Solicitud de composición del Comité de Seguridad y Salud del Centro Penitenciario de Ocaña 2 y estimación formal de la reclamación

Resolución 403/2022 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 15 de abril de 2022 el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: Quién forma el Comité de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, en el Centro Penitenciario de Ocaña 2 2. Mediante resolución de fecha 22 de abril de 2022, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante lo siguiente: Desde el día 30 de enero de 2022 hasta la fecha actual, usted ha presentado 30 solicitudes a través del Portal de Transparencia, la mayor parte de ellas sobre materias competencia de la Subdirección General de Recursos Humanos; en todos los casos, han sido reiterativas de otras preguntas y/o sobre cuestiones en las que, a su solicitud, se ha tramitado algún procedimiento S/REF: 001-067925 N/REF: R/0401/2022; 100-006779 Fecha: La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Comité de seguridad y salud en el Centro Penitenciario de Ocaña 2 administrativo; el resto de las presentadas eran sobre cuestiones relacionadas con el centro penitenciario Ocaña II o la Subdirección General de Análisis e Inspección, por lo que se considera que se ha de convenir que concurre sobradamente la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, al ser manifiestamente repetitivas y tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley. El Comité de Seguridad y Salud del que forma parte el Centro Penitenciario Ocaña II se constituye, como el resto de tales órganos colegiados, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, cuyo contenido el interesado conoce porque menciona expresamente esa norma; su composición responde a la establecida en el artículo 6, en relación con el Anexo II de este RD y demás normativa aplicable, siendo miembros del mismo la Administración y los delegados de prevención. 3. Mediante escrito registrado el 1 de mayo de 2022, el solicitante interpuso una reclamación, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) con el siguiente contenido resumido: PRIMERO: en relación a la afirmación de las 30 solicitudes tienen su fundamento en la ley que no pone un numerus clausus y su ejercicio se basa en un derecho fundamental, derecho a la dignidad y hacer efectivo el mismo conforme al artículo 24 de la Constitución que es el Derecho a la Defensa, pilar básico del Estado de Derecho, así como además de que se me ha indicado en varias ocasiones que cualquier información la solicite por escrito tienen su fundamento en la ley que no pone un numerus clausus, al contrario lo que pretende dicha Ley de Transparencia en su Preámbulo. SEGUNDA: las solicitudes son reiterativas, porque las respuestas dadas son en varias ocasiones incongruentes, contradictorias, induciendo a error y confusión ante la misma pregunta (eso cómo se llama): pongo por ejemplo que dicha Secretaria a) la resolución notificada referente al procedimiento 591/2021 no aparece identificada la autoridad y tuvo que ser solicitada y facilitada en resolución 66730, después b) decía que no me tenía que facilitar las fechas de sustitución de los Subdirectores Generales resolución 001-065815 por un tema de privacidad (y ya había sido publicada en varios medios), c)en la siguiente ya ante las alegaciones de que dicha información es de obligatorio cumplimiento conforme a la Ley de Transparencia ya procedieron a facilitarme la información supuesta de cese y nombramiento en resolución 001- 067382/067381 contradictorias con los medios, distintos medios la cope, abc, el español, el diario de granada (donde prestaba servicio el nuevo Subdirector General, okdiario por poner algunos ejemplos. TERCERA: dichas respuestas contradictorias se han puesto de manifiesto cuando por parte de dicha Secretaria General 001-057074, se me denegó la emisión de un certificado, denegado con anterioridad por parte del director del Centro Penitenciario de Ocaña 2 y del administrador “porque no le da la gana” al parecer y posteriormente ante la clara ilegalidad y contra esa resolución de la Secretaria General, se emite el referido documento en fecha 28/06/2021 gracias a la mediación del delegado de protección de datos y contra la propia resolución 001-057074 por los indicios de posible prevaricación, se dicta una resolución de la Subdirección General de Recursos Humanos accediendo a la emisión de dicho certificado, contra su propio criterio. CUARTA: en cuanto al hecho de que formule la pregunta de quién forma el comité de seguridad y salud del Centro Penitenciario de Ocaña 2 a través del Portal de Transparencia, lo cierto es que será reiterativa, pero en cuanto a sus funciones, “se ha omitido primero la intervención de los delegados de prevención en un procedimiento