Acceso a la agenda de reuniones del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y resultado desestimatorio

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 328/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 8 de abril de 2020, la siguiente información: Solicito conocer el listado de todos y cada una de las reuniones mantenidas por el ministro José Luis Ábalos con otras personas en el periodo que va del 1 de enero de 2020 a la actualidad. Solicito que se indiquen tanto todas las reuniones o citas mantenidas de forma presencial como las reuniones o conversaciones mantenidas de forma virtual debido al actual confinamiento en el que se encuentra el país. Solicito que para cada reunión se me indique lo siguiente: S/REF: 001-042318 N/REF: R/0328/2020; 100-003796 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Información solicitada: Reuniones del Ministro Subdirección General de Reclamaciones Fecha, si ha sido de forma presencial o telemática, el lugar en caso de ser presencial, a través de qué sistema o aplicación en caso de ser telemática, con quién era la reunión o conversación (nombres completos, cargos y organización, empresa o administración de todos los presentes), cuánto ha durado, hora de inicio y cuáles eran los temas que se trataron. Recuerdo que se trata de información de interés público sobre la que ya ha resuelto en multitud de ocasiones de forma favorable el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Además, la agenda de los altos cargos debería ser pública directamente según la propia Ley 19/2013. Conozco de sobras que hay una agenda del Gobierno pública en la web de Moncloa, pero como en ella no aparecen todas las reuniones ni eventos, solicito que se me detalle la información solicitada de forma clara, completa y precisa sobre las reuniones que ha mantenido desde que ocupa el cargo. Otros ministerios, como el de Consumo, ya han facilitado esta misma información sobre otros ministros a través de peticiones de acceso a la información pública similares. 2. Mediante resolución de fecha 18 de junio de 2020, el MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA contestó al solicitante lo siguiente: (…) Con fecha 1 de junio de 2020 esta solicitud se recibió en la Subsecretaría del Departamento, fecha a partir de la cual empieza a contar el plazo de un mes previsto en el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre para su resolución. Una vez analizada la solicitud, se resuelve conceder el acceso parcial a la información a que se refiere la solicitud deducida por , indicándole lo siguiente: Desde el año 2012 existe una Agenda del Gobierno y del Presidente del Gobierno en la que se recogen los actos institucionales de cada uno de los miembros del Gobierno. Esta Agenda, que se viene publicando desde entonces en la página de la Moncloa, contiene actos de todo tipo: actos institucionales, reuniones y visitas que reciben los diferentes Ministros y el Presidente del Gobierno. Esta Agenda se encuentra disponible en el siguiente enlace: Puede hacer uso además del buscador avanzado del que dispone la página web de la Moncloa, que encontrará en la url: En este buscador, podrá seleccionar en la casilla “Categoría” la etiqueta “Gobierno” para que la búsqueda filtre por la Agenda del Gobierno y escribir en el campo “Texto” el cargo del Ministro del que desea conocer la Agenda (en nuestro caso “Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”). Se puede filtrar la búsqueda por fecha. Asimismo, la información correspondiente a la actividad de los Altos Cargos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se publica en la página web del Departamento, en la sección de Prensa: https://www.mitma.es/el-ministerio/sala-de- prensa, donde se pueden realizar búsquedas por intervalos de fechas, ámbito geográfico y temas. Analizando el marco legal, hay que destacar, primero, que no existe obligación legal alguna de documentar las reuniones o las solicitudes de reuniones de los Altos Cargos de este Departamento –más allá de los documentos (convocatorias o actas) que reflejen las reuniones que puedan celebrar dichos altos cargos como fruto de su condición de miembros de los órganos colegiados a los que puedan pertenecer–. Como ha señalado el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en su Resolución 0125-2016, de 20 de junio, “debe indicarse que este Consejo entiende las dificultades que supone proporcionar información que no ha sido organizada, clasificada o sistematizada de tal forma que pueda ser proporcionada en los términos en los que se solicita. Y que precisamente esta falta de sistematización y conservación (…) pueden dificultar o incluso imposibilitar que se proporcione la información. Además, esta cuestión es especialmente relevante cuando, efectivamente, no existe como método de trabajo ordinario en los responsables públicos no sólo la llevanza de una agenda de acuerdo a unos criterios mínimos, sino que la misma sea objeto de archivo y publicación de tal forma que se refleje realmente la actividad profesional desarrollada por los responsables públicos en el ejercicio de sus funciones”. En abril de 2017 el CTBG, consciente de esta dificultad que encontraban las Unidades de Transparencia a la hora de facilitar la información de las Agendas, publicó la Recomendación 1/2017, de 23 de abril, sobre información de las agendas de los responsables públicos, destinada solo a los miembros del Gobierno y a los Secretarios de Estado (según lo dispuesto en la disposición Segunda.2, seis meses después de la publicación de esta Recomendación, tras evaluar los resultados de su aplicación, el CTBG debía publicar una segunda recomendación, extensible al resto del altos cargos. Dicha segunda recomendación no ha llegado a publicarse a día de hoy). La Recomendación contenía unas reglas para la elaboración de la “Agenda para la Transparencia” y datos contenidos en la misma como: «aquella parte de su actividad relacionada con la toma de decisiones en las materias de su competencia, la gestión y manejo de fondos o recursos públicos y la delimitación de criterios de actuación» (disposición Tercera.2). Si bien el CTBG mencionaba en la disposición Novena de la Recomendación que cada organismo podrá optar por el formato que considere adecuado para la adaptación de las agendas, recomendaba «en el ámbito de los sujetos concernidos en la Administración General del Estado, la elaboración de un modelo único y de un desarrollo informático sencillo que garantice el mejor cumplimiento de la ley y que evite duplicidades, gastos y diversidades en el suministro de la información». En este Departamento aún no se ha aplicado la Recomendación 1/2017 del CTBG, de 23 de abril, sobre información de las agendas de los responsables públicos, al no haberse elaborado en el ámbito de los sujetos concernidos en la Administración General del Estado un modelo único de Agenda, ni una aplicación informática sencilla que garantice el mejor cumplimiento de la ley y que evite duplicidades, gastos y diversidades en el suministro de información, como recomendaba el artículo noveno de la Recomendación citada. Por todo lo expuesto, se señala que no hay más información pública sobre la Agenda del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que la contenida en las referencias citadas en esta resolución. 3. Ante esta respuesta, mediante escrito de entrada el 4 de julio de 2020, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno con, en resumen, el siguiente contenido: (…) Hay ocasiones en las que hay reuniones que no aparecen. Además, las que constan no están con el detalle que yo he solicitado, como, por ejemplo, si la reunión era telemática o presencial, el sistema utilizado en caso de ser telemática y cuánto ha durado. Solicito, por lo tanto, que se inste al ministerio a entregarme la información que había solicitado y de la forma y en el formato en los que lo había solicitado. El interés público y el carácter público de lo pedido no puede ser más claro. Además, otros ministerios han entregado lo solicitado sobre ministros. Como ejemplo, adjuntare algunos archivos facilitados por esos ministerios. Esos ejemplos no sirven sólo para ver cómo otros ministerios están cumpliendo en cuanto a transparencia entregando lo solicitado, como no está haciendo Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sino que también sirven como ejemplo para ver que hay muchas reuniones que no constan en la agenda oficial ya hecha pública activamente o que no constan con todo el detalle de lo solicitado y que sí lo tienen para entregar a través de una petición de acceso. Por lo tanto, se trata de motivos más que suficientes para estimar la presente reclamación y que se deba entregar lo solicitado de la forma que se ha pedido. Se trata de información de evidente interés público que deberían facilitarme, ya que en la agenda de Moncloa o en la del Portal de la Transparencia no hay toda la información que solicito ni todas las reuniones que mantienen los ministros. Igual en la web de prensa del propio ministerio que también indican. Por poner un ejemplo: el propio ministro Salvador Illa explicaba en una entrevista para El País, que el lunes 9 de marzo se reunió de forma telemática con los consejeros de sanidad del País Vasco y de la Comunidad de Madrid: https://elpais.com/sociedad/2020-06- 06/visto-lo-vistotodos-llegamos-tarde-a-esto.html. En cambio, si se va a la agenda de Moncloa se hace constancia a dos reuniones de seguimiento del coronavirus, pero no a la reunión con estos con sejeros: gobierno.aspx. Es sólo un ejemplo, pero podría haber muchos más. En la agenda de Moncloa aparecen algunas reuniones, pero no todas. Y algunas que aparecen, como las de seguimiento de Illa, no se detalla quienes son los asistentes. Por lo tanto, se debería estimar mi reclamación. Otro ejemplo serían las reuniones de la vicepresidenta Teresa Ribera. Su ministerio sí facilitó la información solicitada en una petición similar. Ese documento muestra como por ejemplo el 6 de abril se reunió con otros ministros y con representantes de la patronal y de los sindicatos. En cambio, la agenda de Moncloa de ese día no tiene constancia de esa reunión ni de ningún otro acto o reunión de Ribera: agendagobierno.aspx. La conclusión, por lo tanto, es clara. Si la Agenda de Moncloa estuviera realmente completa podría tener sentido que no tuviera lugar el derecho de acceso a información de reuniones de los ministros, pero como no es así, no cabe duda que hay que estimar esta reclamación y cualquier otra sobre las reuniones de cualquier ministro. Recuerdo también que el propio Consejo de Transparencia ha manifestado públicamente el carácter indudable de información pública que es la agenda de los altos cargos: Además, la recomendación sobre agendas de responsables públicos del propio Consejo recoge en su disposición quinta que recomienda que las publiquen activamente sin perjuicio de la información que se conceda a solicitantes de información pública. Por lo tanto, que parte de la información solicitada pueda ser pública no es óbice para no entregar todo lo solicitado y con el nivel de detalle pedido: ecomendaciones.html Por último, comentar también que multitud de ministerios me han facilitado la misma información sobre ministros ante solicitudes idénticas y que ante otros que tampoco lo han hecho, como es el caso de Igualdad y la ministra Irene Montero, el Consejo de Transparencia ha estimado mi reclamación. Solicito, por lo tanto, que se aplique el mismo criterio. 4. Con fecha 7 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Mediante escrito de entrada del 31 de julio de 2020, el mencionado Ministerio reiteró el contenido de su resolución y realizó las siguientes alegaciones: En primer lugar, debe señalarse que este Ministerio concedió el acceso a la información de que se dispone respecto de la solicitud formulada. Tal y como recoge el artículo 13 de la LTAIPBG, “se entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Es decir, la Ley considera información pública lo ya elaborado, pero no obliga a facilitar la información con el detalle con el que se solicita si no se dispone de la misma de esa manera, ya que sería necesario una acción previa de reelaboración para hacer esto posible. En la propia Resolución, a juicio de este Departamento, se motiva suficientemente el sentido de la misma, señalándose que no existe obligación legal alguna de documentar las reuniones o las solicitudes de reuniones de los Altos Cargos de este Departamento. (…) En lo que respecta a la Agenda del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde el año 2012 existe una Agenda del Gobierno y del Presidente del Gobierno en la que se recogen los actos institucionales de cada uno de los miembros del Gobierno. Asimismo, también se encuentra información sobre la actividad de los Altos Cargos de este Departamento en la sección de prensa de nuestra página web. La Resolución indicaba cómo realizar el acceso a dicha información a través de las correspondientes direcciones url y explicaba el uso de motores de búsqueda incorporados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22.3 de la LTAIPBG. Finalmente, cabe citar, como antecedente reciente de un supuesto similar resuelto por el CTBG, la Resolución 684/2028, de 13 de febrero de 2019, en la que se desestimaba la reclamación formulada por el solicitante tras comprobar que se había dado acceso a la información disponible sobre la solicitud formulada, como concurre en el presente supuesto. 5. El 4 de agosto de 2020, en aplicación del art. 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , se concedió Audiencia del expediente al reclamante para que, a la vista del mismo y en el plazo de 10 días hábiles, presentase las alegaciones que estimara pertinentes en defensa de su pretensión. Mediante escrito de entrada el 5 de agosto de 2020, el reclamante realizó las siguientes alegaciones: Solicito que se siga adelante con mi reclamación y se considere lo mismo que tuvo en cuenta el Consejo de Transparencia en una reclamación anterior sobre las reuniones de la ministra Irene Montero. El Ministerio de Igualdad alegaba lo mismo para no entregar la información y después de que el Consejo estimara la reclamación han entregado un listado con todas las reuniones de la ministra, incluidas muchas que no constaban en la agenda de Moncloa. Queda claro por lo tanto que los ministerios como es obvio sí tienen la información de qué reuniones han tenido los ministros y que pueden facilitarla, ya que la agenda de Moncloa no está completa. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. Como cuestión de carácter formal que ha afectado a la tramitación de la solicitud de información en la que tiene origen la presente reclamación, cabe aludir a la suspensión de términos y plazos administrativos establecida en el apartado 1, de la Disposición Adicional Tercera, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19; suspensión que ha finalizado mediante el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que señala en relación con los plazos: Artículo 9. Plazos administrativos suspendidos en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas. https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692 4. Por otro lado, y ya respecto al fondo del asunto, conviene comenzar indicando que la información objeto de solicitud en el expediente del que trae causa la presente reclamación ha sido analizada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno recientemente en varios expedientes. Entre todos podemos destacar el expediente de reclamación R/323/2020 -Ministerio de Hacienda- y el R/322/2020 –Ministerio de Justicia-, por su similitud no solo en cuanto a que conceden la información facilitando los enlaces a la Agenda que se publica en la web de La Moncloa y en el presente supuesto, en la del propio Ministerio, sino, también por su similitud a la hora de justificar que, aparte de esta información que se publica, no es posible facilitar más información. En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana manifiesta en su resolución sobre el derecho de acceso que En este Departamento aún no se ha aplicado la Recomendación 1/2017 del CTBG, de 23 de abril, sobre información de las agendas de los responsables públicos, al no haberse elaborado en el ámbito de los sujetos concernidos en la Administración General del Estado un modelo único de Agenda, ni una aplicación informática sencilla que garantice el mejor cumplimiento de la ley y que evite duplicidades, gastos y diversidades en el suministro de información, como recomendaba el artículo noveno de la Recomendación citada. Añadiendo en vía de alegaciones que En lo que respecta a la Agenda del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, desde el año 2012 existe una Agenda del Gobierno y del Presidente del Gobierno en la que se recogen los actos institucionales de cada uno de los miembros del Gobierno. Asimismo, también se encuentra información sobre la actividad de los Altos Cargos de este Departamento en la sección de prensa de nuestra página web. La Resolución indicaba cómo realizar el acceso a dicha información a través de las correspondientes direcciones url y explicaba el uso de motores de búsqueda incorporados, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 22.3 de la LTAIPBG. 5. En las resoluciones de los citados expedientes R/323/2020 y R/322/2020 este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado de la siguiente manera: (…) En consecuencia, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Administración está confirmando que la información correspondiente a las reuniones de la Ministra de Hacienda que existe es la que se publica en la Agenda de La Moncloa. 6. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene recordar que el artículo 13 de la LTAIBG dispone expresamente que el objeto de una solicitud de acceso puede ser información que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, el hecho determinante para que una información pueda ser solicitada y facilitada es que la misma se encuentre disponible para el organismo o entidad al que la solicitud haya sido dirigida debido a que la haya generado o la haya obtenido en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, es importante recordar la Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2018 en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. Así como, más reciente, la Sentencia nº 33/2019 dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Madrid, en el PO 36/2018 indicaba, entre otras cuestiones, y en relación con unas Inversiones publicitarias en los centros territoriales de RTVE que “(…) analizado el expediente instruido no existe en lo actuado dato, informe o documento alguno que acredite que los Centros Territoriales de RTVE realizasen inversión publicitaria de manera autónoma, ni que desvirtúe la afirmación de la recurrente de que dicha inversión se gestionaba centralizadamente, por lo que en este particular extremo el acto impugnado resulta disconforme a derecho al contravenir lo establecido en el art. 13 de la Ley al imponer a la recurrente la obligación de entregar una información que no posee.” En consecuencia, por todos los argumentos que se recogen en los apartados precedentes, la reclamación debe ser desestimada, dado que la Administración, en afirmaciones que este Consejo de Transparencia no tiene razones para poner en duda, confirma que se ha facilitado al reclamante toda la información disponible, atendiendo al indudable interés público, y que lo que no ha podido facilitarse (duración de la reunión y sistema o aplicación telemática) no se ha hecho porque no consta en ningún contenido o documento de ningún tipo de formato o soporte. Asimismo, cabe señalar que la Administración también afirma que la información facilitada ofrece al solicitante la práctica totalidad de los campos requeridos en su solicitud. En concreto, acceso a la fecha y lugar, si ha sido de forma presencial o telemática, con quién era la reunión o conversación (nombres completos, cargos y organización), hora de inicio y los temas objeto de reunión. Afirmación que en el ejemplo que indica en sus alegaciones, y se ha reflejado en los antecedentes de hecho, se puede comprobar que es así. 7. Asimismo, en relación con la manifestación relativa a que No ha sido posible facilitar en cambio la duración y el sistema o aplicación telemáticos utilizados al no contar el Gabinete de la Ministra con un sistema de registro específico y sistematizado de estos campos, cuestión que se hace notar en la propia Resolución. (…) durante la vigencia del estado de alarma se ha realizado el esfuerzo de señalar en la Agenda aquellas actividades que se han producido de forma telemática (diferenciándolas así de las que son presenciales), hay que señalar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ya se ha pronunciado al respecto en el expediente R/251/2020, en el que se concluyó: 8. No obstante lo anterior, hay que señalar que, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la solicitud de información se refiere a un detalle o desglose parte del cual no se corresponde con la finalidad de rendición de cuentas por la actuación pública en la que se basa la LTAIBG. En este supuesto se encuentran detalles como la hora de inicio, duración y lugar de la reunión, así como la aplicación o sistema utilizado para llevar a cabo la reunión en el supuesto de que ésta se desarrollara por medios telemáticos. A nuestro juicio, se trata de un detalle que sí exigiría un tratamiento de la información a disposición de la Administración que entenderíamos desproporcionado y no justificado por la finalidad en la que se ampara la LTAIBG. Idéntica valoración merecería la referencia que realiza el solicitante a las “conversaciones” mantenidas por la Ministra que, en nuestra opinión, no pueden se encuadradas en el concepto de información vinculada con la gestión y desarrollo de las funciones encomendadas por un cargo público- en este caso, mediante la celebración de reuniones de trabajo- sino que, antes al contrario, abarcan situaciones que pudieran ser incluidas en el ámbito personal de la Ministra. 8. Finalmente, y en relación a las cuestiones planteadas en la presente reclamación, deben abordarse algunas cuestiones. En primer lugar, y si bien se resalta por la Administración el carácter voluntario del cumplimiento de la recomendación dictada por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en relación a las agendas de los responsables públicos, no es menos cierto que tanto la fecha de dicha recomendación-hace tres años- como el compromiso público de su seguimiento- tal y como se desprenden de estas declaraciones públicas del 2018 altos-cargos-estado-noviembre-ganar-transparencia-20181003100258.html- como la estrecha vinculación de esta cuestión con la transparencia de la actuación pública y, por lo tanto, con el pleno cumplimiento de la LTAIBG- que se desprende de las solicitudes de información que se plantean al respecto- hacen concluir que sus disposiciones tienen plena vigencia y, por consiguiente, con la importancia de la adopción de las medidas destinadas a su cumplimiento. Por otro lado, no podemos sino dejar de llamar la atención acerca de la diferencia detectada entre la respuesta dada ahora por el MINISTERIO DE HACIENDA y la de otros Departamentos Ministeriales. Así, por ejemplo, en los expedientes R/248/2020 y R/269/2020, tramitados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, referidos a la agenda de reuniones de la Ministra de Política Territorial y Función Pública, y el Ministro de Universidades, respectivamente, se proporcionó la información detallada requerida en vía de reclamación. Es decir, información esencial para el desarrollo de las funciones de un responsable público como es su agenda de trabajo sí está sistematizada y puede ser proporcionada por unos Departamentos mientras que por otros se alega que no se dispone de dicha información. A pesar de ello y como se ha indicado en los apartados precedentes, el MINISTERIO DE HACIENDA se reafirma en que no existe más información que la publicada en el enlace al que ha sido remitido el solicitante. En consecuencia, y en base a lo argumentado con anterioridad, la reclamación debe ser desestimada. 6. En consecuencia, cabe señalar en primer lugar que, teniendo en cuenta por una parte la identidad en cuanto al objeto de la solicitud y la argumentación de la Administración, así como los antecedentes al respecto tramitados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, se consideran de aplicación al presente supuesto los argumentos desarrollados en el apartado anterior. En segundo lugar, recordemos que, en el caso que nos ocupa, la Administración ha confirmado y este Consejo de Transparencia no tiene motivos para ponerlo en duda, que En este Departamento aún no se ha aplicado la Recomendación 1/2017 del CTBG, de 23 de abril, sobre información de las agendas de los responsables públicos, al no haberse elaborado en el ámbito de los sujetos concernidos en la Administración General del Estado un modelo único de Agenda, ni una aplicación informática sencilla que garantice el mejor cumplimiento de la ley y que evite duplicidades, gastos y diversidades en el suministro de información, como recomendaba el artículo noveno de la Recomendación citada. Sin duda, el cumplimento de la citada Recomendación por parte de todos los Departamentos Ministeriales, a la vista de las sucesivas y reiteradas reclamaciones que están siendo presentadas a este respecto, sería una buena práctica en términos de transparencia y al objeto de dar satisfacción a un interés en conocer información que, como hemos detectado, no ha disminuido sino que ha aumentado con el tiempo. Por todo ello cuanto antecede, entendemos que la presente reclamación debe de ser desestimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la Reclamación presentada por , con entrada el 4 de julio de 2020, contra la resolución de 18 de junio de 2020 del MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA. De acuerdo con el artículo 23, número 1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda