Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid el expediente de modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de Servicios Sociales y la información sobre si hubo otras modificaciones por el nuevo modelo de atención. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que solo los afectados son interesados. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación, ordenando facilitar el expediente.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Conil de la Frontera respuesta por escrito a sus quejas de 2022 o, en su defecto, un certificado de silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación e inadmite el recurso porque lo solicitado no constituye "información pública", sino una petición de actuación administrativa o respuesta.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los informes técnicos de resultados de pruebas lingüísticas de 2023 y 2024. La Administración alegó que eran documentos internos y auxiliares. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por considerar que la información es preparatoria y tiene carácter auxiliar o de apoyo.
Se solicitó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid los Informes de Seguimiento (2023 y 2024) de un proyecto de evaluación bilingüe. El reclamante alegó que los documentos estaban concluidos y no en fase de elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por considerarlos información de carácter auxiliar o de apoyo.
Se solicitó información sobre la metodología de clasificación de centros educativos por complejidad, la normativa aplicable y un listado de centros según dicha clasificación al Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat de Catalunya. La GAIP desestimó la parte relativa a consultas jurídicas por ser inadmisible y estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega del listado solicitado.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación copia de un informe interno de la Subdirección General de Personal, usado para desestimar un recurso de reposición. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar (art. 18.1.b LTAIBG). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el informe era relevante para la decisión administrativa y no meramente auxiliar, y que el acceso por transparencia es independiente de la vía judicial.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el trazado de un expediente administrativo. El Ministerio denegó parcialmente el acceso alegando que la información ya había sido facilitada. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar copia completa del expediente, al no apreciar causa legal para denegar el acceso a un procedimiento ya concluido.
Una delegada sindical solicitó al Ajuntament de Lliçà de Vall una explicación escrita sobre el tratamiento de ayudas sociales, la devolución de importes retenidos y la realización de una nueva consulta a Hacienda. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque lo solicitado no es información pública preexistente, sino peticiones de actuación administrativa y consultas.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad copias de la respuesta a una carta del ministro francés sobre el aumento de expendedurías de tabaco en frontera, sus traslados internos y respuestas. El CTBG estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información. Consideró que la justificación del Ministerio, basada en el carácter auxiliar de los documentos (Art. 18.1.b LTAIBG), era insuficiente y que la información era de interés público.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado información sobre una información reservada y la inadmisión de un expediente disciplinario contra una funcionaria. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y que afectaba a la investigación disciplinaria. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación.
La asociación APPACA solicitó al Ministerio del Interior informes de la CIPAE sobre armas en licencia D y F. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información era auxiliar y afectaba la seguridad pública. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando la entrega de los informes, al considerar que la motivación del Ministerio no justificaba suficientemente la inadmisión ni el límite de seguridad pública.
El reclamante solicitó información sobre la normativa y requisitos para realizar clases de Zumba en una comunidad de propietarios al Ayuntamiento de Tarragona. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) la inadmitió por tratarse de una consulta jurídica y no de acceso a información pública preexistente.
Un delegado sindical de CCOO solicitó al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat aclaraciones sobre las condiciones organizativas y complementos de la Policía Local. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) decidió inadmitir la reclamación porque la solicitud no pedía información preexistente, sino que planteaba una consulta jurídica.
D.ª XXX solicitó a la Diputación de Ávila informes técnicos y acuerdos sobre inundaciones en Dehesa de Pancorbo. La Diputación inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, ordenando la entrega de los informes existentes (no auxiliares) y la comunicación explícita de la inexistencia de acuerdos, ya que la inadmisión fue indebida.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Madrid copias de correos de ofrecimiento de plazas de aparcamiento y otras comunicaciones relacionadas. La reclamante alegó que eran comunicaciones genéricas ya estimadas previamente. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por considerarlos información auxiliar de carácter preparatorio.
El reclamante solicitó al Ajuntament d'Alcanar información sobre el procedimiento para presentar denuncias por infracción de ordenanzas municipales. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) inadmitió la reclamación porque la solicitud no constituye acceso a información pública preexistente, sino que se trata de una consulta jurídica.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Salt información sobre el cumplimiento normativo de las tapas de alcantarillado y cuándo las sustituirían. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña inadmitió la reclamación por no tratar de acceso a información, sino de una consulta jurídica y una exigencia de actuación administrativa.
Se solicitó a la Generalitat de Catalunya el acceso a comunicaciones internas (correos, eValises, etc.) relacionadas con la gestión de una solicitud de acceso previa. El reclamante alegó silencio administrativo. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña inadmitió la reclamación por tratarse de documentos de trabajo interno sin relevancia pública.
Un ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de Madrid diversos documentos y la normativa sobre la implantación de cursos de ESO en el CEIP Nuestra Señora del Val. Tras la inadmisión de la Consejería, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar el acta del consejo escolar, pero deniega el resto por ser información auxiliar o normativa.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Villamanta la grabación en CD del pleno del 26/01/2023. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación por silencio administrativo. El Ayuntamiento alegó que la grabación es información auxiliar de apoyo (art. 18.1.b LTAIBG). El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que la grabación constituye un mero soporte preparatorio para redactar el acta, por lo que aplica la causa de inadmisión de información auxiliar.
La asociación solicitó al Consorcio de la Zona Especial Canaria un listado actualizado de empresas ZEC con número de trabajadores y CNAE. El Consorcio concedió acceso parcial, explicando las limitaciones para el resto de la información solo tras la reclamación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse proporcionado una respuesta completa y justificada en el plazo legal.
La reclamante solicitó a la UNED correos electrónicos sobre la inviabilidad de un proyecto de prácticas y un documento de anulación de firmas. La UNED inadmitió los correos por ser información auxiliar y afirmó que el documento de anulación no existe. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que los correos son de apoyo y que no se puede acceder a lo inexistente.
El reclamante solicitó a la Consejería de Sanidad de Madrid un mapa de recursos y tres documentos técnicos sobre Chemsex. A pesar de que la resolución inicial concedió acceso a la Iniciativa general, el solicitante alegó que no se entregaron los documentos base. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por considerarlos documentos preparatorios.
La solicitante pidió un plano topográfico y un informe favorable del Jefe de Sección de Recursos Hidráulicos sobre un proyecto de cubrimiento de un barranco al Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. La administración denegó el informe alegando que era información auxiliar/interna. El Comisionado de Transparencia estima la reclamación porque el informe es parte esencial del expediente.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Educación los requerimientos emitidos a la Generalitat de Cataluña sobre la adecuación de currículos a la normativa estatal y la información previa. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, denegando el acceso a la información previa por ser auxiliar (art. 18.1.b LTAIBG) pero concediendo el acceso a los requerimientos, al considerar que la actuación inspectora había finalizado y su divulgación no perjudicaba las funciones de vigilancia (art. 14.1.g LTAIBG).
El sindicato ADN Sindical solicitó a ADIF el número de horas descubiertas por la empresa Prosegur en 2024. ADIF denegó el acceso alegando límites de seguridad pública y que era información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información solicitada, al ser genérica y de un periodo pasado, no compromete la seguridad ni es auxiliar, por lo que los límites no están justificados.
Se solicitó el plan de viabilidad del Aeroport Lleida-Alguaire a Aeroports de Catalunya, S.L. El reclamante alegó falta de respuesta. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación porque la información solicitada es un borrador de documento de trabajo interno aún no aprobado, careciendo de relevancia pública.
Un particular solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) documentos que justificaran opciones ofrecidas en un informe de inspección para resolver un conflicto laboral. El CEB inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por el volumen de peticiones. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que la petición no busca transparencia, sino resolver un conflicto laboral mediante el uso instrumental del derecho.
El reclamante solicitó información sobre la actuación de una Comisión de Evaluación de Protocolos de Acoso Laboral a la Generalitat de Catalunya. Tras una respuesta parcial de la administración, el recurrente reclamó ante la GAIP. El organismo declara la pérdida parcial de objeto por entrega de información y desestima el resto por tratarse de consultas y peticiones de informe no amparables por el derecho de acceso.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Turismo y Hostelería una instrucción interna sobre inspección turística y criterios de licencias urbanísticas. La administración inadmitió la petición alegando naturaleza auxiliar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, al considerar que las notas internas no vinculantes son información auxiliar y que la regulación de licencias urbanísticas es competencia municipal.
Se solicitó a la Dirección General de Turismo y Hostelería de la CAM una Instrucción de 2020 y otros documentos sobre criterios de inspección de licencias urbanísticas en VUTs. El reclamante alegó que los documentos existen y no son inadmisibles. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por inexistencia de los documentos y naturaleza auxiliar de la nota orientativa.
Una empresa solicitó al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que impidiera al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra entregar informes de impacto en salud (VIS) y alegaciones relacionadas a un ciudadano. La empresa alegó que eran documentos auxiliares. El Consejo desestimó la reclamación por considerar que la información es relevante para la toma de decisiones públicas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Huesca el acceso a informes técnicos sobre la situación municipal elaborados para el traspaso de poderes entre corporaciones. El Ayuntamiento alegó que dicha información se transmitió verbalmente y no existen informes escritos. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación por inexistencia del documento solicitado.
Se solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza los balances económicos e informes de traspaso de poderes de los gobiernos salientes de 2019 y 2023. El solicitante alegó que son documentos fundamentales para la toma de decisiones políticas. El Consejo de Transparencia de Aragón desestimó la reclamación al considerar que dichos informes son información auxiliar o de apoyo.
El solicitante pidió a la Presidencia de la JCCM el expediente que autorizó un recurso contencioso contra el Ayuntamiento de Pastrana. Tras alegar la falta de respuesta, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación por considerarse información reservada del proceso de toma de decisiones y requerir reelaboración previa.
El reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 las "órdenes de servicio" de expedientes de actuaciones preliminares de información desde septiembre de 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que la información solicitada revelaría la metodología de investigación y control del Ministerio, perjudicando sus funciones de vigilancia e inspección (art. 14.1.g LTAIBG) y sin un interés público cualificado.
La asociación AVC Amics del Carme solicitó al Ayuntamiento de Valencia acceso a expedientes de inspección de terrazas derivados de sus denuncias. Tras la falta de respuesta municipal, el Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación porque la administración alegó que la información solicitada es inexistente, limitándose a documentos de trabajo interno ya conocidos por el solicitante.
Una persona solicitó al Consorci d’Educació de Barcelona evidencias de comunicaciones internas sobre una inspección de reducción de jornada. La administración inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por su carácter reiterativo. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que la solicitud busca resolver un conflicto laboral mediante el derecho de acceso.
Un funcionario solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública documentación sobre la aplicación del art. 78.2 RD 364/1995 en su promoción interna. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal, vulnerando el derecho de acceso a la información, a pesar de una posterior resolución de inadmisión.
Se solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública acceso a toda la documentación del expediente de un anteproyecto de ley. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, instando al Ministerio a facilitar el resto de la documentación, ya que la norma había superado la primera vuelta en Consejo de Ministros, lo que justifica un acceso amplio para el debate público, excluyendo solo las fichas de valoración de alegaciones.
Un particular solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona información sobre actuaciones de inspección relacionadas con una denuncia de acoso de género. Tras la inadmisión por parte del Consorci, el recurrente presentó reclamación ante la GAIP alegando falta de respuesta. La GAIP desestima la reclamación por considerar que el ejercicio del derecho constituye un abuso de derecho, con una finalidad puramente instrumental para resolver un conflicto laboral y no para la transparencia.
Una persona física solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona información y explicaciones sobre el tratamiento de una ausencia laboral y la gestión de horas. La administración denegó el acceso. La Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por considerar que la solicitud constituye un abuso de derecho, con fines puramente personales y laborales.
El reclamante pidió a la Consejería de Presidencia de la C. de Madrid un escrito del alcalde sobre el proyecto "Digital Valley Spain". Tras su inadmisión, reclamó alegando que era información pública relevante. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, al considerar que el escrito era una mera solicitud de reunión interadministrativa sin carácter de trámite ni documento final, aplicando la causa de inadmisión de información auxiliar o de apoyo.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el acceso a comunicaciones con la Generalitat Valenciana sobre el SMS de alerta de la DANA. La reclamante alegó el interés público de la tragedia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por no ser información pública y por existir límites legales y judiciales.
Una persona física solicitó aclaraciones y fuentes sobre un informe del director de un instituto educativo al Consorci d'Educació de Barcelona. El ciudadano alegó que la información era necesaria para su defensa laboral. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al considerar que el ejercicio del derecho constituye un abuso de derecho.
El interesado solicitó información sobre la gestión de la crisis por DANA en Valencia y comunicaciones con el Ministerio del Interior. Alegó falta de motivación en la inadmisión por carácter interno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el plazo legal de respuesta.
Se solicitó al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática información sobre la gestión de la DANA en Valencia, incluyendo actuaciones de la Delegada del Gobierno, comunicaciones con Interior e informes sobre la declaración de emergencia. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en el plazo legal ni justificó la ampliación, vulnerando el derecho de acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de la Roca del Vallès documentación contable y técnica sobre la urbanización del Pla de Les Hortes. El reclamante alegó que la información recibida era insuficiente y errónea. La GAIP inadmitió las peticiones de auditoría y devoluciones económicas por no ser derecho de acceso, pero estimó parcialmente la solicitud obligando a entregar el detalle de ingresos y liquidaciones.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sant Celoni la emisión de un informe jurídico preceptivo sobre la validez de un acuerdo del Pleno. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) ha decidido inadmitir la reclamación porque la solicitud no constituye un derecho de acceso a la información, sino una petición de un nuevo informe jurídico.
El reclamante solicitó informes, protocolos y justificaciones sobre la gestión interna de derivaciones y retornos de sus peticiones y recursos ante el Departament d'Educació i Formació Professional. Alegó la falta de respuesta (silencio administrativo) y el perjuicio causado por el desvío de trámites. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública inadmitió la reclamación por no tratarse de información pública.
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