Reclamación por falta de respuesta del Ayuntamiento de Casas del Monte sobre documentación de reparo de facturas de obra pública, desestimada por solicitud abusiva

Página1de 6 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Ayuntamiento de Casas del Monte la siguiente informaciónel 9 de septiembre de 2022: “(…) En el año, 2015, se aprueba en la sesión plenaria el levantamiento de un informe de Intervención y Resoluciones de la Alcaldía, de varia facturas de Hierros Díaz SA, Fongar. M. Construcción , Seguin S.A. y los Mellis, por un importe total de 8,600,84 €. (…) Ante esta situación, le requiero la siguiente documentación: 1.- Copia del pleno, en el cual se aprobó, la obra de AEPSA. N/REF:RT 0746/2022 [Expte. 2011-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de Casas del Monte (Cáceres). Información solicitada:Reparo a factura de suministros de obra pública. RA CTBG Número: 2023-0540 Fecha: 16/06/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2.- Certificado del técnico municipal en el cual conste que todos los materiales incluidos en las facturas de los proveedores que forman el reparo citados estaban presupuestados en el proyecto de la AEPSA, así como en el contrato de adjudicación de la obra y fueron utilizados en la obra. 3.- Certificado del Sr. Secretario-Interventor, de que todas las facturas que forman el reparo, fueron incluidas íntegramente, en dicha obra y aceptada por la Administración. 4.- Copia o Certificado del técnico municipal de fin de obra de la instalación. 5.- Copia del Informe de Intervención y la resolución de la alcaldía, explicando el motivo del reparo de cada factura. 6.-Que la adjudicación se llevó a cabo con la existencia de expediente administrativo, con presupuesto previo, con la aprobación del gasto. 7.- Certificado del Tesorero, que había disponibilidad económ ica y que estaba presupuestado ese gasto y recogido en el pleno.” 2. Ante la ausencia de respuesta por parte de la administración, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) a la que se da entrada el 8 de noviembre de 2022, con número de expediente RT/0746/2022. En su escrito de reclamación, el solicitante refiere como motivación de su pretensión el hecho de que “El Sr. Secretario Interventor realiza el reparo por: 1.- Insuficiencia de Crédito, 2.-No han sido fiscalizado los actos que dieron origen a tramites esenciales, 3.- Omisión en el expediente de requisitos o tramites esenciales. Antes de votar el levantamiento del reparo la Corporación municipal, el Sr. Alcalde, manifiesta la necesidad de estos pagos, toda vez que estas facturas serán las que sirvan para la justificación de los materiales del AEPSA .” 3. El propio 8 de noviembre de 2022 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General de Administración Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, al objeto de que por el órgano competente se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. En la fecha en que se dicta esta resolución no se ha recibido contestación al requerimiento de alegaciones realizado. RA CTBG Número: 2023-0540 Fecha: 16/06/2023 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. La información solicitada es información pública en la medida en que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG y se ha generado en relación con una obra pública sufragada con fondos públicos, y los suministros para la misma. Se solicitan copias de econ/convenios/conveniosCCAA.html diversa documentación administrativa, así como la expedición de certificados de nuevo cuño, algunos de ellos sobre hechos negativos o no producidos. En este aspecto, constan presentadas el mismo día, 9 de septiembre de 2022, otras 14 solicitudes y otras tantas reclamaciones ante el Consejo (expedientes RT/0739/2022 hasta RT/0753/2022). Anteriormente presentó otras 8 solicitudes el 30 de agosto de 2022, y el mismo número de reclamaciones (expedientes RT/0731/2022 y siguientes). El Ayuntamiento de Casas del Monte no ha resuelto en plazo sobre ninguna de dichas solicitudes ni ha efectuado alegaciones a este Consejo. Es necesario analizar si la finalidad que persigue el solicitante es la propia de la LTAIBG o, en cambio, está intentando ejercer de manera abusiva funciones que no le corresponden, sentando las premisas de hecho que deben ser asumidas por este Consejo, y efectuando juicios de intenciones, con censura del interventor, del técnico municipal y del propio alcalde, antiguo concejal de obras, a quien se dirige personalmente. Las solicitudes presentadas inicialmente comprenden diversos aspectos de la gestión municipal sobre caminos, balsas, piscinas, parajes naturales, aprovechamiento de aguas, hogar de ancianos, camping, antenas de repetición de telefonía, etc. Las posteriores y sucesivas solicitudes agotan prácticamente todos los aspectos de la vida municipal, antojándose excesivas por muy loable que sea la pretensión que subyace. La presente solicitud contiene siete apartados. Si bien separadamente considerada puede resultar asumible, unida a otras catorce formuladas el mismo día y prácticamente a la misma hora, de la misma manera, con complejas y múltiples condiciones y acotaciones, y con petición de múltiples certificaciones de nuevo cuño, resulta desproporcionada para ser atendida por una única administración. En relación con esta desproporción debe tenerse en cuenta el pronunciamiento que han hecho los tribunales de justicia con relación a similares peticiones. Así la sentencia de 4 de marzo de 2021 del Juzgado Central contencioso-administrativo de Madrid número 11, se dictó en los siguientes términos: “No podemos olvidar que la Ley 19/2013, no solo pretende la transparencia y el acceso a la información pública, sino también el buen gobierno, que debe conjugarse con los objetivos de transparencia y acceso, pues éstas son finalidades meramente instrumentales que se entiende que sirven para alcanzar el único fin sustantivo que se pretende, que es en definitiva el buen gobierno de las instituciones que manejan recursos públicos. Un reconocimiento desproporcionado de los mecanismos instrumentales, que fuera aprovechado de modo espurio y torticero, podría comprometer el buen gobierno de las instituciones, al que tienen derecho todos los ciudadanos, pues ellos son quienes en último término sufragan con sus impuestos el funcionamiento de las instituciones. No sería sensato que, una valoración desorientada sobre la jerarquía entre fines y medios, provocase que los recursos públicos de las instituciones sean desviados de su función, para atender supuestos fines de transparencia y acceso entendidos de modo desvirtuado”. A la vista de lo anteriormente expresado este Consejo considera que atender a esta solicitud requeriría “un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, (...)”, tal y como se recoge en el Criterio interpretativo 3/2016, de 14 de julio , del CTBG que versa sobre solicitudes de carácter abusivo. De acuerdo con todo lo recogido en los párrafos anteriores este Consejo considera que procede desestimar la reclamación presentada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18.1 e) de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Casas del Monte De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez