Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó copias de exámenes de dietética y estadísticas relacionadas a la Consejería de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por ser la vía inadecuada (procedimiento administrativo en curso) y por carácter abusivo.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior (DGT) datos sobre el número de exámenes prácticos de conducir y estadísticas de reclamaciones por centro. La DGT facilitó parcialmente la información, denegando el resto por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no existe de forma agregada y su creación supondría una reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los resultados de las elecciones generales de abril de 2019 desglosados por mesas y copia de las actas de escrutinio. Alegó que la información facilitada no estaba en formato accesible y que no se entregaron las actas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que se facilitó la información disponible.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos detallados sobre la ejecución y niveles de servicio del contrato 2019/ASAT. La administración inadmitió parcialmente la solicitud alegando normativa específica y falta de legitimación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los índices de satisfacción y penalizaciones.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el importe gastado y la relación de Comandancias de la Guardia Civil que contrataron servicios de analíticas de sangre y orina en 2019. El Ministerio denegó el acceso alegando reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que se trata de una mera agregación de datos ya existentes.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social expedientes y documentos de diversas licitaciones de servicios de seguridad. La administración denegó parte del acceso alegando reelaboración, abuso de derecho y protección de intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los documentos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior informes de riesgo de diputados, gastos de sus escoltas y el listado de personas protegidas. El Ministerio denegó la mayor parte alegando seguridad pública y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes de riesgo previa anonimización.
Se solicitó al Ayuntamiento de Baiona información sobre gastos en procedimientos judiciales, número de juicios ganados y perdidos, y cuantía de costas desde 2017. La administración denegó parcialmente alegando la necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estimó parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar los datos de juicios y costas de 2017 y 2018.
Se solicitó a la Direcció General de Planificació en Salut (Departament de Salut) información detallada sobre suicidios de profesionales sanitarios desde 1994. El ciudadano alegó que la administración, como responsable de la sanidad, debería disponer de tales datos. La GAIP desestimó la reclamación porque la administración no posee dicha información en sus registros.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona datos sobre inversiones en publicidad y subvenciones a medios (2007-2018). Tras recibir la información, el ciudadano reclamó ante la GAIP por el formato de entrega y presuntas discrepancias en los datos. La GAIP desestima la reclamación al considerar que la información fue entregada y que no tiene competencias para fiscalizar la veracidad de los datos.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos detallados sobre decomisos por venta ambulante (2011-2019). Tras un proceso de mediación y el rechazo del solicitante a una oferta de acceso parcial, la GAIP desestima la reclamación debido a que la solicitud requiere una tarea de elaboración compleja y desproporcionada.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior estadísticas de criminalidad en Madrid (2017-2019) desglosadas por distritos y barrios. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando que no disponía de esas variables. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los datos por distritos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda datos estadísticos sobre el alquiler de inmuebles urbanos en Canarias (2015-2017). La AEAT concedió parcialmente el acceso, denegando datos de contratación y facturación por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no está disponible sin un tratamiento previo.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona el texto de sentencias y resoluciones del TEAR de 2018 y 2019. La administración alegó complejidad en la anonimización y volumen de datos. La GAIP estima la reclamación, determinando que la dissociación de datos no es una tarea compleja sino voluminosa, y ordena la entrega de la información anonimizada en tres meses.
Se solicitó al Ministerio del Interior el acceso a todas las notificaciones de adopción y cese de medios coercitivos en centros penitenciarios desde 2015. La solicitante alegó que la información ya existe y no requiere reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse que la solicitud requiere una reelaboración de la información.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid información sobre subvenciones y transferencias al Ayuntamiento de Colmenar de Oreja (planes PRISMA y PIR) desde 2005, incluyendo actas y solicitudes. La administración alegó que la petición era abusiva y requería una reelaboración excesiva por la dispersión de archivos físicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Palma información sobre títulos habilitantes y legalización de diversos edificios municipales. El Ayuntamiento denegó la copia y ofreció solo consulta presencial, además de inadmitir tres expedientes. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública de las Illes Balears estimó la reclamación, ordenando la entrega de copias.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de San Sebastián el número profesional y puestos de RPT de agentes de policía y movilidad interinos o contratados desde 2013. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración, abuso de derecho y protección de datos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar la información disociada.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda (AEAT) información sobre declarantes de IRPF y rendimientos de actividades agrícolas y ganaderas de 2017. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y publicación general. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayor parte de los datos.
Se solicitó al Departament d'Educació (CEIP President Salvans/Auró de Terrassa) diversa información económica y de gestión escolar. El ciudadano alegó silencio administrativo ante la falta de respuesta. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la mayoría de la información en formato digital, pero deniega datos detallados sobre absentismo para proteger la privacidad de menores.
Se solicitó al CEIP President Salvans/Auró de Terrassa copia de los presupuestos y cierres económicos (2008-2019). El solicitante alegó falta de respuesta y reiteró su petición. La GAIP estima la reclamación porque la administración no justificó la complejidad de la elaboración ni el cambio de formato, y operó el silencio administrativo positivo.
El reclamante solicitó información sobre controles de bienestar animal en mataderos a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. La administración denegó la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de datos y secreto profesional. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, concediendo el acceso a las actas de inspección de infracciones muy graves tras la anonimización de datos personales.
La reclamante solicitó la relación de bienes inmuebles y activos financieros de 41 expedientes de declaración de herederos abintestato a favor de la Generalitat Valenciana. La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que la información ya existe y su recopilación no es desproporcionada.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información sobre salarios mínimos legales de empleados locales en el extranjero y razones de sus actualizaciones. Alegó que la respuesta fue insuficiente y parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por falta de competencia sobre datos externos, improcedencia de cambiar la solicitud en reclamación y necesidad de reelaboración.
El interesado solicitó a la Junta de Extremadura el listado de códigos de plaza de veterinarios (funcionarios y laborales) indicando su situación de ocupación. La administración denegó el acceso alegando que la información ya era pública, que requería una reelaboración compleja y que podía afectar a la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
El interesado solicitó a la Junta de Extremadura un listado de códigos de plazas de la escala facultativa sanitaria (veterinaria) indicando el tipo de ocupación de cada una. La administración denegó el acceso alegando que la información ya era pública y que requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información es pública y no requiere una elaboración ad hoc.
Una sociedad solicitó al Ministerio de Fomento y a la Abogacía General del Estado diversos informes jurídicos y expedientes normativos. La administración denegó parte de la información alegando antigüedad y falta de acceso digital. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información denegada.
La solicitante pidió a la AEAT el número de casos de inspección con cambio de criterio que terminaron en denuncia por delito fiscal (2014-2018). La AEAT inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no está parametrizada y requiere una tarea de confección previa.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Vigo las actas del Consejo de Administración de octubre a diciembre de 2011. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo, necesidad de reelaboración y límites de confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no acreditarse dichos límites.
El ciudadano solicitó a la Axencia de Turismo de Galicia datos sobre personal, inspectores de baja/vacaciones, tareas de inspección, funcionamiento del REAT y cuentas anuales. La Comisión de Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, instando a la administración a informar sobre las bajas/vacaciones una vez delimitado el periodo, al considerar que el resto de información ya fue facilitada o requiere elaboración.
El solicitante pidió a RTVE datos detallados de su plantilla (edad, género, categoría y puesto) desglosados por años desde 2000 a 2018. Alegó que la respuesta fue incompleta y en formato no reutilizable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información requerida implica una reelaboración de datos no disponibles.
El ciudadano solicitó al SERGAS el porcentaje de utilización de medicamentos biosimilares en sus hospitales durante el primer trimestre de 2019. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia desestima la reclamación al considerar justificada la inexistencia de la información sistematizada.
El reclamante solicitó al Ministerio de Política Territorial y Función Pública datos sobre subvenciones por catástrofes naturales. La Administración alegó silencio, cambio de competencia e inadmisión por normativa de archivos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, considerando que se presentó en plazo y que la información es pública, aunque ordenó proteger datos personales de los solicitantes.
El ciudadano solicitó a la Agencia EFE el número y las tarifas de sus colaboradores nacionales e internacionales de 2017 y 2018. Tras recibir respuesta parcial, reclamó la tarifa de los internacionales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada (tabla común de tarifas internacionales) no existe.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pallejà el detalle de gastos en servicios jurídicos y datos de procesos judiciales. El Ayuntamiento inadmitió parte de la solicitud alegando complejidad. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de expedientes y costes acumulados, pero desestima la solicitud de costes potenciales por ser información inexistente.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de personas devueltas a España por el reglamento de Dublín (2014-2019), desglosado por año, país y edad. El interesado alegó falta de respuesta y posterior insuficiencia de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta.
El ciudadano solicitó a la Agencia EFE las tarifas de colaboradores nacionales e internacionales de 2019. Ante la denegación parcial de las tarifas internacionales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información solicitada no existe en formato de tabla común, siendo la solicitud además repetitiva.
El ciudadano solicitó a Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E. el listado de personas que efectivamente ingresaron en la empresa tras una convocatoria de consolidación de empleo en Valencia. La administración denegó el acceso alegando normativa específica, protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander la normativa que justifica su competencia para regular la entrada de perros en locales y un documento técnico sobre su salubridad. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era una consulta jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la solicitud incluye información pública y no es una mera consulta.
El reclamante solicitó a la Junta de Extremadura el listado de cotos de caza (matrícula, titular, arrendador, localidad y hectáreas) en formato Excel. La administración denegó los datos de personas físicas por protección de datos y alegó que los de personas jurídicas requerían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de toda la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores los listados de condecorados y desposeídos de las Órdenes del Mérito Civil e Isabel la Católica. Alegó que la información es de interés público y que la administración dispone de ella. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los listados desde 1979, pero deniega los de desposeídos.
Un investigador solicitó a la Generalitat Valenciana datos detallados sobre las resoluciones de acceso a la información, incluyendo la motivación legal de las mismas. La administración remitió un enlace al portal de transparencia con datos parciales. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana inadmitió la reclamación por considerar que la solicitud requiere una labor de reelaboración de información.
Un ciudadano solicitó a la Universidad de Alicante datos sobre la emisión de títulos, suplementos europeos y detalles de los contratos de impresión. Tras recibir una respuesta que consideró incompleta, reclamó ante el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana. El organismo inadmitió la reclamación al considerar que la solicitud carecía de una finalidad de control público, sugiriendo un interés comercial.
Se solicitó al Departament d'Educació el acceso a los proyectos lingüísticos de los centros concertados de Cataluña. La administración inadmitió la solicitud alegando una tarea compleja de elaboración. La GAIP estima la reclamación, determinando que dicha información es pública y que la recopilación no supone una carga desproporcionada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el texto completo de sentencias de los Juzgados Contencioso-Administrativos de 2018 y 2019. El Ayuntamiento inadmitió parcialmente la solicitud alegando complejidad por la anonimización y fase de elaboración. La GAIP estima la reclamación, anulando la decisión municipal y obligando a entregar la información anonimizada en un plazo de seis meses.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación datos detallados sobre el funcionamiento, eficacia y plantilla de la red SOLVIT. Tras una respuesta insuficiente basada en la confidencialidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a informar sobre la plantilla, pero desestimando el resto por requerir reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda una copia completa de la base de datos de subvenciones en formato accesible. El Ministerio denegó la solicitud alegando carácter reservado, protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la entrega de la información requeriría el desarrollo de un programa especial, suponiendo una reelaboración.
El interesado solicitó datos detallados sobre especies y registros de animales del Zoo Aquarium de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid denegó parte de la información alegando que la concesionaria Zoos Ibéricos S.A. no disponía de ella sin una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que la información es pública y no requiere reelaboración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid copia de un acuerdo de colaboración para la recaudación de tributos y embargos en la provincia de Toledo. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la solicitud buscaba revisar un expediente administrativo concreto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al haber incumplido los plazos legales.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el desglose del tiempo de tramitación de los expedientes de precio y financiación de medicamentos de 2018. La administración alegó que la información requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y considerar que es una mera recopilación de datos existentes.
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