Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Santander el enunciado de un examen de oposiciones vía correo electrónico. Tras ser instada a usar la sede electrónica, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG inadmitió la reclamación porque no existía una resolución administrativa previa, expresa o presunta, al no haberse iniciado correctamente el procedimiento.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès información sobre pruebas psicotécnicas y de tiro de la policía local (2006-2021). El Ayuntamiento alegó complejidad de elaboración y abuso de derecho. La GAIP estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso a datos ya elaborados o automatizados, pero denegando aquello que suponga un esfuerzo desproporcionado.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco diversos informes y memorias sobre la eficiencia energética de la instalación Zabalgarbi. Tras la falta de respuesta, el interesado reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que desestimó la reclamación al comprobar que la información ya había sido facilitada o no existía.
Un ciudadano solicitó informes analíticos de dioxinas y furanos al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco. Ante la falta de respuesta, reclamó por silencio administrativo. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la administración alegó que la información ya había sido facilitada previamente.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) informes sobre méritos de consejeros y estadísticas de reclamaciones y sanciones. La MAS denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y obliga a entregar la información.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Educación de Cádiz información detallada sobre contratos de cafetería y copistería. La entidad denegó el acceso alegando que la petición era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque no había identidad objetiva entre solicitudes y la información es de publicidad activa.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó al Ayuntamiento de Jerez el desglose de facturas pendientes de pago incluidas en el cálculo del Periodo Medio de Pago (PMP). El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Jorba acceso a expedientes urbanísticos y una licencia de reforma. El solicitante alegó que el silencio administrativo implicaba estimación y que la denegación por reiteración era improcedente. La GAIP estima parcialmente la solicitud, reconociendo el derecho a la documentación generada entre abril de 2021 y abril de 2022, pero deniega el acceso a expedientes no identificados expresamente.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública justificaciones detalladas y agendas hora por hora de los gastos de viaje del Interventor General del Estado. El reclamante alegó que la Administración exige tales detalles a autónomos y PYMES. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información pública ya fue entregada y lo demás son valoraciones subjetivas.
La reclamante solicitó copia de un expediente de subvención a la Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria. La administración inadmitió la solicitud alegando que respondía a un mero interés privado (solicitud abusiva). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resuelve retrotraer las actuaciones para que se dé audiencia al tercero afectado según el art. 19.3 de la Ley 19/2013.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Horche la relación de licencias urbanísticas y sus informes técnicos de los años 2019 a 2021. La administración inadmitió la solicitud alegando que era genérica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud constituye un abuso de derecho que paralizaría la gestión administrativa.
El reclamante solicitó información sobre el estado de salubridad de una plaza en Massalavés a la Conselleria de Sanitat. Alegó falta de respuesta. El Consell Valencià de Transparencia no admite la reclamación por dos motivos: la solicitud original era una denuncia de inacción y no una petición de información, y el reclamante presenta un volumen de solicitudes que constituye un ejercicio abusivo del derecho.
El solicitante pidió a la Universidad de Alicante copias de las resoluciones de reconocimiento de créditos de un Máster y un Grado, tras la disociación de datos personales. La Universidad inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva por la desproporción entre la información pedida y los recursos necesarios.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Massalavés información sobre la titulación de un aparellador, obras de una plaza realizadas en 2007 y facturas de fiestas patronales (2020-2021). El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al considerar que el ejercicio del derecho es abusivo, debido al volumen excesivo de solicitudes presentadas por el interesado y su falta de interés público.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Horche la relación de licencias urbanísticas e informes técnicos/jurídicos de 2019-2021. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerarla genérica y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud es abusiva según el art. 18.1 e) de la LTAIBG.
Se solicitó a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura la identidad de los grandes tenedores de viviendas. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la identidad de personas jurídicas, pero denegando la de personas físicas por protección de datos.
Una asociación de vecinos solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès documentación sobre pruebas de tiro y tests psicotécnicos de la policía local (2006-2021). La GAIP resuelve inadmitir la petición de certificados nuevos, desestimar el acceso a tests psicotécnicos por ser datos de salud protegidos y estimar el acceso a documentos de prácticas de tiro, previa anonimización.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones diversos documentos y notificaciones relativos a un expediente de revisión de incapacidad. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información.
El interesado solicitó información sobre la actividad docente y la compatibilidad de un alto cargo de la AEAT con actividades privadas. La Agencia Estatal de Administración Tributaria inadmitió la solicitud alegando que era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información sobre la autorización de compatibilidad.
Se solicitó a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía datos históricos de adjudicaciones docentes para un proyecto de ciencia de datos. La entidad denegó el acceso alegando falta de interés legítimo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública datos sobre puestos de trabajo, expedientes de comisiones de servicio e informes de méritos de funcionarios. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando abusividad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la remisión web era correcta y que la solicitud de expedientes era abusiva.
El solicitante pidió a la CELAD el número exacto de expedientes sancionadores por pasaporte biológico basándose en declaraciones del Director al diario Marca. La administración inadmitió la solicitud por ser repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación confirmando que el contenido solicitado coincide con peticiones anteriores.
El solicitante pidió a Renfe-Operadora información detallada sobre las obras de la estación de Torremolinos. Tras una respuesta parcial que el interesado consideró insuficiente, presentó reclamación. Finalmente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió archivar el expediente debido al desistimiento expreso del reclamante.
El reclamante solicitó información sobre las cuantías de la Renda Valenciana d'Inserció (RVI) a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives. El organismo de transparencia, Consell Valencià de Transparència, decide la inadmisión de la reclamación porque el escrito original del ciudadano no era una solicitud de acceso a la información, sino una reclamación de responsabilidad patrimonial.
El reclamante solicitó información sobre el estado de conservación del patrimonio histórico de Massalavés a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Tras alegar la administración haber respondido y presentar el interesado una lista de nuevas peticiones, el Consell Valencià de Transparència inadmite la reclamación por ser abusiva y por tratarse de una denuncia de inacción, fuera de su competencia.
Una Federación solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos de afiliados en provincias vascas y sectores de actividad. El organismo denegó la solicitud por considerarla repetitiva y abusiva. Tras reclamar ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Federación desistió de la solicitud, por lo que el CTBG decidió archivar el expediente.
El reclamante solicitó a la Delegación del Gobierno en Extremadura expedientes de provisión y modificaciones de la RPT de puestos de libre designación (Vicesecretario y Directores). La administración no respondió. El CTBG estima la reclamación, desestimando el alegato de la administración sobre el carácter abusivo de la solicitud, al considerarla acotada y de interés público.
Un funcionario solicitó al Ministerio de Política Territorial expedientes sobre provisión de puestos y comisiones de servicios en la Delegación de Gobierno en Extremadura. El Ministerio denegó parte del acceso alegando protección de datos y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Un sindicato solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) un listado detallado de cantidades percibidas por sus profesionales. El sindicato alegó que buscaba controlar la discrecionalidad en la asignación de complementos. La GAIP inadmitió la reclamación porque el Secretario General no tenía competencia estatutaria para decidir la interposición de recursos.
El solicitante pidió a la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla información y copias de expedientes administrativos derivados de sus denuncias. Alegó que la administración no respondió al fondo de sus quejas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque la información solicitada era inexistente y la petición repetitiva.
El Club Ciclista Los Dalton solicitó al Ayuntamiento de San Roque el expediente completo del 'Centro BTT'. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por ser repetitiva y por la inexistencia del expediente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al comprobar que la información no existe, independientemente de que el proyecto figure en el presupuesto municipal.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva información sobre retribuciones, titulaciones y compatibilidades de la Presidenta, el Director Ejecutivo y el Gerente de GIAHSA. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar conceptos retributivos omitidos y datos anteriores a 2014.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los proyectos y trazados de las autovías A57, A59, A54 y A56. El Ministerio denegó el acceso alegando que estaban en fase de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de tramos ya aprobados, en servicio o en ejecución.
Una ciudadana solicitó a la Deputación de Pontevedra que indicara la norma legal que justifica la elección de colectivos en una convocatoria del Plan de Concellos. La interesada alegó que remitirla a las bases no era respuesta correcta. La Comisión da Transparencia desestimó la reclamación porque la solicitud requería la elaboración de un informe jurídico ad hoc, no siendo acceso a información preexistente.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Educación de Navarra el acceso a las Adjudicaciones Telemáticas de Plazas (ATP) del curso 2018/2019 y su posición en las listas. El Departamento denegó la solicitud alegando abuso y protección de datos. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación y reconoce el derecho del solicitante a obtener la información.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (INE) datos sobre asalariados a tiempo parcial y por turnos en sectores público y privado (2006-2019). El INE inadmitió la solicitud alegando que no cumplía la finalidad de la ley. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requiere una reelaboración específica.
Se solicitó al Departamento de Economía y Hacienda información sobre la contratación de un directivo de la Agencia de Residuos de Catalunya y las responsabilidades derivadas de una supuesta falta de autorización. El reclamante alegó no haber recibido respuesta. La GAIP decidió inadmitir la reclamación por ser abusiva y reiterativa de solicitudes idénticas ya resueltas.
Se solicitó al DACAAR la copia íntegra de las peticiones y documentación de las ayudas PAC 2021 sobre fincas propiedad del reclamante. El interesado alegó su condición de interesado administrativo. La GAIP estima la reclamación, determinando que, al haber finalizado el procedimiento de concesión, se aplica la normativa de transparencia y el derecho de acceso prevalece sobre la protección de datos personales.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana datos estadísticos sobre despachos por tiempo y tripulaciones mínimas de embarcaciones de recreo. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no concurren los requisitos de solicitud abusiva.
El reclamante solicitó a LABORA copias de su título, nombres de miembros de un tribunal, material didáctico y actas de finalización de cursos. La administración denegó el acceso alegando que la información ya había sido entregada, que era información auxiliar y que las solicitudes eran repetitivas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las solicitudes.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cabanes información sobre el PAI de Torre la Sal y datos de recaudación del IBI de ciertos edificios. El Ayuntamiento alegó que las peticiones eran abusivas (genéricas) y requerían reelaboración de datos. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a la información específica y a los datos de IBI globales.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco detalles sobre el apoyo económico para refugiados ucranianos. Tras recibir los planes de contingencia, insistió en la solicitud, la cual fue inadmitida por repetitiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública inadmitió la reclamación al considerar que la información disponible ya había sido facilitada.
El solicitante pidió al INE el número de muertes por consumo de alimentos en mal estado en 2020 desglosado por CCAA. El INE inadmitió la solicitud alegando que no cumplía la finalidad de la ley de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al INE a entregar la información por ser pública y no abusiva.
Defensa Ciudadana Activa solicitó a la Delegación Territorial de Salud y Familias de Cádiz resoluciones de 41 expedientes sancionadores o sus fechas de inicio y resolución. La entidad denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento.
Una persona solicitó a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía copias de órdenes motivadas sobre la alteración del orden de tramitación de expedientes. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque, aunque la entidad concedió el acceso, no acreditó haber notificado ni puesto la información a disposición del solicitante.
Un profesor universitario solicitó al Ministerio de la Presidencia las direcciones de correo electrónico corporativas de sus órganos directivos para un proyecto de investigación. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Durón los contratos de arrendamiento de caza anteriores a 2016 del coto GU-10.027. La administración alegó que la petición era abusiva por ser genérica y requerir un esfuerzo desproporcionado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información es pública y su acceso permite el control de fondos.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros copia de documentos contables sobre gastos por asignaciones a Juntas de Gobierno Local entre 2015 y 2017. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y busca el escrutinio de fondos públicos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros copias de documentos contables sobre asignaciones a Juntas de Gobierno Local (2015-2017). El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva por el volumen de peticiones del interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, pues busca escrutar el uso de fondos públicos.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Durón los contratos de arrendamiento de caza anteriores a 2016 del coto GU-10.027. El Ayuntamiento alegó que la petición era abusiva y desproporcionada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, determinando que el acceso a contratos administrativos es fundamental para el control público y no constituye un abuso.
1751–1800 de 3315