por acoso laboral y segundo la persona investigada, sobre la que pesa causa de recusación, al amparo de la ley 40/15 por cuanto llegamos a tal falta ausencia de legalidad de la situación que el propio denunciado firma en nombre del comité de seguridad y salud, debe ser que él mismo va a instar la revisión del archivo de su propia resolución, en el informe de la inspección. Hechos que también serán objeto de las correspondientes acciones administrativas y/o penales, porque cuanto menos la omisión de dicho trámite supone la nulidad absoluta del mismo. De nuevo una falta de transparencia se limita a decir qué órganos forman el comité de Seguridad y Salud, pero no identifica a los mismos, cuando tanto los representantes de la Administración como los delegados de Prevención deben ser públicos y constar en el registro y depósito de las actas de designación de los delegados de prevención y constitución del Comité de Seguridad y Salud registro que hacer públicas las designaciones de los delegados de prevención y de cualesquiera otros órganos específicos que en virtud del art. 35.4 de la ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales, aplicable de forma supletoria a la Administración, ejerzan las competencias que la legislación vigente atribuya a aquellos. Hacer pública la existencia, constitución y composición de los Comités de Seguridad y Salud. QUINTO: yo creo que lo que molesta es la Transparencia y facilitar información que es objeto de la Ley de Transparencia e impedir a toda costa el ejercicio del principio de legalidad y el ejercicio del Derecho a la Defensa. La garantía de la defensa comprende: a) En primer lugar, la posibilidad de formular alegaciones en defensa de los intereses que se hayan articulado. b) En segundo lugar, que se garantice el derecho de probar tales alegaciones, pues es esencial en el proceso que las peticiones y alegaciones realizadas queden debidamente probadas. SEXTA: O tal vez lo que molesta son las denuncias presentadas ante dichos órganos, todas ellas legítimas y con documentos acreditativos de las mismas, pero parece que no importa que funcionarios de interior salgan a acosar a una chica sola en la piscina, eso es lo que molesta y aún se permita que quién ha tolerado y no ha realizado acción alguna impidiendo que dichos hechos se produjeran y evitar que se repitieran, lo cual es vergonzante, sea cesado porque ello indica quién es la persona que ejerce la dirección del centro. SÉPTIMO: “Repetitivas” en dicho sentido obviamente cuando una resolución del director del Centro penitenciario de Ocaña 2 dice que los técnicos de Prevención de Riesgos y ” en un documento público con su fecha y firma afirma que no pertenecen a la plantilla del centro penitenciario de Ocaña 2 y solicitamos dicha información al Portal de Transparencia donde consta que dichos técnicos sí pertenecen a la plantilla. No le resulta extraño. No nuestras peticiones no son repetitivas, son peticiones ante información pública que resulta falsa en documento público, siempre con respeto a la presunción de inocencia. Nuevamente información incoherente, contradictoria y errónea. OCTAVA: La comunicación que se hace en el informe de inspección 188/2022 se hace únicamente a don (quien incurre en causa de recusación por ser la persona denunciada y por tanto tener interés en el asunto” y a don , técnico de prevención, con lo que considerando esa información tan repetitiva, porqué si es conocida no se notifica al resto de miembros del Comité de Seguridad y Salud las actuaciones y resolución del informe 188/2021, por lo que dicha ausencia de comunicación a los restantes miembros, es a sabiendas. NOVENA: En este sentido no responde a la identificación de los miembros y el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. SOLICITO: tenga por presentada el presente escrito con las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo y en su virtud se informe qué personas concretas componen el comité de seguridad y salud por ser interesado y por ser algo que afecta a información que debe ser pública para el personal del Centro Penitenciario de Ocaña 2, para saber a qué personas dirigir las solicitudes e información en relación a un procedimiento de acoso laboral finalizado y al que se me ha dado acceso y en documento que obra en dicho expediente solo firman el director (denunciado e incurso en causa de abstención) y el técnico de Prevención Riesgos Laborales en nombre del Comité de seguridad y salud laboral. 4. Advertidas algunas deficiencias en el escrito de reclamación, se solicitó al reclamante que las subsanara. Realizada la subsanación, se continuó con el procedimiento. 