Reclamación contra el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany por el acceso a expedientes de licencias municipales de obras

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 14 de octubre de 2023, D. (…), en representación de la Asociación Grup Balear D’ornitologia i Defensa de la Naturalesa solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, la siguiente información: «Còpia autentificada de les llicències d’obres de les que disposi el local situat a Sant Rafel, TM de Sant Antoni de Portmany, anteriorment conegut com Ku i en dates més recents anomenat Privilege. Incloent la inicial de construcció i posteriors. Així mateix se sol·licita informació sobre l’existència o no de declaració d’utilitat pública o interès general de l’activitat de sala de festes que s’ha desenvolupat al N/REF: 416-2024 Fecha: La de la firma. Dire cción: Administración/Organismo: Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany ( Illes Balears). Información solicitada: Expedientes de licencia municipal de obras. RA CTBG Número: 2024-0502 Fecha: 13/09/2024 lloc fins el 29 de setembre de 2019, darrera data en que es va obrir al públic l’activitat.». 2. Admitida a trámite la solicitud por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany mediante Resolución de 20 de octubre de 2023, la Administración concernida concedió a la Sociedad Ushuaïa Entertainment, S.L, en su condición de interesada, un plazo de quince días para formular las alegaciones que estimase pertinentes en relación con sus derechos e intereses legítimos, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 19.3 de la LTAIBG. En este trámite, la sociedad reclamante manifestó su oposición a que se facilitase a la solicitante la información requerida, al apreciar la concurrencia del límite previsto en el artículo 14.1.h) de la LTAIBG, referente a los intereses económicos y comerciales de la sociedad. Mediante Decreto núm. 0441 de 16 de febrero de 2024, de la Concejala de Urbanismo y Actividades, Educación, Cultura y Patrimonio, se estima la solicitud de acceso a la información determinando que versa sobre los expedientes municipales números: P43/73, P68/84, P130/85, P67/86, P71/86, P111/86 y P132/89. 2785/2023, 3859/2023. Se concede a la solicitante el acceso a los mismos, previa disociación de los datos personales existentes. Asimismo, se hace constar que , habida cuenta de la oposición de terceros al acceso solicitado, este no se formalizará hasta en tanto no transcurra el plazo de dos meses para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 de la LTAIBG , rechazándose, por tanto, las alegaciones formuladas por la entidad reclamante, durante el trámite de audiencia concedido. Se argumenta que, el hecho de invocar la sociedad reclamante que el conocimiento del número de usuarios o las características de las instalaciones pueda suponer una afectación a los intereses económicos no determina “per se” dicha afectación, más aún cuando el número de usuarios o aforo es un dato que, por su naturaleza, tiene carácter transversal y que obrará, por tanto, en el Ayuntamiento concernido, así BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y RA CTBG Número: 2024-0502 Fecha: 13/09/2024 como en la Administración Turística y/o de Registro de Actividades del Govern Balear, como dato objetivo del establecimiento, lo que se hace extensible a la categoría del establecimiento, materiales del proyecto y demás información relacionada. Se indica, por tanto, que no cabe aceptar la concurrencia del límite basado en los intereses económicos y comerciales con base en una afirmación sin motivación ni justificación suficiente. 3. Mediante escrito registrado el 13 de marzo de 2024, la Sociedad Ushuaïa Entertainment, S.L., interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, el Consejo), en aplicación del artículo 24.1 de la LTAIBG , frente a la resolución referida dictada en fecha 16 de febrero de 2024. En su escrito se argumenta, por parte de la reclamante, que la revelación de información solicitada (esto es, copia de las licencias de que dispone el local), especialmente en lo que respecta al expediente 3859/2023, generaría un daño exorbitante a los intereses económicos y comerciales de la sociedad. En síntesis, se indica que permitir que un tercero conozca las características técnicas y económicas de los expedientes de obras recientes genera un perjuicio inmediato, cierto, manifiesto y directamente relacionado con el acceso solicitado, en cuanto que los competidores directos y proveedores de la sociedad conocerían información reservada, con carácter previo al trámite de exposición al público legalmente previsto, sobre las características técnicas del establecimiento (m2, aforos, tipologías constructivas, acabados, etc.), pudiendo, de esta manera, anticipar decisiones estratégicas que, de otra forma, no habrían tomado. Este acceso por parte de terceros supone, según se alega, un claro riesgo de que dicha información sea utilizada por los competidores, afectando ello, de manera evidente, a los intereses económicos y comerciales de la sociedad. 4. Con fecha 12 de abril de 2024 el Consejo trasladó la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y un informe con las alegaciones que considerara pertinentes. 5. Con fecha 17 de abril de 2024, se recibe contestación al requerimiento efectuado que incluye un oficio expedido por el Departamento de Urbanismo y Actividades en el que se manifiesta que el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany se afirma, BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y ratifica y solicita tener por reproducido el contenido íntegro del Decreto 0441 de 16 de febrero de 2024, en concepto de alegaciones, para su incorporación al expediente, a este efecto. 6. Durante el trámite de audiencia concedido a la sociedad reclamante, esta se ratifica en los argumentos esgrimidos afirmando que la resolución concediendo el acceso a la información conculca el artículo 14.1.h) de la LTAIBG. 7. Se encuentra actualmente en tramitación en este Consejo otra reclamación distinta (expediente núm. 415-2024), presentada por la misma entidad reclamante, frente a otra resolución estimatoria a una solicitud de acceso en la que también resulta afectado el expediente 3859/2023 cuyo acceso se concede por el ayuntamiento concernido. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al Consejo mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y BOE-A-2024-15944 Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. econ/convenios/conveniosCCAA.html La Rioja, Extremadura e Illes Balears, así como con las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 4. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a unos expedientes administrativos de concesión de licencias de obras, así como de la resolución dictada al efecto concediendo el acceso a los mismos. En la reclamación interpuesta por un tercero cuyos derechos e intereses resultan afectados por el acceso concedido por parte de la Administración concernida, se invoca la concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el artículo 14.1.h) de la LTAIBG. A este respecto, cabe indicar que la delimitación de qué haya de entenderse por perjuicio a los intereses económicos y comerciales ha quedado establecida en el Criterio Interpretativo 1/2019, de 24 de septiembre, elaborado por este Consejo, en el que se pone de manifiesto que «por “intereses económicos” se entienden las “conveniencias, posiciones ventajosas o de importancia de un sujeto individual o colectivo en el terreno de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios” BOE-A-2013-12887 Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y y por “intereses comerciales” las “conveniencias, posiciones ventajosas o de importancia en el materias relativas al ámbito del intercambio de mercancías o servicios en un ámbito de mercado”». Se añade que, para calificar una información como confidencial por afectar a tales intereses, debe tratarse de una información relativa a circunstancias u operaciones que guarden conexión directa con la actividad económica propia de la empresa; que no se trate de una información fácilmente accesible o conocida y que exista una voluntad de mantenerla alejada del conocimiento público —lo que debe obedecer a «un legítimo interés objetivo que debe tener naturaleza económica, y que cabrá identificar. Por ejemplo, cuando la revelación de la información produzca el detrimento de la competitividad de la empresa titular del secreto frente a sus competidores, debilite la posición de esta en el mercado o le cause un daño económico al hacer accesible a los competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial». A los efectos que aquí interesan, es importante destacar que, con arreglo al citado criterio y a fin de evitar una aplicación automática del límite, no resulta suficiente argumentar sobre la posibilidad incierta de que se pueda producir un daño sobre los intereses económicos y comerciales; el perjuicio debe ser definido indubitado y concreto y el daño debe ser sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información. Además, constatada la existencia del daño y su impacto, siempre según el criterio interpretativo, «deberá procederse a la ponderación de la existencia de un interés prevalente que marcará, en última instancia, el peso de dicho daño en los intereses económicos y comerciales frente al interés legítimo existente en conocer la información concreta a divulgar». 5. En este caso la entidad reclamante justifica la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG, en el hecho de que la divulgación de la información solicitada, especialmente en lo que respecta al expediente 3859/2023, generaría un daño exorbitante a los intereses económicos y comerciales de la sociedad, al contener «información muy sensible y confidencial, que le permitiría (a la solicitante) conocer puntos de su estrategia comercial, a la vista de la envergadura del proyecto presentado, las salas, los aforos, los acabados, en definitiva, todas las características técnicas que permiten valorar y anticipar un plan de negocio y estrategia a largo plazo». En la necesaria ponderación de los intereses en juego, es decir, el interés legítimo en acceder a la información solicitada con el fin de conocer cómo se toman las decisiones que afectan a la ciudadanía y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, en este caso, y el daño a los intereses económicos y comerciales, cabe indicar, por una parte, que analizadas las alegaciones efectuadas por la entidad reclamante, no se acaba no se acaban de considerar relevantes para enervar el interés general de permitir el acceso a la información pública El conocimiento público de un expediente urbanístico no revela estrategia comercial alguna sino la adecuación a la legalidad urbanística de unas instalaciones empresariales sometidas a licencia, donde se va a ejercer esa actividad empresarial, con la estrategia comercial o plan de negocio que en su momento decida el empresario. En todo caso no resulta acreditado por el reclamante perjuicio definido indubitado y concreto, como tampoco un el daño sustancial, real, manifiesto y cuantificable directamente relacionado con la divulgación de la información. Por las razones expuestas, procede desestimar la reclamación presentada ante este Consejo. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundament os jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany (Illes Balears). De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CONSEJO Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez