Acceso a la relación de empresas y evaluaciones de renegociación de créditos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas con resultado estimatorio parcial

Página1de 21 Resolución reclamación art.24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 1 de agosto de 2023, la reclamante solicitó a SEPI/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: «1.- Relación de empresas que habiendo sido beneficiarias de crédito a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas han solicitado una renegociación del crédito concedido. S/REF:00001-00081520 N/REF:2883/2023 Fecha:La de firma. Dirección: DE HACIENDA). Información solicitada:Renegociación de créditos concedidos con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Sentido de la resolución:Estimatoria parcial. R CTBG Número: 2024-0374 Fecha: 03/04/2024 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2.- Copia de los informes o documentación realizada que evalúe la posibilidad de conceder una renegociación de los créditos concedidos ante la subida de los tipos de interés y la situación de crisis e incertidumbre económica.» 2. El 25 de agosto de 2023 se recibe dicha solicitud por el CONSEJO GESTOR DEL FONDO DE APOYO A LA SOLVENCIA DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS (SEPI, MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA), que dicta resolución con fecha de 25 de septiembre en la que manifiesta, en primer lugar, que la información solicitada se ve afectada por la existencia de un régimen específico de acceso, contenido en el artículo 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo (en lo sucesivo, “RD-Ley 25/2020”), que desplazaría al previsto en la LTAIBG en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional primera de esta. En este punto hace referencia a recientes sentencias del Tribunal Supremo interpretando el concepto de régimen jurídico específico, destacando la sentencia del Tribunal Supremo 66/2021 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 25 de enero de 2021 (recurso 6387/2019, ES:TS:2021:574), y la 748/2020 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 11 de junio de 2020 (recurso 577/2019, ES:TS:2020:1558), en las cuales se señala que «[…] el desplazamiento de las previsiones contenidas en la Ley 19/2013 y, por tanto del régimen jurídico general previsto en dicha norma, en todo lo relativo al acceso a la información pública, sus límites y procedimiento que ha de seguirse, exige que otra norma de rango legal incluya un régimen propio y específico que permita entender que estamos ante una regulación alternativa por las especialidades existentes en un ámbito o materia determinada, creando así una regulación autónoma en relación con los sujetos legitimados y/o el contenido y límites de la información que puede proporcionarse». Así mismo, hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo 151/2022 (Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª), de 8 de febrero de 2022 (, ECLI:ES:TS:2022:433), recaída en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de denegación de la solicitud de información parlamentaria relativa al «expediente completo de la asistencia financiera del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas a la compañía Duro Felguera, aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de marzo de 2021, con detalle de la participación de los dos consejeros propuestos por el Fondo en el consejo de administración de la compañía, así como del nuevo consejero delegado». El Ministerio argumenta en su resolución: «De acuerdo con lo manifestado por el Tribunal Supremo al resolver sobre el mencionado recurso contencioso-administrativo, si existen razones fundadas para R CTBG Número: 2024-0374 Fecha: 03/04/2024 denegar determinada información y documentos, que se encuentren amparadas en disposiciones que expresamente permiten su reserva y la prohibición de su difusión frente al derecho fundamental del artículo 23 de la Constitución que ejerce el parlamentario, hemos de concluir que dichas razones también son válidas para exceptuar el ejercicio del derecho previsto en el artículo 105 b) de las Constitución, es decir, “el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos …]”.». A continuación indica que, además, la información solicitada se vería afectada por los límites establecidos en las letras h), i) y k) del artículo 14.1 LTAIBG, cuya aplicabilidad fundamenta en los siguientes términos: «(…) 14. Debemos comenzar indicando que el artículo 2.17 del RD-ley 25/2020, por el cual se creó el Fondo, establece expresamente el carácter reservado de la información, sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de Protección de Datos regulada en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 15. De acuerdo con lo anterior, el expediente administrativo tramitado ante el FASEE y SEPI es de carácter confidencial de forma indiscutible con lo cual no procede facilitar a la solicitante el acceso requerido al mismo. FASEE y SEPI son deudores de un deber de confidencialidad que no puede quebrar. 16. La información confidencial puede ser definida como aquella que, por razón de su contenido o del ámbito material al que afecta, puede perjudicar, en caso de ser divulgada, la posición en el mercado o en el proceso de creación y distribución de bienes y servicios del sujeto o sujetos a los que se refiere, o sus posiciones negociadoras en el ámbito económico. 17. Por tanto, y teniendo en cuenta que, tal y como se ha explicado con anterioridad, la información solicitada podría poner en riesgo la estrategia comercial de las compañías beneficiarias del Apoyo Público Temporal concedido por el FASEE y revelaría información relativa a sus procesos de renegociación (información de carácter confidencial), debemos postular en favor de la desestimación de lo solicitado por lo invocado anteriormente. 18. Por otro lado, el reverso de la confidencialidad que FASEE y SEPI deben preservar lo representa precisamente el conjunto de intereses económicos y comerciales de las empresas que solicitan y acceden al apoyo financiero público temporal del Fondo. 