Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Oropesa documentación sobre la contratación de la empresa organizadora de las Jornadas Medievales (2019-2023). La administración denegó el acceso alegando que la petición era indiscriminada y que la información afectaba a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación suficiente.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de la Presidencia documentación detallada sobre un convenio con productoras para una serie documental. Tras el silencio administrativo y una concesión parcial posterior, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta, aunque desestima el acceso a los datos no facilitados.
El interesado solicitó acceso al expediente sancionador completo y a las inspecciones de la resolución Obra Civil 2 S/0021/10 a la CNMC. La administración denegó el acceso alegando un régimen especial de confidencialidad y la falta de condición de interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que la confidencialidad no es absoluta y no se justificó el daño.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha el listado de inspecciones sanitarias en mataderos desde 2015, incluyendo infracciones y sanciones. La administración estimó parcialmente la solicitud denegando los datos de sanciones por afectar a intereses económicos y datos protegidos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar toda la información.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Renfe la serie histórica diaria de la oferta de trenes de Cercanías de Madrid por franjas horarias. El solicitante alegó que la información es útil para el ciudadano y que no hay desventaja competitiva al ser Renfe el único operador. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no acreditarse un perjuicio económico real.
MSCTV solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia el contrato y pliegos de la concesión de CSP Iberian Terminal. CSP alegó carácter abusivo de la solicitud y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, ratificando el acceso parcial ya concedido por la Administración al no acreditarse abuso ni vulneración de secretos comerciales.
Varios solicitantes pidieron al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) información sobre contratos de correo electrónico, dietas de la presidencia y expedientes judiciales. Tras una estimación parcial del CGAE, los interesados reclamaron ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que dicha información no es actividad sujeta a Derecho Administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública copia del contrato entre RTVE y la RFEF para la emisión de la Copa del Rey hasta 2025. RTVE alegó confidencialidad contractual y aportó solo datos económicos básicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el contrato con tachaduras justificadas.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó a la AEMPS el listado de sanciones impuestas desde 2017. La AEMPS denegó la información sobre infracciones leves alegando protección de intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el interés público en la salud prevalece sobre la reputación de las empresas.
El solicitante pidió a Renfe el registro de circulación de un tren específico para verificar horarios. Renfe denegó inicialmente el acceso alegando secretos comerciales y causas de inadmisión. Tras la reclamación, Renfe facilitó la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el acceso solo se concedió tras intervenir el organismo.
Una empresa licitadora solicitó al Instituto Montsacopa de Olot el acceso a la oferta del adjudicatario para interponer un recurso contencioso. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad genérica. La GAIP estima la reclamación, obligando a dar acceso a la información que no constituya secreto comercial, excluyendo datos personales y fiscales.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha informes de inspección y vigilancia epidemiológica sobre un brote de Salmonella de 2005. La administración denegó el acceso alegando protección de intereses comerciales y falta de disponibilidad de informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Ambulancias Maiz S.A. solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco datos detallados de la flota de ambulancias en ejecución del contrato 154/2020-PS. Tras la inadmisión administrativa basada en el secreto comercial, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información por prevalecer el interés público y la rendición de cuentas.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco actas de inspección y datos de control de cuatro establecimientos alimentarios. Tras una estimación parcial que denegó las actas por riesgo de perjudicar la labor inspectora, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena el acceso a las actas, previo anonimizado de datos personales.
Un investigador solicitó a la Consejería de Salud de La Rioja informes y actas de inspección sobre una alerta de botulismo de 2016. Tras una concesión parcial, el reclamante acudió al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que estima la reclamación al considerar que predomina el interés público sobre la salud frente a la confidencialidad administrativa.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana (Renfe) las razones por las que la entidad se niega a publicar cifras de viajeros para estudios académicos. La solicitante alegó que la petición sí constituye información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por no solicitarse un documento preexistente, sino una justificación o posicionamiento.
Naturgy Renovables, S.L.U. reclamó contra la Consejería de Transición Ecológica de Canarias por la concesión de acceso a la información del expediente del Parque Eólico de Puerto del Rosario. Alegó perjuicio a sus intereses económicos y propiedad intelectual. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información previa disociación de datos personales.
Se solicitó a la Generalitat de Catalunya (trasladado a Renfe) información detallada sobre horarios programados y reales, así como retrasos en líneas específicas de Rodalies entre enero y julio de 2022. El solicitante alegó que el interés público y periodístico prevalece sobre el secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse un perjuicio económico real.
El Consejo General de Colegios de Odontólogos solicitó al Ministerio de Hacienda y la SEPI los informes que justificaban declarar al Grupo Vivanta como empresa estratégica para recibir ayudas públicas. La SEPI denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de la política económica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Becerril de la Sierra explicaciones sobre la inclusión de mociones en el orden del día y el detalle de gastos de festejos de 2022. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información ya se había dado en plenos y que la solicitud era repetitiva. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar los gastos.
Un profesor universitario solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente de un concurso de licencias televisivas de 2015. Tras recibir acceso parcial, alegó indefensión y falta de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo justificó los límites aplicados una vez iniciado el procedimiento de reclamación.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación datos del Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) de una finca colindante. Tras la denegación del Ministerio por protección de datos e intereses comerciales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información, salvo los datos personales de personas físicas.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (SEPI) dos informes de valoración de la sociedad Molypharma (2013 y 2014). La SEPI inadmitió el primero por no poseerlo y denegó el segundo por confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la entrega parcial de ambos documentos.
El solicitante pidió a Renfe y al Ministerio de Transportes datos detallados sobre la flota de trenes de pasajeros en España. El interesado alegó que la información es necesaria para fiscalizar la gestión pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requiere una reelaboración de información desproporcionada.
El solicitante pidió a AENA la Evaluación de Impacto de Datos Personales (EIDP) de su sistema de reconocimiento facial. AENA denegó el acceso alegando perjuicio económico, propiedad industrial y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la EIDP omitiendo datos confidenciales específicos.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el listado detallado de ambulancias adscritas a un contrato de transporte sanitario. El Departamento inadmitió la solicitud alegando falta de condición de interesado y protección de secretos comerciales. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el resumen, memoria y capacitación tecnológica del proyecto MANPREDIC (Programa COINCIDENTE 2018). El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y omitir el trámite de audiencia a terceros.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Valencia copia de dos expedientes de contratación menor. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio a los intereses económicos y comerciales de la empresa adjudicataria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información excepto aquello estrictamente confidencial.
La Fundación Éticas Data Society solicitó a AENA la evaluación de impacto del sistema biométrico. AENA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos, propiedad industrial y seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega del documento, permitiendo la omisión de datos confidenciales.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Transformación Económica de Andalucía documentación sobre la creación de dos universidades privadas. La entidad denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos, secretos comerciales y carga administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a la mayoría de los documentos previa anonimización y test de daño.
El interesado solicitó datos detallados de los beneficiarios de las becas de bachillerato (curso 22/23) a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración y publicación. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación al considerar que la información ya existe y es pública.
Una periodista solicitó a la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura datos detallados sobre explotaciones ganaderas activas. La Administración denegó parte de la información alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que los datos son estadísticos y no hay un daño probado.
La Plataforma Española Ecologista solicitó a la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta de Andalucía documentos sobre la solicitud de autorización excepcional del fitosanitario Metam Sodio. La entidad denegó el acceso alegando perjuicio económico y reputacional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por falta de prueba de daño real.
Se solicitó a la Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha información detallada sobre inspecciones y expedientes sancionadores en residencias de mayores (2021-2022). El organismo alegó carácter abusivo y perjuicio económico a terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y retrotrae las actuaciones para dar audiencia a los afectados.
Se solicitó a Renfe/Ministerio de Transportes el detalle de retrasos de trenes AVE y Avant en la línea Puertollano-Madrid (septiembre-noviembre 2022). La solicitante alegó que los retrasos no son secretos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación y el impacto presupuestario del medicamento Zolgensma®. El Ministerio y el laboratorio Novartis se opusieron alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando publicar el precio final y el impacto presupuestario.
SFB Spain solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente completo de su solicitud de financiación al Programa de Conversión de Deuda con Cuba. Tras una denegación parcial basada en límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación concreta de los límites invocados.
Un periodista solicitó al Departament de Territori i Sostenibilitat la relación detallada de incidencias de Rodalies de Catalunya (2012-2022). El organismo alegó la protección de intereses comerciales de Renfe. La GAIP estima la reclamación, anulando la respuesta parcial y obligando a entregar la información por no acreditarse un daño real y ser Renfe una entidad pública obligada.
Una ciudadana solicitó a la SELAE información sobre los premios de Lotería Nacional que resultaron invendidos. Tras la denegación inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando que la divulgación de estos datos perjudicaría los intereses económicos y comerciales de la entidad y su estrategia de mercado.
Una empresa solicitó al Ministerio de Defensa documentación económica (facturas, albaranes y actas) de un contrato de grúas. El Ministerio denegó el acceso alegando un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la entrega de dichos documentos alteraría el equilibrio de las partes en el proceso judicial abierto.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (SEPI) la resolución y acuerdos sobre la ayuda financiera concedida a Air Europa. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y régimen específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución y condiciones de la ayuda, pero excluyendo el plan de viabilidad.
El solicitante pidió a la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de Galicia el detalle de sanciones graves en juegos y apuestas de los últimos diez años. Alegó que se omitieron los nombres de las empresas sin motivación. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena retroceder el expediente para dar audiencia a los terceros afectados.
Se solicitó al Ministerio de Consumo el expediente administrativo del arrendamiento de oficinas con Cecabank SA. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando seguridad pública e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: mantiene la reserva de los planos por seguridad, pero ordena revelar el coste del alquiler.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el memorando suscrito con ArcelorMittal y las obligaciones asumidas por el Gobierno. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y secretos empresariales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega parcial del documento.
El solicitante pidió a Renfe documentación sobre el mantenimiento de estaciones de Cercanías de Málaga (2021-2022). Renfe estimó parcialmente la solicitud remitiendo a la Plataforma de Contratación, pero denegó el resto alegando abuso del derecho y secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y obliga a Renfe a entregar la información.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Gozón el expediente íntegro de contratación de un servicio de consultoría turística. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la documentación por no justificarse el límite aplicado.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Sanidad el coste detallado de las vacunas contra el coronavirus y copia de los contratos. La AEMPS denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad comercial y acuerdos con la UE. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes y los contratos anonimizados.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación del medicamento Remdesivir y su impacto presupuestario. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordenando publicar el precio final abonado por el SNS por ser gasto público.
Un alumno solicitó a AENA las cuentas de resultados individuales de sus aeropuertos (2016-2022). Tras la denegación, el solicitante reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) pidiendo el dictamen de la Abogacía del Estado y un contrato de confidencialidad. El CTBG desestima la reclamación por intentar ampliar la solicitud inicial y tratar asuntos privados.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Agricultura de Andalucía documentación técnica, análisis de suelos y notificaciones sobre el uso de fitosanitarios excepcionales (2020-2021). La Administración denegó parcialmente el acceso alegando perjuicio económico y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de parte de la información.
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