Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El interesado solicitó al Concello de Baiona acceso a alegaciones y un convenio de un expediente de licencia municipal. Ante el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que estima la reclamación y ordena al Ayuntamiento responder a la solicitud en 10 días hábiles.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de funcionarios en centros penitenciarios por áreas de trabajo desde 2010. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de funcionarios por cuerpos de pertenencia y sexo en la SGIP y la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y abuso por reiteración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificaron dichas causas de inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba) los nombramientos e informes jurídicos relativos al Instructor del Procedimiento Sancionador de Tráfico desde 2010. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración y abuso del derecho. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse tales causas.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información y aclaraciones sobre competencias y protocolos en maltrato animal. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a responder solo sobre la existencia y remisión de protocolos específicos.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes la delimitación de dos entidades inmobiliarias de ADIF en Madrid. ADIF denegó el acceso alegando que la información era de gestión interna y remitía al Catastro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por no concurrir causas de inadmisión ni límites legales.
La solicitante pidió al Ministerio de Transportes (ADIF) seis exámenes de oposiciones de diversas categorías. ADIF denegó el acceso alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información por no acreditarse un perjuicio real y por ser insuficiente la motivación.
El solicitante pidió a la Comunidad de Regantes El Tarragón detalles sobre una deuda reclamada y actas de acuerdos que le afectaran. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al existir un procedimiento administrativo en curso sobre la deuda, el acceso a la información debe canalizarse mediante la Ley 39/2015 y no por la Ley de Transparencia.
Kriol Produccions, SL reclama contra la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica tras la concesión de acceso a información sobre subvenciones de varias empresas. La empresa alega que la solicitud original es abusiva y que la información está sujeta a límites por investigaciones penales y procesos judiciales en curso.
Canal Maestrat, SL impugna la resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que concedía el acceso a documentación de subvenciones tras anonimizar datos personales. El reclamante alega que la solicitud es abusiva y que la administración no consideró adecuadamente los límites por procesos judiciales en curso. El Consell Valencà de Transparència estima parcialmente la reclamación.
La Associació de Veïns Les Sutarranyes reclama contra la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica por la concesión de acceso a documentación de subvenciones de empresas privadas. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que existían investigaciones penales en curso. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que no existe un interés público superior que justifique el acceso.
La sociedad Anora Development Industries, SL solicitó al Ayuntamiento del Puig informes técnicos sobre viabilidad urbanística, estado de obras y copias de avales y actas del sector SP5. El recurrente alegó que la información facilitada era incompleta y errónea. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los avales, pero desestimó el resto por ser informes ex profeso o peticiones abusivas.
Un funcionario solicitó a la Presidència de la Generalitat un listado detallado de las propuestas de honorarios (minutas) de la Advocacia en procesos contencioso-administrativos de los últimos 10 años para impugnar una tasación de costas. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración y el carácter abusivo. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación.
El ciudadano solicitó a la AEAT información y normativa aplicable al régimen de viajeros y sus franquicias. La administración concedió parcialmente el acceso fuera de plazo y alegó que parte de la petición era asesoramiento jurídico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó datos detallados sobre el uso de dispositivos de tráfico y seguridad vial (test de drogas, etilómetros, radares, etc.) al Ayuntamiento de Ugena. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse dichas causas de inadmisión.
El reclamante solicitó copia de un informe del Servicio de Asistencia al Municipio (SAM) de la Diputación de Guadalajara y la identidad de su firmante. La Diputación denegó el acceso alegando que era información auxiliar, de apoyo y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: ordenó entregar el informe, pero denegó la identidad del técnico.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco información sobre entidades financieras, tarjetas de crédito/débito y pólizas de crédito. El Departamento denegó el desglose de pagos de tarjetas por requerir reelaboración y ser abusivo. La Comisión Vasca de Acceso a Información Pública desestima la reclamación confirmando que el volumen de datos es desproporcionado.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara copia de un informe sobre gastos de representación letrada y la identidad de su firmante. Tras la denegación administrativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe pero denegando la identidad del técnico.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de las empresas con más accidentes laborales desde 2010. Tras una inadmisión por solicitud repetitiva, el reclamante propuso obtener datos anonimizados del IBEX-35. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo se facilitó tras intervenir el Consejo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique información sobre su adhesión al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Sevilla. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía terminó el procedimiento por desaparición del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
La sociedad Comunicació dels Ports, SA solicita la revocación de una resolución que concedió acceso a documentación de subvenciones de empresas privadas. Alega que la solicitud es abusiva (sin fin de transparencia) y que la información contiene secretos comerciales y afecta a investigaciones judiciales en curso. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación.
La Asociación Provincial de Trabajadores de Taxi (FAAT) solicitó a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía detalles sobre las autorizaciones VTC de la empresa ARES CAPITAL. La entidad inadmitió la solicitud alegando que era una petición genérica según la normativa de transportes. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El reclamante solicitó acceso a diversas actas, expedientes de denuncias e informes jurídicos a la RTPA. La administración denegó el acceso alegando la prevención de ilícitos y carácter auxiliar de la información, además de considerar la solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información mediante anonimización.
La solicitante requirió copia del expediente completo de una subvención concedida a un tercero para verificar requisitos de una nave ganadera. La Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo por interés privado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el control de fondos públicos prevalece.
El interesado solicitó a la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta datos sobre el número de consultas y tramitaciones presenciales realizadas en la sede de Ugena. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificaron debidamente las causas de inadmisión.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Santander el listado de viviendas de uso turístico (2021-2022) y datos sobre denuncias relacionadas. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la competencia es de la Dirección General de Turismo de Cantabria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer el procedimiento para que el Ayuntamiento traslade la solicitud al órgano competente.
El interesado solicitó información detallada sobre un contrato de gestión de expedientes sancionadores al Ayuntamiento de Ugena. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se justificó adecuadamente la reelaboración ni se acreditó el abuso de derecho.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta el número de consultas presenciales de vecinos de Ugena. La Mancomunidad inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información por no justificarse dichas causas.
El reclamante solicitó a la RTPA actas, expedientes de denuncias e informes jurídicos. La RTPA denegó el acceso alegando la protección de investigaciones penales/disciplinarias, el carácter auxiliar de los informes y un presunto uso abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, permitiendo la anonimización de datos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Santander el listado de viviendas turísticas (2021-2022) y el número de denuncias tramitadas. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer las actuaciones para que el Ayuntamiento remita la solicitud al órgano competente, la Dirección General de Turismo de Cantabria.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Santander información y contratos sobre la recogida de perros y gatos en los últimos 20 años, incluyendo actas y motivos de contratación. Tras una denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el Ayuntamiento ya facilitó la información disponible y que el resto requeriría la elaboración de un informe ad hoc.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la composición del Comité de Seguridad y Salud del Centro Penitenciario de Ocaña 2. El Ministerio denegó parcialmente la información alegando abuso del derecho por solicitudes reiterativas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información completa se dio fuera de plazo.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Pedrezuela copias de informes técnicos y jurídicos urbanísticos de 2018-2020. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, al considerar que la administración no puede inadmitir la solicitud por genérica sin antes requerir la concreción de la información.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los enunciados de los ejercicios de oposición al Cuerpo de Inspectores de Educación de 2018. La administración inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió contabilidad, contratos menores y datos de fondos europeos al IES Hotel Escuela (Consejería de Educación de Madrid). La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información en un formato distinto al solicitado.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcorcón el detalle de denuncias de seguridad vial (infracción, fecha y ubicación) de los primeros diez meses de 2021. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando reelaboración y carácter repetitivo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por concurrir la causa de reelaboración.
Se solicitó al Departamento de Economía y Hacienda una relación de personal adscrito y sus prórrogas de vida laboral. El solicitante alegó que no hubo reiteración abusiva sino falta de respuesta administrativa. La GAIP estima parcialmente la reclamación: desestima el acceso a datos ya obtenidos, pero obliga a entregar la relación pseudonimizada de las denegaciones y sus motivos.
Un trabajador de ADIF solicitó información sobre la responsabilidad de los operadores ferroviarios por daños en la infraestructura y la gestión de reclamaciones. ADIF denegó parcialmente la solicitud alegando que no eran documentos públicos y que la petición era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Se solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico copia de los informes de suficiencia de recursos hídricos del Guadalquivir desde 2015. El organismo denegó inicialmente la petición alegando carácter abusivo por el volumen de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se entregó fuera de plazo.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vigo las resoluciones sobre permutas de plazas de funcionarios desde 2010. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que era una consulta administrativa y que resultaba abusiva por la carga de trabajo. La Comisión de Transparencia de Galicia estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información.
Un periodista solicitó al FONREC (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) el expediente completo de la ayuda concedida al Grupo Universo Pachá. El organismo denegó el acceso alegando confidencialidad y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar las resoluciones de concesión pero excluyendo planes de negocio e informes crediticios.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Renfe el destino de 268 nuevos trenes, especialmente para Málaga. Renfe inadmitió la solicitud alegando que era una consulta y un ejercicio abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no existe en un documento preexistente debido a la gestión dinámica de la flota.
Se solicitó al Ayuntamiento de Valencia una lista detallada de bienes inmuebles exentos de IBI (2015-2021) y coeficientes aplicados. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo por la carga de gestión. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y la administración podría haber ampliado el plazo en lugar de inadmitir.
El reclamante solicitó detalles de expedientes de disciplina urbanística al Ayuntamiento de Callosa de Segura. Ante la falta de respuesta a una solicitud previa del 13 de abril de 2022, interpuso reclamación. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por ser la solicitud manifiestamente repetitiva, ya que existía una petición idéntica en trámite.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pastrana el enlace a las declaraciones de intereses de los miembros de la corporación. La administración no respondió, alegando posteriormente que el solicitante realiza peticiones reiterativas y abusivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al ser información de publicidad activa obligatoria.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa información sobre el cableado aéreo y arquetas de la calle Arriba. Tras recibir respuesta parcial y extemporánea, reclamó la copia de un informe técnico. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al no existir tal informe y no admitir la ampliación de la solicitud inicial.
La asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó al Ayuntamiento de San Roque información sobre el software de gestión de licencias de obras y la identificación de los empleados responsables. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que las peticiones no eran idénticas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pastrana el enlace a las declaraciones de intereses de sus miembros. El Ayuntamiento alegó falta de personal, volumen excesivo de solicitudes del reclamante y posible abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque se trata de información pública obligatoria que no ha sido facilitada.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pastrana actas de plenos, la cuenta 62 (2019-2021) y gastos sin factura. El Ayuntamiento alegó falta de medios, abuso de derecho y inexistencia de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la cuenta 62, pero desestima el resto por acceso presencial ofrecido e inexistencia de datos.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes (Renfe) el plan de evacuación de la estación de Torremolinos. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, que el uso era abusivo y que afectaba a la seguridad pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar el documento.
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