Reclamación por denegación de acceso a información sobre la ejecución y estado de un contrato del Hospital Universitario Central de Asturias

Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), el 12 de septiembre de 2022, la siguiente información: “A través de la presente la empresa Alternativas Hospitalarias S.L solicita la siguiente información del contrato realizado por el Hospital Universitario Central de Asturias a través del concurso con número de expediente A4AS/1/102/2016: N/REF:RT 0762/2022 [Expte. 2258-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Principado de Asturias/ Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Información solicitada:Situación de un contrato realizado por el Hospital Universitario Central de Asturias. Plazo de ejecución:20 días hábiles. RA CTBG Número: 2023-0618 Fecha: 06/07/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente - Ejecución y resultados. - Estado actual”. 2. Disconforme con la resolución que inadmitía su solicitud, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 17 de noviembre de 2022, con número de expediente RT/0762/2022. La resolución del SESPA tuvo lugar en los siguientes términos: “(….) Quinto.- A los efectos de analizar el contenido de la solicitud y proceder a su valoración, en el presente supuesto concurre la circunstancia definida en el apartado segundo de la Disposición Adicional Primera de la LTAIBG, con arreglo al cual se regirán por su normativa específica, y por esta ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información; tal como sucede en sede de contratación del sector público. Y, la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) de la LTAIBG, asociada al hecho relacionado con que la solicitud suponga un ejercicio del derecho excesivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley cuando tenga por fin obtener la información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición que de la misma establezca la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupo de Interés, conforme a cuyo artículo 3 es la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título I de tal norma legal. Así pues, a partir de la entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) es obligatorio publicar la información recogida en el artículo 63 de dicha ley, el cual no contiene exigencias de publicidad en fase de ejecución, salvo modificados; y es posterior y específico por lo que deja sin efecto lo dispuesto en artículo 8.1 de la LTAIBG, más todas aquellas recogidas en la ley autonómica, la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupo de Interés, la cual en su artículo 8.A.1.f) a mayores alude a "cualesquiera otros actos y resoluciones de validez o vigencia de los contratos", no así a los aspectos de ejecución. A mayor abundamiento, a tenor del artículo 62 de la LCSP, con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato, existe un responsable del contrato al que corresponde supervisar su ejecución, que en todo caso figuran en los pliegos regidores de la licitación los cuales constituyen la ley del contrato. RA CTBG Número: 2023-0618 Fecha: 06/07/2023 Sexto.- Todo ello, sin perjuicio de considerar que es susceptible de concurrir el límite al derecho de acceso del artículo 14.1.h) de la LTAIBG al apreciarse intereses económicos y comerciales, (….)”. 3. El 21 de noviembre de 2022 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de SESPA, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 29 de noviembre de 2022 se recibe contestación al requerimiento de alegaciones efectuado, cuyo contenido es el siguiente: “(…..) El artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), en cuanto a contratos se refiere, limita la publicidad a la información de las condiciones de adjudicación del contrato. Dicha información no alcanza a la posterior ejecución contrato, salvo la modificación del mismo, ejecución que en su caso es consecuencia directa de los términos en los cuales ha quedado adjudicado el contrato. Así las cosas, (….), la solicitud revierte abusiva (…..). Más aún cuando no hay que orillar que es susceptible de concurrir el límite al derecho de acceso del artículo 14.1 h) de la LTAIBG al apreciarse intereses económicos y comerciales, tratándose la solicitante de una entidad mercantil que pertenece al sector sanitario (….) No obstante, no es que el solicitante no tenga derecho a obtener el acceso a la documentación sino simplemente que el cauce para solicitar su acceso no es la LTAIBG sino la normativa reguladora del procedimiento administrativo general (….) II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. La información solicitada es información pública en la medida en que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG y se ha generado en ejercicio de las funciones que legalmente le corresponden competencia autonómica sobre salud y para la gestión de los servicios sanitarios. La Ley del Principado de Asturias 7/2019, de 29 de marzo, de Salud, en su artículo 118, establece que el (SESPA) es un ente de derecho público, adscrito a la Consejería de Salud y con personalidad jurídica propia. En virtud del artículo 10 de esta misma ley, tiene atribuido la realización de las actividades sanitarias y la gestión de los servicios sanitarios propios de la Administración del Principado de Asturias, conforme a los objetivos y principios reguladores en ella contenidos. econ/convenios/conveniosCCAA.html 4. En el