Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó a la AEPD documentos e informes sobre investigaciones y sanciones relacionadas con Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp). La AEPD respondió que no tiene competencia (corresponde a Irlanda) y que las preguntas requerían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando que el derecho de acceso no permite solicitar informes ad hoc.
El interesado solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el programa informático que calcula las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. La Administración denegó el acceso alegando que la información ya era conocida mediante la fórmula legal y que entregarlo supondría una reelaboración compleja y riesgos de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del algoritmo específico.
El interesado solicitó a la TGSS una certificación administrativa detallada sobre boletines de reclamación de deuda por diferencias de deducciones entre 2019 y 2025. El reclamante alegó que la información ya existe en registros administrativos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación porque la solicitud no pide acceso a información pública preexistente, sino la creación de un nuevo documento (certificación).
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre los motivos por los que no se cumple el artículo 134.3 de la Constitución respecto a los Presupuestos Generales. Tras la inadmisión de la administración por no ser información pública, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por no versar sobre una solicitud de información pública.
El solicitante pidió a la CNMC análisis, informes y respuestas sobre el impacto de una fusión en el mercado de telecomunicaciones. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y buscaba informes ad hoc. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que concurren el carácter abusivo del derecho y la falta de finalidad de transparencia.
Se solicitó información detallada sobre la gestión de animales abandonados y gatos comunitarios al Ayuntamiento de Pilas. El reclamante alegó falta de respuesta tras el transcurso del plazo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación debido a la existencia de silencio administrativo y la falta de fundamento para las causas de inadmisión alegadas.
El reclamante solicitó a RENFE el número de pasajeros que viajan con mascotas desglosado por años (2015-2024). La administración inadmitió la solicitud alegando que requiere una reelaboración compleja y que la información no es pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la obtención de los datos exigiría una labor de procesamiento excesiva y no fiable.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Eibar un listado detallado de bienes inmuebles municipales (tipo, dirección, uso y adscripción). Ante la respuesta parcial del Ayuntamiento, que alegaba la necesidad de reelaborar la información, el reclamante interpuso reclamación. La Comisión Vasca de Acceso a la Información estima parcialmente la reclamación al considerar que no hubo motivación suficiente.
Un ciudadano solicitó estadísticas detalladas sobre traslados, ocupación y coordinación en centros penitenciarios al Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco. El Departamento inadmitió la solicitud alegando que los datos requerían una reelaboración excesiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación al considerar que la administración justificó técnicamente la necesidad de dicha reelaboración.
El interesado solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el número de nacionalizaciones por decreto (2015-2024) desglosadas por país y año. Tras un silencio administrativo inicial, el Ministerio respondió ofreciendo acceso parcial y denegando el resto por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación.
El reclamante solicitó a la AEAT estadísticas detalladas sobre la tramitación de solicitudes de transparencia y peticiones de derecho de petición. La AEAT facilitó parte de la información pero inadmitió otras alegando que requerían una reelaboración compleja por falta de parametrización en sus bases de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar justificada la inadmisión.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número de cartas recibidas por el Ministro desglosado por mes y año. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la inadmisión total es desproporcionada y que debe facilitarse la información que no requiera reelaboración compleja.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el desglose mensual de ingresos por multas de dos radares específicos. La DGT denegó el acceso alegando que requiere una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la tarea de extraer y procesar dicha información desglosada supone una labor de reelaboración desproporcionada.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el detalle de médicos inhabilitados o sancionados registrados en el REPS. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en fase de implementación y que su entrega supondría una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación parcialmente, ordenando la entrega de los datos pero sin los detalles que permitan la reidentificación.
Se solicitó información sobre empleados públicos de la Delegación de Sevilla y estadísticas de dependencia a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. El recurrente alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía resolvió declarar la terminación por pérdida de objeto en tres puntos y la inadmisión de un cuarto por no ser información pública.
El reclamante solicitó a ENAIRE el análisis jurídico que justifica el tratamiento tributario de los abonos del Complemento del Puesto de Trabajo (CPT). La administración inadmitió la solicitud alegando que la información no existe como documento específico (requeriría reelaboración) o es información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia información detallada sobre indemnizaciones por prisión provisional indebida, incluyendo expedientes individuales, estadísticas y criterios internos. El Ministerio denegó el acceso a datos personales y calificó la petición de criterios como una 'consulta'. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar los criterios y protocolos si existen.
El reclamante solicitó a la Dirección General de la Policía acceso al código fuente de las librerías de código abierto utilizadas en la aplicación MiDNI. La administración denegó el acceso alegando riesgos de seguridad y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que revelar el inventario de dependencias y versiones compromete la seguridad del sistema.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información detallada sobre la gestión de fondos MRR, incluyendo listados de beneficiarios y auditorías. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que requeriría un análisis complejo de 1.700 expedientes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la petición constituye una reelaboración excesiva.
Se solicitó información estadística detallada sobre clases de religión y profesores en centros educativos a la Consejería de Educación de Castilla y León. Tras una denegación presunta por silencio, la administración dictó una resolución expresa de inadmisión. La Comisión de Transparencia de Castilla y León resuelve que la reclamación ha perdido su objeto al existir ya una resolución firme.
El interesado solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores el número de españoles repatriados entre 2015 y 2024, junto con los importes cobrados y gastados por año. El Ministerio inadmitió la solicitud por requerir una acción previa de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información está dispersa en diversos órganos y oficinas consulares.
Se solicitó al Ministerio del Interior el expediente, criterios y precedentes de una concesión de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. El interesado alegó que se denegó el acceso al currículum de la condecorada por protección de datos, se impuso una inadmisión por reelaboración sobre precedentes y no se respondió a una duda sobre la omisión en la referencia del Consejo de Ministros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando el acceso al CV anonimizado y a los precedentes, pero desestima el punto sobre la consulta de motivos.
Un licitador excluido solicitó a Renfe Operadora facturas detalladas y justificantes de servicios de taxi para fiscalizar un contrato. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho, reelaboración, falta de carácter público e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no acreditarse ninguna de las causas de inadmisión ni el límite alegado.
Se solicitó al Ayuntamiento de Ibahernando presupuestos (2020-actualidad), información sobre la partida de festejos de 2020 y datos de retribuciones y bienes de la corporación municipal. La administración denegó el acceso alegando que la información ya era pública o que requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Maracena copia de cuatro sentencias judiciales específicas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la solicitud requería una reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la pérdida de objeto tras la entrega parcial de las sentencias durante el procedimiento.
Un ciudadano solicitó una ingente cantidad de información sobre contratación, economía, personal y urbanismo al Ayuntamiento de Sondika (2020-2025). La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva y requerir reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación porque el recurso de reposición previo ya agotó la vía administrativa.
El reclamante solicitó a la Universidad del País Vasco (EHU) información detallada sobre la plantilla de personal eventual (nombres, funciones, costes y delegaciones) de los últimos 10 años. La EHU alegó que la solicitud era abusiva y requería reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó parcialmente la solicitud, ordenando el acceso a datos ya publicados y desestimando los que requerían elaboración excesiva.
El Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública el presunto silencio administrativo de Osakidetza respecto a la situación de su categoría y la gestión de listas de contratación. La Comisión estimó parcialmente la reclamación al considerar que Osakidetza ha respondido a la cuestión planteada, aunque la información requiere mayor precisión.
El solicitante pidió al CIS el desglose de respuestas literales y sus categorías de codificación de los barómetros de 2025. El CIS denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración y carga de trabajo desproporcionada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existe y que su entrega es necesaria para fiscalizar el rigor metodológico.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una serie de documentos y respuestas sobre la gestión de fondos europeos (RRF), contratos ferroviarios y el caso Air Europa. El Ministerio inadmitió las solicitudes por ser abusivas, auxiliares y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las peticiones.
El interesado solicitó a Correos Express el número de trabajadores de reparto asignados al código postal 28012 desglosado mensualmente. La administración alegó que la información no existe tal cual y requiere reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no haberse respondido a la entidad solicitada y al considerar que la información podría entregarse parcialmente.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Roque información sobre si unas plazas de aparcamiento cumplen con las ordenanzas municipales. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque, tras la queja, el Ayuntamiento anuló su inadmisión y emitió informes técnicos que responden a la cuestión planteada.
El solicitante pidió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el procedimiento para detectar fraudes en la Ley Trans y el número de casos detectados por comunidad autónoma. El Ministerio inadmitió la solicitud por requerir una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información está dispersa en miles de registros civiles.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda datos agregados y desglosados sobre superávit y remanentes de tesorería de corporaciones locales (2015-2024). El Ministerio facilitó enlaces a portales con la información disponible. El reclamante impugnó alegando que la administración debe realizar la labor de compilación. El CTBG desestimó la reclamación por considerar que la solicitud requiere una reelaboración compleja.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad el número anual de alertas enviadas por el REPS al sistema IMI entre 2016 y 2025, desglosadas por profesión y tipo de sanción. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja y que el registro está en fase de implantación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó datos estadísticos de repartos por código postal a Correos Express. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. La entidad matriz (Correos) alegó que ya había respondido a una solicitud idéntica denegándola por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la respuesta de la matriz no cubre a la filial y la denegación es insuficiente.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó datos detallados sobre viviendas de alquiler con protección en la Comunidad Valenciana a la Vicepresidencia Primera y Consellería de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. La administración alegó que la información requeriría una investigación histórica y reelaboración de datos. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación.
El interesado solicitó al COSIT-León el listado de secretarios colegiados desde 2020 hasta la fecha. Ante la falta de respuesta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar el listado de colegiados a la fecha de la solicitud original, pero denegando la evolución histórica por requerir una reelaboración de la información.
El interesado solicitó a la Universidad de León datos desglosados por años (2016-2024) sobre plazas de PDI convocadas, categorías y cupos de discapacidad, además de porcentajes de personal con discapacidad. La Universidad remitió enlaces y un resumen, alegando que la petición concreta requería reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León desestimó la reclamación.
Un representante de propietarios de una finca solicitó al Ayuntamiento de San Cristóbal de Segovia el justificante de consignación de importes de una expropiación y un listado de propietarios con sus porcentajes de titularidad. El Ayuntamiento denegó el listado alegando necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al no acreditarse tal complejidad.
El solicitante pidió al Ministerio de Igualdad información sobre incidencias en el sistema de pulseras antimaltrato y el cambio de empresa adjudicataria. El Ministerio denegó el acceso a informes y notas alegando que eran documentos auxiliares o de apoyo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de informes técnicos y de gestión.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior un listado de circulares y disposiciones internas de la Dirección General de la Policía desde 2010 sobre materias laborales y sindicales. La administración denegó parcialmente alegando la necesidad de una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la labor requerida es una identificación simple y no una reelaboración compleja.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad estadísticas anuales (2016-2025) sobre alertas y notificaciones de suspensiones o inhabilitaciones de médicos. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja (art. 18.1.c LTAIBG) y que el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios está en fase de implantación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó a la Viceconsejería de Salud y Consumo el número de solicitudes de puestos de libre designación en 2024, desglosadas por sexo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación, validando la inadmisión de la parte solicitada por requerir una reelaboración excesiva (análisis manual de expedientes) y admitiendo la entrega de los datos de adjudicatarios.
El interesado solicitó estadísticas y datos sobre el funcionamiento del servicio de transparencia del Ayuntamiento de Estepa durante 2024. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, al no haberse acreditado el esfuerzo de búsqueda ni alegado causas legales para la denegación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Aspe el desglose de animales (gatos y perros) ingresados en la protectora concertada durante 2023 y 2024, junto con sus registros. La administración alegó que la información no estaba disponible y requería reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación, indicando que el Ayuntamiento debe obtener los datos de la concesionaria.
El reclamante solicitó a la AEAT datos desglosados sobre sanciones y tributos relacionados con criptomonedas (2023-2024). La AEAT inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración desproporcionada de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la administración no cumplió con los plazos y la integridad de la respuesta inicial.
El reclamante solicitó a la AEAT datos estadísticos sobre inspecciones paralelas a autónomos (2015-2024). La AEAT inadmitió la solicitud alegando que requería una labor de reelaboración técnica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración no respondió en el plazo máximo legalmente establecido.
El interesado solicitó documentos históricos (TC1, TC2, L03 y fichas físicas) sobre sus cotizaciones a la Seguridad Social de los años 1991-1995. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja y que la solicitud es repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la tarea de extracción es desproporcionada.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Marbella un listado de fechas de actas de inspección/denuncia y fechas de inicio de expedientes de infracción urbanística desde enero de 2024. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación por falta de justificación de las causas de inadmisión.
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