Reclamación por acceso a informes técnicos y jurídicos de licencias urbanísticas del Ayuntamiento de El Casar de Escalona

Página1de 12 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, en fecha 18 de septiembre de 2022 el ahora reclamante solicitó al Ayuntamiento de El Casar de Escalona, al amparo de la Ley 19/2013 , de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno(en adelante, LTAIBG), la siguiente información: “Copia, por este medio, de los informes técnicos y jurídicos aportados a las licencia urbanísticas otorgadas desde el 15 de junio de 2015 hasta esta fecha, hasta un máximo de 5 expediente trimestrales.” N/REF:RT 0797/2022 [Expte. 594-2023] Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de El Casar de Escalona (Toledo, Castilla - La Mancha). Información solicitada:Informes técnicos y jurídicos aportados en expedientes de licencias urbanísticas. Plazo de ejecución:30 días. RA CTBG Número: 2023-0571 Fecha: 21/06/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente 2. Ante la ausencia de respuesta por parte de la Administración local el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), a la que se da entrada el 18 de noviembre de 2022, con número de expediente RT/0797/2022. 3. En fecha 28 de noviembre de 2022 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento del Casar de Escalona, al objeto de que se pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 22 de diciembre de 2022 se recibe comunicación del Alcalde en la que se propone la desestimación de la reclamación, por los motivos siguientes: “(…) Que debido a la sobrecarga administrativa de trabajo en nuestro Ayuntamiento, la citada solicitud aún no se había resuelto, si bien, en relación a la misma y una vez incoado el expediente arriba referenciado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tenemos que exponer que se considera por este Ayuntamiento, sin perjuicio del superior criterio del Consejo, que en la citada solicitud concurren acumulativamente dos causas de inadmisión previstas en los artículos 18.1.c) y 18.1e) de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por lo que la propuesta de esta Administración es proceder, previos los trámites y oído el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a dictar resolución motivada de inadmisión conforme al art. 18.1.a) de la citada Ley. La anterior consideración se basa en que la solicitud tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esa Ley, sin que guarde explicación alguna la solicitud de remitir al interesado los informes técnicos y jurídicos aportados a las licencia urbanísticas otorgadas desde el 15 de junio de 2015 hasta la fecha, sin que se comprenda tampoco la referencia a un máximo de 5 expedientes trimestrales y cuáles deben ser los criterios de esta Administración para seleccionar de entre la cantidad de expedientes trimestrales cuáles son los 5 que en tal supuesto deberíamos remitir, ni se conoce cuál es la motivación o necesidad por parte del interesado de ese tipo de informes de expedientes particulares. De igual modo, resulta a nuestro juicio abusivo solicitar documentos y expedientes relativos a un periodo de casi 8 años completos, sobre los cuales se solicita además documentos determinados (informes técnicos y jurídicos) que obligaría a esta Administración a dedicar a un funcionario durante un periodo de tiempo para la exhaustiva localización y cribado de los documentos, pues parte de esos años a que se refiere la solicitud ni siquiera estaba aún informatizado el sistema de gestión de expedientes (Gestiona). RA CTBG Número: 2023-0571 Fecha: 21/06/2023 Por otro lado, independientemente de que se trate de informes, en los mismos se contiene expresión de los datos de carácter personal (nombre, DNI, domicilio, etc…) de los interesados en los expedientes, lo que supondría la necesidad de disociar y elaborar la documentación para su acceso y visualización por terceros pero con respecto al marco legislativo de protección de datos de carácter personal por lo que se requeriría una “acción previa de reelaboración” de decenas y decenas de informes, en un Ayuntamiento con enorme sobrecarga al disponer de muy poco personal en relación a la cantidad de trámites que atiende. Por todo lo que, para el caso de que se informe por el Consejo al que respetuosamente nos dirigimos de la procedencia de dar acceso a la información en los términos planteados y resultando imposible otorgarla en el plazo máximo de 10 días otorgado en el art. 22.1 de la Ley de Transparencia, solicitamos también se informe de si es posible ir dando acceso ágil pero gradual al interesado en un plazo superior a medida que se revisen y se confeccionen por años y conforme a la protección de datos, los citados informes, pues en realidad, a nuestro juicio resultaría temerario estimar solicitud pero vulnerando el citado art. 22.1 LT la cual podría sin embargo estimarse pero condicionada a la posibilidad de ir atendiéndola gradualmente tal como decimos. Por todo lo expuesto, formulamos las anteriores alegaciones en el expediente incoado exponiendo el parecer razonado de este Ayuntamiento, informando de que a juicio de los órganos que lo rigen la solicitud del ciudadano (…) de fecha 18/09/2022 debe ser, en el plazo más breve posible, inadmitida conforme a los artículos 18.1.c) y 18.1e) de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, quedando en cualquier caso sometidos al parecer razonado del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y rogando se informe de los particulares indicados sobre lo más procedente a realizar por el Ayuntamiento de El Casar de Escalona ante dicha solicitud. Por todo lo expuesto: SOLICITO que tenga el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno por formuladas las anteriores alegaciones dentro del plazo conferido, y por manifestado todo lo expuesto, y solicitando indique, en su caso, ese Órgano lo más procedente en derecho ponderando todo lo expuesto.” Página4de 12 II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.» Por lo tanto, la ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación con información que ya existe por cuanto está en posesión de un organismo incluido en su ámbito de aplicación, bien porque él mismo la ha elaborado, bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. Según se expresa en el preámbulo de la LTAIBG, la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete econ/convenios/conveniosCCAA.html a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De acuerdo con el citado artículo 13 de la LTAIBG, cabe concluir que la información solicitada debe considerarse «información pública», puesto que obraría en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de El Casar de Escalona, que dispondría de ella en el ejercicio de las funciones que reconoce a los municipios el artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . Ejercitado, por tanto, el derecho de acceso a la información pública, en el ámbito del artículo 24 de la Ley, es función de este Consejo facilitar el acceso al contenido de la misma siempre que tenga la condición de pública y no sea aplicable alguno de los límites legalmente establecidos o exista alguna causa de inadmisión. 4. Como se ha indicado en los antecedentes, el Ayuntamiento de El Casar de Escalona considera que la solicitud que da origen a la reclamación no está motivada en un interés legítimo, contiene una petición indeterminada y que tiene carácter abusivo, obligando a destinar recursos para seleccionar los expedientes de forma aleatoria y anonimizar los datos, incurriendo en varias causas de inadmisión de la solicitud. Por lo que respecta a las causas de inadmisión alegadas, debe indicarse que, aunque la LTAIBG configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud, este derecho puede verse limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la Constitución Española– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos. En lo que respecta a la motivación de la solicitud, la LTAIBG dispone en su artículo 17.3 que no es necesario motivar la solicitud. No obstante, la motivación confesada por el solicitante servirá, en ocasiones, para ponderar la aplicación de los límites legales de acceso. Sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo, en su Sentencia de 16 de octubre de 2017, dictada en el Recurso de Casación nº 75/2017 , afirmaba que “(...) Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1. (...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información”. De ello deriva que la aplicación de una causa de inadmisión deba realizarse con carácter restrictivo, lo que implica que la administración que la considera concurrente lo justifique suficientemente. El ayuntamiento, como ya se ha indicado, ha señalado en sus alegaciones que el proceso de seleccionar los informes y de anonimizar los datos personales que contienen supone una reelaboración de la información, incurriendo en la causa de inadmisión recogida en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG , referida a la necesidad de llevar a cabo una acción previa de reelaboración para poner la documentación solicitada a disposición del reclamante. En relación con esta causa de inadmisión, este Consejo aprobó en el ejercicio de las funciones que tiene encomendadas por el artículo 38.2.a) de la LTAIBG , el criterio interpretativo CI/007/2015, de 12 de noviembre , para delimitar el alcance de la noción de “reelaboración”. El contenido de este criterio debe ser, necesariamente, completado por la interpretación que del alcance del precepto de referencia ha elaborado la jurisprudencia contencioso-administrativa. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TS:2017:3530) establece con claridad cuál ha de ser el punto de partida a la hora de aplicar lo dispuesto en el artículo 18 de la LTAIBG: la interpretación estricta, cuando no restrictiva, de las causas de inadmisión de solicitudes de información partiendo de la premisa de la formulación amplia con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información, que no permite aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho. De ahí, que el Tribunal concluya que «la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información.» Doctrina que reiterada con posterioridad en la Sentencia, de 11 de junio de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:1558) en la que se puntualiza que «la aplicación de los límites al acceso a la información requiere su justificación expresa y detallada que permita controlar la veracidad y proporcionalidad de la restricción establecida», y también en la STS de 2 de junio de 2022 (ECLI:ES:TS:2022:2272). Por tanto, lo primero que exige la inadmisión a trámite de una solicitud de acceso a la información es una motivación clara y suficiente expresa y detallada de la concurrencia de la causa de inadmisión de que se trate para poder controlar su aplicación justificada y proporcionada. Si se constata la existencia formal de esa justificación, procede verificar si existe la aducida necesidad de tratamiento previo o reelaboración. Desde esta perspectiva no puede obviarse que, tal como se puso de manifiesto en la STS de 3 de marzo de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:810) «(…) el suministro de información pública, a quien ha ejercitado su derecho al acceso, puede comprender una cierta reelaboración, teniendo en cuenta los documentos o los datos existentes en el órgano administrativo. Ahora bien, este tipo de reelaboración básica o general, como es natural, no siempre integra, en cualquier caso, la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013. La acción previa de reelaboración, por tanto, en la medida que a su concurrencia se anuda una severa consecuencia como es la inadmisión a trámite de la correspondiente solicitud, precisa que tales datos y documentos tenga un carácter complejo, que puede deberse a varias causas (…)». Entre esas causas, la citada sentencia destaca el hecho de que se tenga que realizar el tratamiento a partir de «una información pública dispersa y diseminada», que requiera de una «labor consistente en recabar, primero; ordenar y separar, después, lo que es [en el caso enjuiciado en la sentencia] información clasificada o no; sistematizar, y luego, en fin, divulgar tal información», o que la misma se encuentre en soportes (físicos e informáticos) diversos. Jurisprudencia, la reseñada, que se reitera en la STS de 25 de marzo de 2021 (ECLI:ES:TS:2021:1256) en la que se incluye en el concepto de reelaboración aquella información que, al no encontrarse en su totalidad en el órgano al que se dirige la solicitud, ha de ser recabada de otros órganos, y se remarca que no puede confundirse la supresión o anonimización de datos con un supuesto de reelaboración de la información pública. Esta jurisprudencia se aplica, entre otras, en la Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN), de 31 de enero de 2022 (ECLI:ES:AN:2022:359), en la que se pone de manifiesto que la acción de reelaboración no puede ser aducida en relación con la extracción de información de expedientes administrativos concretos identificados por el interesado, sino, en su caso, respecto de «expedientes indeterminados y sin un previo tratamiento, cuando su recopilación no haya sido emprendida por ningún órgano administrativo por iniciativa propia y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas(…)». Se confirma, así, el criterio de este Consejo de Transparencia (criterio interpretativo 7/2015) en el que se señaló que la acción de reelaboración se refiere a aquellos supuestos en los que la información debe elaborarse expresamente para dar respuesta a lo solicitado, haciendo uso de diversas fuentes de información -sin que pueda confundirse con el proceso de anonimización o con la solicitud de información voluminosa-; así como a aquellos supuestos en que la Administración requerida no dispone de los medios necesarios para extraer y explotar la información concreta que se reclama. En conclusión, a la vista de los argumentos precedentes y de la insuficiente justificación aportada por la administración, este Consejo considera que no procede apreciar la concurrencia de la causa de inadmisión incluida en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG. 5. Respecto a la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG, relativa a “información que esté en curso de elaboración o de publicación general”, en anteriores resoluciones (como por ejemplo, en la RT/0395/2021 , de 8 de septiembre de 2021), este organismo ha interpretado esta causa de inadmisión, que se refiere a “situaciones en las que la información solicitada está elaborándose -por lo que no tendría la consideración de información pública en el sentido del artículo 13 de la LTAIBG al no existir por no haber sido completada su elaboración- o bien porque está prevista, en un plazo concreto y no dilatado en el tiempo, su publicación con carácter general, es decir, en un medio cuyo acceso no esté restringido y que pueda ser conocido y usado con facilidad por el interesado que se refieran”. De manera que en este caso no se trata de información en proceso de elaboración, puesto que es información que existía con anterioridad a la presentación de la solicitud, con lo cual no se pueden acoger las alegaciones de la administración. 6. Por lo que respecta a la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG y al supuesto carácter abusivo de la reclamación, en relación con el número de expedientes del muestreo, debe señalarse que el ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia (por todas, se destaca la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (rec. núm. 1820/2000). Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Aplicada esta doctrina al derecho de acceso a la información, este Consejo, en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el art. 38.2 a), aprobó el criterio interpretativo CI/3/2016, de 14 de julio, que se pronuncia en los siguientes términos: Según numerosas sentencias (SS 14/2/86, 29/11/85, 7/5/93, 8/6/94, 21/9/87, 30/5/98,11/5/91, entre otras), el abuso de derecho: - presupone carencia de buena fe. La buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. Para la apreciación de la buena fe (ésta, según doctrina se presume) o mala fe (que debe acreditarse) hay que tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados. - impone la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos. El abuso de derecho procede cuando el derecho se ejercita con intención decidida de causar daño a otro o utilizándolo de modo anormal. Su apreciación exige que la base fáctica ponga de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y las subjetivas (ausencia de interés legítimo o voluntad de perjudicar). - El abuso viene determinado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. Una interpretación del derecho de acceso a la información pública regulado en la LTAIBG que implique un ejercicio excesivo e indiscriminado del mismo afectaría en sí mismo, perjudicándolo, el objeto y finalidad de la propia norma. Analizado el carácter abusivo según el criterio de este Consejo y la jurisprudencia este Consejo desea realizar una serie de precisiones antes de pronunciarse sobre esta cuestión. En primer lugar, la información solicitada por el ahora reclamante tiene que ver con un ámbito, el urbanismo, sobre el cual existe un evidente interés público en conocer que la actuación de las administraciones ha respetado la legalidad vigente. De igual modo, la jurisprudencia e instituciones públicas, como el Defensor del Pueblo, han insistido en la importancia de que exista transparencia en la actuación de las administraciones públicas en todo lo referido al urbanismo. Los informes solicitados por el reclamante entroncan directamente con la finalidad de la LTAIBG, expresada en su preámbulo, dado que su acceso permite conocer cómo se han tomado las decisiones públicas. En segundo lugar, este Consejo es consciente del gran volumen de actividad que supone el urbanismo para un ayuntamiento y la existencia de, como mínimo, cientos de expedientes tramitados con carácter anual. Por ese motivo, racionalizar una petición como la que es objeto de esta reclamación, reduciendo la información a suministrar, facilita la actividad del ayuntamiento y evita que se pueda paralizar su actividad en el caso de que se atienda aquélla. En relación con el carácter abusivo de la solicitud a la vista de lo argumentado por el ayuntamiento este Consejo no considera que la solicitud que da origen a esta reclamación tenga tal carácter, por las razones que a continuación se exponen. Primero, porque la puesta a disposición del reclamante de la documentación solicitada en los términos por él indicados, en principio no debe de suponer, sin menospreciar el trabajo que lleva su preparación, una paralización del “resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado”, como indica el criterio interpretativo de este Consejo. Tampoco se aprecia, ni se ha justificado suficientemente por el ayuntamiento, que la solicitud suponga un riesgo para los derechos de terceros, ni que sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Segundo, y como se acaba de destacar, la información solicitada tiene la consideración de información pública y reviste interés público, porque esos informes sustentan la actuación de una administración en el ámbito urbanístico, es decir, permiten conocer cómo se han tomado decisiones públicas. Por lo tanto, una solicitud que pretende conocer esa toma de decisiones no puede ser calificada como abusiva de acuerdo con la posición que este Consejo ha mantenido de forma reiterada en sus resoluciones. A la vista de todo lo anteriormente razonado, no concurriendo las causas de inadmisión alegadas, este Consejo considera que procede estimar a reclamación presentada. 7. Sentado lo anterior, deben analizarse las dificultades que expresa el ayuntamiento para poner a disposición del reclamante la documentación solicitada. En ese sentido en las alegaciones se indica por parte de la administración local que en algunos de los años “ni siquiera estaba aún informatizado el sistema de gestión de expedientes (Gestiona)”. Se ignora la fecha en que se realizó esa informatización, de cara a facilitar la labor del ayuntamiento sin que se produzca un menoscabo del derecho del reclamante. Sea como fuere, este Consejo considera que se debe proporcionar la documentación desde que los expedientes se encuentren informatizados en el ayuntamiento. En cuanto a la cifra concreta solicitada por el reclamante de informes, si ésta fuera excesiva para el ayuntamiento, éste deberá determinar, con criterios de proporcionalidad y con la suficiente justificación, el número de informes técnicos y jurídicos que es razonable suministrar, de manera que no se comprometa la gestión de los servicios públicos que tiene encomendados. En este caso concreto, el propio Ayuntamiento deberá determinar cuál es el número asumible de expedientes del muestreo solicitado, de manera que ése será el que deberá proporcionar. Para facilitar el cumplimiento de esta resolución se concede un plazo amplio de tiempo, 30 días hábiles, para que se pueda poner a disposición del reclamante la información solicitada de manera que no se comprometa la gestión de los servicios públicos que tiene encomendados el ayuntamiento. Se deberán disociar los datos de carácter personal, conforme al artículo 15.4 de la LTAIBG. III. RESOLUCIÓN PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de El Casar de Escalona. SEGUNDO: INSTAR al Ayuntamiento de El Casar de Escalona a que, en el plazo máximo de treinta días hábiles, facilite al reclamante la siguiente documentación, solicitada como muestreo, por medios electrónicos: - Copia de informes técnicos y jurídicos aportados a las licencias urbanísticas otorgadas desde el 15 de junio de 2015 hasta 18 de septiembre de 2022, en los términos establecidos en el fundamento jurídico 7. TERCERO: INSTAR al Ayuntamiento de El Casar de Escalona a que, en el mismo plazo máximo de treinta días hábiles, remita a este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno , la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso- administrativa. EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez