Reclamación contra GIAHSA por denegación de acceso al expediente de refinanciación de deuda

RESOLUCIÓN 200/2018, de 30 de mayo, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra GIAHSA por denegación de información pública (Reclamación 412/2017). ANTECEDENTES Primero. El ahora reclamante presentó, el 16 de noviembre de 2016, ante GIAHSA, escrito en el que, en síntesis, solicita: “que estando en estudio sobre GIAHSA-MAS y sus circunstancias y habiendo asistido al pleno donde se aprobó la refinanciación de la deuda, solicita le sea permitido tener acceso y/o obtener copia digital del expediente sobre refinanciación de la deuda al consorcio”. Segundo. El 19 de julio de 2017 reitera ante el órgano reclamado la petición con el siguiente contenido: “Que habiendo solicitado por escrito documentación sobre préstamo concedido a GIAHSA-MAS y habiendo hablado personalmente con quien dijo ser secretario de MAS y estando de acuerdo en que jurídicamente no había ningún problema en entregarme dicha documentación, solicita me sea facilitada dicha documentación sin más cortapisas. Por ser documentos públicos y estar cerrado el expediente”. Tercero. El 22 de agosto de 2017, el órgano reclamado comunica al reclamante que: “[E]n contestación a su escrito de 19 de julio […] le comunicamos que la documentación solicitada incluye información de carácter sensible, por lo que lamentablemente no podemos acceder a su petición, dado que ello podría afectar negativamente a los intereses económicos y de terceros tanto de GIAHSA como de las entidades prestamistas.” Cuarto. El 3 de octubre de 2017 tiene entrada en el Consejo reclamación contra la denegación de la solicitud de información referida, en su calidad de “investigador local sobre temas del municipio” en el que en síntesis indica que: “La contestación dada por el Departamento del Área de Clientes de GIAHSA creemos que no tendrá parangón entre las que han recibido los solicitantes de información análoga. En primer lugar por la paradoja de no poder tener acceso a un expediente pero haber sufrido en nuestra economía las consecuencias de dicho expediente. Y en segundo término, lo primero que se le viene a uno a la cabeza es en qué clase de negociaos se ha metido GIAHSA-MAS para determinar sin lugar a dudas que el conocimiento de unos documentos enviados masivamente a los alcaldes, y por tanto, en conocimiento de todos los concejales, de más de 50 municipios de la provincia, por parte de un vecino investigador va a poner en dificultades económicas tanto a GIAHSA como a los prestamistas.” Quinto. Mediante escrito fechado el 6 de octubre de 2017 el Consejo solicitó al órgano reclamado informe y copia del expediente derivado de la solicitud. En la misma fecha, se dirige comunicación al interesado del inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. Sexto. Mediante escrito registrado en este Consejo el 15 de mayo de 2018 -aunque fue presentado en la Delegación de Gobierno de Huelva el 27 de octubre de 2017-, el órgano reclamado alude a que la información solicitada afecta a la confidencialidad y a los intereses económicos y comerciales tanto de GIAHSA como de las ocho entidades financieras que suscriben el préstamo [art. 14.1 k) y h), respectivamente, de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Con la solicitud de información que nos ocupa se pretende conocer información relativa a la refinanciación de la deuda de GIAHSA. El objeto de la solicitud constituye “información pública” a los efectos del art. 2 a) LTPA y, por tanto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 LTPA, todas las personas tienen derecho a acceder a la misma sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.° 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): "La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley..." (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. En el presente caso, GIAHSA deniega la información invocando los límites del art. 14.1 h) y k) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), puesto que dar acceso a la misma afectaría a la confidencialidad y a los intereses económicos y comerciales tanto del órgano reclamado como de las ocho entidades financieras prestamistas. Pues bien, en la medida en que identifica la existencia de terceros que pueden verse afectados por la información, GIAHSA debió proceder de acuerdo con lo previsto en el art. 19.3 LTAIBG, que dice así: “Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia, así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación.” Se trata, por lo demás, de un trámite que se considera esencial al objeto de asegurar que quien pueda verse afectado por el acceso tengan la posibilidad de presentar las alegaciones que tengan por convenientes con carácter previo a la resolución, y el órgano reclamado habrá de ponderar, a la vista de alegaciones, si procede o no el acceso a la información solicitada. Así pues, constatada la inobservancia de lo previsto en el citado art. 19.3 LTAIBG en el procedimiento de resolución de la solicitud por parte del órgano reclamado, procede retrotraer el procedimiento, con base en el artículo 119.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al momento en que se conceda el citado trámite de alegaciones a quienes puedan resultar afectados por la información solicitada, y seguir la tramitación correspondiente hasta dictar resolución expresa. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Acordar la retroacción del procedimiento de resolución de la solicitud de información pública, planteada por XXX contra GIAHSA, al momento en que se otorgue el período de alegaciones citado en el Fundamento Jurídico Tercero, y tras el cual se continúe el procedimiento hasta dictarse por dicha entidad la Resolución correspondiente. Segundo. El plazo para dictar resolución es el previsto en el art. 20.1 LTAIBG, sin perjuicio de la suspensión del plazo derivada de la aplicación del artículo 19.3 LTAIBG.