5. Con fecha 4 de mayo de 2022, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR al objeto de que pudiera hacer las alegaciones que considerase oportunas. El 17 de mayo de 2022 se recibió escrito, con el siguiente contenido resumido: En primer lugar, el expediente 001-067925, contra cuya resolución se presenta esta reclamación, se preguntó: “Quién forma el comité de seguridad y salud conforme al Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado en el Centro Penitenciario de Ocaña 2” La respuesta dada contestaba de manera precisa a su pregunta, que es genérica, aunque se puede precisar más: La Administración está representada por las personas titulares de las Direcciones de los centros penitenciarios de Ocaña, así como por la persona titular de la Administración de Ocaña II; actúa habitualmente como secretaria, con voz pero son voto, la Jefa de Gabinete de Ocaña II. Las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF quedan representadas con 3 vocales. El Comité de seguridad y salud no es un órgano ejecutivo. En segundo lugar, se considera imprescindible poner de nuevo de manifiesto que desde el mes de enero de 2022 la Subdirección General de Recursos Humanos informa que ha contestado unas 16 preguntas formuladas por el Sr. XXXX a través del Portal de transparencia, de varios temas que tienen una característica común: sobre los mismos existe algún procedimiento administrativo abierto, bien en esa Unidad o en otras, lo que, en contra de lo afirmado en la reclamación constituye causa evidente de inadmisión por ser un manifiesto abuso del objeto de la Ley de Transparencia por lo que, aunque no establece numerus clausus, sí determina la necesidad de no utilizarla en manifiesto fraude de ley. En tercer lugar, el resto de las cuestiones que recoge su reclamación forman parte de lo que viene siendo la tónica de las peticiones que, en sede administrativa, de protección de datos o cualquier otro procedimiento, formula el recurrente: hacer una causa general que englobe dichos procesos en uno. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2 c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados por la ley, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud de acceso a la información relativa a Quién forma el Comité de seguridad y salud, conforme al Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, en el Centro Penitenciario de Ocaña 2 La Administración concede el acceso de manera parcial, informando que “El Comité de Seguridad y Salud se constituye conforme a lo establecido en el artículo 6, en relación con el Anexo II de este RD y demás normativa aplicable, siendo miembro s del mismo la Administración y los delegados de prevención”. Sostiene que el solicitante “ha presentado 30 solicitudes reiterativas de otras preguntas y/o sobre cuestiones en las que, a su solicitud, se ha tramitado algún procedimiento administrativo, por lo que se considera que se ha de convenir que concurre sobradamente la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia”. Finalmente, en fase de reclamación, añade que “La respuesta dada se puede precisar más: La Administración está representada por las personas titulares de las Direcciones de los centros penitenciarios de Ocaña, así como por la persona titular de la Administración de Ocaña II; actúa habitualmente como secretaria, con voz pero son voto, la Jefa de Gabinete de Ocaña II. Las organizaciones sindicales ACAIP-UGT y CSIF quedan representadas con 3 vocales”. 4. A la vista del proceder de la Administración se ha de comenzar recordando que el artículo 20.1 de la LTAIBG establece que “La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. En el presente caso, el órgano competente no facilitó la información solicitada en el plazo legalmente establecido sin que se pueda apreciar causa o razón que lo justifique. De ahí que resulte obligado volver a insistir en que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que “con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta”. En casos como éste, en que la respuesta completa a la solicitud se ha proporcionado fuera del plazo concedido al efecto por la LTAIBG y una vez que se ha presentado reclamación ante el Consejo de Transparencia, debe reconocerse, por un lado, el derecho del interesado a obtener la información solicitada en plazo y, por otro, tener en cuenta el hecho de que la información completa se le ha proporcionado, si bien extemporáneamente en fase de reclamación. En consecuencia, la presente reclamación debe ser estimada únicamente por motivos formales sin que sea preciso instar a realizar actuaciones ulteriores. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación presentada por frente a la resolución del MINISTERIO DEL INTERIOR, de fecha 22 de abril de 2022. De acuerdo con el artículo 23. 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante los juzgados centrales de lo contencioso-administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez