Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social el acceso a actas de inspección y expedientes sancionadores de CMMedia. El Ente Público RTV de Castilla-La Mancha no presentó alegaciones en el trámite de audiencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información salvo datos confidenciales.
Una ciudadana solicitó a CORREOS, S.A. SME. los pliegos de dos contratos de consultoría adjudicados a PwC y Deloitte sobre estrategia de negocio. La solicitante no presentó alegaciones tras la denegación inicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión de dicha información perjudicaría los intereses económicos y comerciales de la entidad.
El solicitante pidió a la Consejería de Salud de Cantabria las actas de inspección (2018-2022) y fechas de registro de dos establecimientos alimentarios. La administración denegó las actas alegando secreto profesional e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar las actas por primar el interés público en salud pública.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Sanidad de Cantabria actas de inspección de establecimientos alimentarios. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar las actas anonimizadas al primar el interés público sobre la salud.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad el expediente completo de certificación de la aeronave TECNAM P-96-GOLF. Alegó que se denegó acceso a información pública, como la normativa JAR-VLA. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la difusión de detalles técnicos del prototipo perjudicaría la posición competitiva del fabricante.
Un periodista solicitó a la SAREB listados de activos totales, activos según estrategia de venta y activos vendidos. La SAREB denegó el acceso alegando no ser sujeto obligado y riesgo de perjuicio económico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el listado global y el de ventas (año y adquirente), pero deniega los precios y estrategias.
The European Union 2,4-D Task Force 2012 solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la fecha de admisión y evaluación del producto fitosanitario Hormonal D-60. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que una fecha no perjudica intereses económicos ni secretos comerciales.
Una ciudadana solicitó a Renfe información sobre la problemática de las dimensiones de los nuevos trenes de CAF en Asturias y Cantabria, las medidas adoptadas y los ceses de responsables. Renfe denegó el acceso alegando secretos comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de instalación de fibra rural en O Porriño y los informes de cumplimiento para subvenciones. Tras una denegación basada en secretos comerciales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los informes y el proyecto con acceso parcial.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el proyecto de instalación de fibra rural en O Porriño y los informes de cumplimiento de obras. El reclamante alegó que era afectado directo y criticó la denegación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los informes y el proyecto (este último de forma parcial).
El interesado solicitó información sobre nombramientos temporales superiores a 6 meses en la Gerencia de Albacete (SESCAM) durante tres años. Tras una propuesta inicial de inadmisión por reelaboración, la administración finalmente facilitó los datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haber entregado la información fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ayuntamiento de Planes d’Hostoles actas de inspección sanitaria y datos de registro de varios establecimientos. El Ayuntamiento alegó que la competencia estaba delegada en el Consorci SIGMA y citó límites de confidencialidad comercial. La GAIP estima parcialmente el acceso y ordena retrotraer el proceso para que el Ayuntamiento derive la solicitud al Consorci SIGMA.
Un cargo electo solicitó al Ayuntamiento de Olot actas de inspección y datos sanitarios de diversos establecimientos. Tras alegar la falta de respuesta, la GAIP admitió la reclamación. El organismo decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento entregó la información solicitada de forma extemporánea.
Un ciudadano solicitó a la Conselleria de Economía Sostenible el expediente de autorización de un centro comercial en Valencia. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo Valenciano de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar casi toda la documentación excepto el plan de negocio e inversión.
Un periodista solicitó a EMATSA los libros mayores de cuentas (grupo 6) de diversos periodos entre 2003 y 2022. EMATSA denegó el acceso alegando que eran documentos internos, que su extracción era compleja y que afectaba a secretos comerciales. La GAIP estima la reclamación, obligando a la entidad a entregar la información por prevalecer el interés público.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Turismo, Cultura y Deporte en Huelva el expediente de autorización de un proyecto de cerramiento en Minas de Riotinto y la garantía de visitas gratuitas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el proyecto con la supresión limitada solo a datos personales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Un ciudadano solicitó a Renfe los pliegos técnicos de un contrato de trenes, fechas de detección de errores de gálibo y costes de consultoría externa. Renfe denegó los pliegos alegando secreto empresarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la parte no confidencial de los pliegos relativos a dimensiones y responsabilidades.
Se solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas información detallada sobre inversiones, beneficios netos de viviendas públicas y costes de asistencia jurídica en pleitos. La administración denegó el acceso alegando intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación al considerar que se trata de fondos públicos vinculados a un derecho constitucional.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcorcón un listado de las aportaciones ciudadanas al proyecto del Polideportivo Ensanche Sur y la valoración de su aceptación. El Ayuntamiento alegó inicialmente que la información no existía y requería reelaboración. Tras la intervención del Consejo, el Ayuntamiento aportó el documento solicitado, por lo que el Consejo de Transparencia desestimó la reclamación.
Se solicitó a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía el gasto total en publicidad institucional (2000-2022) y el desglose por medios (2019-2022). La entidad alegó secreto comercial y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información disponible.
Un sindicato solicitó a la Junta de Extremadura el número de solicitudes de ayudas PAC tramitadas por cada entidad colaboradora (2018-2022). La administración denegó el desglose por entidad alegando protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que datos numéricos y estadísticos no perjudican dichos intereses.
Un sindicato solicitó a Renfe Operadora las facturas y detalles de taxis de maquinistas en Oviedo para detectar posibles fraccionamientos irregulares de contratos. Renfe denegó el acceso alegando secreto comercial por libre competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar una relación anonimizada de trayectos e importes.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el resumen de auditorías y controles remitidos a la Comisión Europea sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. El solicitante alegó que los límites aplicados fueron automáticos y carentes de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación detallada de los perjuicios alegados.
Se solicitó a la Agencia EFE copia de acuerdos con el Qatar Supreme Committee e instituciones cataríes. El solicitante alegó que hubo un acceso parcial al tacharse las tarifas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la difusión de los precios perjudicaría la competitividad y estrategia comercial de la Agencia.
Un ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el año de puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas (datos del registro PRETOR). El Ministerio denegó la información alegando un régimen jurídico específico y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar los datos.
El reclamante solicitó copia de un informe jurídico elaborado por Uría Menéndez sobre un convenio con la asociación Madrid Network. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar o de apoyo. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estimó la reclamación, al considerar que el informe es el resultado de un contrato de servicios y constituye información pública principal.
La Asociación Ecologista del Jarama “el Soto” solicitó al Canal de Isabel II datos de consumo de agua (tratada, subterránea y potable) de diversos campos de golf. El Canal denegó parcialmente el acceso alegando secreto empresarial y falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de agua tratada.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Madrid el resumen ejecutivo y el documento final del contrato sobre el sistema de transporte del sureste de Madrid. La Consejería de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid el detalle de las inspecciones en centros infantiles (2019-actualidad). El Ayuntamiento denegó la totalidad de la historia, entregando solo la última inspección anual, alegando carga de trabajo y protegiendo intereses de terceros. El Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación: valida la denegación por exceso de carga, pero anula la denegación a terceros por falta de motivación.
La empresa Carmarney SL solicitó a la GAIP la oposición al acceso de un tercero a información pública held by el Departament d’Acció Climàtica, alegando vulneración de intereses comerciales, secretos empresariales y privacidad. La GAIP desestima la reclamación, validando la decisión del Departamento de facilitar la información anonimizada.
Se solicitó a Grupo TRAGSA los planes, presupuestos e informes de gestión suscritos con tres comunidades de regantes desde 2012. El solicitante alegó la inaplicabilidad del límite de intereses comerciales y la condición de medio propio de la entidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de justificación del perjuicio económico alegado.
Se solicitó a la Universidad de La Rioja información estadística detallada sobre prácticas curriculares y extracurriculares. El solicitante alegó la omisión de datos sobre titulación, tareas y cuantías económicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación ya que la mayor parte de la información fue entregada y el acceso a las cuantías supondría un esfuerzo desproporcionado.
La entidad CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL S.L. solicitó información sobre estudios de mercado e informes técnicos del concurso para una terminal marítima a la Autoridad Portuaria de Bilbao. Tras la denegación parcial de la administración, la reclamante presentó un escrito de desistimiento al declararse desierto el concurso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procede al archivo del expediente.
Una empresa licitadora solicitó al Consell Comarcal Baix Empordà el acceso a la oferta del adjudicatario para interponer un recurso especial. El organismo denegó parcialmente el acceso alegando confidencialidad. La GAIP estima la reclamación y obliga a revisar la denegación por falta de motivación suficiente sobre el perjuicio real que causaría la difusión de la información organizativa.
La sociedad Garbialdi S.A. solicitó acceso a la documentación técnica (Sobre 2) de la oferta de una UTE en un contrato de limpieza integral de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La empresa alegó que la confidencialidad impuesta perjudicaba la transparencia. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación por primar la normativa específica de contratación pública.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó a COMUJESA el estudio de movilidad realizado por el MIB. La entidad denegó el acceso alegando intereses económicos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad no justificó un perjuicio real, concreto y evaluable.
Un periodista solicitó a la Xunta de Galicia el detalle de sanciones muy graves en el sector del juego de los últimos 10 años. Tras una concesión parcial que ocultaba nombres de empresas opuestas, la Comisión de Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena entregar la información, pues el interés público prevalece sobre el daño reputacional alegado por las empresas.
La Asociación Española de Consignatarios solicitó a la Autoridad Portuaria de Motril información económico-financiera que justificara el aumento de tarifas del servicio de remolque. Tras la denegación parcial por intereses comerciales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación al considerar que no se justificó un perjuicio real y concreto para la empresa.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad copia de los contratos y detalles de compra de medicamentos orales contra la COVID-19 (Paxlovid y similares). El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y legal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los contratos omitiendo solo datos estrictamente confidenciales.
Una empresa solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los planes de inversión de tres distribuidoras eléctricas. El Ministerio denegó el acceso alegando riesgos a la seguridad pública e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena la entrega parcial de la información.
OPEMAR solicitó a la Autoridad Portuaria de Málaga el expediente completo de la concesión de la empresa NOATUM. Tras una denegación parcial basada en secretos comerciales y confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar pliegos, ofertas, solicitudes de modificación e informes, previa tacha de datos confidenciales.
Balearia solicitó a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras información sobre la modificación de un pliego de licencias, inversiones realizadas, informes de servicio y cuentas anuales. Tras alegar la solicitante la inexistencia de reelaboración documental, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por afectar a secretos comerciales y a la estrategia procesal de un juicio en curso.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Gozón las órdenes de pago y actas de recepción del contrato menor COM 2021/73 sobre la memoria histórica del concejo. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando protección de datos y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que los datos personales son disociables y la información es pública.
La empresa Alternativas Hospitalarias S.L. solicitó al SESPA información sobre la ejecución y estado de un contrato específico. El SESPA inadmitió la solicitud alegando régimen normativo específico, carácter abusivo y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Sistemas de Oficina de Rioja, S.L. solicitó a la Consejería de Desarrollo Autonómico de La Rioja la documentación de los sobres A, B y C de la oferta de Telefónica en un contrato TIC. Tras alegaciones de la adjudicataria, la Administración concedió acceso parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificados los límites aplicados.
Se solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el contrato y diversos informes técnicos y jurídicos sobre la construcción de trenes de Cercanías en Cantabria y Asturias. Tras una respuesta parcial y tardía, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
Una persona jurídica solicitó al Departament d’Empresa i Treball el acceso a expedientes de inspección de trabajo derivados de una denuncia. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad sectorial. La GAIP estima parcialmente la reclamación, permitiendo el acceso al escrito de denuncia y al informe final (anonimizado), pero deniega el resto por riesgo de perjuicio comercial.
Una periodista solicitó al Ministerio de Hacienda el expediente de rescate de las clínicas Vivanta. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad por normativa sectorial y riesgos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente anonimizado, excluyendo solo la información que cause un perjuicio real a intereses económicos.
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