19. El Fondo se configura como último recurso para las empresas que han visto lastrada su solvencia a consecuencia del impacto del COVID y que, en ausencia de apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo, cesarían en su actividad o tendrían graves dificultades para mantenerse en funcionamiento (cfr. Requisito de elegibilidad del artículo 2 d) del Anexo II del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas (en lo sucesivo, “ACM”)). Es decir, estamos ante compañías que están en una situación de extrema gravedad, para las cuales su plan de viabilidad financiado con cargo al Fondo constituye su último recurso. No es, por tanto, un interés económico y comercial de menor magnitud, sino precisamente todo lo contrario. 20. El acceso a la información de la relación de empresas beneficiarias de crédito por parte del fondo que han solicitado una renegociación del crédito concedido y copia de los informes o documentos que evalúen la posibilidad de conceder una renegociación, supondría un perjuicio para los intereses económicos y comerciales de estas empresas. De hacerse pública esta información de las entidades financiadas podría ser utilizada por la competencia o por otros sujetos intervinientes en el sector de forma absolutamente perjudicial para los intereses de la misma, tanto a nivel comercial como económico. 21. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 13 de enero de 2017, Deza/ECHA (T-189/14, EU:T:2017:4, apartado 56), señala que: “56. De ese modo, para aplicar la excepción prevista por el artículo 4, apartado 2, primer guion, del Reglamento nº 1049/2001, resulta necesario demostrar que los documentos controvertidos contienen elementos que pueden, con su divulgación, perjudicar a los intereses comerciales de una persona jurídica. Es lo que sucede, en particular, cuando los documentos solicitados contienen información comercial sensible relativa a las estrategias comerciales de las empresas de que se trata o a sus relaciones comerciales o cuando contienen datos propios de la empresa que indican sus conocimientos técnicos (sentencia de 9 de septiembre de 2014, MasterCard y otros/Comisión, T-516/11, no publicada, EU:T:2014:759, apartados 82 a 84).” 22. En otras palabras, la divulgación de la información requerida podría perjudicar la posición de las compañías beneficiarias del Apoyo Público Temporal en los ámbitos de la competencia o la negociación con clientes o proveedores y su estrategia comercial situándola en desventaja en el mercado con lo que, viéndose dañada en su competitividad, podría comprometer el correcto cumplimiento del plan de viabilidad de las empresas y se vería con ello puesta en riesgo la devolución de los préstamos. 23. Por tanto, se hace necesario limitar el derecho de acceso a la información solicitada. Lo contrario, supondría un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de las compañías que pudieran haber solicitado la renegociación del Apoyo público Temporal concedido, en los términos del artículo 14.1.h) y k) de la Ley 19/2013. B) La política económica 24. El Fondo fue creado por el RD-ley 25/2020 con una dotación de 10.000 millones de euros, y ha sido autorizado por la Comisión Europea al constatar la concurrencia de un presupuesto excepcional previsto en el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que por excepción a la regla general, señala que podrá considerarse compatible con el mercado interior las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. En la Comunicación de la Comisión Europea Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del brote de COVID-19 (2020/C 91 I/01), expresamente se señala que el brote de COVID-19 plantea el riesgo de que se produzca una grave recesión que afecte a toda la economía de la UE, y especialmente a las empresas, al empleo y a los hogares. Se necesita un apoyo público correctamente orientado para garantizar la disponibilidad de suficiente liquidez en los mercados, contrarrestar los perjuicios ocasionados a las empresas saneadas y preservar la continuidad de la actividad económica durante y después del brote de COVID-19. 25. Así las cosas, el hecho de que los expedientes del Fondo pu edan ser objeto de acceso por terceros y, con ello, de conocimiento público, en tanto que causaría un severo perjuicio a las empresas que acuden a él, constituiría un serio perjuicio para sus propios fines. Tales fines se infieren de los requisitos de elegibilidad recogidos en las letras e) y m) del apartado 2 del Anexo II del ACM que se refieren, respectivamente, a “[j]ustificar que un cese forzoso de actividad tendría un elevado impacto negativo sobre la actividad económica o el empleo, a nivel nacional o regional”, y a que “[l]a decisión de utilización del Fondo atenderá, entre otros elementos, a la importancia sistémica o estratégica del sector de actividad o de la empresa, por su relación con la salud y la seguridad pública o su carácter tractor sobre el conjunto de la economía, su naturaleza innovadora, el carácter esencial de los servicios que presta o su papel en la consecución de los objetivos de medio plazo en el ámbito de la transición ecológica, la digitalización, el aumento de la productividad y el capital humano”. 26. Como ha quedado expuesto, el Fondo es un instrumento de política económica concebido como un último recurso para restaurar la solvencia de empresas que, siendo estratégicas, en caso de verse abocadas al cierre generarían en con ello un elevado impacto negativo en la actividad económica o el empleo. Por tanto, junto a la importancia que revista la empresa, hay que atender al contorno económico y social que con su colapso se vería afectado. 27. El correcto funcionamiento de este instrumento de política económica podría verse afectado en caso de conceder acceso a los expedientes de solicitud de apoyo financiero público temporal, entre cuya documentación se encuentra, por ejemplo, el plan de viabilidad. Así las cosas, el mero hecho de hacer accesible el plan de viabilidad afectaría directamente a las compañías en fase de ejecución de su plan de viabilidad, con lo que, viéndose dañada en su competitividad, (i) comprometerían el correcto cumplimiento de dicho plan, (ii) se vería con ello puesta en riesgo la devolución de los préstamos y (iii) a la postre, al perjudicar a dicha empresa volveríamos al punto de partida de riesgo para la economía y el empleo que con el apoyo financiero se trató de solventar. 28. Por tanto, se hace necesario limitar el derecho de acceso a la información solicitada. Lo contrario, supondría un perjuicio a la política económica, en los términos del artículo 14.1.i) de la Ley 19/2013.» Indica también que en la petición no concurre un interés público o privado que justifique el acceso, que deba prevalecer de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 LTAIBG, y en este sentido alega: «31. La ponderación del interés público o privado requiere la realización de dos exámenes sucesivos, tal y como reconoce el criterio interpretativo 1/2019, la doctrina especializada y el preámbulo de la Ley 19/2013, esto es, el test del daño y el test del interés: 32. El test del daño valora en qué medida concreta proporcionar la información dañaría los intereses económicos y comerciales de una organización y el nexo causal entre el acceso a la información y el daño a los intereses económicos. El test del interés pondera el peso de la aplicación del límite frente al interés público existente en la divulgación de la información. 33. Al proporcionar dicha información, se estarían revelando datos confidenciales cuyas consecuencias jurídicas se siguen de la violación de un deber de confidencialidad previamente establecido en una declaración de confidencialidad efectuada de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 34. Parece claro que el daño directo a las distintas compañías beneficiarias de la Ayuda está probado. La puesta a disposición de la solicitante de la documentación acerca de las condiciones de la ayuda implica facilitarle información sensible, y, por lo tanto, que dicha información pueda ser objeto de divulgación en un medio de comunicación accesible al público, perjudicando así gravemente la capacidad competitiva y posición negociadora en el mercado de las diferentes compañías beneficiarias. 35. Por lo expuesto, entendemos que ha quedado suficientemente probado el daño real y efectivo que esta divulgación de información podría producir en detrimento de las empresas respecto de que las que se solicita la información y la ausencia de interés público respecto de la información solicitada. 36. La ausencia de motivación de la solicitud, por otra parte, nos remite a un interés superior que, de acuerdo con los principios de la Ley 19/2013, justifique el conocimiento de la información solicitada.» Finalmente, considera que la solicitud también resultaría inadmisible en aplicación la previsión contenida en le párrafo 3 del artículo 20 LTAIBG, en tanto, afectando a derechos e intereses de terceros, sería necesario dar el correspondiente trámite de audiencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 19, cuya ejecución entrañaría trasladar de facto al peticionario la información pretendida, vulnerando los límites al acceso alegados. 3. Mediante escrito registrado el 17 de octubre de 2023, la solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG en la que pone de manifiesto su disconformidad con la resolución y alega: «(…) [E]l deber de secreto y confidencialidad que predica el apartado 17 del artículo 2 del RDL 25/2020 no puede aplicarse al caso por el principio de especialidad de la ley. Bastaría por tanto cualquier disposición similar en normativa de inferior rango para privar de contenido a la LTAIBG. En materia de confidencialidad en la contratación pública la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, precisa, en el artículo 133 que esa declaración deberán realizarla los empresarios en el momento de presentar su oferta. A este respecto el Tribunal Administrativo de Central de Recursos contractuales argumenta: "En primer lugar, este Tribunal ha venido señalando que el carácter confidencial no puede reputarse de cualquier documentación que así sea considerada por el licitador, sino que, en primer lugar, debe ser verdaderamente confidencial, en el sentido de venir referida a secretos técnicos o comerciales. En relación con la definición de secreto técnico o comercial, en la resolución nº 196/2016, se estableció que se consideran secretos técnic os o comerciales el “conjunto de conocimientos que no son de dominio público y que resultan necesarios para la fabricación o comercialización de productos, la prestación de servicios, y la organización administrativa o financiera de una unidad o dependencia empresarial, y que por ello procura a quien dispone de ellos de una ventaja competitiva en el mercado que se esfuerza en conservar en secreto, evitando su divulgación”. También se señaló en la misma resolución, que para que la documentación sea verdaderamente confidencial, es necesario que se trate de documentación que “a) que comporte una ventaja competitiva para la empresa, b) que se trate de una información verdaderamente reservada, es decir, desconocida por terceros, c) que represente un valor estratégico para la empresa y pueda afectar a su competencia en el mercado.” Se ha señalado también, finalmente, que el carácter confidencial no puede ser declarado de forma genérica sobre la totalidad de la documentación, ni ser aceptada dicha declaración de forma acrítica por parte del órgano de contratación, sino que tiene éste la competencia para analizar la documentación específicamente señalada por el licitador como confidencial y, a la vista de sus justificaciones y argumentos, determinar si, efectivamente, concurren los requisitos y criterios señalados para poder otorgarle tal carácter, sacrificando así el principio de transparencia que ha de inspirar con carácter general la actuación de los poderes públicos particularmente en el procedimiento de contratación. Es decir, ni tan siquiera en el ámbito de la contratación pública cabría tal secreto o confidencialidad, menos por tanto debe operar dicha limitación cuando se trata de ayudas con dinero público en las que ni siquiera está regulado expresamente la posibilidad del solicitante de acogerse a dicha confidencialidad. TERCERO.- Se trata además de ayudas públicas, en este sentido las ayudas o subvenciones públicas están sometidas al principio de publicidad por lo que no cabe sustraer al conocimiento público los motivos que llevan al poder público a tomar la decisión de otorgar una ayuda consistente en dinero público. Como reiteradamente ha señalado el CTBG: “la resolución de este procedimiento no puede desconocer la existencia de varios pronunciamientos previos de este Consejo sobre asuntos sustancialmente idénticos. En particular, en lo que aquí interesa, la R CTBG 2023-0451, de 8 de junio, resuelve la reclamación interpuesta por la misma interesada reconociendo su derecho de acceso a la Copia de los informes (propios o elaborados por un tercero) referentes al expediente de solicitud de rescate de las clínicas odontológicas Vivanta, si bien, con omisión de aquella parte de la información que, previa justificación expresa, quede afectada por el límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG. No obstante lo anterior, debe recordarse que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 LTAIBG la aplicación de los límites debe ser proporcionada y justificada en atención a las concretas circunstancias del caso, debiéndose tomar en consideración la posibilidad de acceso parcial que prevé el artículo 16 LTAIBG, con omisión de aquélla afectad por el límite. Por tanto, con arreglo a lo expuesto, entiende este Consejo que la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG como fundamento de una denegación de acceso total resulta desproporcionada; debiéndose estimar la reclamación en este punto a fin de que se facilite la información con exclusión de aquélla cuya divulgación supone un perjuicio real a los intereses económicos y comerciales, como el plan de viabilidad de la empresa, previa expresa justificación de este extremo que deberá concretar la información que se excluye por este motivo y la razones”. CUARTO.- por lo que se refiere a la normativa aplicable de publicidad, es reiterada 5también la postura del CTBG en lo que se refiere al alegado régimen jurídico específico de acceso a la información (artículo 2.17 del Real Decreto-Ley 5/2020) y reserva de confidencialidad: La existencia del alegado régimen jurídico específico que, en virtud de la Disposición Adicional primera, segundo apartado, LTAIBG, resultaría de aplicación preferente desplazando a la LTAIBG, ha sido descartada ya por este Consejo en varias resoluciones —vid., aparte de la citada R CTBG 2023-0451, las resoluciones R CTBG 2023-0125, de 2 de marzo, o R CTBG 2023-0354, de 16 de mayo)—. En las citadas resoluciones se pone de manifiesto que la regulación contenida en el artículo 2.17 del Real Decreto Ley Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aunque contenga una regulación específica que afecta al derecho de acceso a la información, en tanto establece «una reserva de confidencialidad en la divulgación de datos documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI con las excepciones previstas en la normativa vigente; reserva de confidencialidad que supone la regulación de un aspecto relevante del derecho de acceso a la información», no debe entenderse en términos absolutos que impliquen el desplazamiento total de la ley de transparencia, tal como parece entender el Ministerio requerido.» 4. Con fecha 19 de octubre de 2023, el CTBG trasladó la reclamación al MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes, lo que se llevó a cabo mediante escrito del Consejo Rector del Fondo, recibido el 2 de noviembre, en el que en resumen se reiteran las consideraciones y fundamentos jurídicos vertidos en la resolución. 5. El 2 de noviembre de 2023, se concedió audiencia a la reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 17 de noviembre, se recibió un escrito en el que reitera sus argumentos y subraya el carácter público de la información. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “ pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a: (i) el listado de empresas que han solicitado una renegociación del crédito recibido con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas; (ii) copia de la documentación en la que se evalúa tal petición. La Administración deniega el acceso al considerar que existe un régimen jurídico específico de acceso a la información que determina el carácter confidencial de la información solicitada; que ese carácter confidencial ha sido corroborado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo; y que, aun en caso de entenderse aplicable la LTAIBG, resultarían de aplicación los límites establecidos en el artículo 14.1.h), i) y k) LTAIBG. 4. La resolución de este procedimiento no puede desconocer la existencia de varios pronunciamientos previos de este Consejo sobre asuntos sustancialmente idénticos. En particular, en lo que aquí interesa, la R CTBG 451/2023, de 8 de junio, resuelve una reclamación interpuesta por la misma interesada frente al entonces Ministerio de Hacienda y Función Pública, reconociendo su derecho de acceso a la copia de los informes referentes al expediente de solicitud de rescate de las clínicas odontológicas Vivanta, con omisión de aquella parte de la información que, previa justificación expresa, quede afectada por el límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG. En la misma línea la R CTBG 477/2023, de 15 de junio, reconoce el derecho de acceso al expediente anonimizado de solicitud de rescate de las mismas clínicas con exclusión de la información afectada por el límite. 5. A idéntica conclusión ha de llegarse en este caso, por aplicación del principio de unidad de doctrina, en la medida en que los argumentos jurídicos aducidos por el Consejo Gestor del Fondo para denegar el acceso son los mismos que este Consejo ya ha descartado (o modulado) en las citadas resoluciones R CTBG 451/2023y R CTBG 477/2023, cuya fundamentación jurídica resulta plenamente trasladable a este caso, tal y como se expone a continuación. (i) Régimen jurídico específico de acceso a la información (artículo 2.17 del Real Decreto-Ley 5/2020) y reserva de confidencialidad: La existencia del alegado régimen jurídico específico que, en virtud de la Disposición Adicional primera, segundo apartado, LTAIBG, resultaría de aplicación preferente desplazando a la LTAIBG, ha sido descartada ya por este Consejo en varias resoluciones —vid., aparte de las citadas R CTBG 2023-0451 y R CTBG 2023-0477, las resoluciones R CTBG 2023-0125, de 2 de marzo, o R CTBG 2023-0354, de 16 de mayo)—. En las citadas resoluciones se pone de manifiesto que la regulación contenida en el artículo 2.17 del Real Decreto Ley Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo, aunque contenga una regulación específica que afecta al derecho de acceso a la información, en tanto establece «una reserva de confidencialidad en la divulgación de datos documentos e informaciones que obren en poder del Consejo Gestor y de SEPI con las excepciones previstas en la normativa vigente; reserva de confidencialidad que supone la regulación de un aspecto relevante del derecho de acceso a la información», no debe entenderse en términos absolutos que impliquen el desplazamiento total de la ley de transparencia, tal como parece entender el Ministerio requerido. Es consolidada ya la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que, en lo concerniente a la interpretación de la Disposición adicional primera, apartado 2, señala, en resumen, que la LTAIBG únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley que cumplan una de las siguientes condiciones: (a) establezcan una regulación alternativa que contenga un tratamiento global y sistemático del derecho de acceso, o (b) contengan regulaciones sectoriales que afecten a aspectos relevantes del derecho e impliquen un régimen especial diferenciado del general; siendo en todo caso de aplicación subsidiaria en los extremos no regulados en las normas sectoriales, excepto aquellas previsiones que resulten incompatibles con las especialidades contempladas en la norma especial —por todas, STS de 10 de marzo de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:871)—. Partiendo de lo anterior, y por lo que atañe al alcance de la reserva de confidencialidad establecida en el citado artículo 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, debe traerse a colación la STS de 8 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:842) en la que, en relación con el la reserva de confidencialidad contenida en el artículo 7 del Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios, se puntualiza que el citado precepto, «(…) no puede ser entendido [el precepto] en el sentido de que impone la confidencialidad absoluta, iuris et de iure, de cualquier información que los sujetos afectados por el Decreto hayan podido obtener en el marco de las actuaciones contempladas en el mismo. Esa previsión de confidencialidad habrá de ponderarse tanto con el interés público que pueda poseer la información controvertida como con los eventuales intereses particulares de sujetos afectados por la misma.» En una línea similar en la previa STS de 19 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:3866) ya se había manifestado que «La Ley permite la posibilidad de calificar cierta información o datos como confidenciales y establecer ciertos límites a la información solicitada, pero lo que no es aceptable es afirmar que toda información relacionada con la materia, debe ser excluida del ámbito de la Ley 19/2013, ni afirmar de forma genérica que la revelación de datos económicos de las empresas puede condicionar directamente la posición en el mercado frente a sus competidores.(…)», exigiéndose, en tales supuestos (en aquel caso, respecto de la confidencialidad prevista en la Ley del Mercado de Valores), que se justifique de forma expresa y detallada por qué determinada información tiene carácter secreto o puede suponer un perjuicio para terceros, a fin de poder controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida. En definitiva, el carácter reservado de la información que se prevé en el artículo 2.17 del Real Decreto-ley 25/2020 no puede ser concebido en términos absolutos, en el sentido de que vede por completo el acceso toda a la información que obre en poder de los órganos de la Administración en virtud de las funciones que dicho texto normativo les atribuye. En lugar de este entendimiento, que desconoce el carácter de la LTAIBG como normativa básica general en la materia y conduce a sacrificar por entero el derecho constitucional de acceso a la información pública, el alcance de la reserva de confidencialidad se habrá de determinar, tal y como indica el Alto Tribunal, ponderándola en cada caso concreto con el interés público en conocer la información concernida y con los intereses particulares que puedan resultar afectados por el acceso a la misma. A la conclusión anterior no obsta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sentada por la Sección Cuarta de la Sala Tercera en las SSTS de 8 y 15 de febrero de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:433 y ECLI:ES:TS:2022:559, respectivamente) que alega el órgano requerido. En efecto, ambas sentencias versan sobre una solicitud de información parlamentaria (respecto del expediente de concesión de préstamo del Consejo Gestor del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas a la compañía Air Europa) que cuenta con un régimen jurídico específico de acceso a la información que resulta prevalente. El propio Abogado del Estado en su escrito de oposición al recurso contencioso-administrativo subraya que los recurrentes no han seguido el procedimiento de acceso establecido en la Ley de transparencia por lo que su solicitud no puede resolverse por esta vía, señalando que «[e]l procedimiento parlamentario tiene perfectamente definidos sus trámites, por lo que excluye la aplicación directa de la Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno». La interpretación del Tribunal Supremo se ciñe, por tanto, a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados. Partiendo de esa premisa, el Tribunal considera que el derecho de acceso a la información por parte de electos, en el ejercicio del derecho fundamental reconocido en el artículo 23 CE, no prevalece en todo caso frente a derechos de terceros o intereses generales y, de ahí, que en este caso, ante las afirmaciones genéricas o la falta de explicación de por qué es imprescindible para su labor de control el acceso a información frente a la reserva que impone el artículo 2.17 del Real Decreto-Ley, no se considere vulnerado su derecho. Se afirma así que «[e]ntender que la propia e innegable relevancia de las funciones que desempeñan los diputados —afirmadas genéricamente— les abre paso frente a disposiciones que expresamente imponen la reserva y la prohibición de difusión de informaciones y documentos supone ir más allá de lo que la interpretación permite. En efecto, aceptar que por esa sola razón deben acceder a todas aquellas que posean relevancia pública, supondría que no habría límites a su facultad.» Esta jurisprudencia no resulta, por tanto, incompatible con la dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo en las sentencias que se han citado y reproducido parcialmente a lo largo de esta resolución; jurisprudencia de la que se deduce inequívocamente que la inclusión de una reserva de confidencialidad en una norma sectorial o especial constituye un régimen de acceso a la información específico en el caso de que sus previsiones sean relevantes desde la perspectiva de acceso a la información, pero que no puede ser interpretada en términos absolutos y excluyentes (automáticamente) del acceso. En esta misma línea se ha pronunciado la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional (SAN), de 5 de diciembre de 2023 (ECLI:ES:SAN:2023:6898), estimatoria del recurso de apelación interpuesto por este Consejo, en la que se señala –en un asunto relativo al acceso al expediente de concesión de ayuda a una determinada empresa con cargo al Fondo de Recapitalización, con eliminación de datos sensibles de la empresa subvencionada— que las citadas sentencias del Tribunal Supremo «no parecen establecer que la declaración de reservados de los datos contenidos en expedientes relativos al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, efectuada en el Real Decreto 25/2020, excluya la aplicación de la Ley de Transparencia, y en concreto los criterios de ponderación de los límites previstos en los apartados h), j) y k) del artículo 14, en especial el principio de proporcionalidad y necesidad de valoración del interés público o privado superior que justifique el acceso. Más bien se basa en que no se ha justificado suficientemente el interés en el acceso a un concreto expediente, no siendo suficiente la invocación de su condición de diputados y la cita del artículo 7 del Reglamento del Congreso para obtener el acceso cuando una ley expresamente declara reservados los datos.» Y añade la Sala, en cambio, que resulta aplicable la doctrina sentada en la STS de 8 de marzo de 2021, antes citada, de la que se desprende que la confidencialidad no puede entenderse con carácter absoluto, iures et de iure de cualquier información (en aquél caso, la contemplada en el Real Decreto 1591/2009), sino que habrá de ponderarse tanto con el interés público que pueda poseer la información controvertida como con los eventuales intereses particulares de sujetos afectados por la misma. (ii) Concurrencia de los límites previstos en el artículo 14 LTAIBG. Desde la perspectiva apuntada, entendiendo por tanto que no puede invocarse con carácter absoluto ese carácter reservado de la información establecido en el artículo 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, debe verificarse, ahora, si los límites del artículo 14.1 LTAIBG, cuya concurrencia también invoca el organismo requerido, en elación con esa reserva de confidencialidad establecida, pueden coadyuvar a la denegación de acceso a la información solicitada. Para ello debe partirse de la premisa de su interpretación estricta, cuando no restrictiva, dada la formulación amplia en el reconocimiento y configuración legal del derecho de acceso a la información; resultando necesaria una motivación detallada de la concurrencia de tales límites a fin de valorar su veracidad y su aplicación proporcionada —por todas, STS de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530)—. (iii) Intereses económicos y comerciales (art. 14.1.h LTAIBG). Conviene recordar que, con arreglo al Criterio Interpretativo 1/2019 de 24 de septiembre, de este Consejo, se entiende por intereses económicos «aquellas conveniencias, posiciones ventajosas o de importancia de un sujeto individual o colectivo en el terreno de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios» y por intereses comerciales «las conveniencias, posiciones ventajosas o de importancia en el materias relativas al ámbito del intercambio de mercancías o servicios en un ámbito de mercado». La protección de tales intereses permite limitar el acceso a la información en aquellos casos en que su divulgación provoque un daño real y sustancial, por ejemplo, por causar un detrimento de la competitividad de la empresa respecto de sus competidores, debilitar su posición en el mercado, o provocarle un daño económico por hacer accesibles a sus competidores conocimientos exclusivos de carácter técnico o comercial. Daño que debe ser argumentado en términos no hipotéticos sino referidos al concreto perjuicio causado. En este caso, son diversas las alegaciones que sobre este particular se incluyen en la resolución denegatoria, escasamente fundamentadas. Se razona que la información cuyo acceso se solicita podría perjudicar la posición en el mercado de las empresas afectadas, el proceso de creación de bienes o servicios, poner en riesgo la estrategia comercial de la empresa y revelaría información relativa a los procesos de negociación del grupo, que es de carácter confidencial. Se añade, en esta línea que «[d]e hacerse pública esta información de las entidades financiadas podría ser utilizada por la competencia o por otros sujetos intervinientes en el sector de forma absolutamente perjudicial para los intereses de la misma, tanto a nivel comercial como económico». En la misma línea, se argumenta que la divulgación de la información requerida «podría perjudicar la posición de las compañías beneficiarias del Apoyo Público Temporal en los ámbitos de la competencia o la negociación con clientes o proveedores y su estrategia comercial situándola en desventaja en el mercado con lo que, viéndose dañada en su competitividad, podría comprometer el correcto cumplimiento del plan de viabilidad de las empresas y se vería con ello puesta en riesgo la devolución de los préstamos». Y se afirma que deben preservarse los intereses económicos y comerciales de aquellas empresas que han visto lastrada su solvencia a consecuencia del impacto del COVID y que, en ausencia de apoyo público temporal recibido con cargo al Fondo, cesarían en su actividad o tendrían graves dificultades para mantenerse en funcionamiento. En particular, se señala que «estamos ante compañías que están en una situación de extrema gravedad, para las cuales su plan de viabilidad financiado con cargo al Fondo constituye su último recurso» 6. Pues bien, tomando en consideración las anteriores alegaciones, y a pesar de que en su mayoría resultan ser genéricas y argumentadas en términos de posibilidad —podría afectar, podría perjudicar, podría ser utilizada por la competencia de forma perjudicial, etc.—, no puede desconocerse que se ha hecho referencia a determinada documentación (enumerada en el párrafo anterior) cuya divulgación o conocimiento por terceros causa un perjuicio directo a la competitividad de la empresa. Así lo ha entendido este Consejo, por ejemplo, respecto del plan de viabilidad de la empresa o los acuerdos de los accionistas en los que se determinen sus decisiones estratégicas, señalándose en la R CTBG 125/2023 que: «(…) tales decisiones conforman, en efecto, el núcleo de sus intereses económicos y comerciales —en tanto en cuanto la estrategia de una empresa tiene repercusión en su organización y actividad al referirse al entorno en el que opera la empresa, a los recursos humanos y materiales que la integran e involucra la estrategia futura en términos de dirección y método empresarial—.» No obstante lo anterior, debe recordarse que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14.2 LTAIBG, la aplicación de los límites debe ser proporcionada y justificada en atención a las concretas circunstancias del caso, debiéndose tomar en consideración la posibilidad de acceso parcial que prevé el artículo 16 LTAIBG, con omisión de aquélla afectad por el límite. Por tanto, con arreglo a lo expuesto, entiende este Consejo que la aplicación del límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG como fundamento de una denegación de acceso total resulta desproporcionada; debiéndose estimar la reclamación en este punto a fin de que se facilite la información con exclusión de aquélla cuya divulgación supone un perjuicio real a los intereses económicos y comerciales, como el plan de viabilidad de la empresa, previa expresa justificación de este extremo que deberá concretar la información que se excluye por este motivo y la razones. (iv) Perjuicio a la política económica [artículo 14.1.i) LTAIBG] Tampoco se aprecia la concurrencia del límite contemplado en el artículo 14.1.i) LTAIBG invocado por el organismo. En efecto, el hecho de que la creación del Fondo haya sido autorizada por la Comisión Europea, al constatarse la concurrencia de un supuesto excepcional del artículo 107.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el marco de la crisis económica causada por la pandemia COVID, no puede reconducirse al límite de la protección de la política económica que se refiere a la ordenación de políticas públicas económicas y no a la protección de políticas económicas de empresas privadas, como parece desprenderse de la alegación del SEPI cuando razona que concurre este límite porque «(…) el hecho de que los expedientes del Fondo puedan ser objeto de acceso por terceros y, con ello de conocimiento público, (…) causaría un severo perjuicio a las empresas que acuden a él, constituiría un severo perjuicio para sus propios fines». La jurisprudencia antes citada no permite realizar una interpretación tan extensiva del eventual perjuicio a la política económica que se extienda a cualesquiera aportaciones que, en forma de ayuda, realiza el Estado en contexto de crisis. De hecho, la propia naturaleza de ayuda de Estado (o de apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial como se establece en el artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 25/2020) implica la necesidad de dotar de transparencia la concesión de tales aportaciones, precisamente, para poderse controlar que, en efecto, la concesión de la ayuda se realiza a (i) empresas no financieras, (ii) que atraviesen severas dificultades de carácter temporal; (iii) que esas dificultades se hayan generado a consecuencia de la pandemia COVID 19, (iv) que se trate de empresas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (por su impacto social y económico, su relevancia en la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones, su contribución al buen funcionamiento de los mercados) y, en definitiva, los criterios de elegibilidad de las empresas beneficiarias que se establecen en el artículo 2 de la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 2020, que establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas. Si esto es así para acceder a los créditos del Fondo, así debe ser también en relación con el cumplimiento de los requisitos y obligaciones derivados de su concesión, como es todo lo concerniente al reintegro de las sumas percibidas. (v) Interés público en el acceso: Finalmente, al hilo de todo lo expuesto, en relación con el test del daño y el test del interés al que se hace referencia en la resolución impugnada, no resulta suficiente, tal como se ha señalado, argumentar sobre la existencia de una posibilidad incierta, sino que el perjuicio debe ser definido, indubitado y concreto, y el daño sustancial, real, manifiesto y directamente relacionado con la divulgación de la información. Constatada la existencia del daño y su impacto, se debe ponderar el peso de éste con respecto al interés legítimo de la ciudadanía en conocer la información que poseen los organismos y entidades sujetos a la Ley y que la misma califica como un derecho subjetivo amplio y prevalente. En el presente caso, existe un evidente interés público en acceder al conocimiento de las empresas que habiendo sido beneficiarias ayudas con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, han solicitado una renegociación de sus créditos, así como de los informes o documentos en los que se evalúa tal petición, en tanto ello implica una modificación en las condiciones iniciales de devolución de dichas ayudas y por tanto de recuperación de ese dinero público percibido con cargo al citado Fondo, cuya finalidad se determina en el artículo 2.2 del tantas veces mencionado Real Decreto- ley 25/2020 en los siguientes términos: «El Fondo tiene por objeto aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial, en particular mediante la concesión de préstamos participativos, deuda subordinada, suscripción de acciones u otros instrumentos de capital, a empresas no financieras, que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, entre otros motivos, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercado». Por otro lado, la Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se establece el funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, en cuyo Anexo II, en su apartado 1 (Condiciones generales) establece la obligación de devolución de los créditos percibidos para todos los beneficiarios: «1.4 Todos los créditos a favor del Fondo, derivados de las operaciones financiadas con cargo al mismo, deberán satisfacerse por los beneficiarios en los plazos y condiciones que sean fijados por el Consejo Gestor en el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal. No obstante, el beneficiario podrá anticipar dicho reembolso o abono en todo momento sin necesidad de autorización previa. De acuerdo con la naturaleza de ingresos de derecho público de estas cantidades, resultará de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria». Ordenando además en su apartado 7.2, en relación con el seguimiento de las operaciones de recapitalización: «SEPI informará con carácter mensual al Ministerio de Hacienda de las operaciones del Fondo. El Estado informará anualmente a la Comisión Europea sobre la aplicación del calendario de reembolsos y el cumplimiento de las condiciones establecidas sobre gobernanza y mantenimiento de competencia. Para operaciones por encima de 250 millones de euros, el informe incluirá además información sobre condiciones específicas. Con el fin de facilitar el cumplimiento de esta obligación, SEPI elaborará un informe de carácter anual que será presentado a Consejo de Ministros y comunicado a la Comisión Europea. Si la participación en el capital social con cargo al Fondo, transcurridos seis años desde la aportación de capital, no se hubiera reducido por debajo del 15 % de los fondos propios del beneficiario, el Estado presentaría a la Comisión, para su aprobación, un plan de reestructuración que cumpla con lo establecido en las Guías para el Rescate y la Reestructuración». Resulta por tanto innegable que, en este caso, contra lo sostenido en la resolución de denegación de acceso, existe un elevado interés público en conocer la información solicitada. Conocimiento que, por otra parte, entronca directamente con los fines de la transparencia y del derecho de acceso a la información pública expresados en el preámbulo de la LTAIBG: someter a escrutinio las decisiones de los responsables públicos, permitiendo a los ciudadanos saber cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. 7. La aplicación de la jurisprudencia y de los criterios expresados conduce, necesariamente, a la estimación parcial de la reclamación en los términos señalados en los fundamentos precedentes, reconociéndose así el acceso al listado de empresas que han solicitado una renegociación para el reintegro de los créditos con cargo al Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas de los que son beneficiarias, así como la documentación en la que se evalúe dicha petición con exclusión, en este caso, de aquéllas partes de la información afectada por el límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG, en los términos expuestos en el Fundamento Jurídico 5 (iii) de esta resolución, lo que deberá justificarse de forma expresa. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la resolución de la SEPI/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA). SEGUNDO: INSTAR la SEPI/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA) a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a la reclamante la siguiente información en los términos señalados en el FJ 5 (iii) de esta resolución; esto es, con exclusión de aquella parte de la información que, previa justificación expresa, quede afectada por el límite previsto en el artículo 14.1.h) LTAIBG: x «Relación de empresas que habiendo sido beneficiarias de crédito a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas han solicitado una renegociación del crédito concedido. x Copia de los informes o documentación realizada que evalúe la posibilidad de conceder una renegociación de los créditos concedidos ante la subida de los tipos de interés y la situación de crisis e incertidumbre económica.» TERCERO: INSTAR a la SEPI/MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (actual MINISTERIO DE HACIENDA) a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada a la reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez