Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona acceso a informes y contratos sobre un desfile de Louis Vuitton en el Park Güell. Tras la denegación municipal, el interesado reclamó ante la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por ser extemporánea, al presentarse fuera del plazo de un mes desde la notificación.
Un ciudadano solicitó a Renfe/Ministerio de Transportes datos reales de indicadores de calidad y número de viajeros de Cercanías Málaga y Total Cercanías (2019-2023). Renfe denegó los indicadores por repetitivos y por perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) estimó la reclamación, ordenando la entrega de los datos, al considerar que la solicitud no era repetitiva y que el interés público prevalece sobre los intereses económicos de la empresa al tratarse de un servicio público.
La asociación Plataforma Bierzo Aire Limpio solicitó acceso al expediente del Permiso de Investigación 'Depósito Toral n.º 15.199'. La empresa titular se opuso alegando secreto comercial y propiedad industrial. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación de la empresa y confirma el acceso parcial a los planes de labores e informes medioambientales.
Una solicitante pidió al Ministerio de Cultura la memoria y propuesta técnica de Correos y Telégrafos para las tarjetas del Bono Joven Cultural 2022. El Ministerio no respondió en plazo, alegando complejidad y posibles límites, y posteriormente trasladó la solicitud a Correos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de la solicitante a obtener una respuesta en el plazo legal.
Se solicitó a la Dirección General de Comunicación Social el desglose por medios del gasto de la campaña publicitaria del 28 de febrero (879.100 €). La entidad denegó el detalle alegando secreto comercial de las agencias. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que el interés público prevalece sobre los intereses comerciales.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany el acceso a los expedientes de licencias de obras de una discoteca. La sociedad Ushuaïa Entertainment, S.L. se opuso alegando perjuicio a sus intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que no se acreditó un daño real y concreto.
La Asociación Grup Balear D’ornitologia solicitó al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany licencias de obras y datos de utilidad pública de un local. La sociedad Ushuaïa Entertainment se opuso alegando perjuicio a sus intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación y confirma el acceso a la información por no acreditarse un daño real y concreto.
AIXA CORPORE SL solicitó a la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas la justificación de la oferta anormalmente baja de la empresa adjudicataria. La entidad denegó el acceso alegando confidencialidad. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos personales y exclusión de secretos comerciales.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 el listado de expedientes sancionadores abiertos a aerolíneas (2022-2024), incluyendo fechas, motivos, nombres y multas. El Ministerio concedió acceso parcial, denegando los nombres por límites de investigación e intereses comerciales. El reclamante alegó que los nombres ya eran públicos y la justificación insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando la ponderación del Ministerio razonable y proporcionada.
El interesado solicitó a la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital de la CARM copia de todos los informes de la Intervención General sobre contratos menores, licitaciones y subvenciones desde 2019. La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva, requerir reelaboración y afectar al secreto profesional. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
Una persona jurídica solicitó al Departament d’Empresa i Treball documentación detallada de un expediente de inspección de trabajo y datos privados de una empresa. El reclamante alegó ser parte interesada en el procedimiento sancionador derivado. La GAIP desestimó la solicitud por vulnerar intereses económicos y comerciales privados de la empresa.
Se solicitó a la CCMA el detalle de gastos y retribución de una actriz en el programa 'Col·lapse'. La CCMA denegó la retribución alegando protección de datos e intereses comerciales. La GAIP estima la reclamación, considerando que el uso de fondos públicos justifica el escrutinio y la rendición de cuentas, prevaleciendo el derecho de acceso sobre la privacidad en este caso.
La asociación Ius Omnibus solicitó a la CNMC acceso al expediente completo S/0013/21 AMAZON / APPLE BRANDGATING, incluyendo documentos específicos y, subsidiariamente, la información no confidencial. La CNMC denegó la solicitud alegando un régimen específico y límites de la LTAIBG. La asociación reclamó al CTBG, que estimó la reclamación al considerar que la CNMC no justificó la confidencialidad total ni la aplicación de los límites de forma suficiente y proporcionada, instando a entregar la información no confidencial.
El ciudadano solicitó el catálogo de caminos públicos al Ayuntamiento de Felanitx. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, argumentando que el documento propuesto por el Consejo Insular ya es un documento finalizado e independiente del procedimiento de aprobación municipal.
Una asociación vecinal solicitó al Ayuntamiento de Donostia el número y copia del expediente sancionador por ruidos de un establecimiento. El Ayuntamiento desestimó la petición alegando protección de datos y perjuicio económico del local. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información anonimizada.
Una asociación vecinal solicitó al Ayuntamiento de Donostia el acceso a dos expedientes sancionadores de un establecimiento hostelero. Tras el silencio administrativo y una posterior denegación parcial basada en intereses comerciales, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena la entrega de la información anonimizada.
Una ciudadana solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco información detallada sobre las ambulancias adscritas a un contrato de transporte sanitario urgente. El Departamento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba publicada o era confidencial. La reclamante impugnó esta decisión, pero la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública inadmitió su reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre documentación sobre la inmatriculación del Camino de la Estación. El reclamante alegó que no se entregó toda la documentación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la solicitud de inmatriculación y la certificación catastral disociada.
Un periodista solicitó a Circuits de Catalunya la documentación del acuerdo con Formula One Management. Tras una estimación parcial, el solicitante reclamó ante la GAIP por la falta de entrega de la información. La GAIP inadmitió la reclamación por ser prematura, ya que aún no había vencido el plazo legal de entrega debido a la oposición de terceros afectados.
Una persona solicitó al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya copia de su examen de catalán C2 (2023) y la clave de respuestas. El solicitante alegó que es información elaborada por la Administración. La GAIP desestimó la reclamación porque la información es confidencial según la normativa de certificaciones oficiales y su entrega perjudicaría la validez del sistema de evaluación.
El solicitante pidió a la Conselleria de Sanitat las actas de las comisiones de Farmacia y Terapéutica de hospitales públicos y la actualización de protocolos clínicos. Tras la denegación basada en confidencialidad y reiteración, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas pero denegando la actualización de protocolos por requerir reelaboración.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó a COMUJESA el coste y detalles técnicos de un estudio de movilidad. COMUJESA denegó el acceso alegando secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse un perjuicio real y tras la conformidad de la empresa autora del estudio.
Un periodista solicitó a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) mediciones de contaminación por benceno y expedientes sancionadores desde 2009. Tras alegaciones de terceros alegando secretos comerciales y daño reputacional, la GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a la ACA a entregar la información, siempre que se omitan datos personales y secretos comerciales.
Una ciudadana solicitó a Renfe y Adif cifras detalladas de viajeros en diversos trayectos de 2023 para un estudio académico. Tras una estimación parcial que remitía a datos públicos generales, la solicitante reclamó por la falta de datos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva e incoherente con la finalidad de la ley.
Una ciudadana solicitó a ADIF cifras detalladas de viajeros de 2023 en diversas estaciones gallegas para un análisis académico. Tras una respuesta parcial de RENFE que remitió a datos ya publicados, la interesada reclamó la falta de datos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena (APC) información sobre el proceso de concesión de la nueva terminal ganadera. La APC denegó el acceso basándose en la protección de procesos judiciales penales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la APC ya proporcionó toda la información pública disponible sobre el proceso.
La Fundación Civio solicitó a la SAREB los precios de compra y venta de 12.349 viviendas protegidas. La fundación alegó que el carácter público de estas viviendas prima sobre el secreto comercial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la divulgación de los precios revelaría la estrategia comercial y tácticas de negociación de la entidad.
La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià solicitó a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la previsión de producción de cítricos 2023/2024 y el balance 2022/2023. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación porque los límites alegados por la administración son genéricos e inciertos.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena copia de expedientes de contratación menor de servicios TIC. La entidad denegó el acceso alegando intereses comerciales, secreto profesional y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que los límites fueron invocados de forma genérica y no justificada.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato menor de asesoría jurídica. La APC denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que no es idéntica a peticiones previas ni afecta a procesos judiciales actuales.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el consumo de agua y datos de los cruceros en el puerto de Tarragona en 2023, incluyendo los nombres de los barcos. Tras una denegación parcial de la Autoridad Portuaria de Tarragona, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó solo tras interponer la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores información técnica y de gestión sobre el uso de TikTok en dispositivos oficiales. El solicitante alegó que otros ministerios sí habían facilitado estos datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio solo entregó la información tras interponerse la reclamación.
El Grupo Municipal VOX de El Puerto de Santa María solicitó a SUVIPUERTO los modelos 347 de Hacienda de los últimos cinco años. La entidad denegó el acceso basándose en la Ley de Sociedades del Capital. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información previa disociación de datos personales y ponderación de intereses comerciales.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el expediente completo del ERE de Podemos. El solicitante alegó que la anonimización de datos personales no justifica la inadmisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones porque el Ministerio no dio audiencia a los terceros afectados antes de denegar el acceso.
El solicitante pidió a la AEMPS el expediente completo sobre un producto de ortopedia defectuoso. Alegó que no se aportó la totalidad de la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, validando la denegación parcial de la AEMPS basada en la protección de secretos comerciales y propiedad industrial (know-how) de las empresas implicadas.
Se solicitó a Circuits de Catalunya el contrato para la celebración del GP de Fórmula 1. El solicitante reclamó ante la GAIP la entrega de la información tras una estimación parcial. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque el plazo legal para la entrega de documentos aún no había vencido.
Se solicitó a Mercasevilla, S.A. copia de los títulos de cesión de inmuebles y naves vigentes desde enero de 2019. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad respondió a una solicitud anterior distinta y no justificó legalmente la denegación de la petición actual.
Una asociación solicitó al Ministerio de Transportes y a INECO la justificación y documentos del grupo de trabajo sobre las nuevas tarifas de encargos a medio propio. La asociación alegó que la información es esencial para la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información constituye un secreto empresarial (estructura de costes).
Promedia Difusión S.L. solicitó a la Mancomunitat del Camp de Túria copia digital del expediente de licitación 795/2023. La administración alegó que el acceso debía ser presencial para proteger datos personales y comerciales. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar copia digital exceptuando los datos declarados confidenciales.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible datos detallados sobre horarios reales, retrasos y pasajeros de Renfe Cercanías Barcelona. El solicitante alegó fines periodísticos y cuestionó los tests de daño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería una reelaboración de datos desproporcionada.
Se solicitó a AENA los ingresos mensuales y por aeropuerto de sus aparcamientos (2018-2023). AENA denegó el acceso alegando confidencialidad por ser sociedad cotizada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de la sentencia firme de un recurso de apelación sobre un caso idéntico.
El solicitante pidió a la Xunta de Galicia el detalle del gasto en publicidad institucional (2022-2023) desglosado por medio, empresa y CIF. Alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes y no requerían reelaboración. La Comisión de la Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la información es accesible vía portal y que el desglose solicitado implicaría una reelaboración abusiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de A Coruña el acuerdo de 2013 con Repsol. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública, intereses comerciales, carácter abusivo de la solicitud y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el documento con tachaduras justificadas.
Se solicitó al Ministerio de Industria y Turismo documentación técnica y de emisiones del vehículo Volvo XC60. El Ministerio denegó el acceso alegando la existencia de un proceso judicial en Reino Unido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la retroacción de actuaciones por no haber dado trámite de audiencia al tercero afectado.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Renfe cifras detalladas de viajeros en diversos trayectos de 2022 para un estudio académico. El reclamante alegó que los servicios están financiados con fondos públicos y que no es necesaria la motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
El Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife solicitó a Correos, S.A. el contrato y expediente de contratación con ConnectedLife SL. El solicitante alegó que, independientemente de la naturaleza del contrato, ciertos datos básicos deben ser públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por prevalecer el secreto empresarial.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda los listados de depósitos y bienes en presunción de abandono remitidos por entidades financieras en 2022 y 2023. El reclamante alegó que la denegación era vaga y que los datos podían disociarse. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información anonimizada.
Se solicitó el expediente completo de contratación W09SUM2055 a la Consejería de Educación de Cantabria. Tras un silencio administrativo inicial y una entrega parcial, la solicitante alegó que faltaba documentación de agosto a octubre de 2023. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no justificarse límites legales para denegar dicha información.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente de contratación de una réplica del Submarino Peral. La APC denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual y ejercicio abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación ya que la APC facilitó la información durante el proceso, obligándola a formalizar la resolución.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Vivienda, Territorio y Movilidad de las Illes Balears el registro de sanciones y expedientes de Ferrocarriles de Sóller SA. La empresa se opuso alegando perjuicio económico y reputacional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación de la empresa y confirmó el acceso a la información.
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