Límites que la administración puede invocar para denegar el acceso a información pública.
El reclamante solicitó copia de un informe técnico de valoración de criterios en un procedimiento de contratación a EMSULE. La administración denegó el acceso alegando que el informe era información auxiliar y que el solicitante no era interesado, además de proteger intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
El solicitante pidió al Servicio de Psicología de la Guardia Civil la memoria técnica y manuales de criterios de la prueba de entrevista para promoción interna. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad para no distorsionar la prueba. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por existir un procedimiento administrativo en curso.
El reclamante solicitó las actas del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas de la empresa mixta Club de Campo Villa de Madrid S.A. al Ayuntamiento de Madrid. La administración alegó que la información era estratégica y protegida por intereses comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, pero con la obligación de aplicar acceso parcial para proteger datos sensibles.
Se solicitó al Ayuntamiento de Madrid las actas del Consejo de Administración y de la Junta de Accionistas del Club de Campo Villa de Madrid. El Ayuntamiento alegó que la información era estratégica y afectaba a intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de las actas con acceso parcial.
El reclamante solicitó información a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid sobre los motivos y la fundamentación técnica/jurídica que causaron la retirada de un punto del orden del día del Consejo de Gobierno (relativo a subvenciones para población vulnerable). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por concurrir el límite de confidencialidad.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Tejeda los justificantes de ingresos y gastos de la Cuenta General y saber si se grabó una sesión de la Comisión Especial de Cuentas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando abuso de derecho y confidencialidad. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación: deniega los justificantes por ser una petición genérica, pero obliga a informar sobre la grabación.
Se solicitó acceso a expedientes sancionadores de residencias de mayores, menores y personas con discapacidad (2017-2020) a la Comunidad de Madrid. La administración alegó dificultad en la anonimización y posible carácter abusivo de las solicitudes. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al ser información pública, instando a la entrega con plazos escalonados.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la documentación completa (contrato, memoria, pliegos y metodología) del contrato de la App Radar COVID con Indra. La administración denegó el acceso alegando intereses comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información no confidencial.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo e INSST informes sobre Equipos de Protección Individual (EPI) y mascarillas durante la pandemia. El INSST denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes técnicos, pero deniega la identidad de quienes los solicitaron.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo e INSST informes sobre Equipos de Protección Individual (EPI) y mascarillas por COVID-19, incluyendo quién los solicitó. El INSST denegó el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los informes técnicos.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital el expediente completo del contrato Radar Covid. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El CTBG estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información no confidencial por vía electrónica, ya que la restricción al acceso presencial o a interesados carece de amparo legal y el derecho de acceso debe garantizar la transparencia, salvo los secretos comerciales debidamente justificados.
El reclamante solicitó al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital copia de la memoria justificativa, pliego de condiciones y contrato de la aplicación Radar Covid. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de intereses comerciales y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación no sensible.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia actas, índices y detalles técnicos/de seguridad de los Consejos de Ministros y reuniones de secretarios desde abril de 2020. El Ministerio entregó parte de la información, inadmitió las actas por estar en elaboración y denegó los datos técnicos por seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación solo por motivos formales debido al retraso en la respuesta.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad actas, órdenes del día y detalles de seguridad de los comités creados por la pandemia de COVID-19. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación por considerarla manifiestamente repetitiva al existir solicitudes idénticas previas.
Un sindicato solicitó a la Diputació de València los informes técnicos de los jefes de servicio que justificaron la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La administración denegó el acceso alegando que eran documentos preparatorios y de carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que los informes son esenciales para la toma de decisiones.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha copias de enunciados, criterios de corrección, actas y exámenes resueltos de las oposiciones de secundaria de 2018. La administración denegó el acceso a los exámenes y actas por protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que prevalece el derecho a la protección de datos personales.
El reclamante solicitó comunicaciones del Consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid sobre la gestión del COVID-19 en residencias. La administración alegó que la información era de carácter auxiliar o de apoyo (inadmisión). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que las cartas tienen relevancia para la rendición de cuentas.
El reclamante solicitó a la Consejería de Salud del Principado de Asturias el número de fallecimientos (por cualquier causa, por COVID-19 y por sintomatología compatible) desglosado por centros residenciales. La administración alegó riesgo de identificación de fallecidos en entornos pequeños. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por prevalecer el interés público.
Una estudiante de doctorado solicitó al Ayuntamiento de Alicante una lista extensa de 13 tipos de datos estadísticos sobre expedientes sancionadores y personal (2015-2019). Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia. El organismo desestimó la reclamación por considerar que la solicitud requiere una reelaboración compleja y es abusiva, al no perseguir el control institucional.
Un ciudadano solicitó a la Mancomunidad de Servicios Sociales del Valle del Queiles copia de un examen y su hoja de respuestas. La Mancomunidad denegó el acceso alegando confidencialidad del proceso y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, obligando a entregar la información al no concurrir límites legales.
El reclamante solicitó actas de reuniones técnicas sobre la contratación del Hospital de Emergencias de Valdebebas a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración y que los acuerdos ya eran públicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación e insta a la entrega de la documentación.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid información sobre la construcción del Hospital de Valdebebas (actas del Consejo de Gobierno, informes técnicos y relación de funcionarios). Tras la denegación parcial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, instando a la entrega de los acuerdos y los informes técnicos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad copia de los informes sobre el coronavirus presentados al Consejo de Ministros. Tras la denegación basada en el secreto de las deliberaciones gubernamentales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, considerando que la divulgación de dichos informes perjudicaría la confidencialidad de los procesos de toma de decisión en el contexto de la pandemia.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Toledo informes técnicos y motivos sobre la tala de árboles en el Parque Bélgica. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la documentación y señalando que los datos personales deben ser disociados, no impediendo el acceso.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Cifuentes copias digitales de expedientes de contratación de letrados, procuradores y personal de inspección urbanística desde 2011, así como relación de procedimientos judiciales. La administración alegó que la solicitud era genérica, desproporcionada y abusiva por la carga de trabajo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información de contratación y judicial de 2018 y 2019, pero denegando la parte urbanística por considerarla abusiva.
El ciudadano solicitó a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno las alertas del Departamento de Seguridad Nacional sobre el coronavirus desde noviembre de 2019. La administración denegó el acceso alegando seguridad nacional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y aplicación automática de los límites.
El reclamante solicitó información sobre la contratación menor de la Dirección General del Menor y Familia de Melilla durante el primer trimestre de 2020. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. La Consejería de Melilla alegó que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar razonable la causa de inadmisión.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda/SEPI el expediente administrativo de la ayuda de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto profesional y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales y ordena retrotraer las actuaciones.
Se solicitó al Instituto Catalán de Finanzas el informe de una investigación reservada por acoso laboral. El solicitante alegó indefensión ante el archivo de su denuncia. La GAIP estima parcialmente la solicitud, permitiendo el acceso al informe pero obligando a anonimizar datos de salud y la identidad de testigos, salvo cargos directivos o técnicos.
Un regidor del Grup Municipal Popular solicitó al Ajuntament de València copia de una instancia de la Agència Valenciana Antifrau. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad y la naturaleza de la información. Tras la reclamación ante el Consell de Transparència, el Ayuntamiento finalmente facilitó la documentación tras un recurso de reposición, provocando la pérdida de objeto.
La Associació Contra la Corrupció Administrativa solicitó información al Ayuntamiento de Orpesa sobre el uso de medios públicos, registros de jornada, complementos de productividad y contratos de defensa jurídica de un funcionario. El Ayuntamiento alegó dudas sobre la protección de datos y la necesidad de informes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó parcialmente la reclamación.
La mercantil Hijos de Eustaquio Abad y Cía, SL solicitó la identificación de los denunciantes que dieron lugar a inspecciones y expedientes sancionadores en su contra. La Conselleria de Sanitat denegó la solicitud alegando incompetencia y protección de la seguridad pública y de datos. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación.
El reclamante solicitó la copia o transcripción literal de una sesión del Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas de Logroño para consultar temas sobre una cuota de servicios. Tras recibir una certificación de los acuerdos en lugar del acta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por aplicarse el límite de confidencialidad de las deliberaciones.
Se solicitó a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid información y motivación sobre la retirada del orden del día del Consejo de Gobierno de una convocatoria de ayudas para población vulnerable. El reclamante alegó una estimación parcial insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir el límite de confidencialidad.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Torroella de Montgrí el expediente disciplinario de un empleado. Tras la denegación inicial y la posterior reclamación ante la GAIP, el Ayuntamiento facilitó la información una vez finalizado el expediente. La GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto al haberse satisfecho la solicitud.
La CGT-PV solicitó a la Conselleria de Agricultura de la Generalitat la copia de un expediente y un informe de la Advocacia de la Generalitat sobre la modificación de la Orden 8/2014 (uso de herbicidas). Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del informe específico.
El reclamante solicitó información al Ayuntamiento de Alicante sobre un servicio de mediación y una empresa contratista (Filias Desarrollo Comunitario, SL). Alegó que la administración no ofrecía explicaciones suficientes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los informes de actuaciones y la lista de comunidades, previa protección de datos.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento y a la EMMCT de Tarragona actas del Consejo de Administración, expedientes de robos, listados de pagos y contratos menores. Tras alegar la denegación parcial por confidencialidad y protección de datos, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El reclamante solicitó datos detallados sobre inspecciones higiénico-sanitarias en establecimientos de restauración en diversas ciudades de Asturias. La Consejería de Salud denegó el acceso alegando la protección de datos personales y la falta de normativa para la publicidad de sanciones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerarla información pública de interés para la salud pública.
El reclamante solicitó la grabación de la sesión del Consejo de Administración de CMMedia del 25/02/2020. La administración denegó el acceso alegando que se trata de información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que las grabaciones tienen carácter de apoyo para la elaboración de actas y no son objeto de transparencia.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores la relación de plácets solicitados a Estados extranjeros para nombrar embajadores. Alegó que el límite de confidencialidad no debería afectar a procesos finalizados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información se encuentra clasificada como secreta.
Una concejala de Teror solicitó al Ayuntamiento el acta de la Junta General de Aguas de Teror, S.A. y escrituras de compraventa de una galería de aguas. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación: da por terminado el proceso del acta al haber sido entregada (aunque fuera de plazo) y desestima el acceso a las escrituras por secreto empresarial.
Una entidad vecinal solicitó al Ayuntamiento del Vendrell las actas del consejo de administración de las entidades gestoras del agua desde 2015. Tras el silencio administrativo, la GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud, obligando a entregar las actas previa eliminación de secretos comerciales, intereses económicos legítimos y datos personales de terceros ajenos a la administración.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento y a la Empresa Municipal de Medios de Comunicación de Tarragona expedientes sobre despidos de personal y el nombramiento del gerente. Tras alegar la administración la confidencialidad de los criterios de selección, la GAIP finaliza el procedimiento mediante un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Un ciudadano solicitó al Ajuntament de Palma de Gandia información sobre sus mecanismos de transparencia, ordenanzas reglamentarias y los informes de la secretaría-intervención sobre el cumplimiento de la ley. El Ayuntamiento no respondió, alegando que la información solicitada era auxiliar y no obligatoria. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estimó la reclamación.
Una ciudadana solicitó a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) el Manual de Valoración y tablas asociadas para la valoración de una plaza. Ante la falta de respuesta, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, obligando a la universidad a entregar la información al no justificarse la confidencialidad alegada.
La Asociación Estatal del Cine solicitó a la CNMC las cifras de costes de producción de dos películas en 2016. La CNMC denegó el acceso alegando confidencialidad. La Asociación reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero el Consejo inadmitió la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
La sociedad XXX solicitó al Ayuntamiento de Almuñécar el acceso íntegro a informes económico y jurídico utilizados para denegar el abono de facturas. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando confidencialidad de la estrategia procesal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía acuerda el desistimiento al no subsanar la reclamante los defectos formales requeridos.
La reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 informes y comunicaciones sobre las denominadas 'cloacas del Estado' y 'enemigos' de los medios. La administración inadmitió la solicitud por considerarla abusiva (art. 18.1.e). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición no busca información pública, sino aclarar opiniones políticas.
La Asociación ASICA solicitó a INECO una relación de contratos internacionales y sus importes desde marzo de 2018. INECO denegó el acceso alegando perjuicio a sus intereses económicos y cláusulas de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no se ha acreditado un daño real y que la información es obligatoria por publicidad activa.
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