Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social copias de quejas, reclamaciones y resoluciones formuladas por una Inspectora de Trabajo contra su persona. La Administración denegó el acceso alegando protección de datos y confidencialidad de trámites reservados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información tras anonimizar datos personales innecesarios.
La empresa Villaricos, S.L. solicitó copia del Plan de Rehabilitación de Palomares al CIEMAT. La administración denegó el acceso alegando que el plan es un documento en desarrollo y que su difusión afectaría a negociaciones internacionales y funciones de vigilancia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Competitividad información sobre la identidad de los candidatos y los criterios de selección para el puesto de director ejecutivo del Banco Mundial. El organismo de transparencia (CTBG) desestima la reclamación porque la administración ya proporcionó el número de candidatos y los criterios, y la identidad de los mismos está protegida por la privacidad.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas documentos relativos a la aprobación y comunicación de un concurso de puestos de trabajo en el INE. El INE denegó el acceso alegando que eran comunicaciones internas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al considerar que el INE debe remitir la solicitud al órgano competente.
Un funcionario de los Mossos d'Esquadra solicitó información sobre las felicitaciones públicas otorgadas al personal de su unidad entre 2010 y 2016. La administración alegó límites de seguridad y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de los datos personales y criterios de concesión, pues prevalece el derecho del interesado a controlar la discrecionalidad administrativa.
Se solicitó al Ayuntamiento de Málaga una copia de la Orden del Cuerpo nº 114/13 sobre protocolos de accidentes de tráfico. La administración denegó el acceso alegando límites de seguridad pública, vigilancia y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque el Ayuntamiento no justificó el perjuicio real que causaría la difusión del documento.
Se solicitó acceso a convocatorias, órdenes del día, actas e informes técnicos de la Comisión de Evaluación de candidaturas a Instituciones Financieras Internacionales al Ministerio de Economía y Competitividad. El recurrente alegó que la respuesta fue una mera explicación sin entrega de documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de actas, propuestas y criterios legales, pero denegando la identidad y CV de los candidatos por protección de datos.
La Comunidad de Regantes del Valle Inferior del Guadalquivir solicitó a SEIASA informes de la Abogacía del Estado y laudos arbitrales sobre costes de obras. SEIASA denegó el acceso alegando confidencialidad y secreto profesional. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que no se acreditó un daño concreto y que la información es necesaria para la seguridad jurídica.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la memoria y el informe de la Secretaría General Técnica de un anteproyecto de ley de 2006. La administración denegó el acceso alegando que la información era anterior a la Ley de Transparencia y de carácter interno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por haber sido interpuesta fuera de plazo.
Empresas sanitarias reclamaron ante el CTBG el acceso a protocolos de actuación y proyectos de gestión de contratos con la administración. Alegaron que dicha información constituía secreto comercial (know-how) y estaba sujeta a confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que los protocolos son de interés público y no constituyen secretos comerciales.
Se solicitó información sobre un proceso electoral al Colegio Oficial de Enfermería de Melilla. La reclamante alegó la desestimación de su solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación porque la información solicitada es parte de un procedimiento administrativo (recurso de reposición) en curso, siendo aplicable la normativa de procedimiento administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo información sobre los nombramientos de la Comisión Asesora de Destinos en el Exterior, desgloses por sexo y actas de reuniones. La administración denegó el acceso alegando reelaboración, carácter auxiliar y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar actas, motivación y datos de género.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre procedimientos de interrupción de pagos en proyectos FEDER y el borrador de un informe de auditoría. Tras la denegación del Ministerio por inadmisión y límites de confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando que la información sobre proyectos requiere una reelaboración excesiva.
El interesado solicitó información sobre la auditoría de la Autopista del Mar (Gijón-Nantes) y un listado de auditorías de Puertos del Estado (2010-2015) al Ministerio de Fomento. La administración alegó confidencialidad por acuerdos internacionales y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que las auditorías no son confidenciales.
El interesado solicitó acceso a su expediente administrativo personal al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Tras la denegación de la administración alegando protección de datos, el recurrente presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la inadmite a trámite por falta de competencia, al corresponder dicha facultad a la Comisión de Transparencia de Castilla y León.
Se solicitó copia del inventario y valoración de activos del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia a la Consejería de Fomento e Infraestructuras. La administración no respondió, incurriendo en silencio administrativo. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación porque la cuestión ya está siendo ventilada y resuelta en sede judicial.
El solicitante pidió al Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España copia de las comunicaciones y notificaciones sobre un proceso electoral del CODEPA. La administración alegó que la información no era pública y que el proceso estaba sujeto a su propia regulación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
Se solicitó al Colegio Oficial de Enfermería de Santa Cruz de Tenerife información sobre candidaturas y acuerdos del proceso electoral. El Colegio alegó falta de legitimación, mala fe y límites de confidencialidad. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima la reclamación por ser el proceso electoral una actividad sujeta a derecho administrativo.
Se solicitó al Ministerio de Fomento el expediente completo del proyecto de prolongación del acceso al Puerto Exterior de A Coruña (hasta agosto de 2015). La administración denegó el acceso alegando protección de datos, confidencialidad en la toma de decisiones, información auxiliar y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación parcialmente.
Se solicitó acceso a los órdenes del día (índices verde y rojo) de las reuniones del Consejo de Ministros y de la Reunión de Secretarios de los años 2014 y 2015 al Ministerio de la Presidencia. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad en los procesos de decisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el orden del día no vulnera el secreto de las deliberaciones.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la identidad de los altos cargos sujetos a expedientes sancionadores y los motivos de dichas sanciones. La recurrente alegó la necesidad de transparencia y rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información contenía datos de infracciones que no conllevaban amonestación pública.
El interesado solicitó el expediente íntegro del anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Tras una denegación parcial alegando que la documentación era auxiliar o de apoyo y que estaba en curso de elaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la información debe ser protegida hasta la aprobación del texto.
Se solicitó al IDAE el detalle individualizado de cada operación de compraventa y achatarramiento vinculada a los Planes PIVE desde 2012. El IDAE denegó el acceso alegando reelaboración, carácter abusivo y afectación a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva por su volumen y falta de justificación.
El interesado solicitó acceso a los archivos de la Ayudantía Mayor de la Escuela Naval Militar de Marín para localizar un documento de 1989 relacionado con su jubilación. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era genérica y que el documento no consta en sus archivos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por falta de objeto material.
El solicitante pidió al Ministerio de Industria, Energía y Turismo los motivos por los que no se incluyeron ciertas vacantes de Consejero en la convocatoria ordinaria de 2016. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información no era un documento existente y que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
El reclamante solicitó información y copia de una reunión y un informe sobre la posible activación de la tercera fase de servicios de seguridad en centros penitenciarios al Ministerio del Interior. La administración denegó el acceso alegando seguridad pública e información preparatoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir ambos límites.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación el acceso a las actas de las sesiones de la Junta de la Carrera Diplomática desde septiembre de 2015. El reclamante alegó que la información es pública y que el interés público debe primar sobre la confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por protección de datos personales.
El interesado solicitó acceso al expediente completo de la obra del nuevo enlace en la AC-415 con el puerto de A Coruña al Ministerio de Fomento. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos, confidencialidad en la toma de decisiones, información auxiliar y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Consell Interuniversitari de Catalunya el algoritmo de selección de tribunales correctores de las PAU y el DNI de los candidatos. El solicitante alegó que la información es necesaria para controlar la legalidad del proceso. La GAIP estima las reclamaciones, obligando a entregar el algoritmo y los últimos cuatro dígitos del DNI por razones de transparencia y derecho de defensa.
Se solicitó al Consell Interuniversitari de Catalunya el DNI de los candidatos y el algoritmo de selección de tribunales correctores de las PAU. El solicitante alegó que la información era necesaria para controlar la legalidad del proceso. La GAIP estima las reclamaciones, obligando a entregar las últimas cuatro cifras del DNI y la descripción del algoritmo.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de la Presidencia un listado detallado de solicitudes enviadas por el Portal de la Transparencia. La administración denegó parte de los datos alegando que requerían una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al haberse facilitado información adicional durante el trámite.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Lleida el detalle de denuncias y sanciones archivadas entre 2010 y 2015, incluyendo la identificación de cargos públicos. El Ayuntamiento alegó dificultades técnicas y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de los datos anonimizados y una lista nominal restringida de los cargos públicos.
Se solicitó a la Universidad de Zaragoza los nombres y direcciones profesionales de los miembros de un tribunal de acceso a la universidad. El Consejo de Transparencia de Aragón desestimó la reclamación, al considerar que, aunque es información pública, prevalece la protección de datos personales y la garantía de confidencialidad en la toma de decisiones para futuros procesos, frente al interés particular del solicitante.
Un sindicato solicitó al Ministerio del Interior el número de funcionarios con prórroga de servicio activo hasta los 70 años, desglosados por cuerpo, puesto y centro. El Ministerio denegó el desglose detallado alegando riesgo de identificación de los empleados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información ya facilitada es suficiente.
Se solicitó información detallada sobre un convenio ferroviario en Navia (convenio, expedientes de contratación e inversiones) al Ministerio de Fomento (ADIF). El interesado alegó silencio administrativo sobre varios puntos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información relativa a la inversión ejecutada y reclamada.
Se solicitó a la Universidad de Oviedo información académica (notas, convocatorias), quejas sobre una profesora, cambios de grupo y sus retribuciones. El reclamante impugnó la respuesta por considerarla genérica e insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación: considera que los datos académicos requieren reelaboración, que las quejas no existen y que las retribuciones están protegidas por privacidad.
El interesado solicitó certificaciones literales de actas al Colegio de Economistas de Valencia. Ante la denegación por secreto de las deliberaciones, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG inadmitió la reclamación por falta de competencia, indicando que el órgano competente es el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Catalunya informes de evaluación académica (notas y aprobados) de centros de FP de grado medio en Granollers y Barcelona. La administración denegó el acceso alegando reserva legal y protección de menores. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información anonimizada no vulnera derechos y debe facilitarse si ya existe en los centros.
Se solicitó al Servei Català de la Salut (CatSalut) la retribución del personal directivo del Hospital Plató. El ciudadano alegó que la entidad privada supera el 25% de volumen de negocio público y que la denegación carecía de base legal. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información es pública al ser la entidad una gestora de servicios públicos con alta financiación pública.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento el pliego de condiciones de una licitación de trenes de alta velocidad. La administración denegó el acceso alegando que era un procedimiento restringido y confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, reconociendo el derecho de acceso, aunque suspendió su ejecución por la interposición de un recurso judicial.
El interesado solicitó informes sobre el seguimiento radiológico, sanitario y ambiental de Palomares al CIEMAT. El organismo denegó el acceso alegando funciones de vigilancia y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada tiene carácter ambiental, por lo que debe tramitarse bajo la normativa específica (Ley 27/2006).
La Alcaldía de Xixona solicitó a VAERSA la escritura de modificación del protocolo societario y el informe de valoración de acciones de la mercantil Reciclatges i Compostatges Pedra Negra, S.A. VAERSA denegó el acceso alegando autonomía de la voluntad y protección de intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación.
Representantes sindicales solicitaron al Ministerio de Sanidad el desglose detallado (nombre, puesto, nivel, etc.) de las retribuciones por productividad y gratificaciones de los funcionarios. La administración entregó los importos totales pero no el desglose personal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la respuesta inicial era conforme a lo solicitado.
Se solicitó a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) la estadística de declarantes de IRPF desglosada por municipios españoles entre 2007 y 2014. El recurrente alegó que la información era global y no permitía la identificación de personas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información requerida exigiría una labor de reelaboración.
El interesado solicitó al Presidente del Gobierno las agendas, actas y registros de todas las reuniones de los altos cargos ministeriales. La Presidencia denegó el acceso alegando que solo existe la agenda institucional de la Moncloa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no está sistematizada y que el acceso se ve limitado por la protección de datos.
El interesado solicitó información sobre el estado de un procedimiento y copia de informes al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La administración denegó el acceso alegando que la documentación era información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal.
Se solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las agendas y registros de reuniones de sus altos cargos. La administración denegó el acceso alegando que no existe una regulación de agendas de altos cargos y que la única información pública disponible es la de la web de La Moncloa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por la falta de sistematización de la información.
El ciudadano solicitó las agendas y registros de reuniones de los altos cargos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El Ministerio denegó el acceso argumentando que solo existe la agenda institucional de La Moncloa y que no hay obligación de sistematizar agendas de altos cargos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia el acceso a las agendas y registros de reuniones de sus altos cargos. La administración denegó el acceso alegando que no existe información pública más allá de la agenda institucional de la Moncloa y que no hay regulación de agendas para altos cargos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a las agendas de trabajo y registros de reuniones de sus altos cargos. La administración denegó el acceso alegando que no existe obligación legal de llevar tales agendas y que la información disponible es la de la web de La Moncloa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación debido a la falta de sistematización de dicha información.
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