecen una u otra clasificación, lo que si ya entraña una gran dificultad. Pero es que, además, siendo el contenido de las actas de eminente carácter técnico y financiero, una vez realizada la segregación de la información que debe quedar reservada, los datos restantes no afectados por la cláusula de confidencialidad ni por la preservación de los intereses económicos y comerciales apenas aportarían información relevante. Téngase en cuenta que los aspectos científico-técnicos del expediente de precio están amparados por los derechos de patente, que impiden acceder a los mismos; de igual modo, los extremos económicos y financieros están protegidos por el deber de confidencialidad y por el secreto profesional, por afectar a intereses privados. Prescindiendo de unos y otros por los motivos expuestos, prácticamente la única parte de las actas susceptibles de ser expuesta públicamente sería muy exigua, de modo que el acceso a la información estaría virtualmente desprovisto de contenido. xAbundando en el razonamiento anterior, debe traerse aquí a colación la posición manifestada por los titulares de los medicamentos sometidos al debate y decisión de la CIPM en ese año. Abstracción hecha del elevado número de laboratorios afectados (que obligó a verificar el traslado de la solicitud mediante publicación de un anuncio en el B.O.E.), cumple destacar la posición de rechazo a la difusión de estas actas por parte de la totalidad de los laboratorios afectados. Entre los argumentos esgrimidos en apoyo de esta postura, destaca el relativo a la circunstancia de las actas de la CIPM, en tanto en cuanto recogen las deliberaciones de la misma sobre la conveniencia de financiar un medicamento, así como el precio del mismo, contienen información económica, técnica e incluso médica de extrema relevancia para el laboratorio fabricante. En efecto, se trata de información relativa a costes de producto, aprovisionamiento y transformación (materias primas, costes de mano, de obra, licencias, etc.); costes comerciales (personal, transporte); información relativa a provisiones de ventas, cuotas de mercado, análisis económico y costes farmacológicos. Información que está toda ella amparada por el secreto profesional. Es claro, aducen los afectados, que su divulgación podría llevar a las empresas a una situación de no viabilidad económica y empresarial. xEn atención a estas razones, esta Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia solicita el mantenimiento de su Resolución de 21 de marzo de 2018, en todos sus términos, desestimando, en consecuencia, la reclamación contra la misma de Fundación Ciudadana Civio. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Presidente de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter potestativo y previo a un eventual Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La Ley 19/2013, de 19 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, es necesario hacer una mención especial a los plazos establecidos en la LTAIBG para contestar a las solicitudes de acceso a la información. A este respecto, debe indicarse que el artículo 20.1 de la LTAIBG señala que La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. En el caso que nos ocupa, tal y como se ha indicado en los antecedentes de hecho y consta en el expediente, el Reclamante presenta su solicitud de acceso el 22 de enero de 2018, contestando la Secretaría General de Sanidad y Consumo (MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD), el 21 de marzo de 2018, es decir, transcurrido sobradamente el plazo de un mes para contestar. No consta en el expediente ni ha quedado reflejado en la resolución que se recurre, que haya habido una ampliación del plazo para resolver en atención a las circunstancias previstas en el segundo párrafo del art. 20.1 de la LTAIBG. Teniendo esta circunstancia en cuenta, debe recordarse que la Administración debe prever y realizar las actuaciones que internamente sean necesarias para conseguir que las solicitudes de acceso a la información que se le presente lleguen al órgano encargado de resolver de la manera más rápida posible, para evitar demoras innecesarias y perjudiciales para los derechos de los solicitantes. En este sentido, la LTAIBG establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta y dispone la creación de unidades de información en la Administración General del Estado, lo que facilita el conocimiento por parte del ciudadano del órgano ante el que deba presentarse la solicitud así como del competente para la tramitación. Este Consejo de Transparencia ya se ha pronunciado en casos precedentes (por ejemplo, en el expediente R/0100/2016 o el R/0234/2018) sobre esta ausencia de tramitación de la solicitud por parte de la Administración, llegando a la conclusión de que este lapso de tiempo, no achacable al solicitante sino a la Administración, corre en contra de los intereses del primero, lo que contradice el principio de eficacia administrativa del artículo 103.1 de la Constitución española, según el cual "La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho". La categorización como principio por la Constitución del deber de ser eficaz, comporta que la Administración ha de ajustarse en su actuación, no sólo al principio de legalidad, sino que, además, deberá poner todos los medios materiales y humanos para llevar a cabo el fin que la propia Constitución le asigna: la consecución del interés general. 4. Sentado lo anterior, y ya en cuanto al fondo del asunto debatido, entiende la Administración que no puede facilitar la información/documentación solicitada ya que podrían ponerse en peligro los intereses económicos y comerciales de los laboratorios farmacéuticos implicados. Respecto a la aplicación de este límite ya se ha pronunciado repetidamente este Consejo de Transparencia en expedientes anteriores. Así, por ejemplo, en el expediente R/0022/2018, se afirmaba lo siguiente: “Respecto al resto de límites que contiene el artículo 14 de la LTAIBG, debe tenerse en cuenta el Criterio Interpretativo núm. 2 de 2015, relativo a la aplicación de los límites, aprobado por este Consejo de Transparencia, en función de las potestades conferidas por su artículo 38.2 a). En este Criterio expresamente se señala lo siguiente: “Los límites a que se refiere el artículo 14 de la LTAIBG, a diferencia de los relativos a la protección de los datos de carácter personal, no se aplican directamente, sino que de acuerdo con la literalidad del texto del número 1 del mismo, “podrán” ser aplicados. De esta manera, los límites no operan ni automáticamente a favor de la denegación ni absolutamente en relación a los contenidos. La invocación de motivos de interés público para limitar el acceso a la información deberá estar ligada con la protección concreta de un interés racional y legítimo. En este sentido su aplicación no será en ningún caso automática: antes al contrario deberá analizarse si la estimación de la petición de información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Este, además no podrá afectar o ser relevante para un determinado ámbito material, porque de lo contrario se estaría excluyendo un bloque completo de información. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional atendiendo a la circunstancia del caso concreto y siempre que no exista un interés que justifique la publicidad o el acceso (test del interés público).” Igualmente, hay que tener en consideración lo dispuesto por los Tribunales de Justicia, en sentencias en las que destacan las siguientes: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, dictada en el PO 57/2015: “(…) Este derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad". “La ley consagra la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14. Tales causas constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia deben ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, como la norma indica, de tal modo que frente a los actos típicamente discrecionales, (…). En el supuesto litigioso se exige que se acredite que el acceso a la información suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. - En la Sentencia de 7 de noviembre de 2016, dictada en el Recurso de Apelación presentado frente a la Sentencia de instancia indicada previamente, la Audiencia Nacional expresamente señaló que “Y si concurre alguno de los límites del art. 14 reseñado deberá de acreditarlo” - Sentencia nº 85/2016, de 14 de junio de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 5 de Madrid, dictada en el PO 43/2015: “Pues bien, a la hora de interpretar tal precepto - 14.1 h-, hemos de tener presente que, la citada Ley, en su Preámbulo, expresamente afirma que la misma configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública y que dicho derecho solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos”. “Así, la finalidad, principio y filosofía que impregna la reseñada Ley, es un acceso amplio a la información pública; y los límites a tal acceso han de motivarse, interpretarse y aplicarse de modo razonado, restrictivo y aquilatado a tenor del llamado, test de daño; a la luz de la determinación del perjuicio que el acceso a determinada información puede producir sobre el interés que se pretende salvaguardar con la limitación”. - Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía.Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." - Sentencia nº 98/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, dictada en el PO 49/2016: "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto (…)”. - Finalmente la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y, en particular, sobre la prevista en el apartado 1 c/ de dicho artículo (que se refiere a solicitudes “relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración”) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1 c/ de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley; de manera que limitación prevista en el artículo 14.1 h/ de la Ley 19/2013 no opera cuando quien la invoca no justifica que facilitar la información solicitada puede suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales.” (…) La Ley de Transparencia prevé que el derecho de acceso a la información pública pueda ser limitado cuando el conocimiento de la información suponga un perjuicio a alguno de los bienes o intereses, de carácter público o privado, señalados en el artículo 14, precepto que, precisamente, atiende al equilibrio necesario entre la transparencia y la protección de dichos bienes e intereses que puedan estar presentes en un caso concreto. En este sentido, por lo tanto, su aplicación no será en ningún caso automática, sino que, antes al contrario, deberá analizarse si la