Reclamación por denegación de información pública sobre plazas estructurales y contratación de personal

RESOLUCIÓN 267/2020, de 30 de julio Asunto: Reclamación interpuesta por XXX, representado por XXX, contra la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por denegación de información pública (Reclamación núm. 173/2020). ANTECEDENTES Primero. El 20 de abril de 2020 tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) una reclamación contra la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por denegación de información pública en la que la que la persona reclamante expone lo siguiente: “D. [nombre, nif y correo electrónico del reclamante] con la asistencia del letrado D. [nombre del representante], ante este consejo comparece y dice: “Siendo requerida diferente información al portal de transparencia en fecha 11 de diciembre de 2.019, se ha notificado RESOLUCIÓN de la dirección de la GERENCIA de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por la que se resuelve la solicitud de información pública.- 2019/00001788-PID@ (aportamos como documento nº1 y damos enteramente por reproducido). “Contra la resolución expresa, en el plazo de un mes, como así prevé la norma (Ley 29/1998 L.J.C.A.) presento en este acto RECURSO ante el Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía en base a los siguientes antecedentes, hechos y fundamentos. “ANTECEDENTES “D. [nombre del reclamante], cuyas circunstancias constan en el expediente, presenta solicitud el 11 de diciembre de 2.019 de información pública mediante escrito, en nombre de la Junta de Gobierno de la «Asociación de Trabajadores Temporales, Eventuales e Interinos de la Agencia Sanitaria del Alto Guadalquivir». “De dicho escrito se evacua por la Junta de Andalucía (Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir), mediante resolución, contestación expresa, donde se nos limita parcialmente la información. Así, se deniegan el punto 4 en atención, según ellos, al art 15 de la LTAIBG como los puntos 5, 6 y 7 en atención al art 18 del LTAIBG. “No estando conformes es por lo que en este acto presentamos alegaciones a este Consejo competente según la norma en base a los siguientes: “HECHOS “PRIMERO.- Con respecto al punto 4 solicitado por nosotros. “Se deniega de forma injustificada manteniendo que es una información repetitiva o abusiva con relación al objeto de la Ley. “Cuando estamos tratando la contratación de personal público, que tiene limitaciones y afecciones de hacienda, véanse la propia Ley de Presupuestos, además de limitaciones autonómicas, entendemos que es una información necesaria y que debe estar a disposición de los administrados y más cuando esta asociación tiene intereses legítimos, incluso mayor (por ser afectados). “Ninguna de las informaciones solicitadas debe no existir y de existir debe aportarse sin problema alguno. “Darnos el dato del número de plazas estructurales a fecha 30 de noviembre de 2.019 por centro y categoría no es problemático. Véase que son plazas presupuestadas y dotadas. No entendiendo que se nos niegue. “Negarnos la plazas estructurales a fecha 30 de noviembre de 2.019 indicando los que sean indefinidos (por centro y categoría) no es información que se crea abusiva. Es más, tanto este punto como el anterior, son de obligado cumplimiento e información a las entidades sindicales, por ejemplo por ello es información fácilmente accesible. “Asimismo solicitar que se nos indique el número de personas contratadas por centro y categoría profesional, reiteramos, que no entendemos la oscuridad y obstrucción. “De manera genérica se nos deniega en base al criterio de reelaboración conforme el criterio interpretativo CI/007/2015 de 12 noviembre. En este caso son listados que no hay que elaborar. Se pueden emitir directamente por esa administración. “Consta que el ente tiene los medios, por ello no es imposible aportar los datos, salvo que no se quieran aportar (la otra opción que nos queda). “El poder alegar que hay que realizar trabajo "ad hoc" no es motivo de negativa. Simplemente es cuestión de pedir que se impriman desde el departamento de personal o simplemente sacar copia de los propios archivos que envía a la S4eguridad Social como desde los propios accesos al sistema RED. “Asimismo en el punto b) se nos dice que la petición de estos datos de contratación (...) no tienen que ver con la Oferta de Empleo Público. “Curiosamente es el motivo, real y precisamente para poder la asociación estudiar y tener todos los datos para poder impugnar, en su caso, la oferta de empleo, extremo éste, que parece que ocurrirá ya que se nos obligará a judicializar el tema, empezando por el acceso a la información que es obligatoria aportar, además de ser obvia. “Vemos como en el propio portal de transparencia del Servicio Andaluz de Salud (Junta de Andalucía), otra de las entidades adscritas a la Consejería de Salud y Familias (la de mayor volumen funcional y presupuestario) ofrece como información a aportar: ‒ “Empleo público ‒ “ Plantilla ‒ “ Retribuciones ‒ “ Bolsa de empleo ‒ “ Oferta de empleo público ‒ “ Otras ofertas de empleo ‒ “ Relaciones sindicales “Precisamente, por eso, queremos se nos aporten estos datos, que de sobra tiene. La Ley de Transparencia Andaluza deja muy claro el derecho acceso de información en el título III. Así el artículo 24 expresamente recoge que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública veraz en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución Española y su legislación de desarrollo dejando el artículo 31 del Estatuto de Autonomía para Andalucía que ésta es de acceso sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. “Los límites al derecho de acceso a la información pública sólo se basarán en los términos previstos en la legislación básica y en todo caso sólo serán de aplicación durante el período de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique. Su aplicación será valorada con respecto a la posibilidad de facilitar el acceso parcial. La aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección y atenderá a las circunstancias del caso concreto, especialmente a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso, extremos todos estos que no se cumplen y por ello se está conculcando el derecho al interesado. “SEGUNDO.- Con respecto al punto 5, punto 6 y el punto 7 se nos deniega por ser repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la Ley. En estos hacemos nuevamente nuestras las alegaciones vertidas en el punto anterior. “Con respecto a este punto 8 se nos dice que no les consta a la Agencia que exista informe que deniegue la contratación indefinida de personal (ni en la empresa del Alto y del Bajo Guadalquivir), lo cual es muy de extrañar puesto que es un requisito legal. “No es posible que desconozcan estos informes por cuanto es algo con lo que habitualmente trabajan, véase a título de ejemplo cómo dicha informe aparece en el acta de comité intercentros de fecha 29 de septiembre de 2.011, en su punto 5: “«[...] 5. Indefinidos por la OPE del SAS. “Por parte de la dirección agencia comenta: “Actualmente está prohibido el realizar contratación fija de ningún tipo, y cualquier contratación superior a 3 meses tiene que ser autorizada expresamente por la consejería de hacienda, según determina la ley de presupuestos, de las solicitudes de contratación que hemos enviado, para consolidar indefinidos, hasta la fecha nos han informado negativamente por parte de hacienda. “Según la ley de presupuesto 2011, sólo se permite una tasa de reposición del 10%. Con lo que prevemos que hasta dentro de bastante tiempo no podremos incorporar nuevos profesionales con contratos indefinidos. “Sabiendo esta circunstancia, la dirección de la agencia propone, el ofertar el mayor número de contratos a traslado, ya que esto no incumple la tasa de reposición de la ley de presupuesto. E igualmente el esperar a la apertura de las urgencias del hospital de Alcalá para realizar la oferta de traslado y así cerrar el proceso abierto de traslados extraordinarios [...]». “FUNDAMENTOS DE DERECHO “Son de aplicación, recordemos, a esta solicitud: “1. Normativa en materia de transparencia - “Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. - “Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. - “Decreto 289/2015, de 21 de julio, por el que se regula la organización administrativa en materia de transparencia pública en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales - “Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Y concordantes. “2. Jurisprudencia y doctrina relevantes en materia de transparencia - Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 (coste canales de RTVE) - Sentencia de la Audiencia Nacional de 5 de febrero de 2018 (productividad de altos cargos) “Debemos partir de la base de que la información pública se distribuye de dos maneras y así la transparencia de la actuación de los poderes públicos se articula en la ley a través de dos grandes conceptos, como son la publicidad activa y el acceso a la información pública. “La primera versa sobre información que voluntariamente quiere aportar. “La segunda faceta de la transparencia es la que se refiere a la entrega por parte de la entidad pública de la información, como contestación a una demanda concreta de alguna persona, sobre cualquier asunto relacionado con la Administración y acerca del cual tenga interés por conocer algún aspecto. A esta se refiere el contenido del título III de la Ley, bajo la rúbrica de «El derecho de acceso a la información pública». Quizás pueda ser esta la faceta, de la transparencia, la que sirva para reconocer que con su aplicación efectiva es preciso asumir un cambio de mentalidad profundo que supone para todos aquellos que intervienen en el ámbito de la Administración Pública. La herencia decimonónica basada en la reserva de información ha justificado una mentalidad hasta ahora opaca y quizás oscurantista y acostumbrada a que su trabajo o resultados no sean accesibles al público y generalmente conocidos. La Ley reconoce la aplicación subjetiva a toda persona, lo que lleva aparejado que no sólo tendrá legitimación cualquier tipo de persona jurídica para demandar la información, sino también las personas físicas, cualquiera que sea su nacionalidad. Esto supone una importante ampliación en relación con la regulación de otros derechos. “A la obligación legal que se contrae con respecto a la entrega de la información por parte de la propia Administración, formulada de modo tan amplio, es evidente que le son de aplicación las limitaciones que se encuentran establecidas en la normativa básica y que nosotros conocemos y entendemos pero que no encontramos justificada en este caso. “Por ello se opta por una remisión a la normativa básica que nuevamente encierra una voluntad de no establecer más requisitos o dificultades de las que sean imprescindibles. Las novedades que se incorporan en estos aspectos por la Ley que se adapta en Andalucía van dirigidas a facilitar el ejercicio del derecho de acceso. Para ello se establece el fomento de la tramitación electrónica, la limitación en el uso de las causas de inadmisión, el deber de auxilio y colaboración y otras normas que se establecen desde la óptica de facilitar a la ciudadanía el ejercicio de su derecho. “El Decreto 289/2.015 es aplicable a la Junta de Andalucía y en concreto a esta Agencia sanitaria del Alto Guadalquivir y tiene por objeto la regulación de la organización administrativa en materia de transparencia en el ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adscritas en desarrollo de lo establecido en el Capítulo I del Título V de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. En este sentido las disposiciones del Decreto se aplicarán a la Administración de la Junta de Andalucía y a los entes instrumentales previstos en el artículo 3.1 de la Ley 1/2014, de 24 de junio donde se encuentran las agencias de la Administración de la Junta de Andalucía, como la que tengo el gusto de requerir. “En este Decreto consta expresamente: “«Disposición final segunda. Habilitación para la adecuación de la Relación de Puestos de Trabajo. “1. Se habilita a la Consejería competente en materia de Administración Pública para que se adecue la relación de puestos de trabajo y la plantilla presupuestaria a la nueva Secretaría de Transparencia y a las Unidades de Transparencia establecidas en el presente Decreto, así como a realizar las creaciones, supresiones y modificaciones necesarias en cualquiera de las características de los puestos de trabajo atendiendo a los principios de eficacia, austeridad, racionalización y reducción de gasto público. “La adecuación deberá realizarse en el plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Decreto. “2. De conformidad con los principios referidos en el apartado anterior, las acciones de adecuación y modificación de la relación de puestos de trabajo se llevarán a cabo mediante la reasignación de recursos preexistentes, sin que en ningún caso pueda suponer un incremento de la plantilla presupuestaria». “Entendiendo que lo solicitado ya debe estar en conocimiento y a disposición de los administrados y además, al ser parte necesaria en la propia gestión de recursos de la agencia, no se nos puede invocar el motivo de negación aportado. Véase como esta limitación presupuestaria está reconocida en la Ley de presupuestos en el art 19 y concordantes, de ahí las necesarias habilitaciones del Ministerio de Hacienda, que debe constar y se nos niega. “Por todo ello, solicitamos que admitiendo este escrito acceda a lo contenido en él autorizando se nos cumplimente la información solicitada en nuestro escrito de 11 de diciembre de 2.019 en todos sus apartados, debiendo ser, en este caso requerida la entidad competente, bien el Servicio Andaluz de Salud quien puede actuar en nombre o por parte de la Agencia del Auto Guadalquivir o entidad competente que en este caso es la Consejería de Salud y Familias. “Por ser un derecho que se pide ut supra. “Otrosí digo: No podemos perder de vista la suspensión de los plazos por el Rd 476/2.020”. Segundo. Con base en lo previsto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), se concedió un plazo para subsanación de deficiencias advertidas en la reclamación (acreditación de la representación y solicitud de la documentación que permita definir el objeto de la reclamación). Dicho plazo se le concede por este Consejo mediante oficio con registro de salida de fecha 10 de junio de 2020. Tercero. El 18 de junio de 2020 tuvo entrada en el Consejo escrito de contestación al trámite de subsanación concedido. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. Según establece el artículo 5.1 LPAC, “los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante”, disponiendo a continuación el apartado tercero de dicho artículo que para interponer recursos “deberá acreditarse la representación”; representación que podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. “A estos efectos —precisa el artículo 5.4 LPAC—, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente”. Pues bien, ante las deficiencias advertidas en la solicitud, el Consejo concedió, conforme a lo establecido en el artículo 5.6 y 68.4 LPAC, un plazo de subsanación. Dentro de dicho plazo, el interesado presentó escrito aportando una fotocopia de un poder, sin que este Consejo pueda entender que se ha subsanado la falta de acreditación de la representación. A este respecto, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de febrero de 1998 de la Sala de lo Contencioso- Administrativo, Sección 5ª, afirma que “(…) claro está que una fotocopia (del poder original) no autenticada ni cotejada en legal forma no es ni documento público, ni privado autenticado, por lo que no existiendo tampoco poder «apud acta» se ha de llegar a la inequívoca conclusión de no constar acreditada la representación de la parte recurrente en la instancia y aquí apelada”. En consecuencia, ha de concluirse que no consta acreditada la representación de la parte recurrente, al no haberse atendido a los requisitos establecidos en el artículo 5.4 LPAC, incluso tras haber sido requerido para subsanar el defecto procedimental. Tercero. Por otra parte, el artículo 66.1.c) LPAC establece que “[l]as solicitudes que se formulen deberán contener: los hechos, razones, y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud”. Asimismo, el artículo 115.1.b) LPAC dispone que “la interposición del recurso deberá expresar […] el acto que se recurre y la razón de su impugnación”. Con base en los citados artículos, se solicitó al reclamante que aportara la documentación que acreditara con toda claridad la información objeto de la solicitud, sin que dicha documentación haya sido aportada tras el plazo concedido. En virtud de los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, y con base en el artículo 68.1 LPAC, se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Único. Se acuerda tener por desistido a XXX, representado por XXX, en la reclamación presentada contra la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir por denegación de información pública.