Acceso a expedientes y documentación de licitaciones de servicios de seguridad y vigilancia de la Inspección de Trabajo

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 110/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó a la INSPECCIÓN DE TRABAJO (MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 2 de enero de 2020, la siguiente información: Solicito el expediente, las cláusulas técnicas administrativas, las memorias justificativas de la necesidad de contratación de los expedientes, las ofertas de los licitadores y el nombre de estos, número y nombres de empresas invitadas, la acta de adjudicación, aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura, las actas con las valoraciones referentes a los contratos públicos ofertados por la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y todo otro documento público relacionado con las licitaciones de los siguientes expedientes y objetos que incluyo en el documento. S/REF: 001-039580 N/REF: R/0110/2020; 100-003458 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Mi nisterio de Trabajo y Economía Social Información solicitada: Contratos de servicios de vigilancia, seguridad y control de la Inspección de Trabajo Subdirección General de Reclamaciones Hay que señalar en el Portal de Contratación del Estado no están disponible la información solicitada, por lo que no se considera como favorable una resolución que remita a esa web en vez de aportar los documentos solicitados. LISTADO DE LICITACIONES DE LOS QUE PIDO INFORMACIÓN - 1058/2019 Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca - 1051/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Trabajo y Seguridad Social de Zamora - 915/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén - 903/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería - 880/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva - 902/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía - 900/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada - 919/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz - 918/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga - 848/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Segovia por un periodo 24 meses - 893/2019 Servicio de seguridad de la sede compartida Organismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 931/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo - 843/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia - 906/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres - 833/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control del edificio ocupado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos y por un periodo 24 meses, desde el 1 de octubre de 2019 o desde la formalización del contrato si este fuese posterior - 695/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de León (Centro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social) por un período de 12 meses, desde el 1 de octubre de 2019 o desde el día siguiente a la formalización del contrato si este fuese posterior - 535/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control del edificio de Servicios Múltiples a ocupar por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, la Dirección Territorial de Comercio de La Rioja, el Servicio Público de Empleo 2. Mediante resolución de fecha 29 de enero de 2020, la DIRECCIÓN DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL contestó al solicitante en los siguientes términos: Tercero: Respecto de la petición de acceso a los diversos expedientes de licitación, un total de 17, hay que señalar que parte de la información solicitada se encuentra publicada en el perfil de contratante del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al que puede accederse a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público en el siguiente enlace: www.contrataciondelestado.es Además, toda la información referente a las distintas contrataciones de servicios que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, actualmente Ministerio de Trabajo y Economía Social, publica en el Boletín Oficial del Estado en relación con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, es accesible al ciudadano a través de la página web de la Inspección de Trabajo, en el apartado de “Qué hacemos/Contratac ión Servicios” situado en el margen izquierdo de la misma, accediendo en el siguiente enlace: www.mitramiss.gob.es/itss/web/Que hacemos/Contratacion Servicios ITSS/index.html Se recogen tanto las respectivas convocatorias de contratación como las correspondientes adjudicaciones que se lleven a cabo (tanto en los Servicios Centrales de la ITSS como en los servicios periféricos provinciales). Cuarto: El resto de la información, la que no aparece publicada en las páginas web señaladas anteriormente, la oferta como tal, plasmada en el correspondiente anexo, y aportada por cada empresa en cada procedimiento de licitación, además de la correspondiente factura, una vez adjudicado el contrato (cada contrato de servicios tiene 12 facturas, una por cada mes) y todo otro documento público relacionado con las licitaciones, categoría es tan inespecífica e indeterminada, que comprendería desde órdenes de inicio, órdenes de aprobación del expediente, informes de la Intervención delegada, Informes de la Abogacía del Estado, Autorizaciones del Ministerio de Hacienda, documentos contables…, requiere de una labor de recopilación que excede con mucho las posibilidades de este Organismo, y, para llevarlo a cabo, deberían destinarse recursos humanos durante un considerable periodo de tiempo exclusivamente a atender la petición de este solicitante. Y es que se está solicitando información relativa a 18 expedientes. En este sentido, no podemos dejar de citar la Resolución 133/2019 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, de 22 de mayo. Así, en un supuesto en el que se pidió una información determinada que requería un nivel de desagregación que requeriría destinar al mismo un volumen elevado de recursos humanos, más elevado de lo que podría entenderse adecuado, ese Consejo, de manera similar a como había hecho ya previamente, en el expediente R/0571/2018, desestimó la pretensión por considerar que concurría la causa de inadmisión prevista por el artículo 18.1.c) LTAIBG (reelaboración). Quinto: Cabe señalar, además, que el artículo 18.1.e) de la propia Ley 19/2013 prevé como causa de inadmisión a trámite de las solicitudes el que estas “sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley.” El Criterio Interpretativo CI/003/2016 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a la hora de analizar aquellas peticiones que puedan incurrir en este vicio, prevé que será abusiva, entre otras, aquella petición “cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, (…)”. Debido a lo anteriormente expuesto, este Organismo considera la petición abusiva ya que, como se ha indicado, el volumen de documentación a analizar implicaría destinar a dicha tarea recursos humanos que dejarían de realizar su labor ordinaria, durante un periodo de tiempo superior al razonable para satisfacer las pretensiones de solicitantes de información. Sexto: Por otra parte, hay que tener en cuenta el artículo 14.1 h) de la Ley 19/2013 que limita el derecho al acceso a la información cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. El art. 8.1a) de la LTAIBG prevé la publicación de todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente serán objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos. La publicación de la información relativa a los contratos menores podrá realizarse trimestralmente. En este sentido, hay determinada información vinculada a una licitación pública cuyo conocimiento queda avalado por la norma. No obstante, y dado que estamos hablando de contratos públicos, hay que tener en cuenta el deber de confidencialidad que expresamente contempla la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público cuyo artículo 133 -confidencialidad- dispone lo siguiente: 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. En este sentido, y respecto del acceso al pliego de condiciones en un expediente de contratación, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 11 de Madrid, en su Sentencia 98/2017 dictada en el PO 49/2016 concluyó que, "Aunque ciertamente el contrato objeto de solicitud supone el uso de fondos públicos, resulta que en este caso, la existencia de posible secretos profesionales o garantía de confidencialidad, podrían resultar afectados de accederse a lo solicitado, conforme opone la recurrente." En consonancia con lo expuesto, entendemos que, si bien debe reconocerse el derecho de acceso a la información solicitada, a aquella que está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página web de la Inspección de Trabajo, el resto de la información requiere de una acción previa de reelaboración inasumible para este Organismo, tratándose de una solicitud abusiva, y ello teniendo en cuenta, además, que debe quedar salvaguardada aquella información que pudiera, por su relevancia, afectar a secretos comerciales o empresariales de las entidades afectadas, y, por lo tanto, quedar restringido su acceso. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 16 de febrero de 2020 el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con el siguiente conte nido: Solicité al Ministerio de Trabajo y Economías Social el expediente, las cláusulas técnicas administrativas, las memorias justificativas de la necesidad de contratación de los expedientes, las ofertas de los licitadores y el nombre de estos, número y nombres de empresas invitadas, la acta de adjudicación, aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura, las actas con las valoraciones referentes a los contratos públicos ofertados por la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y todo otro documento público relacionado con varias licitaciones listadas en la solicitud. No obstante, el ministerio me manda a la web contrataiondelestado.es aunque ahí no consta casi ninguna de la información solicitada. Sobre el resto de la información, el ministerio considera que recopilarla “requiere de una labor de recopilación que excede con mucho las posibilidades de este Organismo, y, para llevarlo a cabo, deberían destinarse recursos humanos durante un considerable periodo de tiempo exclusivamente a atender la petición de este solicitante”. En este sentido, no puedo dejar de citar la resolución 394/2018 del Consejo de Transparencia y Bueno Gobierno, del 1 de octubre, que afirma que “el volumen de la información y la falta de medios no operan en la LTAIBG como causa de inadmisión de la solicitud ni como límite al derecho de acceso”. En todo caso, amparándose en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, podrían ampliar otro mes el plazo de resolución “en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. En este sentido, el criterio interpretativo CI/007/2015 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno establece que cuando se trata de “información cuyo ‘volumen o complejidad’ hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver”. La resolución R/0486/2018 del 20 de noviembre también estimó la información solicitada, que se apli ca a mi solicitud. Estos argumentos del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno también descartan que se trate de una solicitud repetitiva o abusiva. Tampoco es cierto como afirma el ministerio que se aplique el límite del derecho al acceso a la información cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. Por un lado, el artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999 define los datos de carácter personal como “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Por tanto, las personas jurídicas no están sujetas a la Ley Orgánica 15/1999. Además, en la resolución R-0435-2018 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dice que “debe recordarse que el trámite de audiencia a terceros presuntamente afectados por el acceso solicitado en ningún caso puede convertirse en un derecho de veto en el sentido de que, oponiéndose alguno de los interesados, el acceso se rechace, tal y como parece haber ocurrido en este caso. Así, este CTBG echa en falta un análisis más pormenorizado de las alegaciones vertidas- que no se basan ciertamente y como analizaremos a continuación en un perjuicio a las funciones de vigilancia, inspección y control-sino a lo que parece ser un excesivo celo por parte de la Comunidad de Madrid de que las divergencias o discrepancias puestas de manifiesto en el informe solicitado sean conocidos- en lugar de la asunción de plazo de la oposición al acceso formulada por una de las partes consultadas”. Por lo tanto, no hay un deber de confidencialidad en los pliegos solicitados, que tanto la LTAIBG como la Ley de Contratos del Sector Público considera información pública. Por todo ello, solicito que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tramite mi reclamación y conceda el acceso completo a la información solicitada en los términos originales e inste al ministerio a facilitarme la información solicitada al completo.. 4. Con fecha 18 de febrero de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada 3 de marzo de 2020, el indicado Departamento reiteró el contenido de su resolución y añadió, en resumen, las siguientes alegaciones: (…) En este caso se ha tenido en cuenta la doctrina administrativa sentada por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en las Resoluciones R/230/2018, de 25 de junio de 2018 y R/02441/2018, de 13 de julio de 2018, en las que establece que facilitar los enlaces en los cuales pueda accederse a la publicación preceptiva según la normativa de contratación es suficiente a efectos de satisfacer el derecho del peticionario, teniendo la normativa de contratación regulación específica en materia de transparencia y publicidad. Consecuentemente, la información pública referida a los contratos objeto de petición, fue objeto de la preceptiva publicación y está accesible en los enlaces de referencia. (…) No podemos obviar que existen 4 solicitudes del mismo reclamante en las que pide información relativa a un total de 52 expedientes. (…) Al respecto subrayar que en ningún momento se hace referencia a la aplicación del artículo 15 de Ley 19/2013, referido a la protección de datos personales. Lo que se indica es que hay que tener en cuenta el artículo 14.1 h) de la Ley 19/2013 que l imita el derecho al acceso a la información cuando suponga un perjuicio para los intereses económicos y comerciales. En conclusión, entendemos que, si bien debe reconocerse el derecho de acceso a la información solicitada, a aquella que está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en la página web de la Inspección de Trabajo, el resto de la información requiere de una acción previa de reelaboración inasumible para este Organismo, tratándose de una solicitud abusiva, y ello teniendo en cuenta, además, que debe quedar salvaguardada aquella información que pudiera, por su relevancia, afectar a secretos comerciales o empresariales de las entidades afectadas, y, por lo tanto, quedar restringido su acceso. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Respecto al fondo del asunto, cabe señalar en primer lugar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado recientemente sobre una reclamación idéntica en el Expediente R 900/2019, en la que el interesado solicitaba el mismo tipo de información (licitaciones servicios de vigilancia y seguridad) al Ministerio de Trabajo y Economía Social, Departamento que fundamentaba su respuesta en los mismos términos que en el expediente de solicitud de información del que trae causa la presente reclamación. En segundo lugar, por su identidad con el caso que nos ocupa, hay que indicar que en la Resolución del mencionado Expediente R/900/2019 este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno concluyó lo siguiente: 4.En el presente caso, debemos comenzar recordando que la Sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de octubre de 2017, dictada en el marco de un recurso de Casación, razona lo siguiente: “Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1.” (…) “Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración (…) pues hemos visto que aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley.” Igualmente, debe citarse la reciente Sentencia 306/2020, del Tribunal Supremo, de 3 de marzo de 2020, también en Casación, que señala que “La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a vari as causas (...)”. Tomando como premisa los señalados pronunciamientos judiciales es como entendemos deban analizarse las cuestiones planteadas en la presente reclamación. En su respuesta, la Administración sostiene que no puede entreg ar más información que la que se encuentra en la página web de contratación del Estado porque la cantidad de documentación solicitada en muy amplia y excede con mucho las posibilidades de este Organismo, y, para llevarlo a cabo, deberían destinarse recursos humanos durante un considerable periodo de tiempo exclusivamente a atender la petición de este solicitante. Sin embargo, la referencia a la página web que contiene la respuesta es excesivamente genérica y no lleva directamente a la información, sin necesidad de posteriores búsquedas, algo que no es conforme con el Criterio Interpretativo CI/004/2015 , de este Consejo de Transparencia, que ha declarado en varias ocasiones que la cantidad de información que se solicita no es per se una causa de inadmisión ni un límite al derecho de acceso consagrado en la LTAIBG. Igualmente, hemos acordado que las labores de anonimización de la documentación no son acciones de reelaboración de la información. No obstante, con carácter general hemos entendido que si la documentación solicitada es de tal envergadura que compromete la acción diaria que un Organismo Público tiene encomendada legalmente, hasta el punto de que tiene que paralizar su actividad para atender la solicitud de acceso presentada, podríamos hablar de solicitud abusiva (Criterio Interpretativo CI/003/2016 ). Esto es lo que alega la Administración en vía de reclamación para denegar el acceso, más allá de la información contenida en la Web de contratación del Estado, que no proporciona toda la información solicitada por el reclamante. En estos casos, corresponde a la Administración, no solamente invocar, sino demostrar el perjuicio alegado, circunstancia que no se da en el caso analizado. El hecho de que se trate de 18 expedientes y 26 actas, no implica que no pueda realizarse la tarea de seleccionar la información, anonimizarla, si llega el caso, y eliminar aquella otra que, por confidencial, pudiera afectar a los intereses económicos y comerciales de las empresas licitadoras. No se demuestra, ni se aprecia por este Consejo, que esa labor no pueda ser realizada en un periodo de tiempo amplio. 5.Igualmente, debemos tener presente que tanto la LTAIBG como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), obligan a hacer públicos determinados aspectos de la contratación, especialmente, el objeto, la duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el https://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato. Igualmente deben ser objeto de publicación las decisiones de desistimiento y renuncia de los contratos, los datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público, la liquidación, los plazos finales de ejecución de la obra, y, en todo caso, las partes esenciales de la oferta. En este sentido, el artículo 133 de la LCSP dispone que: “1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de acceso a la información pública y de las disposiciones contenidas en la presente Ley relativas a la publicidad de la adjudicación y a la información que debe darse a los candidatos y a los licitadores, los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los empresarios que estos hayan designado como confidencial en el momento de presentar su oferta. El carácter de confidencial afecta, entre otros, a los secretos técnicos o comerciales, a los aspectos confidenciales de las ofertas y a cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia, ya sea en ese procedimiento de licitación o en otros posteriores. (…) El deber de confidencialidad del órgano de contratación así como de sus servicios dependientes no podrá extenderse a todo el contenido de la oferta del adjudicatario ni a todo el contenido de los informes y documentación que, en su caso, genere directa o indirectamente el órgano de contratación en el curso del procedimiento de licitación. Únicamente podrá extenderse a documentos que tengan una difusió n restringida, y en ningún caso a documentos que sean públicamente accesibles.” En consonancia con lo expuesto, el Consejo de Transparencia se ha pronunciado varias veces en el sentido de limitar el acceso a aquellas informaciones derivadas de contratos que, entendidas como confidenciales, pudieran afectar a los intereses económicos y comerciales de las entidades afectadas. Así, se citan los procedimientos R/0102/2017 , R/0317/2018 o R/0455/2018 . 6. Especial consideración merecen las actas de contratación solicitadas, es decir, cada acta de adjudicación y las actas con las valoraciones. Así, en el procedimiento R/0033/2018 , aunque no incida directamente sobre el acceso a actas dentro de la contratación pública, se da una idea de los criterios generales a aplicar sobre este tipo de documentos. En el mismo, se indicaba que “Debe volver a recodarse la importancia con el principio de transparencia de la actuación pública y de rendición de cuentas por las decisiones de los organismos públicos, de conocer los asuntos que son tratados por sus órganos de dirección así como de los acuerdos alcanzados por los mismos, incluidas las justificaciones de dichos acuerdos. Es, en definitiva, esta cuestión la que se dirime en este caso y la que debe tenerse en cuenta, a nuestro juicio, a la hora de resolver esta reclamación. En efecto, la LTAIBG reconoce el derecho de los ciudadanos a conocer el funcionamiento de los sujetos obligados por la misma, a saber de sus actuaciones y a exigir la rendición de cuentas por la misma. En atención a ello, las restricciones a las mismas deben ser proporcionadas y debidamente justificadas y en ningún caso, genéricas.” Asimismo, la más reciente Sentencia en Apelación de la Audiencia Nacional, de fecha 18 de noviembre de 2019, señala, en relación al acceso a actas de órganos colegiados, que “Este Tribunal al examinar la información que debe ofrecerse al solicitante se ve en la obligación de distinguir entre el acta y el acuerdo, diferencia que entendemos no solo terminológica, sino también de contenido. Un acta o el acta de un órgano colegiado, como lo es el Consejo de Administración de la APC, además de los puntos del día viene a reflejar opiniones, el contenido de las deliberaciones, lo cual puede ser objeto, incluso de grabación, y no solo los puntos del orden del día y las cuestiones acordadas. Por el contrario, el acuerdo refleja la decisión colegiada que se ha tomado en esa reunión del Consejo de Administración. Por lo que debemos, también dejar claro, que en ningún momento se puede of recer al solicitante esa información referida a las deliberaciones u opiniones vertidas en la reunión del Consejo de Administración en cuestión, que tienen un carácter reservado.“ Entendemos, por lo tanto, que la Audiencia Nacional hace suya la argumentación recogida en la Sentencia apelada nº 81/2019, de 22 de julio de 2019, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, y entiende que debe sustraerse del acceso por parte del solicitante a las deliberaciones mantenidas, vinculad as por lo tanto al conocimiento de la identidad de los intervinientes, tal y como figura en las actas y no, en consecuencia, a los acuerdos alcanzados en las reuniones mantenidas, figuren o no en esas actas. A nuestro juicio, este debe seguir siendo el criterio a adoptar en el presente caso, con acceso a los documentos (particularmente, las actas) debidamente anonimizados en los nombres de personas físicas y eliminando los secretos técnicos o comerciales, los aspectos confidenciales de las ofertas y cualesquiera otras informaciones cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia. 7.También se solicita por el reclamante otro tipo de documentación relacionada con las licitaciones, poco o nada definida- a pesar de que no se hizo uso de la facultad de solicitar la identificación de la información solicitada recogida en el art. 19.2 de la LTAIBG- , pero que la Administración identifica con algunos ejemplos a considerar: desde órdenes de inicio, órdenes de aprobación del expediente, informes de la In tervención Delegada, informes de la Abogacía del Estado, Autorizaciones del Ministerio de Hacienda, documentos contables, facturas (cada contrato de servicios tiene 12 facturas, una por cada mes). En este apartado deben distinguirse aquellos documentos que son meramente auxiliares o de apoyo de los que sirven para conformar la voluntad del órgano decisorio o de otro tipo de documentos que recaban elementos necesarios para llegar a una conclusión determinante o definitiva, como los informes. Entre los primeros deben incluirse las órdenes de inicio, las órdenes de aprobación del expediente, las autorizaciones del Ministerio de Hacienda y los documentos contables, ya que bien se trata de información preparatoria de la actividad del órgano o entidad que recibe la solicitud o bien se refiere a comunicaciones internas que no constituyen trámites del procedimiento, en los términos definidos en nuestro Criterio Interpretativo CI/006/2015 , sobre la interpretación de la causa de inadmisión contenida en el artículo 18.1 b) de la LTAIBG . Por el contrario, se considera que sí deben entregarse los informes y las facturas. Los primeros porque son definitivos y necesarios para tomar una decisión final, tanto los de la Abogacía del Estado, por razones de legalidad, como los de la Intervención General, por razones de control del gasto público. En cuanto a las facturas, existe un precedente (procedimiento R/0522/2018 ) en el que se pedían las relativas al reacondicionamiento del Palacio de la Moncloa en 2018. La reclamación fue estimada por motivos formales, ya que la Administración entregó la información completa una vez transcurrido el plazo legal de un mes y como consecuencia de esa reclamación. Se entendía así que son documentos que sirven para comprobar cómo se gasta el dinero público, que es una de las finalidades perseguidas por la Ley. En consecuencia, por todos los argumentos que anteceden, la presente reclamación ha de ser parcialmente estimada. Teniendo en cuenta la identidad en el objeto de la solicitud y en la fundamentación de la Administración, se consideran de aplicación los argumentos desarrollados en la Resolución R/900/2019 por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y, en consecuencia, la presente reclamación debe de ser estimada parcialmente en los mismos términos. 4. No obstante lo anterior, a la vista de que en el presente expediente la solicitud se refiere a otros 17 contratos más de servicios de vigilancia, seguridad y control de instalaciones, locales o sedes de diferentes Inspecciones de Trabajo de varias provincias, se considera necesario ahondar, en primer lugar, en la causa de inadmisión prevista en la letra c) del artículo 18.1 de la LTAIBG, que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Al respecto ha de recordarse que, en lo relativo al concepto de reelaboración, este Consejo de Transparencia aprobó en virtud de las potestades del artículo 38.2 a) de la LTAIBG , el Criterio Interpretativo CI/007/2015 ,, de 12 de noviembre, que se resume a continuación: “(…) será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/criter ios.html diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. El segundo supuesto sería el que se refiere a la información que, por contener datos de carácter personal, debe ser “anonimizada” o disociada antes de ser suministrada al interesado o bien que, por afectar a alguno de los límites previstos en la norma, el acceso sólo deba proporcionarse respecto de parte de la información solicitada. Son los supuestos contemplados en los artículos 15.4 -que prevé la anonimización de la información, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas- y 16 de la Ley 19/2013, que prevé el suministro de la información con omisión de aquella que esté afectada por algunos de los límites del artículo 14. En estos casos, y pese a suponer, implícitamente, un proceso específico de trabajo para proporcionar la información, ninguno de estos dos supuestos puede entenderse como Puede ocurrir también que la información se encuentre en poder de varias unidades informantes que resultan responsables de su custodia pero su autor esté claramente definido. En este caso tampoco se trataría de un caso de reelaboración, operando el artículo 19.4 de la Ley 19/2013 que establece que: “Cuando la información objeto de la solicitud, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso”. Asimismo, debe contarse también con la interpretación que de este concepto han realizado los Tribunales de Justicia: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid y Sentencia en Apelación nº 47/2016 , de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional: “La interpretación del art. 18.1. c) de la Ley 19/2013 ha de hacerse atendiendo a que en ella se configura el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (Artículo 12), y a la Exposición de Motivos, conforme a la cual "el capítulo III (donde se insertan ambos preceptos, arts. 12 y 18 de la ley) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. (…) Al margen de disquisiciones sobre el concepto de la reelaboración de información que no influyen en el presente caso, donde no se impugnan los criterios interpretativos fijados por el CTBG, la recurrente no ha justificado que el suministro de la información solicitada exija una labor previa de reelaboración, pues aparte de sus alegaciones ninguna otra prueba se allega que soporte su posición.” - Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. - En casi idénticos términos, rechazando la identificación entre recopilación de información y reelaboración de la misma, se pronuncia la sentencia nº 125/2018, dictada por el mismo Juzgado en el PO 62/2017 , que concluye lo siguiente: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13, - Y la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. (…) ” Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información. (…) Igualmente, debe tenerse en consideración la Sentencia 125/2018, de 2 de noviembre de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en el PO 62/2017 que se pronuncia en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso, por lo que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos en el sentido de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13, 5. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, cabe añadir a lo ya concluido en la resolución R/900/2019 que, aunque la información solicitada se refiere a 17 contratos de servicios de vigilancia, seguridad y control de instalaciones, locales o sedes de diferentes Inspecciones de Trabajo de varias provincias, hay que recordar que conforme al mencionado Criterio una “información voluminosa” aunque sea necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla no es un supuesto de reelaboración, sino, eventualmente, se trata de una circunstancia que ampararía la ampliación del plazo máximo para resolver y notificar la respuesta a una solicitud de información de acuerdo a lo señalado en el art. 20.1 in fine de la LTAIBG. A este respecto, hay que señalar que son expedientes de contratación que están perfectamente identificados, recientes, del 2019, sobre los que la Administración ya ha trabajado con el objetivo de publicar en la plataforma de contratación la información cuya publicidad obliga la normativa en materia de contratos del sector público. Así como que son expedientes con objetos similares (servicios de vigilancia, seguridad y control de instalaciones), por lo que, una vez recopilados los documentos -como indican nuestros Tribunales recopilar no es reelaborar- si fuera necesario eliminar una parte de la documentación por afectar a “secretos comerciales” o “falsear la competencia”, de acuerdo a un análisis justificado y caso por caso, a nuestro juicio sería idéntico proceso en todos. En definitiva, no compartimos el criterio apuntado por la Administración en el sentido de que implicaría destinar a dicha tarea recursos humanos que dejarían de realizar su labor ordinaria, durante un periodo de tiempo superior al razonable. En consecuencia, a juicio de este Consejo de Transparencia no se dan en el presente caso ninguno de los supuestos que el mencionado Criterio determina como reelaboración. 6. Por último, cabe señalar que la Administración alega que se trata de una solicitud abusiva y que no podemos obviar que existen 4 solicitudes del mismo reclamante en las que pide información relativa a un total de 52 expedientes. En relación con el carácter abusivo de la solicitud de informac ión cabe recordar que el artículo 18.1 e) de la LTAIBG dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. A este respecto, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitió, en fecha 14 de julio de 2016, en virtud de las prerrogativas concedidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, el Criterio Interpretativo nº 3 , que delimita el alcance del concepto de solicitud de información que tenga carácter repetitivo o abusivo, en los siguientes términos: 1.2. Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, n o en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: -Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. -Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos -Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. -Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: - Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos - Conocer cómo se toman las decisiones públicas - Conocer cómo se manejan los fondos públicos - Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: -No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. -Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. -Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el presente caso cabe señalar que este Consejo de Transparencia no puede compartir el parecer de la Administración, que califica la solicitud de información de abusiva, dado que, aunque sean varias solicitudes de información en las que se incluyan diferentes expedientes, entronca directamente con la finalidad de la LTAIBG de conocimiento de la actuación pública y rendición de cuentas por la misma. Por todo ello, a nuestro entender la solicitud estaría justificada con la finalidad de la Ley, ya que permitiría conocer cómo se manejan los fondos públicos (al contratar diferentes servicios) y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. En consecuencia, por todos los argumentos expuestos en los apartados precedentes, la presente reclamación debe de ser parcialmente estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por con entrada el 16 de febrero de 2020, contra la resolución de fecha 29 de enero de 2020 de la DIRECCIÓN DEL ORGANISMO ESTATAL INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL). SEGUNDO: INSTAR al ORGANISMO ESTATAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, dependiente del actual MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL a que, en el plazo máximo de 30 días, remita al reclamante la siguiente información: - Las memorias justificativas de la necesidad de contratación de los expedientes, las ofertas de los licitadores y el nombre de estos, cada acta de adjudicación y las actas con las valoraciones, los informes de la Intervención Delegada, los informes de la Abogacía del Estado y las facturas, referentes a los contratos públicos ofertados por la Dirección del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en los siguientes expedientes: - 1058/2019 Servicio de seguridad y vigilancia de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Salamanca - 1051/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Trabajo y Seguridad Social de Zamora - 915/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de los locales ocupados por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén - 903/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería - 880/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Huelva - 902/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla y la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Andalucía - 900/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada - 919/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cádiz - 918/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Málaga - 848/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Segovia por un periodo 24 meses - 893/2019 Servicio de seguridad de la sede compartida Organismo de Inspección de Trabajo y Seguridad Social y Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social - 931/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Lugo - 843/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Palencia - 906/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control de las instalaciones ocupadas por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Cáceres - 833/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control del edificio ocupado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Burgos y por un periodo 24 meses, desde el 1 de octubre de 2019 o desde la formalización del contrato si est e fuese posterior - 695/2019 Servicio de vigilancia y seguridad para la Inspección provincial de Trabajo y Seguridad Social de León (Centro del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social) por un período de 12 meses, desde el 1 de octubre de 2019 o desde el día siguiente a la formalización del contrato si este fuese posterior - 535/2019 Servicio de vigilancia, seguridad y control del edificio de Servicios Múltiples a ocupar por la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de La Rioja, la Dirección Territorial de Comercio de La Rioja, el Servicio Público de Empleo De esta documentación deben eliminarse los datos personales, los documentos o la información declarada expresamente como confidencial, así como cualquier otra información que, a juicio leal y ponderado de la Administración, pueda resultar lesiva para los intereses económicos y comerciales de las empresas participantes o cuyo contenido pueda ser utilizado para falsear la competencia. TERCERO: INSTAR al ORGANISMO ESTATAL DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, dependiente del actual MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda