Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Dénia el acceso al expediente administrativo de una licencia de obra menor. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información era de carácter auxiliar o consistía en opiniones personales. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por considerar que la información es pública y la solicitante tiene condición de interesada.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Guils de Cerdanya el Excel de control de licencias urbanísticas. Tras la denegación municipal basada en el carácter de borrador del documento, la interesada reclamó ante la GAIP. La GAIP resuelve el desistimiento del procedimiento ya que la recurrente no aportó la prueba de notificación de la resolución impugnada, impidiendo verificar si la reclamación fue extemporánea.
Una reclamante solicitó a RTVE informes jurídicos sobre el voto de calidad de la Presidenta, informes sobre la contratación de un presentador y el contrato asociado. RTVE inadmitió la solicitud alegando que no era autora de los informes, que eran auxiliares o en elaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a RTVE a entregar la información, al considerar que la inadmisión no fue justificada, los informes son relevantes y el contrato ya no está en curso de elaboración.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Cultura informes sobre la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar o de apoyo. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, argumentando que la información que fundamenta una decisión con efectos frente a terceros no es meramente auxiliar y es relevante para la rendición de cuentas, por lo que debe ser entregada.
Un ciudadano solicitó al Servicio Extremeño de Salud informes de seguimiento de un contrato de mantenimiento. La administración denegó el acceso alegando que era información interna, falta de interés del solicitante y perjuicio a funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, desestimando las causas de inadmisión y los límites, e insta a entregar la información anonimizada.
Un reclamante solicitó al Servicio Extremeño de Salud informes de seguimiento de un contrato de mantenimiento. La administración denegó el acceso alegando que la información era interna, que el solicitante no era interesado y que afectaría a funciones de control y secreto profesional. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, rechazando los límites invocados y ordenando la entrega de los informes anonimizados, al considerar que no se justificó el perjuicio ni se valoró el acceso parcial.
Una ciudadana solicitó al Servicio Extremeño de Salud protocolos y guías hospitalarias para varias patologías. El SES inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar en elaboración. La reclamante argumentó que, aunque dinámicos, son documentos públicos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, dictaminando que los protocolos clínicos no son meramente auxiliares, sino cruciales para la rendición de cuentas, y la causa de inadmisión no era aplicable.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad las categorías de personal estatutario verificadas en Baleares y Canarias para el catálogo homogéneo de 2015. El Ministerio respondió con información general. El reclamante alegó que el Ministerio disponía de la información específica. El CTBG desestimó la reclamación, considerando que las "comprobaciones" solicitadas eran información auxiliar o preparatoria, y por tanto, inadmisible según el artículo 18.1.b) LTAIBG.
Una empresa solicitó al Ministerio de la Presidencia acceso a un informe de la Abogacía del Estado sobre la prórroga de una concesión portuaria. El Ministerio denegó la solicitud alegando que era información auxiliar (un borrador). La empresa reclamó ante el Consejo de Transparencia, que desestima la reclamación al confirmar que el informe es un texto preliminar sin carácter definitivo, justificando la inadmisión.
Una concejal solicitó al Ayuntamiento de Guils de Cerdanya el plan de contratación de una auditoría y otros documentos. Tras la denegación municipal, recurrió a la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) resolvió el desistimiento de la reclamación porque la interesada no aportó la prueba de notificación de la resolución impugnada a pesar de ser requerida.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Economía informes del Consorcio de Compensación de Seguros sobre inundaciones en Erandio. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar y, posteriormente, secreto profesional y propiedad intelectual. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que la información no es auxiliar y que los límites invocados no fueron justificados de forma proporcionada, instando a la entrega del informe.
Un solicitante pidió a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) información sobre la deuda del Ayuntamiento de Gijón por obras en el río Piles, el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el impacto en la financiación FEDER y los importes finales. La CHC dio acceso parcial, omitiendo datos económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, ya que la información completa fue entregada fuera de plazo, tras la interposición de la reclamación.
AESA inadmitió una solicitud de listado desagregado de reclamaciones de vuelos de 2023 por información en elaboración y necesidad de reelaboración. La reclamante alegó que la información existe y la falta de medios no es motivo. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que el informe anual de 2023 está en elaboración y que la información desagregada solicitada requeriría una reelaboración que excede la noción de información pública.
Un delegado sindical solicitó al Ministerio de Hacienda informes de masa salarial de ISDEFE S.A. para 2022 y 2023. La solicitud fue inadmitida por considerarse información auxiliar o interna. El reclamante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia, alegando que la información no era auxiliar. El Consejo desestimó la reclamación por haber sido presentada fuera del plazo legal de un mes.
Un ciudadano solicitó a RTVE una copia de un informe jurídico de abril de 2023 sobre el voto de calidad del Presidente del Consejo de Administración. RTVE inadmitió la solicitud alegando que era información auxiliar. El reclamante impugnó la falta de motivación. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando a RTVE entregar el informe, al considerar que no era meramente auxiliar dada su relevancia para el funcionamiento de la corporación.
Se solicitó al Ministerio de la Presidencia (RTVE) copia de expedientes de contratación, informes técnicos/jurídicos y actas del Consejo de Administración sobre el fichaje de un comunicador. RTVE inadmitió la solicitud alegando información en elaboración o auxiliar y una cláusula de confidencialidad. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a RTVE a entregar la información completa y actas con anonimización adecuada, al no justificar las limitaciones.
El presidente del comité de empresa solicitó a SENASA S.M.E. acceso a informes de masa salarial y actas del consejo de administración. La empresa denegó parte de la información alegando carácter interno, confidencialidad o ser anterior al comité actual. El solicitante reiteró la petición invocando la LTAIBG. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, rechazando las causas de inadmisión y límites alegados por SENASA, y ordena la entrega de la documentación sobre masa salarial y el contenido obligatorio de las actas del consejo desde 2018.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes el desglose de costes y fuentes para la reapertura de la línea ferroviaria Madrid-Aranda de Duero-Burgos. ADIF denegó el acceso parcial alegando que era información auxiliar. El reclamante argumentó su relevancia pública y citó precedentes. El Consejo desestima la reclamación porque la información solicitada forma parte de un estudio de viabilidad en curso de elaboración hasta 2025, aplicando la causa de inadmisión del artículo 18.1.a) LTAIBG.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa copia de un informe independiente del Consorcio de Seguros sobre las inundaciones de Erandio. El Ministerio denegó el acceso alegando que era un informe interno. El reclamante argumentó que se había entregado a terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, al considerar que el informe no es auxiliar y el límite de propiedad intelectual no fue justificado ni proporcional.
Una solicitante pidió al Ministerio de Sanidad el registro anonimizado y desagregado de llamadas al teléfono 024 de atención al suicidio. El Ministerio concedió acceso a datos acumulados. La reclamante alegó que los datos eran incompletos y no desagregados diariamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, al considerar que el Ministerio ya había proporcionado la información que obraba en su poder, y que la restante era de uso interno o ya publicada.
El 10 de abril de 2023, se solicitó al Ministerio de Hacienda acceso a las fichas de valoración de aportaciones del trámite de audiencia del Real Decreto 249/2023. Ante la falta de respuesta, el solicitante reclamó al Consejo de Transparencia, alegando la importancia de la transparencia legislativa. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerar la información auxiliar. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, debido a la respuesta tardía del Ministerio, aunque considera justificada la denegación sustantiva al haberse facilitado la información relevante en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo.
Una persona física solicitó al Departament d'Educació informes de inspección, encuestas y dietas de desplazamiento. Tras una estimación parcial del Departamento y un proceso de mediación, la GAIP resuelve que hubo pérdida parcial del objeto por entrega de parte de la información y estima parcialmente la reclamación al reconocer el derecho de acceso a las dietas de desplazamiento.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia un informe sobre la eliminación de las Golden Visa. Tras ser trasladada al Ministerio de Vivienda, la solicitud fue inadmitida alegando que era información auxiliar y confidencial en procesos de toma de decisión. El reclamante argumentó que el informe era fundamental y no una deliberación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, al considerar que el informe no era auxiliar por su relevancia y que la administración no justificó adecuadamente el límite de confidencialidad.
Una participante en un proceso selectivo solicitó al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 copia de su examen, criterios de corrección, anotaciones y exámenes de otros opositores. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG desestimó la reclamación, al considerar que la solicitud se rige por la normativa específica del procedimiento selectivo, ya que la reclamante era interesada y el proceso estaba en curso, conforme a la Disposición adicional primera de la LTAIBG.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar copias digitales de documentación y diversos informes relativos a la modificación puntual del POUM. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que eran documentos de trabajo interno. La GAIP estima la reclamación al considerar que los informes tienen un alto interés público y relevancia normativa.
Una asociación solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre las manifestaciones del sector primario y transporte de febrero de 2024, incluyendo despliegue policial, cargas, detenciones y protocolos. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando información auxiliar y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, excluyendo peticiones de explicaciones y ordenando al Ministerio entregar parte de la información solicitada, al considerar insuficientes sus justificaciones de inadmisión.
El solicitante pidió a la TGSS el índice de circulares y notas circulares del periodo 1980-1984. La TGSS denegó el acceso alegando que era información auxiliar (art. 18.1.b LTAIBG). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, determinando que los índices de instrucciones no son información auxiliar y que, según el art. 7 LTAIBG, tales documentos deben ser públicos.
Se solicitó a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Junta de Andalucía las rúbricas de evaluación de una opositora. Pese a que la entidad estimó la solicitud inicialmente, no facilitó los puntos 1 y 3. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que la entidad debe cumplir su propia resolución estimatoria.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Palau-solità i Plegamans el avantproyecto de un complejo deportivo con piscina. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que era un borrador interno sin interés público. La GAIP estima la reclamación al considerar que el documento es un producto finalizado, recepcionado y abonado derivado de un contrato con una empresa externa.
Una persona solicitó al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía los documentos de notificación de una sentencia y una diligencia judicial a una Delegación Provincial. La entidad inadmitió la solicitud alegando que eran comunicaciones internas auxiliares. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una asociación solicitó al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya los enunciados de los exámenes de acceso al Bachillerato Internacional 2024. El organismo denegó el acceso alegando que eran documentos internos. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información al considerar que no son documentos internos al usarse en un proceso selectivo competitivo.
Una regidora solicitó al Ayuntamiento de Guils de Cerdanya el expediente de concesión de la estación de esquí municipal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que eran documentos de trabajo internos. La GAIP estima la reclamación porque la solicitante, como electa, tiene un derecho reforzado y la documentación es relevante y de interés público.
Una persona concejal solicitó al Ayuntamiento de Alcanar el acta de una mesa técnica sobre aguats. El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que era un borrador interno. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, determinando que el documento tiene un notable interés público y relevancia notoria.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Defensa actas e informes sobre la actuación del Ejército en residencias de mayores de Madrid durante la pandemia. El Ministerio denegó el acceso alegando que eran documentos auxiliares y que requerirían reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar las notas del 8 al 30 de marzo de 2020.
Se solicitó a la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de Andalucía rúbricas y registros de evaluación de tribunales de oposición. Tras una resolución estimatoria parcial, la entidad omitió entregar ciertos documentos alegando que eran información auxiliar. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por incumplimiento de un acto administrativo válido.
Se solicitó a la Diputación de Guadalajara el listado de correos electrónicos oficiales de los ayuntamientos provinciales. El solicitante alegó que la información está en poder de la administración. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación por considerarse información auxiliar que requiere reelaboración y por estar ya disponible en datos.gob.es.
El solicitante pidió a SENASA documentación sobre la venta del aeródromo de Ocaña y otras gestiones. Tras la denegación parcial de la entidad, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los contratos de arras, de venta y el informe de la Abogacía del Estado, al no concurrir las causas de inadmisión alegadas.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa convenios, expedientes e informes sobre la cesión del Cuartel de Loyola y otras parcelas al Ayuntamiento de San Sebastián. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud alegando carácter auxiliar de los documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información completa.
Un delegado sindical de CCOO solicitó al Consorci Hospitalari Provincial de Castelló información sobre el impacto económico y los informes jurídicos que justificaron no recurrir la Sentencia 87/2023. El Consorci denegó los informes alegando que eran documentos internos. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, reconociendo el acceso a dichos informes y a los órganos decisores.
Se solicitó al Ayuntamiento de l'Ametlla de Mar la licencia de obras, el proyecto técnico y la titularidad de un camino. El Ayuntamiento denegó las copias alegando propiedad intelectual y secreto profesional. La GAIP estima la reclamación, considerando que el derecho de acceso prevalece al no haber fines lucrativos y existir un interés legítimo del solicitante.
Se solicitó al Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya la grabación o acta de la Comissió de Territori del 20/12/2023. El solicitante alegó indefensión para recurrir acuerdos publicados. La GAIP finaliza el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que la Administración facilitó el acta una vez aprobada durante la tramitación de la reclamación.
La Asociación Tierra Bonita interpuso un recurso extraordinario de revisión contra una resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias relativa a actas del PEVOLCA sobre la erupción de La Palma. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública inadmitió el recurso por no existir error de hecho y por presentarse fuera de plazo legal.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores documentación sobre la financiación de la UNRWA. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG estima la reclamación por motivos formales debido al incumplimiento de los plazos legales de respuesta, aunque considera que la información disponible ya fue facilitada en el proceso.
El solicitante pidió a la Diputación de Guadalajara el expediente relativo a una parcela en Alcocer. La Diputación alegó que solo emitió un informe auxiliar y que el expediente pertenece al Ayuntamiento. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por falta de objeto y falta de competencia de la Diputación.
Una agrupación de comerciantes solicitó al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco los documentos que justificaran las carencias del actual censo de asociaciones de comerciantes. Tras una respuesta informal y evasiva de la Administración, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información solicitada.
Una entidad solicitó al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco los análisis jurídicos que justificaban el fin de las subvenciones para la contratación de personal en las Oficinas Técnicas de Comercio. El Departamento denegó el acceso alegando que eran informes internos auxiliares. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una entidad solicitó al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco los documentos que justificaran las carencias del actual censo de asociaciones de comerciantes. Tras una respuesta informal y evasiva de la Administración, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar la información por ser relevante para la toma de decisiones públicas.
Un ex trabajador solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia actas sobre la reclasificación retroactiva de la Policía Portuaria. La entidad denegó el acceso alegando que era información laboral privada y que podría afectar a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia el expediente de un concurso de méritos y comunicaciones con la Generalitat de Catalunya sobre plazas ofertadas. Alegó que el número de plazas fue inflado incorrectamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada es de carácter auxiliar y preparatorio.
La Asociación Plataforma Ciudadana contra la Subestación Eléctrica en Torrox Park solicitó el acceso presencial al expediente de construcción de dicha subestación a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de Málaga. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación por no acreditarse la notificación ni el acceso efectivo.
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