Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
FAADA solicitó a la Conselleria de Agricultura datos sobre movimientos de cetáceos y capacidad de centros Mundomar y Oceanográfico. La Conselleria inadmitió la solicitud alegando que la información no estaba en su poder y requería inspección. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestimó la reclamación al considerar que la Administración no posee la información y que no hay interés público suficiente para obligar a la empresa privada a facilitarla.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid las actas del Consejo de Administración y de las Juntas Generales del Club de Campo Villa de Madrid desde septiembre de 2020. Tras recibir las actas anonimizadas, el ciudadano reclamó el acceso íntegro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la administración aplicó correctamente los límites de acceso.
El interesado solicitó las actas del Consejo de Administración y de las Juntas Generales del Club de Campo Villa de Madrid al Ayuntamiento de Madrid. Tras recibir las actas anonimizadas, reclamó el acceso íntegro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información estratégica está protegida para salvaguardar intereses comerciales.
Una entidad de defensa del consumidor solicitó a la Agència Catalana del Consum la cuantía y motivos de una sanción impuesta a una empresa. Tras la oposición de la empresa y la falta de respuesta de la administración, la GAIP estima la reclamación al considerar que, una vez ejecutada la sanción, no existe riesgo para la investigación y prevalece el interés público de los consumidores.
Una periodista solicitó al INCASOL la relación de grandes tenedores de viviendas en alquiler. El INCASOL denegó la identidad de las personas jurídicas alegando intereses económicos y complejidad técnica. La GAIP estima la reclamación, obligando a facilitar la identidad de las personas jurídicas, pero mantiene la anonimización de las personas físicas por protección de datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Pedro del Romeral el acceso a los expedientes de contratación formalizados con un profesional específico en los últimos 5 años. La administración alegó falta de recursos técnicos y la necesidad de proteger datos personales e intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información contractual es pública.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la evolución de envases, dosis y costes del medicamento Truvada desde el año 2000. El laboratorio Gilead Sciences alegó que la solicitud era abusiva por su alcance temporal y que vulneraba secretos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de los datos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Almonacid de Zorita informes técnicos/jurídicos de expedientes urbanísticos de 2017 y actas de juntas de gobierno de dicho año. La administración alegó que la solicitud era abusiva y repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se probó el carácter abusivo y que la información es pública.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose de compras y uso de pelotas de goma por la Policía Nacional desde 2018. El Ministerio denegó la información alegando seguridad pública, intereses económicos y falta de datos desagregados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación y ausencia de un test de daño.
La FVET solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia los pliegos de concesión de tres terminales de contenedores. CSP Iberian Valencia Terminal reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra la decisión de conceder acceso parcial. El Consejo desestima la reclamación por no acreditarse un perjuicio concreto y no considerarse abusiva la solicitud.
Una empresa solicitó al Consell Comarcal del Pla d’Urgell el expediente de contratación de un servicio de diagnóstico de saneamiento para su defensa jurídica. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: concede acceso a las ofertas con puntuación superior a la de la reclamante, pero deniega el acceso a ofertas inferiores, datos fiscales, datos personales y la identidad de clientes de las licitadoras.
El reclamante solicitó datos sobre reclamaciones administrativas y judiciales, así como criterios sobre la aplicación de bases de oposiciones, a la Dirección General de Función Pública de la Generalitat Valenciana. La administración denegó la información alegando que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación.
La Associació Institut d'Estudis Econòmics de la Província d'Alacant solicitó detalles de la liquidación presupuestaria de 2018 y 2019 desglosados por provincia y municipio a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de una reelaboración. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que solo requiere un filtrado de datos.
Se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid el acceso a comunicaciones entre la sociedad Encasa Cibeles y la Agencia de Vivienda Social sobre la reversión de viviendas. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide retrotraer las actuaciones por no haberse dado traslado a la empresa afectada.
Un sindicato solicitó a la Vicepresidencia Segunda y Consellería de Economía, Empresa e Innovación de Galicia información sobre derechos mineros. Tras un silencio administrativo y una resolución parcial, la Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación por motivos formales, validando que el acceso se concrete tras los plazos legales de oposición de terceros.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcudia documentación técnica, económica y contractual sobre el servicio de abastecimiento de agua potable gestionado por empresas concesionarias (ACASA y FUSOSA). Ante la falta de respuesta y las alegaciones de la administración y las empresas, la Comisión de Reclamaciones de Acceso a la Información Pública estima la reclamación.
La Asociación Hablamos Español solicitó las programaciones didácticas de todos los centros de Primaria, ESO y Bachillerato de Baleares. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva por su volumen ingente. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública estima la reclamación tras la modificación de la solicitud por parte del interesado, limitándola a 50 centros.
El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía solicitó a la Dirección General de Comunicación Social la lista de medios de comunicación incluidos en los planes de publicidad institucional de 2019. La Administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto comercial y riesgo de competencia desleal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Bonete copias de informes urbanísticos, expedientes de contratación de letrados y la relación de procesos judiciales con asistencia letrada. El Ayuntamiento alegó falta de medios y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la información urbanística por considerarla abusiva, pero ordenando la entrega de la información contractual y judicial.
Se solicitó al Ayuntamiento de Bonete información sobre expedientes urbanísticos y contratación de letrados/procuradores desde 2015. El ayuntamiento alegó falta de medios y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, instando al ayuntamiento a facilitar la información de contratación y la relación de procedimientos.
El PACMA solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación datos detallados sobre granjas cinegéticas del REGA e información sobre sueltas de especies cinegéticas (2018-2020). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información requerida no obra en poder de la administración o exigiría una reelaboración previa de los datos.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia y a RTVE el expediente de una rectificación de contenidos y la copia de un contrato con una productora. Tras recibir el contrato anonimizado, el ciudadano alegó que la respuesta era insuficiente al faltar anexos técnicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse protegida la confidencialidad comercial.
El interesado solicitó datos sobre inspecciones en mataderos y explotaciones ganaderas al Gobierno de Cantabria. La administración alegó falta de competencia y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acuerda retrotraer el procedimiento para que la administración remita la solicitud al órgano competente (Consejería de Sanidad).
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Gozón estadísticas sobre la recogida de animales abandonados y pagos al Consorcio ARA desde 2017. Al no obtener respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración facilitó la información fuera de los plazos legales establecidos.
La reclamante solicitó la Relación de Puestos de Trabajo de 2020 de CMMedia. La administración denegó el acceso alegando que la información no estaba elaborada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
El reclamante solicitó información sobre inspectores y listados de mataderos y granjas al Gobierno de Cantabria. La administración alegó falta de competencia y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer el procedimiento porque la administración debió dar traslado de la solicitud al órgano competente (Consejería de Sanidad) en lugar de denegarla.
El interesado solicitó documentación que justificara por qué el portavoz del Ministerio de Sanidad no usaba mascarilla en una rueda de prensa. El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática inadmitió la solicitud alegando que no posee dicha información y que la petición es abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El reclamante solicitó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) informes de valoración y confirmación de ensayos técnicos de productos de una empresa (AMD) en un expediente de contratación. El SESCAM inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información técnica solicitada está protegida por el límite de intereses económicos y comerciales.
Un ciudadano solicitó al SESCAM información sobre ensayos de absorción y retención de productos de la empresa AMD en un expediente de contratación. El SESCAM denegó el acceso por carácter abusivo y, posteriormente, por proteger secretos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al validar que la información es confidencial y estratégica.
Un representante sindical solicitó a Barcelona Serveis Municipals (BSM) documentación sobre la gestión de aparcamientos. El solicitante alegó que necesitaba la información para conocer la reorganización de la empresa. La GAIP inadmitió la reclamación porque BSM acreditó que la información aún no estaba en su poder, por lo que no constituye información pública.
El interesado solicitó a la Autoridad Portuaria de Melilla copia del informe de una auditoría externa sobre las obras de la Estación Marítima y su expediente de contratación. La administración denegó el acceso alegando la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información previa protección de secretos comerciales.
El reclamante solicitó información sobre la investigación de una vacunación irregular de Covid-19 en la residencia Casablanca Valdesur. La Comunidad de Madrid denegó el acceso alegando protección de datos e intereses de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por tratarse de información pública con interés social relevante.
Una asociación solicitó a la AEAT datos detallados sobre declarantes de IRPF, ingresos y rendimientos de actividades agrarias (2018-2019). Tras una concesión parcial, el solicitante alegó falta de datos de ingresos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requerida exige una reelaboración compleja de los datos.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre retribuciones de directivos, servicios gratuitos para consejeros y actas del Consejo de Administración de Paradores de Turismo de España S.M.E. S.A. tras alegar silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actas previa anonimización de datos.
El interesado solicitó copia digital de los expedientes de contratación de letrados y procuradores desde 2015 al Ayuntamiento de Hontoba. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, ya que la administración entregó la información fuera del plazo legal.
El interesado solicitó copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (2014-2016) al Ayuntamiento de Loranca de Tajuña. El Ayuntamiento alegó que la petición era abusiva y genérica, y que carecía de personal para atenderla sin paralizar su gestión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Hontoba copias digitales de los expedientes de contratación de letrados y procuradores desde 2015. La administración alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haber entregado la información fuera de los plazos legales.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad copia del convenio y expediente administrativo de venta de vacunas Pfizer al Principado de Andorra, además de previsiones de ventas futuras. La administración no respondió y luego alegó que los convenios son información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del convenio y el expediente.
El solicitante pidió al Ministerio de Sanidad datos de volumen, precio y contratación de medicamentos específicos (grupos ATC) de 2018. Alegó que la respuesta fue insuficiente y no desglosada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información detallada del grupo ATC B02BX06 (Emicizumab).
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Valverde de Alcalá el presupuesto destinado a espectáculos con bóvidos sin muerte del animal durante 2019. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la petición es legítima y no supone una carga excesiva para la gestión pública.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía el detalle de inspecciones sanitarias en locales de restauración entre 2016 y 2019. La administración denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y riesgos para la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía resuelve sobre esta denegación.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de A Coruña y a Puertos del Estado actas de una comisión de seguimiento, un informe de viabilidad ferroviaria y un informe de intervención. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a Puertos del Estado a entregar las actas, al considerar que no se justificaron los límites alegados.
El interesado solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la información económico-societaria de la organización INTERPORC. La administración denegó el acceso alegando que INTERPORC es una entidad privada y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando que se dé audiencia a la entidad afectada.
Un ciudadano solicitó diversa documentación a la Comunidad de Regantes La Sabina. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la documentación sobre la balsa de regulación, pero desestima el resto por referirse a actividades de derecho privado o inexistentes.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda las actas, órdenes del día y convocatorias del Consejo de Administración de RTVE desde 2014. Tras una denegación basada en confidencialidad y secreto comercial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar actas y órdenes del día, pero excluyendo las convocatorias.
FACUA solicitó a Kontsumobide el expediente de inspecciones sobre etiquetado de mascarillas y sus planes de control. Kontsumobide denegó el acceso alegando que eran actuaciones previas no públicas. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y no acreditarse límites legales.
El Grupo Provincial Socialista solicitó a Renfe Operadora datos detallados de usuarios en estaciones y servicios ferroviarios de Galicia en 2020. Renfe denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no cumple la finalidad de la ley.
Ecologistas en Acción solicitó documentación sobre reuniones con la UE acerca del hidrógeno al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación debido a que fue interpuesta fuera del plazo legal de un mes.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado de inmuebles exentos de IBI por convenios internacionales con la UE. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la reserva de datos tributarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y no vulnera la confidencialidad tributaria ni la protección de datos.
El interesado solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital información sobre la deuda, pagos y comunicaciones de la UE respecto al SAREB. Tras un acceso parcial, el ciudadano alegó falta de motivación en la denegación de informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y retrotrae las actuaciones.
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