Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre la adquisición, financiación y distribución de mascarillas enviadas a La Palma. El reclamante alegó que la denegación inicial carecía de justificación. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias declara la terminación del procedimiento ya que la resolución impugnada fue anulada por la propia administración.
Ryanair solicitó a la CNMC el acceso completo al expediente de supervisión de tarifas aeroportuarias de AENA. La CNMC denegó el acceso alegando confidencialidad legal y límites de intereses económicos y secreto comercial, además de la tutela judicial efectiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la CNMC no justificó suficientemente la aplicación de los límites y ordenó facilitar la información no confidencial del expediente.
Ryanair pidió a la CNMC el expediente de costes de AENA. La CNMC denegó parcialmente alegando confidencialidad legal, intereses económicos y secreto comercial. Ryanair reclamó al CTBG por acceso insuficiente. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, indicando que la confidencialidad no es absoluta y que la CNMC no justificó los límites, instando a facilitar la documentación no confidencial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la relación de avales ICO cuyo reintegro se hubiera solicitado. El organismo denegó el acceso alegando límites de intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los importes y estado de los reintegros por el alto interés público, pero desestimó la identidad de las empresas por el perjuicio desproporcionado a sus intereses comerciales.
La empresa Garbialdi S.A. solicitó al Ayuntamiento de Erandio acceso a la memoria técnica de la empresa adjudicataria de un contrato. Tras la denegación presunta, presentó reclamación ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. Esta última decide inadmitir la reclamación por ser la empresa interesada en un procedimiento administrativo en curso.
La reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el precio de financiación del medicamento Lanadelumab y su impacto presupuestario. El Ministerio denegó el acceso alegando límites de intereses económicos, secreto profesional y confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el precio final abonado por el SNS es información pública y que la Administración no justificó debidamente el perjuicio a terceros ni la afectación a la confidencialidad del proceso decisorio ya concluido.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid el número de docentes de religión y su coste económico por curso desde 2015. El interesado alegó que la respuesta fue parcial y que el gasto público es de interés. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid declara la pérdida de objeto porque la administración facilitó la información tras la reclamación.
Un periodista solicitó a la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) informes de diversas investigaciones. Alegó que la anonimización de empresas y cargos públicos era excesiva. La GAIP resolvió estimar parcialmente la solicitud, ordenando el acceso a la mayoría de los documentos, incluyendo identidades de empresas y altos cargos, pero protegiendo la identidad de personas físicas no públicas.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Talavera de la Reina actas de medición de ruidos y expedientes sancionadores. Ante el silencio administrativo, interpuso reclamación ante el CTBG. El Ayuntamiento alegó que la petición de certificación constituye una actuación material fuera del ámbito de la LTAIBG, y que los expedientes estaban en curso o eran repetitivos. El CTBG desestimó la reclamación porque la primera petición no es acceso a información, y la segunda fue atendida mediante resolución de acceso al expediente sancionador.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes el expediente de contratación de formación. Al recibir solo un enlace a la plataforma, interpuso reclamación ante el CTBG alegando información incompleta. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la información extemporáneamente durante el trámite de alegaciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente de contratación de asistencia técnica para evaluación del desempeño. Tras una respuesta inicial que solo facilitaba un enlace a la plataforma de contratación, interpuso reclamación por considerar la información incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la información de forma extemporánea durante el trámite de alegaciones, sin que el solicitante objetara.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el expediente de contratación de software de la Autoridad Portuaria de Castellón. Tras recibir solo un enlace de búsqueda, interpuso reclamación por información incompleta. El CTBG estimó la reclamación por motivos formales, al haberse completado la respuesta de forma extemporánea durante el procedimiento, sin que el interesado objetara.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución que fija el precio y financiación del fármaco Zolgensma. Al producirse silencio administrativo, interpuso reclamación ante el CTBG alegando falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el precio final y condiciones de financiación son información pública de interés general, y que la Administración no justificó debidamente que su divulgación perjudique los intereses económicos, comerciales o la confidencialidad de las negociaciones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes una auditoría de la autopista del mar Gijón-Nantes. La administración denegó el acceso por falta de competencia, derivándola a la CIG, y alegó subsidiariamente que se trataba de un borrador auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la CIG está vinculada al Ministerio y que la ampliación de plazo fue improcedente, instando a remitir la información.
Ecologistas en Acción solicitó a la Consejería de Agricultura de Andalucía autorizaciones y planes de aplicación aérea de fitosanitarios (azoxistrobin + difenoconazol) en 2020. La Administración denegó el acceso alegando secreto profesional y perjuicio económico/reputacional. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió a AENA la distribución de franjas aéreas y su uso por aerolíneas (2017-2021). AENA denegó alegando que la información pertenece a una asociación privada (AECFA). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando a AENA a entregar la información por disponer de ella en su condición de socio de AECFA y gestor aeroportuario.
Se solicitó al Hipódromo de la Zarzuela S.A. S.M.E. el contrato y condiciones económicas del acuerdo de emisión de carreras con Telefónica. El organismo denegó parcialmente alegando que la información era de terceros y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que ambas entidades son sujetos obligados y no se justificaron los límites al acceso.
Kriol Produccions, SL reclama contra la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica tras la concesión de acceso a información sobre subvenciones de varias empresas. La empresa alega que la solicitud original es abusiva y que la información está sujeta a límites por investigaciones penales y procesos judiciales en curso.
Canal Maestrat, SL impugna la resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que concedía el acceso a documentación de subvenciones tras anonimizar datos personales. El reclamante alega que la solicitud es abusiva y que la administración no consideró adecuadamente los límites por procesos judiciales en curso. El Consell Valencà de Transparència estima parcialmente la reclamación.
Una Federación de Asociaciones Vecinales solicitó a la Sociedad Valladolid Alta Velocidad 2003, S.A. las actas del Consejo de Administración (2019-2021) y de la comisión de seguimiento. Tras la falta de respuesta y alegaciones de la sociedad sobre secreto mercantil, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena la entrega de la información.
El reclamante solicitó información detallada sobre plazas ocupadas por interinos en la Administración de La Rioja. La administración inadmitió parcialmente la solicitud alegando la necesidad de una acción previa de reelaboración por falta de un registro informático unificado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la carga de trabajo no justifica la inadmisión.
La sociedad Comunicació dels Ports, SA solicita la revocación de una resolución que concedió acceso a documentación de subvenciones de empresas privadas. Alega que la solicitud es abusiva (sin fin de transparencia) y que la información contiene secretos comerciales y afecta a investigaciones judiciales en curso. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación.
El solicitante pidió a Renfe Operadora los gastos en taxis y autobuses por incidencias entre 2018 y 2021. Renfe denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y carga administrativa excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a Renfe a entregar la información al no acreditarse un daño real ni una reelaboración compleja.
El interesado solicitó a la Universidad de Cantabria copia de todos los documentos relativos a acuerdos con organizaciones chinas desde 2006. La Universidad denegó el acceso al contrato con la empresa Huawei alegando protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que concurre el límite del secreto comercial.
El solicitante pidió a la Universidad de Cantabria documentos sobre acuerdos y financiación con organizaciones chinas. La Universidad denegó el acceso al contrato con Huawei. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que se vulnerarían intereses económicos y comerciales (secreto empresarial) del contratante.
Un ciudadano solicitó a la SELAE el desglose detallado de los premios no cobrados en 2021. La SELAE denegó el desglose alegando secreto empresarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la cuantía individualizada y el sorteo de los premios ya caducados, pero excluyendo datos que faciliten fraudes o carezcan de interés público.
Se solicitó al Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática documentación sobre una obra menor en el Complejo de la Moncloa. Tras alegar silencio administrativo, el solicitante desistió del procedimiento una vez que el Ministerio concedió parcialmente el acceso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar la reclamación por desistimiento del interesado.
Un periodista solicitó al FONREC (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) el expediente completo de la ayuda concedida al Grupo Universo Pachá. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las resoluciones de concesión pero excluyendo planes de negocio e informes crediticios.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valencia una lista detallada de bienes inmuebles exentos de IBI (2015-2021) y coeficientes aplicados. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo por la carga de gestión. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y la administración podría haber ampliado el plazo en lugar de inadmitir.
Un concejal solicitó al Ajuntament de Santa Pola el acceso a la grabación de la sesión de la Junta de Gobierno Local del 27 de abril de 2022 y la transcripción literal de ciertos puntos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que las grabaciones son meros apoyos para las actas y que estas ya son públicas. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación.
Un periodista solicitó al Departament de Territori información detallada sobre horarios y retrasos de trenes de Rodalies. Alegó que la respuesta recibida era insuficiente y no correspondía a lo solicitado. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida de objeto, ya que la Generalitat entregó lo que tenía y el resto debe ser gestionado directamente con Renfe.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Palma el detalle del gasto en mantenimiento de los polígonos de Son Castello y Can Valero en 2019. El Ayuntamiento alegó que la información requeriría una reelaboración compleja por falta de medios técnicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la labor de extraer los datos es una reelaboración básica.
La reclamante solicitó a la Consejería de Salud y Consumo de las Illes Balears los protocolos hospitalarios para el tratamiento de psoriasis, artritis psoriásica y osteoporosis. La administración inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es manifiestamente repetitiva.
Se solicitó a Correos el contrato con Iberojet, costes de transporte de ayuda humanitaria y número de pasajeros. Tras la falta de respuesta inicial, el organismo respondió extemporáneamente concediendo solo el dato de pasajeros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (RENFE) el desglose detallado de los sueldos de sus directivos y altos cargos entre 2016 y 2021. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la entidad ya proporcionó la información adecuada (totales anuales), siendo insuficiente el interés público para acceder al desglose pormenorado.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid el número de efectivos, jornadas y turnos de la empresa adjudicataria del contrato de limpieza viaria (Lote 2, barrio de Salamanca). El Ayuntamiento denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad comercial. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación por no acreditarse un perjuicio real.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el estudio sobre el impacto de la subida del SMI en la desigualdad y el empleo. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la Administración no justificó el daño ni la naturaleza auxiliar del informe.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana (AENA) información sobre clientes y pagos de derechos aeroportuarios en Barajas (abril 2020). AENA denegó el acceso alegando confidencialidad comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación del límite legal, aunque excluye la identidad de los clientes.
Una fundación solicitó al Instituto Aragonés de Fomento el 'Grant Agreement' y anexos del proyecto europeo MIREU. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de Aragón desestimó la reclamación, considerando que prevalece el compromiso de confidencialidad asumido en el acuerdo sobre el derecho de acceso a la información.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico memorias de fabricantes y centros de tratamiento de vehículos desde 2011. Alegó que no se le facilitó la información detallada ni los datos agregados prometidos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó fuera de plazo y tras la reclamación.
El reclamante solicitó al Ministerio de Consumo el contrato de alquiler de su sede en la calle Alcalá 27. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud, ocultando la renta por posibles perjuicios económicos al arrendador (CECABANK S.A.). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena revelar el coste económico por prevalecer el interés público sobre un daño hipotético.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número y coste de las vacunas Covid-19 adquiridas desde el 30 de junio de 2021. La AEMPS denegó el coste alegando confidencialidad de los acuerdos con la Comisión Europea. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al existir un precedente donde la propia Administración ya había facilitado datos idénticos.
Una periodista solicitó a Circuits de Catalunya SL los contratos de F1 y MotoGP (2022-2026 y anteriores). La entidad denegó el acceso a datos económicos y comerciales alegando confidencialidad contractual. La GAIP estima la reclamación, obligando a publicar los importes y cláusulas técnicas, ya que prevalece la ley de transparencia sobre los pactos privados.
El solicitante pidió a RENFE-Operadora los motivos por los cuales la cuenta de Twitter @InfoRenfe no informaba de incidencias en Cercanías Málaga. El interesado alegó que la respuesta de Renfe era falsa y carecía de credibilidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la entidad ya había facilitado la información disponible.
El reclamante solicitó la facturación de 2021 y los justificantes de servicios de la Viceconsejería de Justicia de Asturias. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, según la propia administración, los documentos aún no existen en su poder.
El solicitante pidió a Renfe Operadora el histórico de precios, ocupación y frecuencias de los trayectos Vitoria-Madrid y Vitoria-Barcelona (2012-2022). El interesado alegó que los datos son públicos y no perjudican la competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
Se solicitó al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) datos estadísticos desglosados sobre menores tutelados que hayan sido víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual desde 2010. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El reclamante solicitó copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos desde noviembre de 2021 al Ayuntamiento de Corral de Almaguer. La administración alegó que la solicitud era genérica, abusiva y requería una labor de reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, limitando el acceso a 10 expedientes por mes para evitar una carga desproporcionada.
Se solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el número, nombre y localización de granjas de visón americano activas entre 2015 y 2022. El reclamante alegó que la información ya era parcialmente pública en otros informes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una acción previa de reelaboración.
Una periodista solicitó a la Agencia de Salud Pública de Barcelona (ASPB) el listado de establecimientos alimentarios inspeccionados entre 2017 y 2021, incluyendo nombres, direcciones y resultados. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: se debe entregar la dirección de los locales, pero se deniega el nombre comercial por falta de certeza en la veracidad de los datos.
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