Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento actas y órdenes del día del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Gijón (1996-2017). La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, límites del art. 14 y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el derecho a la información es amplio, las normas internas no pueden limitarlo y los límites deben aplicarse caso por caso.
El ciudadano solicitó a la Universidad de Zaragoza información detallada sobre gastos e ingresos del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A). Tras una concesión parcial, el Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos de retribuciones, gastos de la nave de Alcañiz y costes de proyectos, aunque desestima el desglose de gastos de viaje.
El solicitante pidió actas y altas de empresas al Consejo Regulador de Vinos Espumosos. El Consejo Regulador del Cava denegó el acceso alegando confidencialidad y falta de titularidad de la documentación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información se refiere a un organismo ya extinguido y fue solicitada a una entidad distinta que no dispone de ella.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad copia o explicación de tres informes tratados en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información no existía documentalmente, sino que fueron comentarios orales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en el secreto de las deliberaciones.
El interesado solicitó al Ministerio de Fomento un informe de la Abogacía del Estado sobre la OPA de Abertis. Tras alegar que el procedimiento ya había concluido y que no existían riesgos económicos, el reclamante desistió de la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno al haber obtenido la información por otra vía.
Puerta Mar y Ocio, S.L. solicitó a la Autoridad Portuaria de Alicante expedientes y actas sobre la concesión ISLA MARINA. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que la administración no justificó suficientemente los límites aplicados y ordenó facilitar la información con omisiones solo si afectan realmente a intereses comerciales.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria los proyectos de construcción de la red ciclista. La administración denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad en la toma de decisiones. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación al considerar que dichos límites no están motivados ni son aplicables a este tipo de proyectos técnicos.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior informes y soportes objetivos de su calificación de 'no apto' en un proceso selectivo. Alegó que el acceso mediante visualización en pantalla era insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar copia de los documentos de trabajo de los asesores.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Salou copia de una denuncia presentada contra él. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad y protección de datos. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, reconociendo el derecho de acceso al documento por el derecho a la defensa, pero condicionándolo a la eliminación de datos de salud y de contacto del denunciante.
El solicitante pidió a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT-RCM) la publicación de exámenes y plantillas de soluciones de los últimos dos años y futuros. Alegó que otros organismos sí lo hacen para garantizar la transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por modificar la solicitud original y por considerar que la publicación excede el interés general.
El interesado solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el desglose anual (2013-2017) de los complementos por productividad de altos cargos y subdirectores generales. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era abusiva y que la información ya era pública de forma global. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es pública y necesaria para el escrutinio de la gestión de fondos.
El reclamante solicitó al Consorci València Interior acceso a diversos documentos (convenios, acuerdos, contratos y bases de cálculo de tasas). Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima la solicitud, obligando al Consorci a facilitar la información y a mejorar su publicidad activa, aunque pide al interesado concretar puntos específicos.
El Comité de Empresa de la Agencia EFE solicitó al organismo información sobre colaboradores, contratos, retribuciones y gastos. La administración denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el solicitante ejercía abusivamente el derecho de acceso para cumplir funciones sindicales, un ámbito que debe resolverse por cauces laborales específicos y no mediante la Ley de Transparencia.
El reclamante solicitó información sobre expedientes municipales y licencias al Ayuntamiento de El Campello. Tras alegar falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana dictó que, aunque la administración ya aportó parte de la información (perdiendo el objeto de la reclamación sobre esos puntos), debe facilitar la identificación del órgano competente y las autoridades responsables del expediente 122-131/2005.
Se solicitó el expediente de selección de personal de una persona específica al Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà. La administración denegó el acceso alegando que el expediente estaba siendo investigado por la OAC. La GAIP estima parcialmente la solicitud, reconociendo el acceso a la información profesional relevante, pero protegiendo datos personales desproporcionados.
El interesado solicitó el acceso al acta del Consejo de Administración de Xestur, S.A. de fecha 28/12/2017. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era genérica, abusiva y que afectaba a la confidencialidad de decisiones. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación y ordena la retroacción del expediente para que la administración concrete la información y resuelva adecuadamente.
Una ciudadana solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Zaragoza la investigación y sanción de colegiados, así como informes jurídicos sobre liberados sindicales. El Consejo de Transparencia de Aragón inadmitió la reclamación porque la solicitud no pretendía acceder a información pública, sino instar la actividad disciplinaria y resolver consultas jurídicas.
