Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la CIPM, declaraciones de conflictos de intereses, comunicaciones con Farmaindustria, expedientes de financiación de fármacos y estudios sobre impacto de retrasos. El CTBG desestima la reclamación en la mayoría de puntos por haber sido atendida o por inexistencia de la información, pero suspende la decisión sobre los expedientes de financiación por litispendencia ante el Tribunal Supremo.
El solicitante pidió copia íntegra del expediente de venta de la Empresa Nacional de Autopistas (ENAUSA) en 2003 a la SEPI. La administración denegó el acceso alegando que la información es relevante para un procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra España. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que el acceso pondría en riesgo la estrategia procesal del Estado.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento SUNLENCA 464 MG SOLUCIÓN INYECTABLE y su impacto presupuestario. El Consejo de Transparencia suspendió la tramitación de la reclamación debido a la litispendencia ante el Tribunal Supremo, que debe pronunciarse sobre recursos de casación relacionados con sentencias de la Audiencia Nacional que anularon resoluciones previas del Consejo sobre información similar.
La Fundación Civio solicitó al Ministerio de Sanidad la resolución sobre las condiciones de financiación y precio del medicamento Abecma. El Consejo de Transparencia suspende la resolución de la reclamación debido a la existencia de recursos de casación pendientes ante el Tribunal Supremo, que versan sobre sentencias de la Audiencia Nacional que anularon decisiones previas del Consejo sobre información idéntica, considerándolo un pronunciamiento determinante.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible/RENFE Operadora los documentos que justifican la inexistencia de una línea AVLO entre Granada y Madrid. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, argumentando que la petición busca una justificación o informe ad hoc sobre una decisión, no información pública preexistente, lo cual no se ajusta al concepto de información pública del artículo 13 LTAIBG.
La Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià solicitó a la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la previsión de producción de cítricos 2023/2024 y el balance 2022/2023. Ante la falta de respuesta, el Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación porque los límites alegados por la administración son genéricos e inciertos.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes un informe de la Abogacía del Estado sobre la presentación de los PGE 2024. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a la política económica y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación ya que la Administración se allanó al haber devenido la información pública.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda copia de un informe de la Abogacía del Estado sobre la presentación de los PGE 2024. El solicitante alegó que la información ya era pública en medios de comunicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, obligando al Ministerio a entregar el documento por no justificarse el perjuicio a la política económica ni la confidencialidad.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda una copia completa de la base de datos del ROLECE en formato reutilizable. El reclamante alegó que la información es de interés público y que la Administración ya ha facilitado listados similares anteriormente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir una reelaboración compleja de la información.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda la relación de empresas que pidieron renegociar créditos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y los informes de evaluación. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y régimen específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de la información omitiendo solo datos que perjudiquen intereses comerciales justificados.
Una periodista solicitó al Ministerio de Hacienda el expediente de rescate de las clínicas Vivanta. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad por normativa sectorial y riesgos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del expediente anonimizado, excluyendo solo la información que cause un perjuicio real a intereses económicos.
El Consejo General de Colegios de Odontólogos solicitó al Ministerio de Hacienda y la SEPI los informes que justificaban declarar al Grupo Vivanta como empresa estratégica para recibir ayudas públicas. La SEPI denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de la política económica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública (SEPI) la resolución y acuerdos sobre la ayuda financiera concedida a Air Europa. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y régimen específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución y condiciones de la ayuda, pero excluyendo el plan de viabilidad.
El reclamante solicitó acceso completo al expediente 5718K al Ayuntamiento de la Vall d'Uixó al que es parte interesada. La administración denegó el acceso alegando límites genéricos de la Ley 19/2013 sin motivar concretamente la aplicación de cada límite. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que la denegación carece de justificación y motivación adecuada.
Un periodista solicitó al FONREC (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) el expediente completo de la ayuda concedida al Grupo Universo Pachá. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las resoluciones de concesión pero excluyendo planes de negocio e informes crediticios.
Un periodista solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el expediente de rescate de la aerolínea Plus Ultra. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad comercial y secreto sumarial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación previa anonimización de datos estratégicos reales.
Una entidad solicitó a la SEPI los acuerdos y resoluciones sobre la ayuda financiera concedida a Ávoris Corporación Empresarial. La SEPI denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la resolución de concesión y condiciones de la ayuda, pero excluyendo la estrategia empresarial.
Se solicitó a la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais el acceso a un informe sobre materias críticas en Galicia. El solicitante alegó que se denegó el acceso por confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación porque la administración justificó que la revelación causaría perjuicios económicos y especulativos en la fase de diagnóstico.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad información sobre la evolución de envases, dosis y costes del medicamento Truvada desde el año 2000. El laboratorio Gilead Sciences alegó que la solicitud era abusiva por su alcance temporal y que vulneraba secretos comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de los datos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copia digital de los apuntes contables del Libro Mayor (Capítulo 62) de los años 2015-2018. La administración denegó el acceso alegando excesivo volumen y necesidad de reelaboración. Tras recibir la información, el interesado presentó un desistimiento, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno procedió al archivo.
El reclamante solicitó al FROB informes de valoración y documentos del procedimiento de venta del Banco Popular. El FROB denegó el acceso alegando que la información no obraba en su poder y que los documentos eran competencia de la JUR, amparándose en límites de confidencialidad y secretos comerciales. El CTBG suspende el plazo para resolver hasta que recaiga sentencia judicial en los recursos pendientes ante el Tribunal General de la UE, por existir litispendencia y precedentes judiciales en curso.
El ciudadano solicitó al Banco de España y a IMBISA los costes de producción de billetes desglosados por facial y su variación respecto a 2016. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la difusión de estos datos perjudicaría la política económica y monetaria, así como los intereses económicos y comerciales de la entidad.
Se solicitó acceso a los informes del Programa Nacional de Reformas 2017 y del Programa de Estabilidad 2017-2020 a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. El interesado alegó falta de motivación y aplicación indebida de límites. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información no es auxiliar, sino principal para la rendición de cuentas.
El interesado solicitó al Banco de España los costes de producción de billetes fabricados por IMBISA, S.A. Tras recibir una respuesta tardía y parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera del plazo legal establecido en la Ley 19/2013.
El interesado solicitó a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno todos los documentos elaborados por sus direcciones generales en 2016 para asistir al Presidente en política económica. Tras la denegación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la solicitud es excesivamente amplia y que el acceso podría perjudicar intereses económicos y la toma de decisiones.