Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadiana información sobre retribuciones por productividad y gratificaciones de 2019, incluyendo identificación nominal de ciertos empleados. La administración respondió parcialmente, alegando necesidad de reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información es pública, no requiere reelaboración y el interés público prima sobre la protección de datos para puestos de confianza y directivos según el criterio interpretativo 1/2015.
El interesado solicitó al Ministerio de Defensa estadísticas sobre consumo de drogas en las Fuerzas Armadas (2000-2020). Tras la inadmisión de la solicitud por requerir reelaboración, el ciudadano alegó que la información ya había sido difundida en prensa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por ser extemporánea.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el número de fallecidos por coronavirus desagregado por municipio y código INE. El Ministerio denegó parcialmente la solicitud alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, instando al Ministerio a remitir la solicitud al órgano competente.
El ciudadano solicitó a Puertos del Estado conclusiones y costes de una auditoría de la autopista Gijón-Nantes, listado de auditorías desde 2017 y aportaciones públicas a autopistas del mar (2010-2020). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos económicos pero desestimando el resto por estar la auditoría en curso o no existir la información.
El solicitante pidió a la Consejería de Sanidad de Madrid datos sobre canalizaciones de pacientes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. La administración respondió parcialmente, denegando los datos del Hospital Rey Juan Carlos por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación confirmando que la información no es fácilmente asequible.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda acceso a datos de subvenciones del 03/03/2020 de la Región de Murcia, cuestionando el límite de 10.000 registros para descarga. El reclamante alegó que los datos ya están protegidos y que otros portales permiten descargas mayores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por requerir reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda las actas del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado (2013-2020). La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración por el volumen de documentos y la protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información.
El interesado solicitó a la Junta de Extremadura el detalle de las sanciones impuestas a residencias de mayores entre 2014 y 2019. Al no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó parcialmente la reclamación: ordenó entregar los datos de las sanciones, pero denegó la información sobre procesos judiciales por requerir reelaboración.
El reclamante solicitó a la Consejería de Servicios Sociales de Ceuta el detalle de sanciones impuestas a residencias de mayores entre 2014 y 2019. Tras no obtener respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de los datos de las sanciones pero desestimando la información sobre procesos judiciales por requerir reelaboración.
El interesado solicitó datos sobre expedientes abiertos en residencias de mayores entre 2014 y 2019 a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. La administración inadmitió la solicitud por considerarla amplia e inconcreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, aclarando que el término 'expediente' debe entenderse como 'expediente sancionador'.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la base de datos del sistema CAPA de la Jefatura de Tráfico de Valladolid. Alegó que la información es pública y no contiene datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación considerando que la solicitud es abusiva al no ajustarse a la finalidad de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat de Catalunya información detallada sobre la implantación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Ante la falta de respuesta, se presentó reclamación. La GAIP decidió finalizar el procedimiento por pérdida de objeto, ya que la Administración facilitó la información durante la tramitación.
Un periodista solicitó a la Agència de Residus de Catalunya datos detallados sobre residuos entrantes desde 2010. Tras alegar insuficiencia de la información y falta de respuesta, la GAIP inició un proceso de mediación. La Comisión de Garantía decidió finalizar la reclamación por pérdida de objeto, ya que la administración facilitó finalmente la información solicitada.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat el detalle de inspecciones sanitarias y sanciones en establecimientos. Tras un proceso de mediación sin acuerdo, la GAIP resuelve estimar parcialmente la solicitud: accede a los listados automatizados y protocolos, pero deniega la información detallada por complejidad de elaboración y los datos de infractores personas físicas.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos sobre efectivos de inspección, empresas a supervisar y actas entre 2010 y 2020 desglosados por CCAA. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información requiere un tratamiento expreso de diversas fuentes.
Se solicitó al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) un histórico estructurado y descargable de casos activos de COVID-19 y tasas de infección por municipio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una reelaboración de la información que excede el derecho de acceso.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior la base de datos de preguntas y estadísticas del examen teórico de conducir permiso B. Alegó fines pedagógicos y control de errores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación considerando que la solicitud es abusiva y perjudicaría la objetividad de las pruebas y la seguridad vial.
El reclamante solicitó información al Ayuntamiento de Alicante sobre un servicio de mediación y una empresa contratista (Filias Desarrollo Comunitario, SL). Alegó que la administración no ofrecía explicaciones suficientes. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la reclamación, ordenando facilitar los informes de actuaciones y la lista de comunidades, previa protección de datos.
Se solicitó al Ministerio de Justicia una relación de solicitudes de indultos recibidas desde el 23 de diciembre con sus fechas de entrada e inicio de tramitación. La solicitante alegó que la información es accesible al estar informatizada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
Candidatura d'Unitat Popular solicitó al Ayuntamiento de Lleida los motivos de la exclusión de ciertos sindicatos de un pacto social y la previsión presupuestaria asociada. La GAIP inadmitió la primera petición por solicitar justificaciones y no información pública, y declaró la pérdida del objeto de la segunda tras recibir la respuesta extemporánea del Ayuntamiento.
La Aliança contra la Pobresa Energètica solicitó al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies datos detallados sobre exclusión residencial y ayudas energéticas. Tras una desestimación basada en la complejidad de recopilar datos de terceros, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento y a la EMMCT de Tarragona actas del Consejo de Administración, expedientes de robos, listados de pagos y contratos menores. Tras alegar la denegación parcial por confidencialidad y protección de datos, la GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia un listado de los acuerdos de declaración de secreto oficial del Consejo de Ministros desde 1976 hasta 2019. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración de la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social datos sobre inspecciones, irregularidades y sanciones desglosados por CCAA entre 2010 y 2020. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar justificada la causa de inadmisión por la complejidad técnica y el volumen de datos.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al MITERD el detalle de productividades y gratificaciones de 2019, incluyendo nombres de altos cargos. El organismo denegó la identificación nominal alegando protección de datos y reelaboración de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar los datos nominales de cargos directivos y eventuales.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó datos semanales de pruebas PCR de coronavirus realizadas en el Centro Nacional de Microbiología. Tras el silencio administrativo, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Finalmente, la entidad desistió del procedimiento al haber recibido una respuesta parcial de la Administración, por lo que el Consejo procedió al archivo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el nombre y coste de la empresa encargada de los talleres del proyecto 'Juguem'. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho por la proliferación de solicitudes del reclamante. La GAIP desestima el abuso y finaliza la reclamación por pérdida de objeto, ya que la información fue entregada, salvo los datos de 2016 por falta de recursos para su elaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Barcelona información detallada sobre el programa “Esport Inclou”. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho por la recurrencia del solicitante. La GAIP desestima el abuso y finaliza la reclamación por pérdida de objeto, ya que la Administración facilitó la información, validando la denegación de un punto específico por complejidad técnica.
Se solicitó a la Confederación Hidrográfica del Segura el acceso a alegaciones de un proyecto de drenaje y expedientes de expropiación de terrenos del Canal D7. Ante la falta de respuesta inicial, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar informes periciales y actas de aprecio, aunque valida la denegación de escrituras privadas por protección de datos.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte información sobre los desembolsos de la garantía del Estado para obras de arte desde 2010. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración acabó facilitando la información solo tras la reclamación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana datos estadísticos de presentados, admitidos y aprobados de las últimas 20 convocatorias de diversos cuerpos. El interesado alegó que la Unidad de Transparencia no realizó los trámites internos necesarios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la Administración remitió la información disponible y no debe realizar labores de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco el desglose de indemnizaciones recibidas por cargos públicos desde 2013. Tras una estimación parcial de la administración, el interesado reclamó. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación, instando a entregar la información restante sobre los puestos ocupados.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores la agenda detallada de la Ministra (participantes y motivos). El Ministerio remitió a la web genérica y alegó límites de relaciones exteriores y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la respuesta fue genérica y que la información existe y no requiere reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Vic información detallada sobre denuncias de barreras arquitectónicas derivadas por la Generalitat. El ciudadano alegó que no obtuvo respuesta completa. La GAIP resuelve una pérdida parcial del objeto por haber facilitado parte de la información y la inadmisión parcial del resto por requerir una tarea compleja de elaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el gasto detallado y el número de viajes de la escolta del Rey Emérito desde 2014. La administración denegó el acceso alegando secreto oficial, protección de datos y dificultad técnica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de gasto, pero deniega el número de viajes por requerir reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte información sobre las garantías del Estado para obras de arte desde 2010. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración acabó entregando la información solo tras la intervención del Consejo.
El ciudadano solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el importe de las productividades y gratificaciones extraordinarias de 2019 y los criterios de reparto. El Ministerio facilitó datos globales pero no nominales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información nominal de cargos directivos y de confianza.
El reclamante solicitó a la Universidad de Oviedo la normativa y contenidos para el 'Tema 3' de una oposición. La Universidad inadmitió la solicitud alegando que no poseía dicha información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la normativa y protocolos existentes, pero excluyendo la elaboración de un temario bibliográfico.
El ciudadano solicitó al Instituto para la Transición Justa la cuantía de productividades y gratificaciones de 2019, incluyendo la identificación de los perceptores. La administración denegó la identificación nominal alegando protección de datos y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a identificar a personal eventual y directivo.
El solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico información sobre retribuciones por productividad y gratificaciones de 2019, incluyendo identificación nominal. La administración denegó parcialmente alegando causa de inadmisión por reelaboración y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, entendiendo que la información ya existe, que no requiere reelaboración y que el interés público prima sobre la protección de datos para personal de libre designación y directivo.
El ciudadano solicitó a la AEMET la cuantía y criterios de reparto de productividades y gratificaciones de 2019, incluyendo la identificación nominal de ciertos cargos. La AEMET denegó la identificación de los perceptores alegando protección de datos y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información nominal de los cargos directivos y de confianza.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un informe de accesibilidad en trenes y estaciones de cercanías de la Comunidad Valenciana. Alegó que la información ya existía y que hubo precedentes similares atendidos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información no existe y requeriría una reelaboración.
Se solicitó a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad información sobre nombramientos de interinos y el procedimiento para salvaguardar derechos de funcionarios de carrera. El reclamante alegó la necesidad de los datos para una valoración judicial. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar solo el dato numérico de nombramientos.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda datos sobre presentados y aprobados en las últimas 20 convocatorias de diversos cuerpos. El Ministerio inadmitió parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no existe en el formato solicitado y requiere una reelaboración excesiva.
Una entidad vecinal solicitó al Ayuntamiento de Pallejà información sobre actuaciones ante operadoras de telefonía y Localret. El Ayuntamiento alegó que la elaboración de dicha relación sería una tarea compleja. La GAIP estima la reclamación al considerar que la búsqueda de comunicaciones escritas no es compleja y que operó el silencio administrativo positivo.
La notificació parcial de la informació es produeix el 10 de febrer, un cop depassat àmpliament el termini per resoldre, i per tant, havent-se generat ja els efectes presumptament estimatoris derivats del silenci administratiu d’acord amb l’article 35.1 LTAIPBG. I escau, per tant, recordar que l’apreciació de les possibles causes d’inadmissibilitat de les sol·licituds d’informació, com la complexitat de la tasca d’elaboració, s’ha de realitzar dins del termini per resoldre i que les inadmissions s’han de motivar i justificar en una resolució expressa, cosa que no s’ha produït, de manera que les al·legacions que conté l’informe del cap del Servei de Salut, que no revesteix forma de resolució ni indica vies de garantia, i que és extemporani al termini de resolució, no pot desvirtuar el sentit de la resolució presumpta produïda pel silenci de l’Ajuntament. Tampoc es pot considerar que pugui ser vàlida la finalització del procediment de sol·licitud amb la comunicació informal de la informació en substitució d’una resolució, ja que l’article 34.8 LTAIPBG estableix que només pot utilitzar-se aquesta via en cas d’estimació plena, i dins del mateix termini per resoldre. La desestimació parcial de la informació i la inadmissió parcial de la sol·licitud requeririen una resolució expressa i motivada (article 34.4.a LTAIPBG), de l’alcalde o l’òrgan en qui hagi delegat aquesta funció (article 32.b LTAIPBG) i notificada dins del termini d’un mes (article 33.3 LTAIPBG), i no complint cap d’aquests requisits legals, cal concloure que l’informe del cap del Servei de Salut notificat a la persona reclamant és incapaç jurídicament de limitar el dret d’accés de la persona reclamant prèviament estimat per acte presumpte, de vincular l’Ajuntament i de posar fi al procediment de sol·licitud d’accés a la informació. Discrepant del parer de l'APDCAT, vist que el seu informe no és vinculant per al sentit de la resolució de la GAIP, i en concordança amb les resolucions anteriors sobre el tema, la GAIP considera que no resulta d’aplicació al cas l’article 23 LTAIPBG, ja que la persona reclamant, ni demana dades personals, ni la informació demanada és relativa a la comissió d'infraccions administratives, si es té en compte la reducció de l’objecte acceptada durant el procediment. La invocació d’aquest límit relatiu als perjudicis econòmics i comercial està previst a la legislació estatal (article 14.1.h de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern) però tanmateix no el reprodueix la llei catalana de transparència, que és l’aplicable al cas, si bé, aquesta Comissió ve interpretant des del seu Dictamen 1/2016 que pot ser ponderat i aplicat a Catalunya per la via de l’article 21.1.f LTAIPBG, que preveu que el dret d’accés pugi ser limitat si lesiona drets privats legítims. Doncs bé, aquesta legitimitat que ha de qualificar els drets privats que s’oposen al dret d’accés per fer-los prevalents a un dret d’accés a la informació reconegut de manera expansiva per l’article 18 LTAIPBG, és un element determinant per a l’aplicació del límit, de manera que resultaria adequat aplicar-lo si la difusió de la informació desvetllés secrets empresarials o si la informació sobre l’empresa s’utilitzés pels competidors per posicionar-se millor competitivament en detriment d’ella. En canvi, difícilment es podria justificar aplicar aquest límit perjudicant el dret d’accés si el perjudici econòmic o el dany reputacional deriva directament de la divulgació de la conducta infractora de l’empresari. D’altra banda, la ponderació de la protecció dels interessos econòmics i comercials invocada per l’informe del cap del Servei de Salut de l’Ajuntament de Badalona, haurà de tenir en compte, també i especialment, els interessos econòmics dels establiments que compleixen rigorosament amb els requisits normatius per a la venda d’aliments, als què la difusió del resultat favorable de la inspecció beneficia i que es veurien perjudicats amb la desestimació de l’accés. En aquest punt, cal deixar palesa la voluntat de la Comissió de consultar i permetre participar en el procediment als gremis i organitzacions representatives de les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments afectats per la sol·licitud, vista que el trasllat directe a cadascuna d’elles resultava inviable i inassumible, segons manifesta l’Ajuntament. Amb aquesta finalitat, la GAIP ha demanat a l’Ajuntament la identificació d’aquestes organitzacions i els ha traslladat la reclamació, emplaçant-les a fer arribar al·legacions en defensa dels drets o interessos dels seus representats. Però només s’ha rebut una al·legació, del Gremi d’Hotels de Barcelona, que no ha aportat cap element de valoració que pugui modificar el resultat de la ponderació genèrica aquí realitzada, i que ni tan sols ha manifestat el seu criteri, favorable o desfavorable, a l’accés (antecedent 14). Hi ha un interès públic inqüestionable en la protecció del dret a la informació de les persones consumidores en un àmbit tan sensible com ho és la salut alimentària. D'altra banda, a l'interès de la persona reclamant en obtenir la informació, considerant que és periodista, cal afegir-hi l'interès públic en la garantia del dret fonamental a obtenir i comunicar informació veraç (article 20.1.d CE). Resulta, per tant, justificat per a la finalitat de la transparència facilitar l'accés a informació que permeti avaluar l'actuació de l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències inspectores de vigilància i control sanitari dels establiments minoristes que venen o distribueixen aliments, d’acord amb l’article 52 de la Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre, i la normativa local.
Un periodista solicitó a la Diputació de Barcelona los resultados detallados de inspecciones sanitarias en locales de alimentación (2016-2019). La administración estimó parcialmente la solicitud pero inadmitió el resto por complejidad técnica. La GAIP desestima la reclamación al considerar justificada la carga desproporcionada que supondría la extracción manual de los datos.
El solicitante pidió al INAP la relación de presentados y aprobados de las últimas 20 convocatorias de diversos cuerpos. El INAP facilitó solo la información disponible en su sede electrónica. El interesado reclamó por falta de motivación en la denegación parcial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el organismo no dispone de la información antigua.
Un concejal del Grupo Municipal del PP de Algete solicitó el expediente completo de la nómina general del Ayuntamiento de junio y julio de 2020. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo inadmitió la reclamación por extemporánea y por no ser la vía legal adecuada para un cargo público en ejercicio de sus funciones.
Se solicitó a la Diputación de Barcelona copia de sentencias judiciales sobre el IVTNU (enero-julio 2020) con datos anonimizados. La administración inadmitió la solicitud alegando complejidad técnica y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación, declarando la nulidad de la denegación y obligando a la entrega de la información previa dissociación de datos personales.
2501–2550 de 3509