Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una diputada del Parlamento de Canarias solicitó a la Consejería de Transición Ecológica información sobre la caducidad del parque eólico Fuerteventura Renovables I. Ante la falta de respuesta, el Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación por incumplimiento de plazos, pero termina el procedimiento ya que la información fue finalmente facilitada.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos de productividad y gratificaciones de funcionarios de la DGT (2016-2020). La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que los datos están centralizados en un aplicativo sin requerir reelaboración compleja, y que la LMRFP obliga a su publicidad, prevaleciendo el interés público sobre la protección de datos.
Se solicitó a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria un archivo con datos detallados de prácticas curriculares y extracurriculares desde 2014. La Universidad inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente que no requiera reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública datos catastrales de fincas en Estepona. La administración inadmitió la solicitud por manifiestamente repetitiva. El reclamante interpuso reclamación ante el CTBG alegando que la denegación era contraria a derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno requirió acreditar la representación, pero al no presentarse en plazo, archivó el procedimiento por desistimiento.
El reclamante solicitó al Ministerio información sobre concesiones en el Puerto de Huelva. La Autoridad Portuaria de Huelva la inadmitió por abusiva, inconcreta y por exigir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la estimó, al entender que la petición estaba bien delimitada, que el interés privado no la hace abusiva y que la administración no acreditó los límites.
El ciudadano interpuso un recurso extraordinario de revisión contra una resolución previa que inadmitió su reclamación por abusiva. Alegó errores de hecho y aportó documentación web para demostrar que la administración poseía la información. El Consell Valencià de Transparencia inadmitió el recurso porque el acto impugnado no estaba firme en vía administrativa.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Valencia el acceso a minutas de abogados en procesos contenciosos administrativos de personal de los últimos 10 años. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación confirmando que la solicitud es materialmente inviable y no tiene finalidad de transparencia.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Pastrana copias de expedientes urbanísticos. La administración denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y abusiva, y que no correspondía a la LTAIBG. El CTBG desestimó la reclamación al considerar que la solicitud era manifiestamente repetitiva conforme al art. 18.1.e) de la LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander la copia de los enunciados de los exámenes de una convocatoria de Auxiliar. La administración inadmitió la solicitud alegando su carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que no se acreditó el doble requisito de conducta abusiva y falta de justificación en la finalidad de transparencia, por lo que ordenó facilitar la información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Coslada copia de su expediente de reconocimiento de antigüedad y la identificación del personal responsable. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación por no concurrir dichas causas de inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de Algeciras el listado detallado de vehículos de la empresa municipal ALGESA, incluyendo matrículas, bastidores, ITV y mantenimiento. El Ayuntamiento alegó carácter abusivo y falta de disponibilidad de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse el abuso ni agotarse la vía de colaboración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Zarzalejo copias de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2017 y 2018. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, pero retrotrae las actuaciones para que el ayuntamiento requiera al solicitante que concrete la información pedida.
Una ciudadana solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos información sobre la adscripción de la plaza 2443 a unidades administrativas concretas desde 2018. Tras alegar la interesada que la respuesta era genérica y la Universidad inadmitir la segunda petición por repetitiva, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación al considerar que la información solicitada fue efectivamente entregada.
Se solicitó a la Diputación Provincial de Sevilla información sobre subvenciones y la relación contractual de la Alcaldesa de Castilleja. El reclamante alegó falta de veracidad y retrasos administrativos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal establecido.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa información sobre la creación y organización de su Policía Local. Tras una respuesta parcial y extemporánea, el reclamante solicitó desistir del proceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto.
Una ciudadana solicitó al Instituto Catalán de la Salud (ICS) actas de comisiones farmacéuticas y protocolos hospitalarios. Tras una entrega incompleta y tachada, el ICS inadmitió una segunda solicitud por ser reiterativa. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando al ICS a entregar las actas íntegras (incluidas deliberaciones) al considerar arbitraria su restricción.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Alhendín diversos certificados y expedientes de contratación y personal. Tras recibir una respuesta parcial y reiterar sus peticiones, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre nombramientos de Jefes de Grupo y Equipo desde 2012. El reclamante alegó una actitud maliciosa y discriminatoria del organismo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requería reelaboración de datos y resultaba abusiva.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Talavera de la Reina una relación certificada de actas de ruidos y copias de expedientes sancionadores. El Ayuntamiento alegó que ya había facilitado acceso a los expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la administración ya proporcionó la información y la petición de certificación es una actuación material, no de acceso.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Talavera de la Reina actas de medición de ruidos y expedientes sancionadores. Ante el silencio administrativo, interpuso reclamación ante el CTBG. El Ayuntamiento alegó que la petición de certificación constituye una actuación material fuera del ámbito de la LTAIBG, y que los expedientes estaban en curso o eran repetitivos. El CTBG desestimó la reclamación porque la primera petición no es acceso a información, y la segunda fue atendida mediante resolución de acceso al expediente sancionador.
La reclamante solicitó a la CRTVE la revisión de un examen y copia del mismo corregido. La administración denegó el acceso alegando que no existe documento corregido y que la solicitud es abusiva por no perseguir fines de transparencia. El CTBG desestimó la reclamación porque la documentación solicitada no obra en poder de la entidad, al no existir como tal, por lo que no hay objeto sobre el que proyectar el derecho de acceso.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alicante acceso a minutas de abogados y escritos de impugnación de costas en procesos contencioso-administrativos de personal de los últimos 10 años. No hubo alegaciones por parte del Ayuntamiento. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico copias de informes sobre suficiencia hídrica en planeamiento urbanístico (2015-actualidad). La administración inadmitió la solicitud alegando su carácter abusivo por exceso de volumen y falta de finalidad de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el volumen no justifica la inadmisión y que la jurisprudencia exige una interpretación restrictiva de las causas de rechazo, no apreciándose abuso de derecho.
La reclamante solicitó a la Corporación de Radio y Televisión Española los modelos de exámenes y plantillas de respuestas de sus procesos selectivos. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y ajena a la finalidad de la Ley de Transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el interés privado no constituye causa de inadmisión y que el acceso a esta información permite el escrutinio de la actividad pública en procesos selectivos.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre trabajadores con tres o más expedientes disciplinarios desde el año 2000. El solicitante alegó que la información es pública y relevante para el escrutinio administrativo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que el organismo no dispone de la información clasificada según lo solicitado.
El interesado solicitó al IMIDRA instrucciones sobre la prevención de exposición a sustancias carcinogénicas y mutagénicas. La administración inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva, abusiva y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación al considerar que la información es pública y no concurren las causas de inadmisión alegadas.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Madrid la base de datos completa de las ITE/IEE de todos los edificios de la ciudad. El Ayuntamiento remitió al portal de transparencia para consultas individuales. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación por considerar que la solicitud masiva de datos constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso.
El solicitante pidió a la AEPSAD detalles sobre errores en formularios de control de dopaje y copias de comunicaciones a la empresa PWC. El reclamante alegó que la información es necesaria para fiscalizar la invalidez de muestras. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información detallada no existe y las comunicaciones son de carácter auxiliar.
El solicitante pidió a la AEPSAD el detalle individualizado de las desviaciones en la revisión de muestras de dopaje (2018-2021). Alegó que la respuesta previa era genérica y no detallaba los errores concretos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla manifiestamente repetitiva, al haber sido ya objeto de solicitudes anteriores.
Un ciudadano solicitó al Colegio Oficial de Delineantes y Diseñadores Técnicos Superiores Proyectistas de A Coruña memorias de gestión, actas y balances (2019-2022). Tras el silencio administrativo, la Comisión de Transparencia de Galicia desestima la reclamación al considerar que la información ya fue facilitada al interesado mediante la comunicación de las actas y su publicación web.
El interesado solicitó al Concello de Baiona acceso a alegaciones y un convenio de un expediente de licencia municipal. Ante el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia, que estima la reclamación y ordena al Ayuntamiento responder a la solicitud en 10 días hábiles.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de funcionarios en centros penitenciarios por áreas de trabajo desde 2010. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información se facilitó solo tras interponer la reclamación.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de funcionarios por cuerpos de pertenencia y sexo en la SGIP y la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y abuso por reiteración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificaron dichas causas de inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de Montalbán (Córdoba) los nombramientos e informes jurídicos relativos al Instructor del Procedimiento Sancionador de Tráfico desde 2010. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración y abuso del derecho. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse tales causas.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información y aclaraciones sobre competencias y protocolos en maltrato animal. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a responder solo sobre la existencia y remisión de protocolos específicos.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes la delimitación de dos entidades inmobiliarias de ADIF en Madrid. ADIF denegó el acceso alegando que la información era de gestión interna y remitía al Catastro. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por no concurrir causas de inadmisión ni límites legales.
La solicitante pidió al Ministerio de Transportes (ADIF) seis exámenes de oposiciones de diversas categorías. ADIF denegó el acceso alegando propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información por no acreditarse un perjuicio real y por ser insuficiente la motivación.
El solicitante pidió a la Comunidad de Regantes El Tarragón detalles sobre una deuda reclamada y actas de acuerdos que le afectaran. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque, al existir un procedimiento administrativo en curso sobre la deuda, el acceso a la información debe canalizarse mediante la Ley 39/2015 y no por la Ley de Transparencia.
Kriol Produccions, SL reclama contra la Conselleria de Participació, Transparencia, Cooperació i Qualitat Democràtica tras la concesión de acceso a información sobre subvenciones de varias empresas. La empresa alega que la solicitud original es abusiva y que la información está sujeta a límites por investigaciones penales y procesos judiciales en curso.
Canal Maestrat, SL impugna la resolución de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática que concedía el acceso a documentación de subvenciones tras anonimizar datos personales. El reclamante alega que la solicitud es abusiva y que la administración no consideró adecuadamente los límites por procesos judiciales en curso. El Consell Valencà de Transparència estima parcialmente la reclamación.
La Associació de Veïns Les Sutarranyes reclama contra la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica por la concesión de acceso a documentación de subvenciones de empresas privadas. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que existían investigaciones penales en curso. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que no existe un interés público superior que justifique el acceso.
La sociedad Anora Development Industries, SL solicitó al Ayuntamiento del Puig informes técnicos sobre viabilidad urbanística, estado de obras y copias de avales y actas del sector SP5. El recurrente alegó que la información facilitada era incompleta y errónea. El Consell Valencià de Transparència estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los avales, pero desestimó el resto por ser informes ex profeso o peticiones abusivas.
Un funcionario solicitó a la Presidència de la Generalitat un listado detallado de las propuestas de honorarios (minutas) de la Advocacia en procesos contencioso-administrativos de los últimos 10 años para impugnar una tasación de costas. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración y el carácter abusivo. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación.
El ciudadano solicitó a la AEAT información y normativa aplicable al régimen de viajeros y sus franquicias. La administración concedió parcialmente el acceso fuera de plazo y alegó que parte de la petición era asesoramiento jurídico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento del plazo legal de respuesta.
El reclamante solicitó datos detallados sobre el uso de dispositivos de tráfico y seguridad vial (test de drogas, etilómetros, radares, etc.) al Ayuntamiento de Ugena. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse dichas causas de inadmisión.
El reclamante solicitó copia de un informe del Servicio de Asistencia al Municipio (SAM) de la Diputación de Guadalajara y la identidad de su firmante. La Diputación denegó el acceso alegando que era información auxiliar, de apoyo y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: ordenó entregar el informe, pero denegó la identidad del técnico.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco información sobre entidades financieras, tarjetas de crédito/débito y pólizas de crédito. El Departamento denegó el desglose de pagos de tarjetas por requerir reelaboración y ser abusivo. La Comisión Vasca de Acceso a Información Pública desestima la reclamación confirmando que el volumen de datos es desproporcionado.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Guadalajara copia de un informe sobre gastos de representación letrada y la identidad de su firmante. Tras la denegación administrativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe pero denegando la identidad del técnico.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social un listado de las empresas con más accidentes laborales desde 2010. Tras una inadmisión por solicitud repetitiva, el reclamante propuso obtener datos anonimizados del IBEX-35. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo se facilitó tras intervenir el Consejo.
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