Acceso a estadísticas de denuncias por incumplimiento del uso de mascarilla en Salamanca

Subdirección General de Reclamaciones Resolución 411/2020 I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el reclamante solicitó al MINISTERIO DEL INTERIOR , al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), con fecha 10 de julio de 2020, la siguiente información: 1. Número de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por incumplir la obligación de usar mascarilla desde el 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, cuyo artículo 6 recoge dicha obligación, hasta la actualidad en la provincia de Salamanca. 2. En particular, número de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por incumplir la obligación de usar mascarilla desde el 11 de junio de 2020 hasta la actualidad en el municipio de Salamanca. S/REF: 001-044522 N/REF: R/0411/2020; 100-003911 Fecha : La de firma Dirección: Administración/Organismo: Ministerio del Interior Información solicitada: Denuncias por incumplir la obligación de usar mascarilla en Salamanca Subdirección General de Reclamaciones 2. Mediante resolución de 20 de julio de 2020, el MINISTERIO DEL INTERIOR contestó al solicitante lo siguiente: La estadística de criminalidad del Ministerio del Interior, refleja los ilícitos penales recogidos en el Código Penal, así como en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el detalle reflejado en el articulado de dichas leyes. El Sistema Estadístico de Criminalidad no dispone de ninguna variable que permita proporcionar la información solicitada por el peticionario en relación a denuncias formuladas por incumplir la obligación de usar mascarilla. Para dar respuesta a esta pregunta sería necesario revisar una a una las denuncias interpuestas durante este periodo por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana – las cuales superan el millón – por lo que se inadmite esta solicitud por la causa establecida en el artículo 18.e de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIPBG): carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. 3. Ante esta respuesta, el solicitante presentó, al amparo de lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG , una Reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con fecha de entrada el 23 de julio de 2020 y el siguiente contenido: Una solicitud de información de este tipo no tiene carácter abusivo. Así, la exposición de motivos de la Ley de transparencia indica: "Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos". El conocimiento por la ciudadanía de información de este tipo, estadística sobre sanciones por incumplir la obligación de llevar mascarilla, permite escrutar la actuación de los poderes públicos. Opinión de la que, parece ser, debe participar la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, habida cuenta de que no tuvo ningún problema en publicar, mediante envíos a la prensa, el número de detenidos y de propuestas de sanción realizadas ante violaciones del estado de alarma: 1. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11918215/?redirect=http%3A%2F% 2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp p id%3D101 INSTANCE GHU8A p6ztgsg%26p p lifecycle%3D0%26pp state%3Dnormal%26p p mode%3Dview%26p p c ol id%3Dcolumn- 2%26p p col count%3D1%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg advancedSear ch%3Dfalse %26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg keywords%3D%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg delta%3D10%26p r p 564233524 resetCur%3Dfalse%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg _cur%3D22%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 2. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11915436/?redirect=http%3A%2F% 2Fwww.interior.gob.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp p id%3D101 INSTANCE GHU8A p6ztgsg%26p p lifecycle%3D0%26p p state%3Dnormal%26p p mode%3Dview%26p p c ol id%3Dcolumn- 2%26p p col count%3D1%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg advancedSearch%3Dfalse %26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg keywords%3D%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg delta%3D10%26p r p 564233524 resetCur%3Dfalse%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg _cur%3D22%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 3. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11912013/?redirect=http%3A%2F% p6ztgsg%26p p lifecycle%3D0%26p p state%3Dnormal%26p p mode%3Dview%26p p c 2%26p p col count%3D1%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg advancedSear ch%3Dfalse _cur%3D23%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 4. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11908406/?redirect=http%3A%2F% _cur%3D23%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 5. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11904767/?redirect=http%3A%2F% _cur%3D24%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 6. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11901180/?redirect=http%3A%2F% _cur%3D24%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 7. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11897369/?redirect=http%3A%2F% 8. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11892987/?redirect=http%3A%2F% _cur%3D25%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 9. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11889590/?redirect=http%3A%2F% _cur%3D25%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 10. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11885747/?redirect=http%3A%2F% 11. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11881408/?redirect=http%3A%2F% 12. /journal content/56 INSTANCE 1YSSI3xiWuPH/10180/11876407/?redirect=http%3A%2F% p6ztgsg%26p p lifecycle%3D0%26pp state%3Dnormal%26p p mode%3Dview%26p p c _cur%3D26%26 101 INSTANCE GHU8Ap6ztgsg andOperator%3Dtrue 13. Etc. Se pueden consultar en la página web del Ministerio. En ese caso, no parece que hubiese problema alguno en anunciar estadísticas a la ciudadanía. Ni tampoco parece que para ello fuese necesario, tal y como alega ahora el órgano administrativo, "revisar una a una las denuncias interpuestas". De hecho, este interesado tiene la impresión de que utilizan este pretexto para ventilar sin más una solicitud que en vez de abusiva podría ser compleja; pero para este tipo de solicitudes, la ley ya dispone mecanismos ad hoc (cfr. art. 20.1.II de la ley). En definitiva, no concurre causa alguna de inadmisión, ni este interesado ha abusado del espíritu de la ley para solicitar información que, a su juicio, tiene el carácter de pública y, por tanto, debe trascender. 4. Con fecha 23 de julio de 2020, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió el expediente al MINISTERIO DEL INTERIOR, al objeto de que se pudieran hacer las alegaciones que se considerasen oportunas. Notificado el requerimiento el mismo 23 de julio, mediante comparecencia del Ministerio, transcurrido el plazo concedido al efecto, no consta la presentación de alegaciones al expediente. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la LTAIBG, en relación con el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , la Presidencia de este Organismo es competente para resolver las reclamaciones que, con carácter previo a un eventual y potestativo Recurso Contencioso-Administrativo, se presenten en el marco de un procedimiento de acceso a la información. 2. La LTAIBG, en su artículo 12 , regula el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendida, según el artículo 13 de la misma norma, como "los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones". Por lo tanto, la Ley define el objeto de una solicitud de acceso a la información en relación a información que ya existe, por cuanto está en posesión del Organismo que recibe la solicitud, bien porque él mismo la ha elaborado o bien porque la ha obtenido en ejercicio de las funciones y competencias que tiene encomendadas. 3. En primer lugar, y en atención a las circunstancias del presente expediente, debemos reiterar que la solicitud de alegaciones al sujeto obligado por la LTAIBG frente al que se presenta la reclamación, además de garantizar el principio de contradicción en la tramitación del procedimiento, permite al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno obtener todos los elementos de juicio necesarios de tal forma que la resolución de la reclamación atienda a todas las circunstancias que sean de aplicación al caso concreto. Como se desprende de todos los expedientes de reclamación tramitados por este Organismo (por ejemplo, entre los últimos, el R/407/2020, R/409/2020 y R/410/2020 del Ministerio del Interior), dicha solicitud de alegaciones se realiza inmediatamente después de la interposición de la reclamación con vistas a obtener los argumentos por los que el Organismo al que se dirige la reclamación ha denegado la información solicitada o no ha respondido la solicitud en el plazo conferido al efecto. No obstante y a pesar de que consta la notificación por comparecencia de la realización del trámite de solicitud de alegaciones, en el presente expediente no se ha recibido respuesta. En atención a estas circunstancias, no podemos sino poner de manifiesto que esta falta de alegaciones, dificulta la adecuada protección y garantía del derecho constitucional a acceder a la información pública, interpretado, como bien conoce la Administración, por los Tribunales de Justicia como de amplio alcance y límites restringidos- por todas, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de octubre de 2017 Recurso de Casación nº 75/2017 , "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información- así como la salvaguarda del derecho de acceso a la información pública que corresponde al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (art. 34 de la LTAIBG). 4. Respecto al fondo del asunto, hay que recordar que el objeto de la solicitud de información se concreta en el Número de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policí a y la Guardia Civil por incumplir la obligación de usar mascarilla desde el 11 de junio de 2020 en la provincia de Salamanca, y en particular en el municipio de Salamanca, y que la Administración ha inadmitido al considerar de aplicación la causa prevista en el artículo 18.1 e), que dispone que Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. Y ello por cuanto el Sistema Estadístico de Criminalidad en base al cual se publica periódicamente el Boletín Estadístico de Criminalidad, no dispone de ninguna variable que permita proporcionar la información solicitada por el peticionario en relación a denuncias formuladas por incumplir la obligación de usar mascarilla. Frente a este argumento, y como analizaremos a continuación, el solicitante señala que, a pesar de que tampoco sería una de las variables del Sistema Estadístico de Criminalidad y, por lo tanto, podría aplicarse el mismo argumento que el ahora señalado, el MINISTERIO DEL INTERIOR publicó proactiva y puntualmente, datos sobre los detenidos y propuestas de sanción realizadas por incumplimiento del estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020. 5. Dicho esto, debemos comenzar indicando que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se acaba de pronunciar sobre la misma cuestión –salvo que las denuncias no se referían a municipio o provincia concreta- en los expedientes de reclamación inmediatamente anteriores, el R/409/2020 (Cuerpo Nacional de Policía) y R/410/2020 (Guardia Civil), cuyas solicitudes de información fueron inadmitidas por el Ministerio del Interior en base a idénticos argumentos que en la presente. En consecuencia, se considera necesario señalar que en la resolución del expediente R/410/2020 que recoge los fundamentos y conclusiones del R/409/2020, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado de la siguiente forma: En relación con la aplicación de esta causa debe tenerse en cuenta, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el Criterio Interpretativo nº 3 , aprobado en el 2016 por este Consejo de Transparencia en ejercicio de las competencias legalmente atribuidas por el artículo 38.2 a) de la LTAIBG, en el que, en resumen, se indica lo siguiente: 2.2. Respecto del carácter abusivo de la petición de información. El artículo 18.1. e) de la LTAIBG asocia el carácter abusivo de la solicitud a la condición de que la petición “no esté justificada con la finalidad de la Ley”. De este modo hay dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: A) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho, y B) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. 1. Así, una solicitud puede entenderse ABUSIVA cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den alguno de los elementos que se mencionan a continuación: Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerase incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: “Todo acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho”. Cuando, de ser atendida, requiriera un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. 2. Se considerará que la solicitud está JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando se fundamenta en el interés legítimo de: Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos Conocer cómo se toman las decisiones públicas Conocer cómo se manejan los fondos públicos Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas Consecuentemente, NO ESTARÁ JUSTIFICADA CON LA FINALIDAD DE LA LEY cuando: No pueda ser reconducida a ninguna de las finalidades señaladas con anterioridad y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. Cuando tenga por finalidad patente y manifiesta obtener información que carezca de la consideración de información pública de acuerdo con la definición del artículo 13 de la LTAIBG. Cuando tenga como objeto o posible consecuencia la comisión de un ilícito civil o penal o una falta administrativa. 4. Asimismo, debe también recordarse que el artículo 7 del Código Civil dispone que Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. La ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo. Todo acto u omisión que: x por la intención de su autor, x por su objeto o x por las circunstancias en que se realice, sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero, dará lugar… a la adopción de las medidas… administrativas que impidan la persistencia en el abuso. Según numerosas sentencias (SS 14/2/86, 29/11/85, 7/5/93, 8/6/94, 21/9/87, 30/5/98,11/5/91, entre otras), el abuso de derecho : - presupone carencia de buena fe. La buena o mala fe es un concepto jurídico que se apoya en la valoración de conductas deducidas de unos hechos. Para la apreciación de la buena fe (ésta, según doctrina se presume) o mala fe (que debe acreditarse) hay que tener en cuenta hechos y circunstancias que aparezcan probados. - impone la exigencia de una conducta ética en el ejercicio de los derechos. El abuso de derecho procede cuando el derecho se ejercita con intención decidida de causar daño a otro o utilizándolo de modo anormal. Su apreciación exige que la base fáctica ponga de manifiesto las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y las subjetivas (ausencia de interés legítimo o voluntad de perjudicar). - El abuso viene determinado por la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima y la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho. El ejercicio abusivo de un derecho ha sido también analizado por la Sentencia de 1 de febrero de 2006 (rec. núm. 1820/2000). Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. Se trata de una institución de equidad que, para poder ser apreciada, exige la verificación de que la conducta valorada cumple los siguientes requisitos: (1) Aparentemente es correcta pero representa, en realidad, una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna; y (2) Genera unos efectos negativos, normalmente daños y perjuicios. Además, de la base fáctica debe resultar patente (a) una circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo); y (b) una circunstancia objetiva de exceso en el ejercicio del derecho (anormalidad en el ejercicio del derecho). 5. Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud planteada debe analizarse desde la perspectiva del control de la acción de la Administración y la rendición de cuentas por las decisiones públicas. Por ello, dado que se trata de una medida obligatoria- el uso de las mascarillas en espacios públicos. y cuyo incumplimiento, en consecuencia, ha de ser se vigilado y sancionado, se considera que facilitar la información requerida -denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía por incumplir la obligación de usar mascarilla- sí sería de utilidad para garantizar el interés común en conocer la actuación pública, pilar fundamental y ratio iuris de la LTAIBG, dado que permite conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Fundamentalmente en este tipo de información derivada de una situación de emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, de tanta trascendencia social por el devenir sufrido con la conveniencia o no del uso de las mascarillas, primero, y obligatoriedad después de las mismas, así como, por el hecho de que estas denuncias son una respuesta de la Administración al incumplimiento por la ciudadanía de la normativa vigente, en este caso excepcional. Dicho esto, cabe señalar que de la argumentación de la Administración, que recordemos alegaba que El Sistema Estadístico de Criminalidad no dispone de ninguna variable que permita proporcionar la información solicitada por el peticionario en relación a denuncias formuladas por incumplir la obligación de usar mascarilla. Para dar respuesta a esta pregunta sería necesario revisar una a una las denuncias interpuestas durante este periodo por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana – l as cuales superan el millón – podemos deducir que al mismo tiempo está alegando que es la aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 c) de la LTAIBG. Ha de tenerse en cuenta que la Administración dispone de una base de datos que le permite elaborar las estadísticas sobre criminalidad –a las que ella misma menciona-, y por ello ha podido indicar en su resolución que en el período por el que pregunta el reclamante el número total de denuncias supera el millón. Además, como pone de manifiesto el interesado en su reclamación facilitando los enlaces a la página web del Ministerio, se han estado publicando diariamente datos estadísticos sobre el número de detenidos y de propuestas de sanción realizadas ante violaciones del estado de alarma. Por otro lado, y en una sencilla búsqueda por internet, se puede acceder a datos publicados por diversos medios de comunicación sobre denuncias formuladas por incumplimiento de la obligación de llevar mascarilla. Así, por ejemplo, en el enlace siguiente se indica expresamente que La Policía Nacional ha impuesto 199 denuncias, la Guardia Civil 695 y las policías locales de más de 600 desde-obligatoria-202007280746_noticia.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F A título de ejemplo, y entre los numerosos enlaces que son accesibles en internet, en el siguiente se incluyen los datos de las denuncias de la Policía Nacional junto con los de la Policía Local de una determinada Localidad. www.laopiniondemalaga.es/malaga/2020/09/21/policia-puesto-162-denuncias- dia/1192190.html Por consiguiente, y toda vez que los datos publicados han debid o proceder, en la parte que les concierne y teniendo en cuenta la competencia que en este ámbito también tienen las Policías Locales, del MINISTERIO DEL INTERIOR, no podemos compartir la afirmación del señalado Departamento de que no puede disponer de los datos solicitados y que, en consecuencia, la solicitud de información ha de entenderse como abusiva. 6. Asimismo, hay que indicar que este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se ha pronunciado recientemente en el expediente de reclamación R/244/2020 sobre una cuestión similar. El objeto de la solicitud de información versaba precisamente sobre la estadística correspondiente a las propuestas de sanción emitidas por el incumplimiento del estado de alarma, desglosada por los motivos de las propuestas de sanción, y por municipio, provincia o comunidad autónoma. Dicha solicitud fue parcialmente respondida por la Administración, que facilitó el enlace a la página web de Noticias del Ministerio del Interior que publicaba una estadística de propuestas de sanción - detenidos y su acumulado a la fecha de la publicación, las propuestas de sanciones y su acumulado, desglosados en función de la fuerza o cuerpo de seguridad del Estado que intervino-. Sin facilitar, por tanto, los motivos de las propuestas de sanción, y el desglose por municipio, provincia o comunidad autónoma. A este respecto, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno resolvió lo siguiente: En consecuencia, dicha manifestación, a juicio de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, significa que la información –los datos correspondientes a los criterios y al ámbito territorial- obra en poder de la Administración, si bien no en un informe que ya estuviera realizado. A pesar de que no se afirma expresamente, debemos analizar si dicho argumento pudiera implicar que, a juicio de la Administración, el proporcionar los datos completos de la solicitud implicaría una acción previa de reelaboración en el sentido de la causa de inadmisión prevista en el art. 18.1 c) de la LTAIBG, según el c ual Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Respecto a esta causa de inadmisión, este Consejo de Transparencia aprobó en virtud de las potestades del artículo 38.2 a) de la LTAIBG , el Criterio Interpretativo CI/007/2015 , de 12 de noviembre en el que se concluye lo siguiente: “(…) será requisito que la resolución por la que se inadmita la solicitud especifique las causas que la motivan y la justificación, legal o material aplicables al caso concreto. https://www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/criterios.html En cuanto al concepto de reelaboración, debe entenderse desde el punto de vista literal que reelaborar es, según define la Real Academia de la Lengua: “volver a elaborar algo”. Es esta circunstancia la que es exigible para entender que estamos ante un supuesto de reelaboración. Si por reelaboración se aceptara la mera agregación, o suma de datos, o el mínimo tratamiento de los mismos, el derecho de acceso a la información se convertirá en derecho al dato o a la documentación, que no es lo que sanciona el artículo 12 al definir el derecho como “derecho a la información”. Dicho lo anterior, el concepto de reelaboración como causa de inadmisión ha sido interpretado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en diversas resoluciones de tal manera que puede entenderse aplicable cuando la información que se solicita, perteneciendo al ámbito funcional de actuación del organismo o entidad que recibe la solicitud, deba: a) Elaborarse expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, o b) Cuando dicho organismo o entidad carezca de los medios técnicos que sean necesarios para extraer y explotar la información concreta que se solicita, resultando imposible proporcionar la información solicitada. Una vez fijado el concepto de reelaboración, conviene diferenciarlo de otros supuestos regulados Ley 19/2013, que no suponen causa de inadmisión. El primero sería la solicitud de “información voluminosa”, que aparece recogida en el artículo 20.1. En este caso, se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En este caso no se estaría ante un supuesto de reelaboración, por lo que tampoco sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver. En este sentido se pronuncia el artículo 20.1, párrafo 2 que dice textualmente “Este plazo (1 mes) podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante”. No obstante, sí puede tenerse en cuenta el elevado volumen de la información objeto de solicitud cuando ello suponga que, atendiendo también al alcance y objeto concreto de lo solicitado así como los medios disponibles, se incurra en algunas de las circunstancias o supuestos que, a juicio de este Consejo de Transparencia, impliquen que estemos ante un supuesto de reelaboración. 7. Asimismo, debe contarse también con la interpretación que de este concepto han realizado los Tribunales de Justicia: - Sentencia nº 60/2016, de 18 de mayo de 2016, del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de Madrid y Sentencia en Apelación nº 47/2016 ,, de 7 de noviembre de 2016, de la Audiencia Nacional: “La interpretación del art. 18.1. c) de la Ley 19/2013 ha de hacerse atendiendo a que en ella se configura el derecho de acceso a la información pública como un auténtico derecho público subjetivo, al establecer que "Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española, desarrollados por esta Ley" (Artículo 12), y a la Exposición de Motivos, conforme a la cual "el capítulo III (donde se insertan ambos preceptos, arts. 12 y 18 de la ley) configura de forma amplia el derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. (…) Al margen de disquisiciones sobre el concepto de la reelaboración de información que no influyen en el presente caso, donde no se impugnan los criterios interpretativos fijados por el CTBG, la recurrente no ha justificado que el suministro de la información solicitada exija una labor previa de reelaboración, pues aparte de sus alegaciones ninguna otra prueba se allega que soporte su posición.” - Sentencia 15/2018, de 14 de febrero de 2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 en el PO 33/2017 , y casi en idénticos términos, rechazando la identificación entre recopilación de información y reelaboración de la misma la sentencia nº 125/2018, dictada por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Madrid en el PO 62/2017 , pronunciándose ambas en el siguiente sentido: (…) no pudiéndose obviar que la información guarda relación con los recursos públicos, de forma que lo solicitado entra dentro del ámbito de aplicación de la ley y se trata de información que ya existe, es decir que no precisa ser reelaborada para proporcionar el acceso sin perjuicio de que pueda no existir un repositorio común a todos los órganos de contratación del grupo Fomento, aspecto que, como se ha expuesto, no guardaría relación con la causa de inadmisión, de forma que, a lo sumo, lo requerido supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración o creación ad hoc a modo de informe, debiéndose reiterar que no cabe aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado o desproporcionado del derecho de acceso a la información que exista y esté disponible https://www consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html ttps://www.consejodetransparencia.es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2017/53 MFomento 5.html https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2017/76 MJusticia 2.html mediante una sola labor de agregación, siempre que se trate de información pública cuyo concepto se contiene en el art. 13 de la Ley. - La Sentencia 54/2019, de 8 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, PO 37/2018-D, que se pronuncia en los siguientes términos: “(…) No se comparte que para la divulgación de la información interesada sea necesaria una acción previa de reelaboración. Entendido ello de acuerdo con los criterios del CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO y con diversos pronunciamientos judiciales, no se debe apreciar cuando se trata del acceso a información que conste en archivos y documentos existentes con anterioridad a la solicitud. Si la Administración requerida dispone de la información, tal como se solicita, y se requiere a lo sumo de su ordenación, no se trataría de un supuesto de reelaboración. Por el contrario, sí se trataría de un supuesto de reelaboración si lo que se pretende es que a partir de los datos de que disponga la Administración la misma elabore un informe. (...) el hecho de que los datos relativos al pago a los colaboradores contratados por la Corporación demandante no se encuentren ordenados o tengan que ser recabados a distintas unidades no im plica que deban ser reelaborados. Se trata de recabarlos y de trasmitirlos tal como constan.” - En idéntico términos se pronuncia la reciente Sentencia 47/2020, de 13 de mayo, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Madrid, PO 107/2019, que, además de lo anterior, también concluye, que “(…) Existiría una acción de reelaboración, de acuerdo con la sentencia de 25 de abril de 2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo n.° 9 de Madrid en el Procedimiento Ordinario 33/2015, si se pide una información de que no se dispone, no existiendo obligación de producirla.(...) el volumen o el esfuerzo que debe realizarse para proporcionar la información no puede considerarse como un elemento de juicio determinante a la hora de rechazar el acceso a la información y no debe confundirse con una acción de reelaboración de la información Tampoco cabe oponer que el Ministerio debería destinar un funcionario a tiempo completo para revisar todas las solicitudes, pues las dificultades de organización que tenga la Administración no le eximen de atender sus funciones, en línea con lo afirmación del Consejo de Trasparencia de que se requiere de ciertas labores administrativas para identificar y poner a disposición del interesado la información solicitada. Ni siquiera cuantifica la actora, ni por aproximación, el número tan ingente de peticiones de indulto que recibe al año.” - Y la Sentencia del Tribunal Supremo, dictada en el recurso de casación 75/2017 , que se pronuncia en los siguientes términos: "Cualquier pronunciamiento sobre las “causas de inadmisión” que se enumeran en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (…) https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2015/4 RTVE 2.html debe tomar como premisa la formulación amplia y expansiva con la que aparece configurado el derecho de acceso a la información en la Ley 19/2013." (...) "Esa formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1".(...) sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la inf ormación. (…) ” Por ello, la causa de inadmisión de las solicitudes de información que se contempla en el artículo 18.1.c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, no opera cuando quien invoca tal causa de inadmisión no justifique de manera clara y suficiente que resulte necesario ese tratamiento previo o reelaboración de la información. (…) 8. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, a nuestro juicio no se aprecia la existencia de la causa de inadmisión –que según ha entendido este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha querido implícitamente invocarse- que, recordemos, debe ser aplicada de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública, y debe ser justificada de manera clara; circunstancia que no ocurre en el presente supuesto. Y ello por cuanto, aunque la información solicitada no se publique con los datos que pide la interesada y sea necesario un proceso específico de trabajo o tratamiento para suministrarla, se trata de información que consta obra en poder de la Administración, y cuyo acceso, a lo sumo, supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adicionar los mismos pero sin que requiera una labor de elaboración. Asimismo, conforme se puede comprobar en el enlace que facilita la Administración, por ejemplo la publicación de 10 de mayo, se muestran los datos correspondientes al número de detenciones y el número de propuestas de sanción, así como el acumulado de ambas hasta la fecha de publicación, incluso desagregados por la autoridad que realizó la propuesta de sanción. Esta circunstancia implica, a nuestro juicio, que para poder publicar todos estos datos, referidos a una determinada fecha, han de constar en una base de datos de la que se http://www.interior.gob es/documents/10180/11812971/Tabla+de+detenidos+y+propuestas+de+sanci%C3%B3n+10+de+mayo jpg/c7a774d9- f57c-4edd-b229-58e3770e7302?t=1589198648954 extraigan; ya que no parece lógico que una información como la que se muestra se vaya reelaborando directamente con los datos de los numerosísimos expedientes. Por último, cabe señalar que la información ha sido solicitada por la reclamante desde el inicio del estado de alarma y hasta la última fecha disponible, no siendo necesario que fuera una vez haya finalizado el estado de alarma, momento al que la Administración vincula el considerar la posibilidad de confecci onar un informe más detallado. 9. Dicho esto, conviene recordar que la LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, y su objetivo es someter a escrutinio la acción de los responsables públicos, conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. En este sentido, el Preámbulo de la LTAIBG, señala que La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos. De igual manera, deben recordarse determinados pronunciamientos judiciales sobre este derecho de acceso, entre los que destacan por ejemplo, la Sentencia nº 46/2017, de 22 de junio de 2017, del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Madrid, dictada en el PO 38/2016 y que se pronuncia en los siguientes términos: "El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental reconocido a nivel internacional como tal, debido a la naturaleza representativa de los gobiernos democráticos; es un derecho esencial para promover la transparencia de las instituciones públicas y para fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además las Administraciones Públicas se financian con fondos procedentes de los contribuyentes y su misión principal consiste en servir a los ciudadanos por lo que toda la información que generan y poseen pertenece a la ciudadanía. Pueden distinguirse dos aspectos en cuanto al derecho al acceso a la información: Transparencia proactiva, como aquella obligación de los organismos públicos de publicar y dar a conocer la información sobre sus actividades, presupuestos y políticas y la Transparencia reactiva: Es el derecho de los ciudadanos de solicitar a los funcionarios públicos cualquier tipo de información de y el derecho a recibir una respuesta documentada y satisfactoria". "Las diferentes y numerosas menciones a este derecho coinciden en https://www.consejodetransparencia es/ct Home/Actividad/recursos jurisprudencia/Recursos AGE/2016/16 particular 7 tributos.html resaltar la creciente importancia que está cobrando, ya que el mismo supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos conocimientos que permiten controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y luchar contra la corrupción así como contrarrestar la violación de derechos. De estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia." Teniendo en cuenta lo anterior, cabe concluir que conocer la cuantía de las propuestas de sanción, los criterios o motivos de las mismas y el ámbito territorial, entronca directamente con la ratio iuris de la LTAIBG, dado que permite conocer cómo se toman las decisiones que afectan a los ciudadanos, cómo se manejan los fondos públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones. Y en esta perspectiva, no podemos obviar que estamos ante un asunto de tanta trascendencia como las propuestas de sanción como consecuencia de las infracciones como consecuencia del estado de alarma. Por lo tanto, y en base a los argumentos y razonamientos expuestos en los apartados precedentes, debemos concluir con la estimación de la presente reclamación. 8. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente caso, a nuestro juicio tampoco se aprecia la existencia de la causa de inadmisión, se trata de información que consta obra en poder de la Administración- como demuestra a nuestro juicio la publicación en diversos medios de comunicación de dichos datos-, en una base de datos de la que extraen los mismos, como el número de denuncias al que se refiere la Administración, para cuya obtención entendemos no ha ido contando uno a uno los expedientes. Por lo que, a nuestro juicio, como venimos afirmando, a lo sumo, supondría una labor de recopilación de datos con el alcance de agregar, tratar o adici onar los mismos pero sin que requiera una labor de reelaboración. Hay que recordar que en el mencionado expediente de reclamación R/244/2020, estimado por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la Administración debía facilitar los datos correspondientes a las propuestas de sanción emitidas por el incumplimiento del estado de alarma, desglosada por los motivos de las propuestas de sanción, y por municipio, provincia o comunidad autónoma, es decir, debía identificar los diferentes motivos para elaborar la estadística, mientras que en el presente supuesto se trata únicamente y para todas de uno solo de los motivos por los que puede sancionarse- el incumplimiento de la obligación de llevar mascarilla- entendiendo con ello que la recopilación de los datos sería, a pesar del número que indica la Administración, más sencillo. Al hilo de lo anterior, cabe recordar que el criterio de este Consejo de Transparencia especifica que no se estaría ante un supuesto de reelaboración cuando estemos ante una solicitud de “información voluminosa”. No sería un caso de inadmisión de la solicitud sino de ampliación del plazo para resolver, recogido en el artículo 20.1 de la LTAIBG, cuando se trata de información cuyo “volumen o complejidad” hace necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante. En consecuencia, y en base a los argumentos y razonamientos expuestos en los apartados precedentes, debemos concluir con la estimación de la presente reclamación. 6. Teniendo en cuenta nuevamente la identidad en el objeto de la solicitud de información y en los argumentos expuestos por la Administración al objeto de inadmitir las solicitudes de información, reiteramos nuestra consideración en la aplicación a la presente reclamación de los argumentos desarrollados por este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en la resolución del mencionado expediente R/410/2020 que recoge, a su vez, la fundamentación del R/409/2020. Al igual que en dichos expediente, es fácil encontrar en una sencilla búsqueda por internet, datos de denuncias formuladas tanto por la Policía Nacional la Guardia Civil en determinado ámbito territorial. Por ello, resulta llamativo que, precisamente sobre la provincia de Salamanca, objeto de la presente solicitud, hayan sido publicados datos en el siguiente enlace por-no-usar-mascarilla-que-la-policia-en-salamanca-BK4419164 Datos que, en consecuencia, han debido ser aportados por las autoridades competentes que, a salvo de la Policía Local que también se menciona en la noticia que se remite, se incardinan en el MINISTERIO DEL INTERIOR, al que se ha dirigido la solicitud de información. Finalmente, se considera necesario añadir que en la resolución estimatoria de este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del expediente R/244/2020 se instó al Ministerio a que debía facilitar la información desglosada por municipio, provincia o comunidad autónoma, por lo que ahora que se trata de un municipio y provincia concreta, Salamanca, entendemos más sencilla la extracción de los datos de la base y mucho menos voluminosa. Por todo ello, la presente reclamación debe ser estimada. III. RESOLUCIÓN En atención a los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos descritos, procede: PRIMERO: ESTIMAR la reclamación presentada por , con entrada el 23 de julio de 2020, contra la resolución de 20 de julio de 2020 del MINISTERIO DEL INTERIOR. SEGUNDO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR, a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita a , la siguiente información: 1. Número de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por incumplir la obligación de usar mascarilla desde el 11 de junio de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, cuyo artículo 6 recoge dicha obligación, hasta la actualidad en la provincia de Salamanca. 2. En particular, número de denuncias formuladas por el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil por incumplir la obligación de usar mascarilla desde el 11 de junio de 2020 hasta la actualidad en el municipio de Salamanca. La mención a la actualidad ha de entenderse realizada a la fecha de la presentación de la solicitud de información. TERCERO: INSTAR al MINISTERIO DEL INTERIOR a que, en el mismo plazo máximo, re mita a este Consejo de Transparencia copia de la documentación enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, de conformidad con lo previsto en el artículo 9.1 c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG P.V. (Art. 10 del R.D. 919/2014) EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Fdo: Francisco Javier Amorós Dorda