concesión del acceso a la información supone un perjuicio (test del daño) concreto, definido y evaluable. Del mismo modo, es necesaria una aplicación justificada y proporcional del límite, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y, especialmente, a la posible existencia de un interés superior que, aun produciéndose un daño, justifique la publicidad o el acceso (test del interés).” Ciertamente, en el caso que nos ocupa, la Administración justifica su negativa a dar la información, sosteniendo que (…) debe traerse aquí a colación la posición manifestada por los titulares de los medicamentos sometidos al debate y decisión de la CIPM en ese año. Abstracción hecha del elevado número de laboratorios afectados (que obligó a verificar el traslado de la solicitud mediante publicación de un anuncio en el B.O.E.), cumple destacar la posición de rechazo a la difusión de estas actas por parte de la totalidad de los laboratorios afectados. Entre los argumentos esgrimidos en apoyo de esta postura, destaca el relativo a la circunstancia de las actas de la CIPM, en tanto en cuanto recogen las deliberaciones de la misma sobre la conveniencia de financiar un medicamento, así como el precio del mismo, contienen información económica, técnica e incluso médica de extrema relevancia para el laboratorio fabricante. En efecto, se trata de información relativa a costes de producto, aprovisionamiento y transformación (materias primas, costes de mano, de obra, licencias, etc.); costes comerciales (personal, transporte); información relativa a provisiones de ventas, cuotas de mercado, análisis económico y costes farmacológicos. Información que está toda ella amparada por el secreto profesional. Es claro, aducen los afectados, que su divulgación podría llevar a las empresas a una situación de no viabilidad económica y empresarial. Sin embargo, también es cierto que, como afirma el Reclamante, actualmente se publican notas informativas sobre las reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que contienen información sobre los principales acuerdos establecidos por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIMP), órgano colegiado competente en materia fijación del precio industrial máximo. Estos acuerdos no son definitivos puesto que, previo a la Resolución por parte de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, se dispone del trámite de alegaciones al Proyecto de Resolución por parte de la empresa, según el procedimiento administrativo. La información específica que estas Notas informativas hacen públicas es la relativa tanto a propuestas favorables de precio y financiación como a propuestas desfavorables de financiación y fijación de precios, con los siguientes apartados: CN, Laboratorio, Medicamento, Principio Activo y Formato. En algunos casos, añade información sobre nuevas indicaciones. Por tanto, aparece públicamente expuesto el laboratorio y el producto que éste comercializa. Pero, aparte de los acuerdos, la CIMP elabora actas de cada sesión, que deben especificar necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados (artículo 10 del Reglamento Interno de la CIMP). Estas sesiones podrán incluso ser grabadas. Finalmente, con el fin de agilizar las resoluciones de financiación y fijación de precio y que no sea necesario esperar para su aplicación a la aprobación del acta en la siguiente reunión, por el secretario de la Comisión, en el plazo más breve posible, y después de celebrar la sesión se elaborará un informe con los acuerdos adoptados en la sesión, y una vez firmado por el mismo y con el visto bueno del presidente, será remitido a través de medios electrónicos a los demás miembros, para su aprobación. Para la aprobación de los acuerdos adoptados se requerirá el voto favorable de la mayoría simple de los miembros asistentes con derecho a voto. Una vez aprobados los acuerdos surtirán plenos efectos. Aprobados los acuerdos adoptados en cada sesión de la Comisión, las modificaciones que posteriormente pudieran plantearse respecto a la redacción del acta en ningún caso podrán suponer variación de los acuerdos adoptados y aprobados en la forma referida en el párrafo anterior (artículo 11 del Reglamento Interno de la CIMP). Con estos antecedentes, se entiende que publicar las actas – que es lo expresamente requerido por el Reclamante - supone dar información más amplia que la contenida en las notas informativas públicas citadas. 5. Respecto a la publicación de actas con fines de transparencia ya se ha pronunciado este Consejo de Transparencia con anterioridad. Así, se puede citar el procedimiento R/0033/2018, sobreactas y resoluciones aprobadas por cada Consejo de Administración habido en la Autoridad Portuaria de Gijón entre 1996 y 2017, en el que se razonaba lo siguiente: “A este respecto, debe recordarse que, además de los antecedentes indicados por el solicitante, relativos al acceso a los órdenes del día y las actas del Consejo de Ministros, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha tenido ocasión de conocer otros casos relativos al acceso a este tipo de información relativas a órganos colegiados sujetos a la LTAIBG. Destaca, por ejemplo, la R/0217/2017, que afecta a los órdenes del día y las actas de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, consecuencia de la cual, información idéntica a la que es objeto de la presente reclamación fue proporcionada. Sin duda, también es de destacar la R/0338/2016, sobre los órdenes del día de las reuniones preparatorias de los Consejos de Ministros (la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios) y precedente del posterior acceso a los órdenes del día y actas de los Consejos de Ministros, asunto antes mencionado, en la que se razonaba lo siguiente: Asimismo, debe tenerse en cuenta, que el conocimiento de los asuntos a tratar, unido a los acuerdos finalmente alcanzados por parte del Consejo de Ministros entronca de lleno con el escrutinio a los responsables públicos al que llama la LTAIBG en el mismo inicio de su Preámbulo, donde también se considera la transparencia y el derecho de acceso a la información como eje de toda acción política. En el presente supuesto, por lo tanto, es de directa aplicación el interés legítimo que la propia LTAIBG reconoce a los ciudadanos al garantizar su derecho acceder a información que les permitan un mejor conocimiento de la actuación pública y, derivado de ello, ejercer un mejor control de la misma. (…) Debe volver a recodarse la importancia con el principio de transparencia de la actuación pública y de rendición de cuentas por las decisiones de los organismos públicos, de conocer los asuntos que son tratados por sus órganos de dirección así como de los acuerdos alcanzados por los mismos, incluidas las justificaciones de dichos acuerdos. Es, en definitiva, esta cuestión la que se dirime en este caso y la que debe tenerse en cuenta, a nuestro juicio, a la hora de resolver esta reclamación. En efecto, la LTAIBG reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer el funcionamiento de los sujetos obligados por la misma, a saber de sus actuaciones y a exigir la rendición de cuentas por la misma. En atención a ello, las restricciones a las mismas deben ser proporcionadas y debidamente justificadas y en ningún caso, genéricas. En base a estos argumentos y, volvemos a reiterar, a los precedentes existentes en los que otros órganos colegiados proporcionan, ya de forma proactiva o bien en respuesta a solicitudes de acceso a la información, los órdenes del día y actas de sus reuniones, este Consejo de Transparencia considera que, con carácter general y a salvo de un análisis debidamente proporcionado y ajustado al caso concreto, no puede afirmarse que sean de aplicación los límites al acceso alegados por la Autoridad Portuaria.” Debe recordarse igualmente que, a raíz de la interpretación amplia de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, amparada por los Tribunales de Justicia respecto del derecho de acceso a la información pública, están siendo proporcionadas a los interesados que así lo solicitan la actas derivadas de las reuniones del Consejo de Ministros. Teniendo en cuenta lo anterior, y a salvo del análisis que se realizará posteriormente sobre el alcance de la confidencialidad de los datos reflejados en las actas que se solicitan, no puede entenderse que sean de aplicación los límites al acceso señalados por la Administración, por otra parte con carácter ciertamente genéricos y apartado de toda interpretación restrictiva y vinculada al caso concreto como se desprende de la literalidad del art. 14.2 y de la interpretación de los Tribunales de Justicia. 6. Así las cosas, las actas que elabora el CIMP contienen información sobre los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. Vistos los precedentes citados, este Consejo de Transparencia entiende que publicar información sobre los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado y los puntos principales de las deliberaciones no afectan a los intereses económicos y comerciales de los laboratorios implicados. Esta conclusión se alcanza después de aplicar el contenido de la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Así, señala lo siguiente: “Las empresas, así como los organismos de investigación de carácter no comercial, invierten en la obtención, desarrollo y aplicación de conocimientos técnicos (know how) e información, que son la moneda de cambio de la economía del conocimiento y proporcionan una ventaja competitiva. Esta inversión en la generación y aplicación de capital intelectual es un factor determinante para su competitividad y su rendimiento asociado a la innovación en el mercado y, por tanto, para la rentabilidad de sus inversiones, que constituye la motivación subyacente a la investigación y el desarrollo en las empresas. (…) considerando 1 (…) al proteger esa gran diversidad de conocimientos técnicos e información empresarial, ya sea como complemento o como alternativa a los derechos de propiedad intelectual, los secretos comerciales permiten a los creadores e innovadores sacar provecho de sus creaciones e innovaciones, por lo que son especialmente importantes para la competitividad de las empresas, así como para la investigación y el desarrollo, y el rendimiento asociado a la innovación. Considerando 2 (…) La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial comprometen la capacidad de su poseedor legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación. Considerando 4. La obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial por un tercero podría tener consecuencias desastrosas para el poseedor legítimo del secreto comercial, ya que, una vez divulgado, sería imposible para el poseedor legítimo volver a la situación anterior a la pérdida del secreto comercial. Es esencial, pues, prever medidas provisionales rápidas, efectivas y accesibles para poner fin inmediatamente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial, incluso cuando se utilice para la prestación de servicios.(…) Considerando 26. Finalmente, en su artículo 2 define secreto comercial como (…) la información que reúna todos los requisitos siguientes: a) ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; b) tener un valor comercial por su carácter secreto; c) haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control; Por su parte, la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de acceso al expediente de la Comisión en los supuestos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, los artículos 53, 54 y 57 del Acuerdo EEE, y el Reglamento (CE) nº 139/2004 del Consejo (2005/C 325/07) 3.2.1. Secretos comerciales 18. Cuando la divulgación de información sobre la actividad económica de una empresa pueda causarle un perjuicio grave, dicha información tendrá carácter de secreto comercial ( ). Como ejemplos de información que puede considerarse secreto comercial cabe citar la información técnica y/o financiera relativa a los conocimientos técnicos de una empresa, los métodos de evaluación de costes, los secretos y procesos de producción, las fuentes de suministro, las cantidades producidas y vendidas, las cuotas de mercado, los ficheros de clientes y distribuidores, la estrategia comercial, la estructura de costes y precios y la estrategia de ventas. Teniendo en cuenta lo anterior, los intereses económicos o comerciales han sido interpretados por la Sentencia nº 98/2017, relativa al acceso a información relativa al contrato de compra de trenes AVE y dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid el 22 de junio de 2017 en el PO 49/2016 en el siguiente sentido: "La ley consagra pues la prevalencia del derecho subjetivo a obtener la información y correlativamente el deber de entregarla, salvo que concurran causas justificadas que limiten tal derecho, a las que se refiere el art. 14, causas que constituyen conceptos jurídicos indeterminados cuya relevancia y trascendencia han de ser concretadas en cada caso, ponderando los intereses en conflicto, resultando en este caso que deben prevalecer los intereses generales en mantener la confidencialidad de los datos contenidos en el Pliego de Condiciones, que se exigió al entregarse únicamente a los licitadores, por tratarse de un procedimiento restringido". "Aunque ciertamente el contrato objeto de solicitud supone el uso de fondos públicos, resulta que en este caso, la existencia de posible secretos profesionales o garantía de confidencialidad, podrían resultar afectados de accederse a lo solicitado, (…)” Además de lo anterior, resulta también relevante destacar lo indicado por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017, antes citada y que se da aquí por reproducida. 7. Cuestión que presenta más problemas es la referida al contenido de los acuerdos adoptados, dado que, según señala el artículo 11 del Reglamento CIMP, los miembros de la Comisión, en tanto empleados al servicio de las administraciones públicas, vienen obligados, con carácter general, al cumplimiento de los deberes y obligaciones recogidos en el Capítulo VI del Título III.- Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta, (artículos 52 a 54), del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. (….) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público. Por lo tanto, la confidencialidad a que alude la Administración como limite al acceso existe, en este caso, pero queda relegada a estos aspectos citados, es decir,las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente,sin que pueda ampliarse a otros no expresamente así catalogados. A este respecto, resulta llamativo que la propia Administración, en el escrito de alegaciones remitido durante la tramitación de la presente reclamación indica que Ciertamente asiste la razón al interesado cuando, ajustando los términos de su solicitud de acceso, circunscribe la misma a los datos que no se vean afectados por la garantía de confidencialidad, que debería ser eliminados de la copia del acta a que se le dé acceso. Afirmación que, a nuestro juicio, viene a reafirmar que la aplicación de los límites se hizo con carácter general y sin realizar el debido análisis de la información afectada por el límites y, especialmente, si la solicitud de información pudiera ser concedida parcialmente, posibilidad prevista en el art. 16 de la LTAIBG en el que se prevé el acceso parcial. Así, y pese a las alegaciones de la Administración que expresamente señala que Semejante actuación exigiría, en primer lugar, discernir qué datos merecen una u otra clasificación, lo que si ya entraña una gran dificultaddebe recordarse que es, precisamente, esa labor de ponderación entre el interés público en el acceso a la información y el perjuicio derivado a los límites al acceso incluidos en el art. 14 de la LTAIBG, la que corresponde realizar a los sujetos obligados por la norma a la hora de atender una solicitud de acceso a la información. Es esta y no otra la interpretación que debe realizarse del art. 16 de la LTAIBG, atendiendo como decimos a la configuración amplia del derecho de acceso a la información. Acceso parcial que, por otro lado, no puede tomarse como argumento para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración de la información, previsto como causa de inadmisión en el art. 18.1 c) de la LTAIBG. La interpretación contraria, además de ser disconforme con el criterio aprobado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno referido a la mencionada causa de inadmisión implicaría desvirtuar el propio acceso parcial previsto, como decimos, en el art. 16 de la norma. Sentado lo anterior, y teniendo en cuenta que la información solicitada se refiere a las actas elaboradas por la CIMP en el periodo 2007 a 2017 y que sus reuniones ordinarias se ciñen a la cantidad de 10 por año, más las sesiones extraordinarias, la cantidad de actas a buscar que se puedan referir a asuntos confidenciales para conseguir lo requerido ascienden a una cifra que podría estimarse entre 100 y 120 actas, lo que no representa un trabajo imposible de acometer por parte de la Administración, como ésta afirma. 8. A continuación, deben analizarse las posibles implicaciones sobre la vulneración del derecho a la protección de datos personales, aunque no hayan sido alegadas expresamente por la Administración. A este respecto, puede afirmarse que los datos personales que estarían implicados serían el nombre, apellidos y cargo de los presentes en la reunión del CIMP que es órgano colegiado directivo y decisorio, siendo de aplicación lo indicado en el art. 15.2 de la LTAIBG que dispone que Con carácter general, y salvo que en el caso concreto prevalezca la protección de datos personales u otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público en la divulgación que lo impida, se concederá el acceso a información que contenga datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano. En efecto, no encontramos con la identificación de personas intervinientes, por razón de su cargo, en un órgano directivo de una entidad sujeta a la LTAIBG y, por lo tanto, vinculada a las obligaciones de transparencia contenidas en la misma cuya identificación, precisamente porque en ejercicio de su cargo asisten a dicha reunión, entronca directamente con el principio de rendición de cuentas en el que se basa la LTAIBG. Por lo tanto, puede concluirse que el acceso a la información solicitada no implica un perjuicio a la protección de datos de carácter personal de los asistentes a las reuniones del CIMP. Por otro lado, no es menos cierto que, eventualmente, las actas pueden referirse a asuntos que afecten a personas físicas que no sean funcionarios públicos con capacidad de decisión y que las mismas estén identificadas en la documentación solicitada. En este caso, y siempre que se trate de personas físicas y no jurídicas, según la definición de dato personal del art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, dichos datos deben ser eliminados del documento. En este caso, sería de aplicación lo previsto en el art. 15.4 de la LTAIBG en el sentido de que No será aplicable lo establecido en los apartados anteriores si el acceso se efectúa previa disociación de los datos de carácter personal de modo que se impida la identificación de las personas afectadas. Debemos recordar que la tarea de anonimización, aunque comporta un trabajo adicional, no debe entenderse como reelaboración de la información. 9. Por ello, teniendo en cuenta los razonamientos expuestos y la existencia del límite de la confidencialidad y el secreto profesional debido, este Consejo de Transparencia entiende que la presente Reclamación debe ser estimada parcialmente, debiendo la Administración facilitar al Reclamante la siguiente información: xActas aprobadas de las reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, con todos los acuerdos adoptados de los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. De estas actas se deberán mantener ocultas aquellas materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, a criterio ponderado y leal de la Administración. Asimismo, deben eliminarse los datos que afecten a personas físicas nombradas en las actas que no sean funcionarios públicos con capacidad de decisión, siempre que las mismas estén identificadas en la documentación solicitada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede PRIMERO:ESTIMAR parcialmente la Reclamación presentada por la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO, con entrada el 18 de abril de 2018, contra la Resolución, de fecha 21 de marzo de 2018, del MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD a que, en el plazo máximo de 30 días hábiles, remita a la FUNDACIÓN CIUDADANA CIVIO la información/documentación referida en el Fundamento Jurídico 8 de la presente Resolución. TERCERO:INSTARal MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD a que, en el mismo plazo máximo de 30 días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información/documentación enviada al Reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En consecuencia, contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, únicamente cabe, en caso de disconformidad, la interposición de Recurso Contencioso-Administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso- Administrativo de Madrid en plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda