Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El interesado solicitó al Ministerio de Igualdad microdatos detallados de las llamadas al número 016 (ID, perfil del llamante, duración, ubicación y desgloses municipales). La administración inadmitió la solicitud por requerir una reelaboración previa y por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada requiere una labor de confección no amparada por el derecho de acceso.
Una asociación solicitó información extensa sobre relaciones, convenios y registros entre la Xunta de Galicia y diversas entidades de Uruguay entre 2013 y 2020. La Secretaría Xeral da Presidencia denegó gran parte por requerir reelaboración y ser una solicitud abusiva. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación al confirmar que la solicitud es excesiva y desvirtúa la finalidad de la ley.
El reclamante solicitó a la Comunidad de Madrid acceso a las anotaciones de los miembros de un tribunal, cuestionarios no publicados y actas de sesiones de procesos selectivos. La administración denegó el acceso alegando protección de datos y falta de existencia de documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de las actas previa disociación de datos personales.
Miembros del Consell d'Administració de la EMT y regidores del Ayuntamiento de Valencia solicitaron documentación relativa a una investigación por presunto fraude. La EMT alegó inexistencia de documentos, falta de relación con el objeto y vulneración de derechos fundamentales. El Consell de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho al acceso.
El solicitante pidió las actas de reunión del tribunal del Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Alegó irregularidades en el proceso selectivo para reforzar una impugnación judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser el solicitante interesado en un procedimiento administrativo en curso.
El interesado solicitó al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos el acta completa de dos sesiones de la Junta de Gobierno. El Colegio denegó el acceso a las deliberaciones basándose en jurisprudencia sobre el carácter reservado de los votos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación e insta a entregar los acuerdos, excluyendo opiniones personales y datos privados.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama copias digitales de diversos expedientes urbanísticos e inspecciones desde 2010. La administración denegó el acceso alegando que la solicitud era desproporcionada y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud tiene un carácter abusivo e injustificado.
Una sección sindical solicitó al Consorci Provincial de Bombers de València diversos datos sobre ocupación, complementos de productividad, expedientes de segunda actividad, formación y becarios. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los puntos 1, 2, 3, 5 y 8, pero desestima el punto 10 por ser excesivamente amplio.
El Colegio Profesional de Delineantes de Madrid solicitó al Ayuntamiento de Móstoles los nombres, DNI, tipo de contrato y lugar de trabajo de los delineantes municipales. La administración denegó el acceso alegando la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud, ordenando entregar nombres, condición laboral y ubicación, pero denegando los DNI.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes y ADIF información sobre la nueva fecha de finalización, motivos de retraso e indemnizaciones de un proyecto ferroviario en Murcia, así como la solicitud de ampliación de plazos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no facilitada no existe y no hay controversias contractuales.
El reclamante solicitó copia electrónica de un expediente urbanístico al Ayuntamiento de Gozón. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho, falta de finalidad legítima y posible vulneración de la intimidad de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública y ordenó al Ayuntamiento facilitar los documentos.
La Asociación para la Defensa y Protección del Campo Comunal de El Granado solicitó al Ayuntamiento de El Granado información sobre un proyecto de aguas y datos de titularidad registral de terrenos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar datos registrales y plazos del proyecto, pero deniega la solicitud de un informe relacional.
El reclamante solicitó acceso a la Carta Arqueológica a la Consejería de Turismo y Cultura de Murcia. Tras una denegación inicial por silencio, la Administración concedió el acceso mediante una Orden, pero limitándolo a personas físicas. El recurrente alegó que la información debía facilitarse a la entidad jurídica y de forma directa. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación.
La reclamante solicitó al Ministerio de Justicia información formal sobre un expediente administrativo (inicio, autoridad y comunicaciones internacionales). Tras el silencio administrativo inicial, el Ministerio denegó el acceso alegando confidencialidad y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información afecta a la intimidad de menores.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid los resultados desglosados por centro (no anonimizados) de las evaluaciones de tercer curso de primaria del curso 2018/19. La administración denegó el acceso para evitar clasificaciones entre centros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar correcta la denegación.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Parla información urbanística (licencia de obra, titulares, tasas y licencia de vado) de un inmueble. Tras la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el justificante de la tasa y la licencia de vado, pero desestimando la licencia de obra por inexistencia de objeto.
El reclamante solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria información sobre el Máster de Acceso a la Abogacía y el funcionamiento de sus comisiones. La administración denegó el acceso alegando que no era actividad administrativa, que la petición era abusiva y que la información era confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
D'acord amb l'Informe (o Memòria) explicatiu del Conveni del Consell d'Europa sobre l'Accés als Documents Públics, la GAIP ve entenent que el límit de l'article 21.1.b protegeix el desenvolupament eficaç i la bona finalitat dels procediments d'investigació i sanció d'infraccions, per exemple evitant que els eventuals responsables puguin escamotejar o destruir proves incriminatòries. En conseqüència, no té cap sentit aplicar aquest límit a procediments sancionadors que ja han finalitzat, com és el cas dels que ens ocupen. El límit de la confidencialitat a què es refereix l'article 21.1.c LTAIPBG no és d'aplicació directa en virtut d'aquest únic precepte, sinó que requereix el seu establiment específic per una norma amb rang de llei, al marge de o addicionalment a l’LTAIPBG. No concorre en aquest cas el límit de la confidencialitat de l'article 21.1.c LTAIPBG, ni l'eventual confidencialitat que podria deduir-se'n dels articles 57.2 de la Llei 13/1989, 13 i 53.2.b LPAC i 133 LCSP i, en conseqüència, és procedent rebutjar les al·legacions que els invoquen, en la mesura que ho fan. La difusió en els mitjans de comunicació social d'informació assenyalant que una relació de residències geriàtriques determinades ha estat sancionada per l'Administració, difusió que a més es presenta, d'acord amb el manifestat per algunes al·legacions, a títol d'expressar la fiabilitat del servei que presten, sens dubte pot posar en dubte la solvència professional de les residències afectades i sens dubte perjudicar la seva reputació i en molts casos la comercialització dels seus serveis, previsiblement sensibles a notícies d'aquest tipus. Tampoc no és qüestionable que l'esmentat límit té una sòlida base legal en els preceptes citats en el paràgraf anterior. Si bé l’LTAIPBG no inclou expressament al seu article 21 el límit dels interessos econòmics i comercials, les administracions de Catalunya no poden desconèixer un dret que la legislació bàsica de transparència i accés a la informació pública reconeix a les empreses i altres operadors econòmics, dret que efectivament i implícitament forma part dels drets privats legítims que protegeix el límit de l'article 21.1.f LTAIPBG. La informació a què es refereix la sol·licitud és de sancions a “residències”, de manera que l'única referència identificativa que haurien de contenir és la del nom de la residència; és cert que a partir d'aquesta denominació es pot arribar a la del titular del centre, però resulta que el titular sol ser (a la GAIP no li consta cap excepció en la llista d’unes 200 residències sancionades per la Generalitat en el període indicat per la sol·licitud) una persona jurídica. Per tant, l'eventualitat que amb la divulgació del nom de la residència es pugui connectar amb responsabilitats infractores de persones físiques és decididament remota, ja que amb la mera indicació de la residència sancionada la informació accessible al públic a tot estirar permetria deduir (i no amb seguretat, doncs no poden descartar-se transmissions de la titularitat, com es veurà seguidament) una eventual responsabilitat de persones jurídiques i d'allà intentar valorar responsabilitats de persones físiques seria especular sense fonament. L'article 99.4 de la Llei 12/2007 no estableix pròpiament un règim d'accés especial, que almenys requeriria una regulació més completa d'aspectes procedimentals i substantius per regular l'accés a la informació i, en canvi, el que ofereix aquest precepte és una mera al·lusió puntual, que ni de lluny no constitueix pròpiament un règim d'accés especial. A més, l'establert per l'article 99.4 de la Llei 12/2007 no es refereix pròpiament a l'accés a informació pública (que és del que parla la disposició addicional 1a.2), sinó a publicitat activa en matèria de sancions. En la lògica de l’LTAIPBG, publicitat activa i accés a la informació pública són institucions clarament diferenciades, amb règims jurídics substancialment diferents, regulats respectivament als títols II i III de la llei, de manera que difícilment pot complir funcions de “règim d'accés especial” remès per la disposició addicional 1a.2 un precepte com l'article 99.4 de la Llei 12/2007, que únicament regula una qüestió concreta de publicitat activa. Les sancions tramitades o imposades amb anterioritat a l'entrada en vigor de l’LTAIPBG són susceptibles de ser objecte del dret d'accés a la informació pública exactament en la mateixa mesura que les imposades estant en vigor l’LTAIPBG, de manera que s'han de rebutjar les al·legacions que invoquen la imposició de la sanció amb anterioritat a aquesta llei com a motiu d'inadmissió o desestimació de la Reclamació. L'eventual satisfacció de la sol·licitud d'informació pública de la qual deriva la Reclamació causaria perjudicis almenys en l'àmbit reputacional econòmic i comercial de les residències i entitats afectades (fonament jurídic 6). En aquest context dels efectes reputacionals i, per tant, comercials i econòmics de les residències i empreses afectades, sembla com a mínim exigible que les sancions de les quals s'informi la residència afectada siguin fermes, no mereixent aquest qualificatiu sens dubte les que hagin estat revocades administrativament o judicialment, ni tampoc les que són objecte de recursos administratius o judicials no resolts i que, per tant, són encara susceptibles de revocació. Qualificar l'eventual divulgació de la informació sol·licitada com una mesura sancionadora és senzillament una desmesura o un despropòsit. Certament, i així ha quedat reflectit en fonaments jurídics anteriors, aquesta divulgació podria provocar danys i perjudicis en la reputació i en els interessos econòmics i comercials dels centres afectats i de les empreses titulars dels mateixos, i això és una cosa que s'ha de tenir en compte a l'hora de resoldre la present Reclamació. Però aquestes conseqüències en res no s'assemblen a la imposició d'una sanció administrativa, per més que algunes empreses o residències les percebin com unes mesures negatives per a la seva activitat. Si bé no es pot negar que la divulgació de la informació pública sol·licitada causaria perjudici en els interessos econòmics i comercials i en altres aspectes de la reputació d'algunes de les residències afectades, i de retruc a les empreses i entitats titulars de les mateixes, no és acceptable que perjudicis similars es connectin a tot el sector de les residències geriàtriques i que causin una inquietud i desconfiança generalitzada per part de pacients i altres persones interessades. En pura lògica, més aviat és de suposar el contrari: que l'existència de sancions a residències geriàtriques doni principalment la idea d'una Administració que controla efectivament les prestacions del sector garantint els mínims de qualitat requerits per l'ordenament jurídic. La difusió de les residències sancionades, si bé pot causar perjudici en els interessos de les afectades, serveix als interessos de les persones usuàries dels seus serveis i indirectament a les residències que funcionen correctament, o que almenys no han estat sancionades, la qual cosa suposa la majoria de residències, ja que el nombre de residències sancionades en quatre anys, al voltant de dues-centes, és una proporció ínfima en un sector que suma més de cinquanta mil centres. Un altre factor a considerar és que en aquest cas la persona que sol·licita la informació pública és periodista i la sol·licita en exercici de la seva professió, es pot suposar que per difondre-la en un mitjà de comunicació social, com posen de manifest algunes al·legacions. En aquestes circumstàncies, la sol·licitud d'informació no només s'empara en el dret d'accés a la informació pública, sinó també en el dret d'informació de l'article 20 de la Constitució, essencial en tota societat democràtica, fet que reforça i vigoritza el dret exercit. Precisament per la rellevància que té la responsabilitat infractora en debilitar la posició dels interessos econòmics i socials de la residència infractora en la seva ponderació amb els drets d'accés a la informació pública i d'informació, els resultats d'aquesta ponderació s'han de matisar sensiblement en aquells casos en els quals s'ha produït un canvi en la titularitat de la residència. Encara que allò sol·licitat és la residència sancionada, la difusió de la seva identitat perjudica també a l'empresa o entitat titular d'aquesta, que haurà suportar els eventuals desprestigis, pèrdues o minoracions resultants de la divulgació de la informació sol·licitada. Si l'empresa o entitat en qüestió perjudicada per la difusió de la sanció és la mateixa que la que era titular i responsable del centre en el moment de la seva imposició, la correlació entre responsabilitat i les seves conseqüències és inqüestionable; però si s'ha produït una transmissió de la residència després d'haver estat sancionada, la nova titular del centre segurament no té cap responsabilitat en els fets infractors, fet que la situa en una posició jurídica substancialment diferent a l'hora de valorar la integritat en la qual han de ser tinguts en compte els seus interessos econòmics i comercials. En aquests casos de canvi de titularitat de la residència sembla desproporcionat que el nou titular hagi de patir les conseqüències negatives d'una infracció en la qual no va tenir cap responsabilitat; en conseqüència, és pertinent que en aquests casos la informació sol·licitada es faciliti només parcialment, ometent el nom de la residència sancionada. No pot divulgar-se la informació a la qual dona accés aquesta Resolució abans que transcorri el termini de dos mesos a comptar des de la data de la notificació de la Resolució a les empreses i entitats indicades pel paràgraf anterior i que només podrà divulgar-se a partir d'aquell moment si no hi ha constància que hagin formulat un recurs contenciós administratiu contra aquesta Resolució amb petició d'una mesura cautelar de suspensió de la Resolució impugnada. En aquest sentit, se les requereix que facilitin puntualment aquesta informació a la GAIP i se les informa que si l'endemà d'haver vençut el termini per impugnar aquesta Resolució no acrediten a la GAIP la presentació del recurs contenciós administratiu pertinent, amb petició de mesura cautelar de suspensió, aquesta Comissió donarà instruccions al DTASF perquè procedeixi a facilitar l'accés a la informació estimada relativa a les residències afectades per aquest fonament jurídic en el termini màxim de 15 dies.
El interesado solicitó documentación sobre el Plan Parcial "La Atalaya Real" a la Comunidad de Madrid. Alegó que la administración no le había entregado los documentos vigentes y aprobados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la administración ya había facilitado toda la información disponible en sus archivos.
El solicitante pidió a la Corporación RTVE el listado de candidatos y el método de selección para Eurovisión 2020. Alegó que la propia RTVE admitió la existencia de dicha lista en prensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que no existe una lista oficial de candidatos con méritos analizados, sino contactos informales.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra el expediente de acoso laboral y actas del Comité de Seguridad y Salud. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de confidencialidad en la toma de decisión.
El ciudadano solicitó a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra el expediente y actas del Comité de Seguridad y Salud sobre un caso de acoso laboral. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación basándose en el límite de confidencialidad de las deliberaciones y testimonios.
NORTEGAS y NED ESPAÑA solicitaron al MITECO los documentos de la Comisión de Cooperación con la CNMC sobre costes de gas. El Ministerio denegó el acceso por falta de competencia y carácter interno. La reclamante recurrió ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este desestimó la reclamación al considerar que, al estar el procedimiento normativo en curso, el acceso anticipado perjudicaría el proceso decisorio. Se aplicó el límite de confidencialidad en la toma de decisiones sin que existiera un interés público superior que lo justificara.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarragona y a ESPIMSA información sobre exenciones de tasas por exclusión social en el Mercado de Bonavista. El ciudadano alegó falta de respuesta. La GAIP estima parcialmente la solicitud: reconoce el derecho a conocer la existencia y cuantía de las exenciones, pero deniega la identificación de las parades y vínculos familiares por confidencialidad tributaria y datos sensibles.
La solicitante pidió al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social las actas de la Comisión Interministerial de Fijación de Precios de los Medicamentos. La Administración denegó el acceso alegando confidencialidad e intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas previa anonimización de datos personales y secreto legal.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes sobre un fallecimiento en el aeropuerto de Barajas. Alegó que la información ya había sido concedida en una reclamación previa similar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid ha denegado la autorización al ser un procedimiento penal secreto.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda acceso a informes y comunicaciones sobre los criterios utilizados por la IGAE y EUROSTAT para ajustar el déficit público de 2018. La administración inadmitió la solicitud alegando información auxiliar y en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada durante el proceso.
Se solicitó al Ministerio de Economía y Empresa información sobre créditos concedidos por el ICO a partidos políticos. El interesado alegó que se trata de fondos públicos y que el interés ciudadano prevalece. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en el deber de reserva bancaria y la protección de intereses comerciales de terceros.
Se solicitó copia de las actas del Consejo de Administración de Telemadrid desde enero de 2017 a Radio Televisión Madrid. La administración alegó la confidencialidad de los procesos de decisión y pidió aclaraciones sobre el volumen. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que las actas son información pública esencial para el control de la gestión pública.
Se solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco el precio unitario, número de tratamientos y expedientes de suministro de las terapias Kymriah y Yescarta. Ante la falta de respuesta, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los enlaces al perfil del contratante pero denegando los precios unitarios.
El solicitante pidió información sobre los gastos y detalles de un viaje institucional de altos cargos de la Xunta de Galicia a Argentina en septiembre de 2019. La Secretaría Xeral de Medios inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y que requería una labor de reelaboración por ser compleja y dispersa. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la identidad de los asesores de idiomas del Tribunal calificador para el título de Traductor-Intérprete Jurado (idioma turco). El interesado alegó indefensión y posible arbitrariedad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación para preservar la confidencialidad del proceso de decisión.
El Centro de Estudios por la Paz J.M. Delás solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo copias de autorizaciones de exportación de material de defensa a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación alegando que dicha información es secreta y perjudicaría intereses económicos y la defensa nacional.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid un listado desagregado de las actuaciones por demandas telefónicas urgentes de la Policía Municipal (2018-2019). La administración denegó el acceso alegando la necesidad de realizar una labor de tratamiento de datos para proteger la intimidad y seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir la causa de reelaboración.
La Asociación Acción Enfermera solicitó al Consejo General de Enfermería de España las actas de sus tres últimos procesos electorales. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación alegando silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando el acceso a las actas con la supresión de datos personales y deliberaciones reservadas, desestimando los límites de confidencialidad y procesos judiciales alegados por la administración.
La solicitante pidió al Ministerio de Fomento (Autoridad Portuaria de Vigo) el acceso a la información suprimida de un acta del Consejo de Administración. Tras una respuesta parcial, la interesada presentó reclamación alegando que la información era pública o no confidencial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) el informe de una asesoría laboral externa sobre plazas en ofertas de empleo público y la solicitud enviada a dicha asesoría. La administración denegó el acceso íntegro alegando la judicialización del asunto y la protección de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información previa anonimización.
Se solicitó copia de un plan presentado por la empresa Vicalsa para obtener la concesión de Factorías Vulcanos a la Autoridad Portuaria de Vigo. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información es confidencial y su revelación causaría un daño real.
El ciudadano solicitó información sobre un expediente sancionador y trabajos arqueológicos en el yacimiento de Turaniana a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte de Almería. Tras una denegación inicial, la administración respondió a los puntos solicitados. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía archiva el caso por pérdida de objeto.
El solicitante pidió copia completa de dos expedientes (licencia y disciplina urbanística) al Ayuntamiento de Llucmajor. La administración denegó parte de la licencia alegando información auxiliar y repetitiva, y negó el acceso al de disciplina por falta de legitimación. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública estima la reclamación.
El solicitante pidió acceso a dos expedientes municipales (4942/2018 y 3793/2019) al Ayuntamiento de Teulada para consultar informes de la Policía Local relacionados con sus quejas. Tras la reclamación por falta de respuesta, el Ayuntamiento facilitó la información. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la solicitud, aunque con amonestación.
Una regidora solicita al Ajuntament de Carcaixent las facturas de telefonía (fija y móvil) de empleados y miembros de la corporación del ejercicio 2018. La administración denegó el detalle de los números de destino alegando privacidad. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar las facturas con los tres últimos dígitos de los números de destino para permitir el control de gastos.
El reclamante solicitó información sobre controles de bienestar animal en mataderos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. La administración denegó la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de datos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a las actas de inspección de infracciones muy graves tras la anonimización de datos personales.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Vigo las actas del Consejo de Administración de octubre a diciembre de 2011. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no acreditarse dichos límites.
El solicitante pidió a la Corporación Radio Televisión Española (RTVE) el listado de gratificaciones extraordinarias de sus cargos directivos y las actas de las reuniones donde se decidieron. RTVE denegó el acceso alegando protección de datos personales y la inexistencia de actas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de las gratificaciones.
La reclamante solicitó expedientes relativos a másteres y una licenciatura en ADE de la Universidad Rey Juan Carlos. La universidad denegó el acceso alegando la protección de investigaciones internas y procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que concurre el límite de confidencialidad para proteger procesos de toma de decisión.
El reclamante solicitó a la Junta de Extremadura el listado de cotos de caza (matrícula, titular, arrendador, localidad y hectáreas) en formato Excel. La administración denegó los datos de personas físicas por protección de datos y alegó que los de personas jurídicas requerían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de toda la información.
El interesado solicitó información al SEPE sobre el procedimiento de Renta Activa de Inserción y la manipulación de datos en un expediente. Alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información solicitada pertenece a un procedimiento administrativo en curso y parte de la solicitud constituye una queja/denuncia.
Una representante sindical solicitó el Plan de Empresa 2019 a la Autoridad Portuaria de Vigo. La administración denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha acreditado un daño real y no hipotético que justifique la limitación del derecho de acceso.
El reclamante solicitó acceso a informes de la Inspección General de Servicios y documentos de actuaciones previas relacionadas con un expediente disciplinario a la Conselleria de Transparencia. Alegó vulneración de sus derechos de defensa. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana desestimó la reclamación para proteger la confidencialidad de las investigaciones y la protección de datos personales.
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