Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco diversos informes y memorias sobre la eficiencia energética de la instalación Zabalgarbi. Tras la falta de respuesta, el interesado reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que desestimó la reclamación al comprobar que la información ya había sido facilitada o no existía.
Un periodista solicitó al Departamento de Empresa y Trabajo la copia del acuerdo para la celebración de la Copa América 2024 en Barcelona. Tras una estimación parcial basada en confidencialidad, el reclamante alegó que dicha restricción era improcedente. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación para entregar el documento.
La FEDOP solicitó al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) la identificación (nombre, domicilio y CIF) de las empresas que presentaron facturas de productos ortoprotésicos en 2020. El SESPA denegó el acceso alegando intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información podría comprometer la competencia.
El reclamante solicitó copia de un expediente disciplinario contra un veterinario funcionario a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. La administración denegó el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el procedimiento sancionador aún se encuentra en curso.
La Asociación Catalana de Afectados por las Residencias (ACAR) solicitó al Ayuntamiento de Tiana diversos protocolos, certificaciones ISO y acreditaciones de una residencia concesionada. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar los protocolos y la norma ISO 158101, desestimando la ISO 9001 por falta de relación directa con el servicio e inadmitiendo la petición de un índice sellado por no ser información preexistente.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha el expediente disciplinario de un veterinario funcionario. La Administración denegó el acceso alegando protección de datos y perjuicio comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el expediente sancionador sigue en curso, aplicando el límite del art. 14.1.e) de la LTAIBG.
La FEDOP solicitó al SESPA la identificación (nombre, domicilio y CIF) de las empresas que facturaron productos ortoprotésicos en 2020. El SESPA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar justificado el límite al derecho de acceso para proteger la competencia del mercado.
Un periodista solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos estratégicos reales.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Horche la relación de licencias urbanísticas y sus informes técnicos de los años 2019 a 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando que era genérica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud constituye un abuso de derecho que paralizaría la gestión administrativa.
El solicitante pidió a AENA los ingresos por aparcamientos de 2019-2021 desglosados por aeropuerto. AENA remitió un enlace web genérico y alegó confidencialidad comercial para el desglose. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque el enlace no era directo ni completo y AENA no justificó el perjuicio real de publicar los datos.
El solicitante pidió al Concello de Santiago de Compostela información sobre aportaciones económicas a convenios y contratos de la empresa pública INCOLSA. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando confidencialidad comercial. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por considerar que los límites al acceso fueron invocados de forma genérica.
El solicitante pidió a AENA los sueldos brutos anuales detallados de sus directivos y altos cargos (2016-2021). AENA denegó el detalle alegando su condición de sociedad cotizada y posibles perjuicios comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a AENA a facilitar la información anual bruta e identificando a los perceptores.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública las retribuciones y actas del Consejo de Administración de Paradores de Turismo (2021). El interesado alegó que se pixeló información excesiva e injustificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la entidad protegió correctamente los intereses comerciales y la confidencialidad de las deliberaciones.
Una entidad solicitó a la SEPI los acuerdos y resoluciones sobre la ayuda financiera concedida a Ávoris Corporación Empresarial. La SEPI denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución de concesión y condiciones de la ayuda, pero excluyendo la estrategia empresarial.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana datos agregados sobre subvenciones en rutas aéreas de Canarias (2018-2021). El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de la BDNS y la necesidad de reelaborar datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de justificación de los límites invocados.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital los expedientes de ayudas públicas concedidas a las sociedades Playbol. El reclamante alegó que la respuesta del ICO fue insatisfactoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información concreta se proporcionó fuera del plazo legal.
Se solicitó a Ports de la Generalitat el expediente de prórroga de la concesión del Port d'Aiguadolç de Sitges. La administración denegó el Plan Económico Financiero (PEF) alegando secreto empresarial y derechos de propiedad intelectual. La GAIP estima la reclamación, determinando que el PEF de una concesión administrativa es público y no afecta a la competencia al ser una prórroga sin concurrencia pública.
Se solicitó a la Sociedad Estadio Olímpico La Cartuja S.A. el contrato de sede con la UEFA y la RFEF para la Eurocopa. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no existe un riesgo real y concreto que justifique la reserva de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Blanes el expediente de licitación de las escuelas bressol. El Ayuntamiento alegó falta de concreción y confidencialidad de la oferta. La GAIP estima la reclamación, considerando que la solicitud era precisa y que los proyectos pedagógicos no constituyen secretos comerciales, obligando a entregar la información previa anonimización de datos personales.
Se solicitó a la AESA el informe sobre la necesidad y viabilidad de la ayuda financiera pública concedida a la aerolínea Plus Ultra. AESA denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y secreto empresarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la situación financiera es pública y no constituye secreto empresarial.
El solicitante pidió a la SELAE datos detallados de ventas y premios de las administraciones de lotería (2017-2021), incluyendo el municipio. El interesado alegó que prevalece el interés público y la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse que revelar el municipio vulneraría el secreto comercial de los gestores.
Una empresa solicitó al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón la Memoria de Gestión de residuos 2019 de la sociedad DOMEC SL. El organismo concedió acceso parcial anonimizando la cartera de clientes basándose genéricamente en la Ley de Secretos Empresariales. El Consejo de Transparencia de Aragón ordena retrotraer el procedimiento por falta de motivación y de audiencia al tercero afectado.
Ecologistas en Acción-CODA solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre la evaluación de riesgos y datos suministrados por la AECEC respecto a la importación de maíz. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a entregar la información sobre fitosanitarios por el interés público en la salud humana.
Una persona solicitó a la Universidad de Huelva acceso a documentación de un contrato de asesoría jurídica. La Universidad denegó parcialmente el acceso a ciertos apartados de la memoria técnica por confidencialidad de la empresa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento al considerar justificada la limitación parcial.
El solicitante pidió a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) los datos de premios invendidos de la Lotería Nacional. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad y política interna. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmite la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda del SAREB, sus titulares y los informes de seguimiento desde 2012. Tras una denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información detallada requerida exigiría una reelaboración inadmisible y que los informes afectan a intereses económicos.
El representante del sindicato STAS solicitó al Ayuntamiento de Almassora el desglose de los conceptos que integran el complemento específico de las nóminas de la policía local. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en proceso de elaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación y detalle en la respuesta.
El solicitante pidió a AENA datos detallados de consumo de gas, agua y electricidad por aeropuerto (2004-2020). AENA denegó el desglose alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información existe y que no se ha probado un daño real y concreto.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre el precio y condiciones de financiación del fármaco Luxturna. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que el precio final fijado por la Administración es información pública.
El reclamante solicitó información sobre obras de la diputación al Ayuntamiento de Massalavés mediante un correo electrónico. La administración rechazó la solicitud por no usar canales oficiales y la consideró repetitiva. El Consell Valencià de Transparencia desestima la reclamación por considerar que el ejercicio del derecho es abusivo debido al volumen y la naturaleza de las peticiones.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Asensio una relación de licencias de obras en calados desde 2012. Ante el silencio administrativo, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, desestimando el argumento de reelaboración de la administración y ordenando la entrega de la información.
La reclamante solicitó la relación de sanciones de tráfico de vehículos oficiales, copias de expedientes e importes abonados a varios Ministerios. El Parque Móvil del Estado denegó el desglose por ministerio alegando que requeriría una reelaboración manual de sistemas no interconectados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar la respuesta adecuada.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Trijueque copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes de licencias de obras de los años 2018, 2019 y 2020. El Ayuntamiento alegó que la petición era genérica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la solicitud es legítima y no supone un ejercicio abusivo del derecho.
Compañía Valenciana de Revisiones, SL solicitó copia íntegra de un informe sobre la reversión del servicio de ITV a la Administración. La Conselleria permitió la consulta presencial y toma de notas, pero denegó la copia para proteger el know-how y la toma de decisiones. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que el acceso parcial es adecuado para ponderar los derechos en juego.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de la Torre d'en Besora contratos y pagos realizados a la empresa Somnium Solicitors, SL. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando defectos de forma y protección de datos personales. El Consell Valencià de Transparència decide la inadmisión de la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Se solicitó un listado detallado de centros educativos de la Comunidad de Madrid con datos sobre detección de amianto, resultados y costes. La administración alegó que la información ya estaba en el Portal de Contratación y que el detalle pedido requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando a entregar un listado con datos equivalentes.
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las reventas de vacunas contra la Covid-19 a terceros países (precios, fechas, dosis, etc.). Tras una respuesta parcial de la AEMPS, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la denegación de los precios por estar sujetos a cláusulas de confidencialidad de los acuerdos europeos.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de las donaciones de vacunas COVID-19 vía mecanismo Covax, incluyendo costes. La AEMPS denegó el coste por confidencialidad y la fecha de caducidad por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la confidencialidad de los costes debido a los acuerdos con la Comisión Europea.
Un periodista solicitó a Aeroports de Catalunya información económica detallada y de inversiones del Aeropuerto de Alguaire. La entidad denegó parte de la solicitud alegando perjuicio a su capacidad competitiva frente a AENA. La GAIP estima la reclamación, determinando que las empresas públicas catalanas tienen una mayor obligación de transparencia y no pueden invocar intereses comerciales privados.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el certificado de conformidad de un cinemómetro específico. El Centro Español de Metrología denegó el acceso alegando falta de identificación del equipo y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para dar traslado al fabricante.
Se solicitó acceso a contratos de crédito, convenios de normalización y desglose de costes de obras a la Autoridad Portuaria de A Coruña. El interesado alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar que son documentos públicos y no concurren límites de secreto comercial.
La reclamante solicitó a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha las autorizaciones de contratación de CMMedia entre enero y octubre de 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requiere una labor de reelaboración.
Se solicitó al Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori los enunciados y plantillas correctoras de un examen ACTIC. El solicitante alegó que la información era mínima y necesaria para recurrir el resultado. La GAIP estima parcialmente la reclamación: deniega las plantillas para proteger el sistema de examen, pero reconoce el derecho a la revisión presencial y justificación de la nota.
El solicitante pidió a la CRTVE los salarios de los presentadores de diversos programas de La 1. La administración inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva y la denegó subsidiariamente alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Cantillana el Plan de Actuación y las mejoras de la empresa Campusport, S.L. para la gestión de la piscina municipal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad comercial. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información vinculada a la ejecución pública del servicio.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Horche copias de informes técnicos/jurídicos de expedientes urbanísticos y actas de juntas de gobierno de 2016 y 2018. La administración alegó que la solicitud era genérica, inespecífica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se probó el carácter abusivo.
El solicitante pidió copias de los exámenes y criterios de corrección de las oposiciones docentes de 2019 a la Generalitat Valenciana. La administración inicialmente denegó el acceso alegando una tarea compleja, pero posteriormente facilitó la información vía correo electrónico. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la solicitud.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Almoguera copias digitales de los expedientes de contratación de las fiestas del Cristo de 2021. La administración alegó que las peticiones eran abusivas y repetitivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y esencial para el control de la gestión de fondos públicos.
Un periodista solicitó al Departamento de Empresa y Trabajo (DET) información sobre centros logísticos, exenciones fiscales, convenios, adjudicaciones de suelos del Incasòl y sanciones de Amazon. El reclamante impugnó el traslado de la solicitud a la empresa afectada. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que dicho trámite está plenamente justificado jurídicamente.
Balfegó Tuna S.L. solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acceso a expedientes sancionadores de varias empresas competidoras y comunicaciones a la UE. El Ministerio y las empresas afectadas se opusieron alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar solo las resoluciones sancionadoras firmes.
551–600 de 1227