Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El sindicato CSIF solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el número de efectivos policiales afectados en atestados por atentado contra agentes de la Guardia Urbana (2015-2021). El sindicato alegó que los datos son necesarios para planes de prevención. La GAIP desestimó la reclamación al considerar correcta la inadmisión por requerir una tarea compleja de elaboración.
El interesado solicitó información sobre subvenciones, proyectos y resultados de justificación técnica de la ONG CESAL al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Ante el silencio administrativo, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la solicitud: ordena entregar información sobre ayudas y proyectos, pero desestima los informes de seguimiento por requerir reelaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Hontoba información sobre proyectos de obra, informes técnicos y expedientes de contratación de la arquitecta municipal. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición constituye un abuso de derecho.
El solicitante pidió información detallada sobre la actividad y contratación de una arquitecta municipal al Ayuntamiento de Hontoba. El ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva, genérica y que requería una reelaboración excesiva que paralizaría sus servicios. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva según el art. 18.1 e) de la LTAIBG.
El solicitante pidió a la Fiscalía General del Estado el detalle de fiscales que solicitaron compatibilidad para ser preparadores de oposiciones. Alegó que la administración denegó la información detallada basándose erróneamente en la reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por carecer de competencia sobre el Ministerio Fiscal.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos sobre puestos de trabajo, bajas y expedientes disciplinarios de la Guardia Civil en Castilla y León. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el CTBG. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de bajas, pero desestimando el resto por seguridad pública y necesidad de reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose detallado de sanciones a policías por no llevar el TIP visible. Tras una respuesta parcial, el interesado alegó que la información es accesible al tratarse de solo dos casos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por no concurrir la causa de reelaboración de la información.
El solicitante pidió a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía copias de sentencias que motivaron la incorporación de personal no funcionario a funcionario en los últimos 5 años. La Consejería inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
Una periodista solicitó al INCASOL la relación de grandes tenedores de viviendas en alquiler. El INCASOL denegó la identidad de las personas jurídicas alegando intereses económicos y complejidad técnica. La GAIP estima la reclamación, obligando a facilitar la identidad de las personas jurídicas, pero mantiene la anonimización de las personas físicas por protección de datos.
El reclamante solicitó acceso a la totalidad de los documentos de los expedientes de contratación de la Ciudad Autónoma de Melilla del año 2019. Tras la inadmisión inicial por parte de la administración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud tiene un carácter abusivo, al requerir un volumen de información que paralizaría la gestión administrativa.
Se solicitó información sobre más de 100 contratos a la Consejería de Distritos, Juventud, Participación Ciudadana, Familia y Menor de Melilla. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por ser pública y preexistente.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Torrejón del Rey la relación de expedientes urbanísticos de 2018 resueltos sin informe técnico preceptivo y sin denuncia al fiscal. La administración alegó que la petición era masiva, requería reelaboración y era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva según el art. 18.1 e).
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Torrejón del Rey expedientes en los que el Secretario Municipal no denunciara a la Fiscalía la resolución de expedientes sin informe técnico. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la inadmisión por carácter abusivo de la solicitud.
La Asociación PROAMINA solicitó a la Delegación Territorial de Empleo y Minas de Almería el expediente de una explotación minera y dos informes específicos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación porque los informes solicitados no existen en el expediente y el resto de la petición fue declarada desistida por falta de concreción del solicitante.
Se solicitó a la Diputación de Cáceres el expediente de desplazamientos de trabajadores, su justificación y gastos. El reclamante alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud: ordena entregar los expedientes y justificaciones, pero deniega la memoria de gastos al no existir dicho documento.
El solicitante pidió al Ministerio de Universidades el organigrama de la Secretaría General de Universidades y los datos de nombramiento y cese de sus titulares desde 2010. El Ministerio facilitó datos parciales y remitió al BOE para el resto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que obtener la información restante requeriría una reelaboración compleja.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia una base de datos detallada de las peticiones de indulto desde 1975 hasta 2020. El Ministerio facilitó únicamente datos globales y tablas estadísticas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de inadmisión de reelaboración de información.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Tarragona los ingresos por impuestos de la industria química desde 1975. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que requería una tarea compleja de elaboración. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los ejercicios informatizados y manteniendo la denegación para los años en soporte papel.
La sección sindical CSIF solicitó al Ayuntamiento de Barcelona datos sobre expedientes disciplinarios de la Guardia Urbana. Tras una entrega parcial, el sindicato reclamó ante la GAIP la falta de datos específicos y cálculos económicos. La GAIP desestima parcialmente la solicitud por requerir la creación de nueva información compleja y declara pérdida del objeto el resto al haber sido entregado.
EMAYA solicitó al IGME (CSIC) los datos de muestreos analíticos en formato editable del Proyecto Mercurio. La administración denegó el acceso alegando que era información auxiliar, propiedad intelectual y que afectaba a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información constituye un soporte auxiliar para el informe final.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Justicia una base de datos detallada de los indultos concedidos entre 1975 y 2020. El Ministerio facilitó solo datos globales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la obtención del detalle solicitado requeriría una acción previa de reelaboración de información dispersa.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cobeña la relación de expedientes tramitados con la intervención de la empresa GTT S.A. en 2019. La administración alegó que la solicitud requería reelaboración y era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición no estaba justificada con la finalidad de la ley, calificándola de abusiva.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Román de los Montes copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2017 y 2018. La administración alegó que la necesidad de anonimizar datos personales suponía una labor de reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, aclarando que la anonimización no es causa de inadmisión.
Un ciudadano solicitó datos estadísticos sobre la actividad municipal relacionada con animales de compañía al Ayuntamiento de Vinaròs para un estudio. La administración no respondió y alegó extemporaneidad y necesidad de reelaboración de datos. El Consell de Transparenció de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información.
La Associació Institut d'Estudis Econòmics de la Província d'Alacant solicitó detalles de la liquidación presupuestaria de 2018 y 2019 desglosados por provincia y municipio a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de una reelaboración. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que solo requiere un filtrado de datos.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Bocairent datos detallados de expedientes sancionadores de tráfico (2014-2015). Tras la reclamación por falta de respuesta inicial, el Ayuntamiento entregó parte de la información. El Consell de Transparencia declara la pérdida de objeto respecto a lo entregado y desestima el resto por considerar que la información pendiente requiere reelaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Román de los Montes copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos (2017-2018). El Ayuntamiento alegó que la solicitud debía inadmitirse por requerir una acción previa de reelaboración para anonimizar datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la anonimización no es reelaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cobeña un listado de expedientes tramitados por GTT S.A. en 2019. El Ayuntamiento alegó que la solicitud requería reelaboración y era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó estas alegaciones, determinando que solo es necesaria una recopilación de datos y no una reelaboración compleja.
El interesado solicitó la agenda de la subsecretaria del Ministerio de Hacienda (fecha, asistentes, lugar y motivo). La Administración entregó parte de la información pero omitió los asistentes, alegando que no constan en sus registros y que su elaboración supondría una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al haberse entregado la información fuera de plazo.
El ciudadano solicitó a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad de Galicia expedientes de contabilidad, contratos y fondos europeos de un centro educativo. La administración inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. La Comisión de la Transparencia estima la reclamación por falta de motivación de dicha inadmisión.
Se solicitó al Ayuntamiento de Torrelles de Foix un certificado de retribuciones detalladas del Alcalde y copia de su declaración de bienes e intereses. El solicitante reclamó contra la inadmisión parcial de la solicitud. La GAIP desestimó la reclamación al considerar que la petición de certificados excede el derecho de acceso y que la información pública ya estaba disponible mediante enlace web.
El solicitante pidió a Castilla-La Mancha Media información sobre la titulación y condiciones contractuales de personal contratado en 2020 y 2021. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y anonimización. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que se trata de información pública y que la reelaboración es básica.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud el registro anonimizado de pacientes prescritos con tranquilizantes, ansiolíticos y opioides (2011-2021). El organismo inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Comisionado de Transparencia estima formalmente la reclamación y termina el proceso ya que la administración acabó entregando la información.
Una asociación solicitó a la Consellería de Cultura, Educación y Universidad de la Xunta de Galicia las programaciones didácticas de centros de Primaria, ESO y Bachillerato en castellano. Tras alegar la entidad que la información ya estaba disponible en webs en gallego, la Comisión de la Transparencia de Galicia desestimó la reclamación por ser una solicitud abusiva y requerir reelaboración.
El solicitante pidió a la Consellería de Facenda e Administración Pública la relación individualizada de 6 plazas de ingenieros de caminos de la OPE 2019. Alegó que la denegación por necesidad de 'reelaboración' era incorrecta. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación porque la información solicitada es inexistente en este momento.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Sanidad de Aragón el detalle de inspecciones higiénico-sanitarias (2016-2019) y el protocolo de inspección. El Departamento respondió parcialmente con un informe general. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos detallados, salvo sanciones a personas físicas.
Un periodista solicitó al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) contratos de centros de menores y datos estadísticos de los acogidos (2015-2019). Ante la falta de respuesta y posterior remisión genérica a la web, el Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación por considerar insuficiente la respuesta y no justificada la reelaboración de datos.
Un regidor solicitó al Ajuntament de la Granja de la Costera diversos informes de la Secretaría Intervención sobre morosidad y pagos a proveedores. El Ayuntamiento denegó parte de la información alegando derogación normativa y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de informes y la actualización de la web municipal.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Borriana datos estadísticos sobre actividades relacionadas con animales de compañía para un estudio. La administración denegó el acceso alegando que la información requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana estimó la reclamación al considerar que la administración no justificó adecuadamente la carga de trabajo necesaria.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía un listado detallado de centros y unidades educativas que no cumplieron la ratio de alumnos en 2019/2020. La Consejería inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos. El organismo de transparencia confirma la inadmisión basándose en la inexistencia de la información con ese nivel de desagregación.
Se solicitó a la Mancomunitat Penedès-Garraf certificados de retribuciones de altos cargos, sesiones de la Junta de Presidencia y la declaración de bienes del Presidente. La GAIP inadmitió la reclamación porque la solicitud de certificaciones excede el objeto del derecho de acceso a la información pública y la declaración de bienes ya se encuentra disponible en la web de la entidad.
Un electo local solicitó al Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles el cese de una persona y un certificado de sus retribuciones. La GAIP inadmitió la reclamación por falta de objeto, ya que ni la solicitud de cese ni la petición de un certificado elaborado expresamente constituyen el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
El interesado solicitó información sobre niveles formativos, titulaciones y modalidades de contrato del personal de CMMedia-RTVCM en 2020 y 2021. La administración denegó el acceso alegando que requería una reelaboración de datos y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que es información pública y no requiere reelaboración compleja.
El solicitante pidió al Instituto Andaluz de Administración Pública datos sobre oposiciones en la facultad de matemáticas, específicamente sobre adaptaciones para personas con discapacidad y quejas asociadas. El Instituto inadmitió la solicitud alegando que la información no existe de forma indexada y requeriría una reelaboración o investigación ad hoc.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía la oferta de optativas de 2º de Bachillerato de Ciencias de todos los IES públicos. La Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa inadmitió la solicitud alegando que la entrega de dicha información requeriría una acción previa de reelaboración de los datos.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Málaga los planos de ocupación y detalles de elementos en vía pública de varios locales. El Ayuntamiento solo facilitó la superficie en metros cuadrados. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que hubo un acceso parcial y que no procede la denegación por reelaboración.
El PACMA solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación datos detallados sobre granjas cinegéticas del REGA e información sobre sueltas de especies cinegéticas (2018-2020). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información requerida no obra en poder de la administración o exigiría una reelaboración previa de los datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio del Interior el registro anonimizado de todos los presos en España a fecha de 01/05/2021 con datos detallados. El Ministerio denegó la solicitud alegando que supondría un informe 'a medida' y riesgo de identificación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud requiere una reelaboración de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior registros anonimizados de presos de ETA entre 2017 y 2021. El Ministerio denegó la información retroactiva alegando limitaciones técnicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2017 a 2020, pero desestima lo relativo a 2021 por ser una solicitud repetitiva.
El reclamante solicitó a la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha información sobre los instrumentos y técnicas que utiliza la inspección educativa para garantizar los derechos de los padres y la participación en los centros. Tras la respuesta, interpuso reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo la inadmitió al considerar que la solicitud constituye una consulta y no acceso a información pública existente.
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