Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El representante de EMASA Empresa Constructora solicitó información al Ayuntamiento de Cartagena sobre diversos procedimientos urbanísticos. Tras la desestimación de la administración alegando falta de concreción y carácter abusivo, el interesado reclamó ante el Consejo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por falta de competencia material.
Se solicitó acceso a los informes del Programa Nacional de Reformas 2017 y del Programa de Estabilidad 2017-2020 a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. El interesado alegó falta de motivación y aplicación indebida de límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información no es auxiliar, sino principal para la rendición de cuentas.
Se solicitó a AENA S.M.E., S.A. el desglose de los gastos de representación de los directores de los aeropuertos de A Coruña, Santiago y Vigo (2013-2016). La administración alegó que no existen tales gastos bajo esa denominación y que la contabilidad analítica es confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el importe real utilizado de las dotaciones.
El representante de Agrupació RadioTaxi Tarragona solicitó acceso al expediente de un concurso de servicios de transporte para personal de cercanías. RENFE-Operadora denegó la solicitud alegando un carácter abusivo y la existencia de un régimen de contratación específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación.
La Asociación POKERCSI solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría y certificación de los generadores de números aleatorios del póker online. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio al secreto profesional, propiedad intelectual y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de dichos informes revelaría know-how técnico y parámetros criptográficos protegidos, vulnerando los límites del art. 14 de la LTAIBG sin posibilidad de acceso parcial.
La Junta de Personal de la AEAT Valencia solicitó el catálogo de puestos de trabajo ocupados y vacantes en la provincia. La AEAT denegó el acceso a la identidad de los ocupantes alegando seguridad y lucha contra el fraude. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, indicando que los nombres y cargos son datos identificativos de interés público.
La FIAB solicitó acceso a las resoluciones de expedientes sancionadores contra DIA y EROSKI tramitados por la AICA. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y falta de firmeza. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al momento de la solicitud, las resoluciones aún no existían y no se podía acceder a información inexistente.
La entidad Castañas y Buñuelos, S.L. solicitó información sobre precios, servicios y contratos de Madrid Destino (Caja Mágica y Festival Mad Cool) al Ayuntamiento de Madrid. La administración alegó confidencialidad y naturaleza privada de los contratos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de motivación de los límites y por incumplimiento de plazos.
Se solicitó al Ministerio de Fomento acceso a informes de auditoría externa, informes de gestión y datos de explotación detallados de contratos de transporte de viajeros. La administración denegó el acceso alegando la protección de intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que dicha información constituye un secreto comercial.
El interesado solicitó los expedientes completos de elaboración de las Leyes 39/2015 y 40/2015 al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Alegó que la respuesta recibida era insuficiente, pues solo contenía información de publicidad activa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que las alegaciones de terceros en trámites de audiencia deben ser accesibles.
El interesado solicitó al Banco de España los costes de producción de billetes fabricados por IMBISA, S.A. Tras recibir una respuesta tardía y parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera del plazo legal establecido en la Ley 19/2013.
El interesado solicitó al Consejo General de la Abogacía Española acceso a memorias anuales, cuentas de entidades dependientes (fundación y sociedad mercantil) y un informe de IBM sobre LexNet. El Consejo denegó parte de la información alegando que las entidades no son públicas y que el informe es confidencial. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el link directo a las cuentas anuales.
El interesado solicitó a RENFE-Operadora el acuerdo comercial para la sustitución de una unidad de tren por el prototipo 'Oaris'. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un secreto comercial protegido.
Se solicitó al Institut Català de Finances (ICF) el detalle de los 25 créditos más relevantes concedidos a empresas privadas en los últimos cinco años. El ICF denegó el acceso alegando deber de reserva y secreto profesional. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar los datos del crédito pero mantiene la reserva de la identidad de las empresas.
La Asociación de Consumidores y Usuarios Scabelum solicitó información técnica, prospectos, informes de posicionamiento, estadísticas de prescripción y ensayos clínicos a la Dirección General de Farmacia. Tras una respuesta insuficiente por correo electrónico, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por defectos formales y por denegación injustificada de datos estadísticos.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento datos sobre subvenciones al tráfico aéreo (2008-2016). Alegó que la administración denegó la información basándose en que era repetitiva y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información solicitada requiere una acción previa de reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente copia de contratos de compraventa de unidades de emisión de gases con Ucrania y Estonia. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser de aplicación prevalente la Ley 27/2006 de información ambiental.
Una regidora solicitó diversos informes, audios de comisiones y expedientes de contratación al Ayuntamiento de Llíria. La administración denegó algunos por ser información en elaboración o auxiliar, y no respondió a otros. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, reconociendo el derecho de acceso y aplicando el silencio administrativo positivo para las solicitudes no contestadas.
Se solicitó acceso a las actas de las Comisiones de Contratación y de Traslados de RTVCM (años 2015 y 2016). La administración inadmitió la solicitud alegando que eran documentos internos de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, argumentando que las actas de órganos colegiados son información pública y no cumplen el criterio de información auxiliar.
Una empresa solicitó la denegación de acceso a información económica de su plan de labores de 2019, facilitada a una Comunidad de Montes por la Consellería de Economía, Emprego e Industria. La empresa alegó perjuicio a sus intereses económicos. La Comisión de Transparencia de Galicia inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
VT Proyectos, S.L. solicitó al Ministerio de Defensa acceso a actas de recepción, albaranes y facturas de un contrato de mantenimiento de grúas. La administración denegó el acceso alegando protección de intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la documentación excepto albaranes y datos personales.
El interesado solicitó a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno todos los documentos elaborados por sus direcciones generales en 2016 para asistir al Presidente en política económica. Tras la denegación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la solicitud es excesivamente amplia y que el acceso podría perjudicar intereses económicos y la toma de decisiones.
El Reial Decret (RD) 814/2015, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament dels procediments especials de revisió de decisions en matèria contractual, i per la disposició addicional 1ª LTAIPBG no exclouen que, en aplicació de la disposició addicional 1ª.2 LTAIPBG, es pugui interpretar que la via de reclamació davant la GAIP forma part precisament de la supletorietat d’aquesta llei en relació amb els règims especials d’accés a la informació, i així ho ve entenent reiteradament la GAIP a l’hora d’interpretar l’abast dels règims especials d’accés i de la supletorietat de l’LTAIPBG respecte d’ells; en aquests casos, la GAIP haurà de resoldre aplicant preferentment el contingut del règim especial d’accés (la legislació de contractes, en aquest cas) i supletòriament el règim material de l’LTAIPBG; naturalment, la interposició de la Reclamació davant la GAIP no té cap mena d’efecte en relació amb els procediments de contractació i la seva eventual revisió, que es desenvoluparan segons la seva normativa i amb el ritme que s’escaigui, i no pot ser simultània a la impugnació dels mateixos fets davant d’una altra instància, com podria ser el cas del recurs especial de contractació, ja que en aquest cas la GAIP s’hauria d’inhibir en benefici del Tribunal de contractes del sector públic, per la seva major especialitat en la matèria. Aquesta Reclamació té una vinculació directa amb la concurrència a la contractació i, de la mateixa manera que l’Administració no ha objectat manca de legitimació quan la reclamant ha demanat accés a l’expedient, comportaria un excés de rigor formal apreciar aquesta manca en el procediment de revisió de la resposta donada a la sol·licitud d’accés. L’article 42.5 LTAIPBG estableix que l’acord de mediació ha de ser signat pels tercers afectats que compareguin en el procediment. L’oposició manifestada per les empreses afectades a l’accés a la informació sol·licitat fan presumir que el procediment de mediació és inviable i, per tant, procedeix estal
El interesado solicitó datos de demanda de medicamentos (estradiol y testex) a la AEMPS. La administración denegó el acceso alegando protección de intereses comerciales y falta de disponibilidad de datos históricos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos de demanda de los últimos seis meses que la Agencia sí posee.
El interesado solicitó el desglose de un concepto salarial a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. La administración denegó el acceso alegando que la información no existía y requería reelaboración. Tras la reclamación, la administración facilitó los datos, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales.
El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta solicitó a la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Ceuta los expedientes contra suministradoras eléctricas por cortes de luz. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por tratarse de información pública, instando a la administración a su entrega.
La Asociación Plataforma Patriótica Millán Astray solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre actas, dietas y documentos relativos al Comisionado de Memoria Histórica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, denegando las peticiones de audiencia o presencia en plenos por no ser información pública, pero ordenando entregar los datos de reuniones y dictámenes.
Se solicitó al Ministerio de Fomento las puntuaciones de ofertas de licitaciones y actas de contratación. El Ministerio denegó inicialmente el acceso alegando que los procesos no habían concluido y por intereses comerciales. Tras la reclamación, la administración accedió a entregar las puntuaciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Valle del Zalabí copia de un aval y otros documentos técnicos. La administración denegó el acceso basándose en la oposición de la empresa afectada, que alegó intereses económicos y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse un riesgo real y concreto que justifique el límite.
Se solicitó al Grupo TRAGSA el número de contratos eventuales realizados desde 2014 desglosados por provincias, gerencias y meses. La empresa denegó el acceso alegando que la información era objeto de litigios judiciales, afectaba a sus intereses comerciales y la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es un dato numérico objetivo.
La Unión Sindical Obrera solicitó a la Comunidad de Madrid informes de consultoría y datos sobre la tramitación de subvenciones. La administración denegó los informes por investigación penal y limitó los datos de subvenciones por intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la denegación de los informes, pero estimó parcialmente la reclamación al ordenar entregar los datos de subvenciones.
Se solicitó a RTVE el desglose de costes de programas y emisiones especiales (Nochebuena y Nochevieja). La administración alegó que la información requería reelaboración, afectaba a intereses comerciales y vulneraba la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los costes de producción pero excluyendo salarios.
Se solicitó a la Agència Catalana del Consum la relación detallada de sanciones impuestas a suministradoras por incumplir medidas contra la pobreza energética. La administración denegó datos específicos alegando límites legales. La GAIP estima la reclamación, considerando que el interés público prevalece sobre los intereses comerciales de las empresas.
El ciudadano solicitó a ADIF el presupuesto desagregado del proyecto de construcción de la línea Gijón-León (Variante de Pajares). El interesado alegó que los datos ya estaban aprobados y no en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que own la difusión prematura vulneraría la igualdad de trato y libre competencia en la contratación pública.
Se solicitó el sueldo anual de diversos directivos de Televisión Autonomía Madrid, S.A. durante el periodo 2010-2016. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, protección de datos y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el desglose de campañas publicitarias y presupuestos (2012-2015) por medio. La administración denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información ya existe en informes de ejecución, que no requiere reelaboración y que el interés público de controlar el gasto prevalece sobre los intereses comerciales de las agencias.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia el desglose de inversiones en campañas de publicidad institucional (2012-2015). El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio a intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por prevalecer el interés público.
El ciudadano solicitó a RTVE contratos, gastos y listados de personal relativos a los Juegos Olímpicos (2004-2016). RTVE alegó perjuicio económico y confidencialidad para denegar los contratos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los contratos de 2008, 2012 y 2016 por tratarse de fondos públicos.
La declaració de confidencialitat feta per les empreses interessades a l'empara de l'article 140.1 TRLCSP no és vinculant per a l'òrgan de contractació (ni per a les institucions de control), que ha de valorar si és justificada i decidir motivadament si procedeix mantenir-la. La confidencialitat de l'article 140.1 TRLCSP ha de ser invocada expressament pels licitadors interessats; forma part del seu deure de diligència entendre que li pertoca al licitador declarar i argumentar la confidencialitat, doncs és qui més hi arrisca si no es respecta i qui més coneix les raons de la seva invocació. La confidencialitat derivada de l'article 140.1 TRLCSP constitueix una excepció al principi general de transparència i dret d'accés a la informació pública i, com a tal excepció, ha de ser degudament argumentada i la seva aplicació convenientment justificada i fonamentada en les circumstàncies del cas. La declaració de confidencialitat que facin els licitadors no pot abastar la totalitat de la documentació presentada. La declaració de confidencialitat feta pels licitadors no pot tenir només una motivació genèrica, sinó que ha d'indicar amb precisió els documents concrets afectats i les raons objectives i específiques que la justifiquen. La posterior promulgació en el nostre ordenament jurídic de la legislació de transparència (a partir del 2013), respecte de la confidencialitat de les ofertes reconeguda per la legislació de contractes del sector públic, porta necessàriament a què aquesta darrera (i en tot cas l'article 140.1 TRLCSP) hagi de ser interpretada i matisada a la llum de l'especial vigor que han assolit els darrers anys en el nostre ordenament jurídic les institucions de la transparència i del dret d'accés a la infor
Una Comunidad de Regantes solicitó diversa documentación técnica, jurídica y administrativa a SEIASA. Tras una denegación parcial basada en la naturaleza auxiliar de los documentos y protección de datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los criterios de la IGAE y las auditorías de fondos europeos.
Una Comunidad de Regantes solicitó diversa documentación técnica, jurídica y administrativa a SEIASA. Tras una denegación parcial basada en la naturaleza auxiliar de los documentos y límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los criterios de la IGAE y las auditorías de fondos europeos.
Una Comunidad de Regantes solicitó diversa documentación técnica, jurídica y administrativa a SEIASA. Tras una denegación parcial basada en el carácter auxiliar de la información y límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de la IGAE y las auditorías de fondos europeos.
Una Comunidad de Regantes solicitó diversa documentación técnica, jurídica y administrativa a SEIASA. Tras una denegación parcial basada en la naturaleza auxiliar de la información y límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de la IGAE y auditorías de fondos europeos.
Una Comunidad de Regantes solicitó diversa documentación técnica, jurídica y organizativa a SEIASA. Tras una denegación parcial basada en información auxiliar, límites económicos y protección de datos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos solicitados.
Una Comunidad de Regantes solicitó a SEIASA diversa documentación técnica, jurídica y administrativa sobre convenios y liquidaciones de obras. Tras una denegación parcial basada en confidencialidad e información auxiliar, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos solicitados.
Una Comunidad de Regantes solicitó diversa documentación técnica, jurídica y administrativa a SEIASA. Tras una denegación parcial basada en el carácter auxiliar de los informes y la confidencialidad de las actas, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos solicitados.
El solicitante pidió al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el desglose de inversión por medio y campaña de publicidad institucional (2012-2015). Tras una respuesta insuficiente que remitía a webs generales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar los datos detallados del Plan de Medios.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el desglose de campañas publicitarias y presupuestos ejecutados (2012-2015). El Ministerio denegó parte de la información alegando reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el listado de campañas y presupuesto ejecutado (2012-2015) desglosado por medios. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no concurrir la causa de inadmisión alegada.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento el desglose de campañas publicitarias y presupuestos ejecutados (2012-2015). El Ministerio denegó parcialmente alegando reelaboración e intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por prevalecer el interés público sobre los límites alegados.
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