AERIS INVEST, SARL solicitó a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) información sobre la retirada de fondos del Banco Popular en junio de 2017. El solicitante alegó que la denegación fue automática y sin test de daño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información afecta a la gestión de recursos públicos confidenciales.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Valencia el acceso a la información relativa a la subvención de la ayuda de la Generalitat Valenciana para la contratación de personal. La administración denegó el acceso alegando que la información es de carácter confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana estima la reclamación al considerar que dicha información es pública.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Valencia el acceso a los datos de la cuenta de la Tesorería Municipal para verificar el estado de sus pagos. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que los datos bancarios son información confidencial. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación al considerar que los datos de la cuenta pública no son confidenciales.
Una ciudadana solicitó el expediente de reconocimientos de servicios previos de una persona fallecida a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. La administración denegó el acceso alegando que la falta de motivación de la solicitud impedía ponderar el interés público frente a la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la información previa disociación de datos personales.
Un ciudadano solicitó a la Universidad Complutense de Madrid una amplia serie de datos sobre normativa sancionadora, procedimientos, inspección y prevención de conductas como el bullying o fraude en exámenes. La Universidad alegó que parte de la información era reservada y remitió a la web. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el expediente de precio, financiación y resolución de los fármacos Idelvion y Alprolix. El Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad en la toma de decisiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la resolución final y datos no confidenciales.
Se solicitó al Ente Público de Radio Televisión Castilla-La Mancha las fechas de reunión y las actas de las Comisiones de Formación y Paritaria de 2017. La administración alegó que las actas eran documentos internos y de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, determinando que las actas de órganos colegiados son información pública.
PODEM L'ALDEA solicitó al Ayuntamiento de l'Aldea las actas de la Comisión de Seguimiento y el inventario de caminos. El Ayuntamiento alegó que las actas eran deliberantes y que el inventario estaba en elaboración. La GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: obliga a entregar las actas (previa anonimización) y desestima el inventario por ser inexistente.
PODEM L'ALDEA solicitó al Ayuntamiento de l'Aldea las actas de la Comisión de Seguimiento y el inventario de caminos. El Ayuntamiento alegó carácter deliberativo y falta de anonimización para las actas, y que el inventario estaba en elaboración. La GAIP resuelve estimar parcialmente: obliga a entregar las actas (previa anonimización) y desestima el inventario por inexistente.
La Asociación POKERCSI solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública los informes de auditoría y certificación de los generadores de números aleatorios del póker online. La Administración denegó el acceso alegando perjuicio al secreto profesional, propiedad intelectual y funciones de control. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, considerando que la divulgación de dichos informes revelaría know-how técnico y parámetros criptográficos protegidos, vulnerando los límites del art. 14 de la LTAIBG sin posibilidad de acceso parcial.
La Asociación de Internautas solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte los estudios sobre la valoración del daño por copia privada (2012-2015). La administración denegó el acceso alegando perjuicio a procesos judiciales y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el perjuicio real.
La Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir solicitó a SEIASA informes de la Abogacía del Estado sobre la anulación de repercusiones de costes. SEIASA denegó el acceso alegando carácter auxiliar de la información e inexistencia de un documento. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el informe mencionado en prensa.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior estadísticas sobre municipio y provincia de nacimiento de la Guardia Civil. Tras una respuesta con errores en los datos, el ciudadano reclamó la corrección y el acceso al municipio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales tras la rectificación de la administración.
La asociación PROMARCA solicitó acceso a las resoluciones de expedientes sancionadores contra las empresas DIA y EROSKI. Alegó que la información era necesaria para prevenir prácticas comerciales abusivas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al momento de la solicitud, las resoluciones aún no existían, por lo que no constituían información pública.
Un regidor solicitó al Ayuntamiento de l'Albiol el listado de personas y empresas con deudas municipales entre 2014 y 2016 y un informe jurídico avalador. La GAIP estima parcialmente la solicitud: reconoce el derecho al listado (incluyendo datos personales y tributarios por la condición de electo), pero deniega el informe jurídico por requerir una elaboración material no amparada por la ley.
Se solicitó a AENA, S.A. la relación de traslados (convenidos y por causa justificada) desde el año 2000 a 2017, incluyendo las razones de su concesión o denegación. El ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno tras la denegación de las causas por parte de la entidad. El Consejo desestimó la reclamación por considerar que dicha información vulnera la protección de datos personales.
Se solicitó al Ministerio de Presidencia y a la CNMC las convocatorias, órdenes del día y actas de todos los plenos de la CNMC desde 2013. La administración alegó inadmisión por ser información ya publicada y por carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de órdenes del día y actas al no ser suficiente la información web.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid la identidad de las personas que gestionaron las cuentas de Twitter y Facebook municipales en 2016 y 2017. El Ayuntamiento denegó la identificación por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el interés público no prevalece sobre la intimidad de empleados sin responsabilidad directiva.
La entidad Castañas y Buñuelos, S.L. solicitó información sobre precios, servicios y contratos de Madrid Destino (Caja Mágica y Festival Mad Cool) al Ayuntamiento de Madrid. La administración alegó confidencialidad y naturaleza privada de los contratos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por falta de motivación de los límites y por incumplimiento de plazos.
El interesado solicitó copias de las Declaraciones de Bienes y de modificación de circunstancias de los cargos electos del Ayuntamiento de Alcolea del Tajo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando la necesidad de interés legítimo, la protección de la privacidad de la localización de bienes y que el derecho de acceso no incluye la obtención de copias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Deutsche Bank AG solicitó información detallada sobre el contrato de concesión de la Autopista Eje-Aeropuerto al Ministerio de Fomento. La administración denegó el acceso alegando la judicialización por concurso de acreedores y la necesidad de elaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existía y no se acreditó daño.
El interesado solicitó al Banco de España los costes de producción de billetes fabricados por IMBISA, S.A. Tras recibir una respuesta tardía y parcial, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración respondió fuera del plazo legal establecido en la Ley 19/2013.
El interesado solicitó a RENFE-Operadora el acuerdo comercial para la sustitución de una unidad de tren por el prototipo 'Oaris'. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un secreto comercial protegido.
El solicitante pidió a AENA S.A. grabaciones de entrevistas, actas de valoración y criterios de selección de un proceso selectivo. AENA denegó las actas alegando confidencialidad en la toma de decisiones y las grabaciones por inexistencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas de valoración.
El reclamante solicitó información sobre la cuantía y el reparto de la productividad y gratificaciones extraordinarias de 2019 al Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. Alegó que la información entregada no cumplía con los criterios de identificación nominal para cargos de confianza. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haberse dictado la respuesta fuera de plazo.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales las actas, órdenes del día y convocatorias de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Tras una denegación parcial basada en la confidencialidad de las deliberaciones, la administración acabó facilitando la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno archiva el expediente por desistimiento del interesado.
Se solicitó el acceso a las actas de la Comisión de Prevención (años 2014-2016) al Ente Público Radiotelevisión de Castilla-La Mancha. La administración alegó que dicho órgano no existía y que las actas del Comité de Seguridad y Salud eran información auxiliar de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que las actas de órganos colegiados son información pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente copia de contratos de compraventa de unidades de emisión de gases con Ucrania y Estonia. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser de aplicación prevalente la Ley 27/2006 de información ambiental.
Una regidora solicitó diversos informes, audios de comisiones y expedientes de contratación al Ayuntamiento de Llíria. La administración denegó algunos por ser información en elaboración o auxiliar, y no respondió a otros. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, reconociendo el derecho de acceso y aplicando el silencio administrativo positivo para las solicitudes no contestadas.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación un listado detallado de inversiones del fondo FONPRODE (2010-2015). El interesado alegó que la denegación parcial basada en confidencialidad no estaba justificada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración proporcionó información adicional solo durante el proceso de reclamación.
El Comité de Empresa solicitó al Ayuntamiento de Badalona copia de las actas del tribunal cualificador de un proceso selectivo abierto. El Ayuntamiento se opuso alegando que el proceso estaba en curso y que no se usó el formulario específico. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de las actas pero excluyendo el contenido de pruebas aún no realizadas.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose de costes (desplazamiento, dietas y personal) de un servicio policial en la Cañada Real Galiana. La administración alegó necesidad de reelaboración y riesgos para la seguridad pública y secretos oficiales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los costes de desplazamiento y dietas.
El interesado solicitó a la Oficina Económica del Presidente del Gobierno todos los documentos elaborados por sus direcciones generales en 2016 para asistir al Presidente en política económica. Tras la denegación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la solicitud es excesivamente amplia y que el acceso podría perjudicar intereses económicos y la toma de decisiones.
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