caso de esta reclamación, como se ha indicado en los antecedentes, el SESPA indica varios motivos para no conceder la información solicitada: el carácter abusivo de la solicitud, la existencia de una regulación específica del derecho de acceso a la información pública y la concurrencia del límite del artículo 14.1 h) de la LTAIBG, sobre intereses económicos y comerciales. Con respecto a la existencia de una regulación específica, la entidad reclamada considera que, por ese motivo, debe aplicarse lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la LTAIBG que establece que “Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información”. El SESPA no deja suficientemente claro cuál es el régimen específico de acceso al que se refiere, más allá de una referencia genérica a la Ley 9/2017 , de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En la resolución de 14 de septiembre de 2022 se mencionan los artículos 62 y 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, que versan sobre el responsable del contrato y sobre el perfil del contratante. No se mencionan expresamente los artículos 44 a 57, en los que sí que se regula un procedimiento específico de acceso a información contractual y la existencia de recursos administrativos propios de este ámbito. Así, el artículo 52, dispone que “Si el interesado desea examinar el expediente de contratación de forma previa a la interposición del recurso especial, deberá solicitarlo al órgano de contratación, el cual tendrá la obligación de ponerlo de manifiesto sin perjuicio de los límites de confidencialidad establecidos en la Ley ”. Sea como fuere, la existencia de una normativa específica de acceso no obsta para que la persona que haya solicitado una determinada información pueda posteriormente, en el caso de que su solicitud no haya resultado satisfecha, presentar una reclamación ante el CTBG. Así ha quedado establecido desde la STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:1033). Esta sentencia da respuesta a la cuestión de interés objetivo casacional consistente en determinar si los artículos 77 y ss. de la Ley de Bases de Régimen Local constituyen, o no, un régimen jurídico específico de acceso a la información que excluya la aplicación de la Ley de transparencia. La propia sentencia señala que «la cuestión controvertida se centrará en determinar si contra la resolución dictada por la Diputación de Girona en materia de acceso a la información de un Diputado Provincial cabe interponer la reclamación a que se refiere el artículo 24 de la ley estatal 19/2013»; y en la solución a dicha cuestión pone de manifiesto lo siguiente: «Examinando los preceptos citados de la normativa sobre régimen local en materia de acceso a la información de los miembros de las corporaciones locales ( artículos 77 LBRL y 14 a 16 ROF) a la luz de la jurisprudencia que delimita el significado y alcance de la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno, bien puede decirse que la normativa de régimen local contiene una regulación que desarrolla el derecho de acceso a la información en dicho ámbito por parte de los miembros de la corporación local. Lo que, a efectos de lo establecido en la citada disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013 significa que dicho régimen específico habrá de ser aplicado con carácter preferente a la regulación de la Ley de Transparencia, siendo esta de aplicación supletoria. (…) debe aceptarse sin dificultad que, en efecto, esos preceptos de la normativa de régimen local albergan una regulación pormenorizada del derecho de acceso a la información en dicho ámbito, tanto en la vertiendo sustantiva como en la procedimental. Por ello, la cuestión a dilucidar es otra y consiste en determinar si la existencia de esa regulación específica en la normativa sobre el régimen local excluye la aplicación de la Ley 19/2013, de Transparencia y Buen Gobierno; y, más en concreto, si debe considerarse excluida la posibilidad de que contra la resolución que dicte el correspondiente órgano de la Administración Local -en este caso, la Diputación Provincial de Girona- cabe interponer la reclamación que se regula en los artículos 24 de la Ley estatal 19/2013 y 39 y siguientes de la Ley catalana 19/2014. (…) Según la recurrente, la existencia de ese régimen de recursos [el recurso potestativo de reposición, el recurso contencioso-administrativo y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional] excluye la posibilidad de que el miembro de la Corporación Local que considera vulnerado su derecho de acceso a la información interponga la reclamación prevista en la normativa sobre Transparencia y Buen Gobierno, pues admitir esta vía de reclamación -argumenta la Diputación recurrente- supone aceptar lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno denomina técnica del "espigueo", consistente en seleccionar los aspectos más favorables de dos cuerpos normativos distintos para dotarse así de un régimen jurídico ad hoc, lo que resulta contrario al principio de seguridad jurídica (cita la recurrente resoluciones del CTBG de 20 de diciembre de 2016 -RT/282/2016- así como RT/719/2020). Pues bien, ese planteamiento no puede ser asumido. Establecido lo anterior, debemos recordar que, conforme a lo previsto en la disposición adicional primera.2 de la Ley 19/2013, aquellas materias que tengan previsto un régimen jurídico específico de acceso a la información “se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con carácter supletorio”. Pues bien, el alcance que atribuye a esta expresión la jurisprudencia de esta Sala, que antes hemos reseñado, lleva a concluir que el hecho de que en la normativa de régimen local exista una regulación específica, en el plano sustantivo y procedimental, del derecho de acceso a la información por parte de los miembros de la Corporación en modo alguno excluye que, con independencia de que se haga uso, o no, del recurso potestativo de reposición, contra la resolución que deniegue en todo o en parte el acceso a la información el interesado pueda formular la reclamación que se regula en el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (y, en el caso de Cataluña, en los artículos 39 y siguientes de la ley autonómica 19/2014, de 29 de diciembre). (…) esta viabilidad de la reclamación prevista en el artículo 24 de la Ley 19/2013 no es fruto de ninguna técnica de "espigueo" normativo sino consecuencia directa de las previsiones de la propia Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en la que, como hemos visto, se contempla su aplicación supletoria incluso en aquellos ámbitos en los que existe una regulación específica en materia de acceso a la información, y, de otra parte, se establece que la reclamación prevista en la normativa sobre transparencia y buen gobierno sustituye al recurso de alzada allí donde estuviese previsto (lo que no es el caso del ámbito local al que se refiere la presente controversia), dejando en cambio a salvo la posible coexistencia de dicha reclamación con el recurso potestativo de reposición.» En una línea similar, si bien resolviendo una cuestión de distinto alcance, la STS de 5 de abril de 2022 (ECLI: ES: TS: 2022:1422) contiene diversas referencias a la naturaleza de la reclamación del artículo 24 LTAIBG que avalan el matiz que, respecto de la competencia de este Consejo, se introduce en esta resolución. Se remarca así que la reclamación que cabe instar ante este Consejo «constituye un cauce procedimental potestativo previo a emprender la vía jurisdiccional contencioso-administrativa, que persigue reforzar las garantías del derecho de acceso a la información pública». Y se añade, en lo que aquí interesa que «[e]n este sentido, cabe significar que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, expuesto en la mencionada sentencia 104/2018, permite deducir con claridad que tanto el alcance subjetivo y objetivo sobre el que se proyecta el derecho de acceso a la información pública de la ley estatal, que evidencia un extenso desarrollo del principio constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos garantizado en el artículo 105 b) de la Constitución, como del propio procedimiento impugnatorio articulado ante el Consejo de transparencia estatal o ante el correspondiente Consejo Autonómico, tienen el carácter de normas básicas, al corresponder al Estado la competencia exclusiva para regular las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas así como el procedimiento administrativo común. Siendo el objeto de esta regulación reforzar la transparencia de la actividad administrativa y ampliar los instrumentos de control puestos a disposición de los ciudadanos para hacer efectivo la tutela de este derecho, no resulta coherente, desde la perspectiva constitucional y desde el prisma de la lógica de la acción administrativa de control, que dicho sistema pueda originar disfunciones en orden a la protección del derecho, que se revelen contrarias a la exigencia de garantizar un tratamiento común de los administrados frente a la totalidad de las Administraciones públicas que ejercen su actividad en un determinado territorio». A la vista de todo lo anteriormente expuesto este Consejo considera que no resulta de aplicación lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la LTAIBG. 5. Por lo que respecta al carácter abusivo de la solicitud, el SESPA lo vincula al hecho de que se solicita información sobre cuestiones que exceden de las obligaciones de publicidad activa en materia contractual. En este sentido debe indicarse que se aprecia una confusión entre la publicidad activa y el derecho de acceso a la información pública. La publicidad activa se refiere, según el artículo 5.1 de la LTAIBG a la obligación de los sujetos del artículo 2.1 de publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. No obstante, ello no implica, más bien todo lo contrario, que una persona no pueda solicitar información distinta a la que con carácter obligatorio deben publicar los sujetos obligados por la LTAIBG. El carácter abusivo de una solicitud viene establecido como causa de inadmisión en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. Respecto de esta causa de inadmisión, la STS de 12 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3870) ha señalado que «la repetida causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley, sin que ninguna de las resoluciones denegatorias del acceso haya siquiera contemplado la concurrencia del requisito de la conducta abusiva, que no puede apreciarse en este caso.» No se constata en este caso el cumplimiento de esa doble exigencia (carácter abusivo y falta de justificación en la finalidad de la ley) pues ni la solicitud incurre en abuso de derecho en los términos recogidos en el Criterio interpretativo de este Consejo n.º CI/003/2016, de 14 de julio y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Código Civil —por suponer un riesgo para terceros o ser contraria a las normas, las costumbres y la buena fe, o porque, de ser atendida, requiera un tratamiento que paralice el resto de la gestión de la actividad diaria de los sujetos obligados—, ni se trata de una solicitud ajena a los fines de escrutinio de la actividad pública de la Ley de Transparencia. Independientemente de la motivación del reclamante, una empresa competidora de la adjudicataria del contrato sobre el que se solicita la información, lo cierto es que el acceso a esa información permite someter a escrutinio la acción de los responsables públicos y conocer bajo qué criterios actúa la administración en un ámbito tan relevante como el de la contratación pública. De acuerdo con todo lo anteriormente expresado, este Consejo considera que no concurre la causa de inadmisión del artículo 18.1 e) de la LTAIBG y que la solicitud que está en el origen de la reclamación no tiene un “carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. 6. Por lo que respecta a la concurrencia del límite al derecho de acceso a la información recogido en el artículo 14.1.h) , el CTBG aprobó el criterio interpretativo 1/2019, de 16 de octubre. Antes de proceder a su análisis es preciso señalar que el derecho de acceso a la información pública es un derecho que goza de un amplio reconocimiento en nuestro ordenamiento y que, consiguientemente, cualquier restricción de su eficacia debe partir de una interpretación estricta de los límites y justificar de manera expresa y proporcionada su aplicación. Así lo viene exigiendo el Tribunal Supremo de manera constante, como ha recordado en su sentencia de 11 de junio de 2020 (ECLI: ES:TS:2020:1558) en los siguientes términos: «La Exposición de Motivos de la Ley 9/2013, de diciembre, establece que el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas, solamente se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos; y, en fin, que, en todo caso, los límites previstos se aplicarán atendiendo a un test de daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y de interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información) y de forma proporcionada y limitada por su objeto y finalidad. Este Tribunal ha tenido ocasión de señalar -STS nº 1547/2017, de 16 de octubre de 2017 (rec. 75/2017) y STS 344/2020 10 de marzo de 2020 (rec. 8193/2018)- respecto a los límites oponibles frente al acceso a la información pública, que: «[...] La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información». De manera que solo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas, así lo dispone el artículo 14.2 de la Ley 19/2013: «[...] 2. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso». Por tanto, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración y solo resulta posible cuando concurra uno de los supuestos legalmente establecido, que aparezca debidamente acreditado por quien lo invoca y resulte proporcionado y limitado por su objeto y finalidad.” (FJ. 3º).» El SESPA, en relación con la concurrencia del límite del artículo 14.1 h) de la LTAIBG, lo vincula, no tanto con la información concreta a proporcionar, sino con el hecho de que “la solicitante de una entidad mercantil que pertenece al sector sanitario y cuyo objeto y actividad principal es el suministro, instalación y mantenimiento de todo tipo de material quirúrgico fungible e inventariable, que constituye el objeto contractual sobre el que versa la solicitud de acceso a información”. Asimismo, debe destacarse, como así ha hecho la jurisprudencia y se ha mencionado con anterioridad, que la aplicación de un límite de la LTAIBG exige que con carácter previo se hayan llevado a cabo los dos test test a los que se refiere esa norma: el test del daño (del interés que se salvaguarda con el límite) y del interés público en la divulgación (que en el caso concreto no prevalezca el interés público en la divulgación de la información). En el caso de esta reclamación no consta que la SESPA haya llevado a cabo ninguno de ellos a la hora de afirmar la concurrencia del límite del 14.1 h) de la LTAIBG. El mencionado criterio interpretativo 1/2019, de 16 de octubre dispone lo siguiente sobre el test del daño: «A la hora de realizar el test del daño, el sujeto responsable de atender una solicitud de información o una reclamación debe analizar las siguientes cuestiones: 1º. Valorar todas las cuestiones que resulten de aplicación con identificación de los intereses económicos y comerciales que se ven afectados. 2º. Destacar la incidencia comercial o económica de la información que se solicita. 3º. Valorar en qué medida concreta proporcionar la información dañaría los intereses económicos y comerciales de una organización. Para ello, se pueden aportar datos concretos, objetivos, evaluables y efectivos que avalen la posible aplicación del límite y su incidencia en la posición competitiva de la entidad afectada. En la determinación del daño es importante analizar si la información a proporcionar es de común conocimiento o si la misma es fácil de averiguar o reproducir por parte de los competidores, en el caso de que la actividad se desarrolle en concurrencia competitiva. 4º. Determinar el nexo causal entre el acceso a la información solicitada y el daño a los intereses económicos y comerciales de la entidad presuntamente perjudicada.» En cuanto al test del interés el criterio interpretativo 1/2019 indica que la aplicación de este test debe centrarse en: «{>Œv]]vµvšoPš}]vŒ}‰·o]}XÆ]šoŒuvšµv]všŒ  público en conocer cómo se toman las decisiones en las políticas públicas y en cómo se gasta el dinero público en cada caso concreto. { > ‰Œ}š]v o ‰·o]}X > }] š]v ]všŒ  v}v}Œ µv} Æ]šv prácticas empresariales o comerciales dudosas por parte de organizaciones o empresas, o cuando existen productos puestos en el mercado que resultan peligros o dañinos. {>]Œµvšv]vo‹µo]v(}Œu]v(µ}šv]‰}Œou]v]šŒ]v pública. Si la obtención de la información procede de una obligación legal, si la misma fue aportada voluntariamente por la organización, si es fruto de una actividad de inspección y control por parte de la Administración, todas estas circunstancias influyen a la hora de proceder o no a la divulgación de la información. { >} ‰š} Œoš]À} o }u‰šv]X v }v}u_ uŒ} }u} o española, existe un interés público en que las empresas puedan operar en un marco seguro de competencia, tanto si tal competencia tienen lugar en el ámbito ordinario de la actividad económica del país, como en el marco de la contratación pública.» Del expediente de la reclamación no se desprende en ningún momento que el SESPA haya llevado a cabo la realización de los test y por tanto no queda suficientemente justificada la existencia de un nexo causal entre el acceso a la información solicitada y el daño a los intereses económicos y comerciales de la entidad presuntamente perjudicada, con la consiguiente prevalencia del interés público en el acceso a la información. A este respecto cabe citar lo señalado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1547/2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530), en el que sostiene lo siguiente en relación con la limitación alegada: “Partiendo de esas premisas, y centrándonos en la concreta limitación prevista en el artículo 14.1.h/ de la Ley 19/2013 , lo cierto es que en el caso que nos ocupa no ha quedado justificado que el acceso a la información solicitada pudiese suponer perjuicio para los intereses económicos y comerciales. No se cuestiona aquí que la Corporación RTVE sea un operador que concurre en un mercado competitivo como es el audiovisual; pero, aceptando ese dato, no ha quedado justificado que facilitar información sobre los gastos efectuados para participar en el festival de Eurovisión 2015 pueda acarrear un perjuicio para los intereses económicos y comerciales, teniendo en cuenta que no se pide información sensible sobre el funcionamiento interno de la Corporación, ni sobre su sistema de producción de programas o estructura de costes; y la solicitud ni siquiera se refiere a un programa de producción propia. En definitiva, no se alcanza a comprender, ni se ha intentado justificar por la recurrente, en qué forma la facilitación de esa información puede perjudicar los intereses comerciales de RTVE o favorecer a sus competidores en el mercado audiovisual. Siendo ese así, no cabe aceptar una limitación que supondría un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.» Conforme a lo exigido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia núm. 1547/2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530), en la que sostiene lo siguiente: «En cuanto a la limitación del acceso a la información prevista en el artículo 14.1.h/ de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (cuando el acceso a la información suponga de 16 octubre un perjuicio para los intereses económicos y comerciales ), ya hemos señalado que las limitaciones contempladas en el artículo 14 de la Ley 19/2013 , lo mismo que sucede con las causas de inadmisión de solicitudes de información que enumera el artículo 18, deben ser interpretadas de forma estricta y partiendo de la premisa de que el derecho de acceso a la información aparece configurado en nuestro ordenamiento con una formulación amplia, de manera que sólo son aceptables las limitaciones que resulten justificadas y proporcionadas. […] Siendo ese así, no cabe aceptar una limitación que supondría un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información.» A tenor de lo alegado por el SESPA, de la jurisprudencia citada y del criterio interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre de 2019, este Consejo considera que no concurren en el presente caso, de forma inequívoca, las condiciones necesarias para considerar aplicar el límite al derecho de acceso a la información pública recogido en el artículo 14.1.h) de la LTAIBG. En conclusión, dado que la documentación solicitada tiene la condición de información pública y que SESPA no ha justificado de manera suficiente y proporcionada la aplicación de alguno de los límites previstos en los artículos 14 y de la LTAIBG, ni la concurrencia de una causa de inadmisión del artículo 18, este Consejo debe proceder a estimar la reclamación presentada. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Servicio de Salud del Principado de Asturias. SEGUNDO: INSTARal Servicio de Salud del Principado de Asturias a que, en el plazo máximo de veinte días hábiles, facilite al reclamante la siguiente información: - Ejecución, resultados y estado actual del contrato realizado por el Hospital Universitario Central de Asturias a través del concurso con número de expediente A4AS/1/102/2016. TERCERO: INSTARal Servicio de Salud del Principado de Asturias a que, en el mismo plazo máximo de veinte días hábiles, remita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez