Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El interesado solicitó copia de un documento denominado "Diario de incidencias" perteneciente a un expediente disciplinario a la Inspección Educativa de Baleares. La administración inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva, alegando que la información ya había sido entregada en 2021. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que el acceso ya se cumplió.
Un ciudadano solicitó una ingente cantidad de información sobre contratación, economía, personal y urbanismo al Ayuntamiento de Sondika (2020-2025). La administración inadmitió la solicitud por ser abusiva y requerir reelaboración. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación porque el recurso de reposición previo ya agotó la vía administrativa.
El reclamante solicitó acceso a las matrices de valoración y criterios de complemento específico de varios puestos de trabajo. El Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y carga administrativa. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación al no acreditarse el abuso de derecho.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Erandio aclaraciones sobre el gasto de un viaje institucional al Sáhara y la existencia de un informe. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide inadmitir la reclamación por ser manifiestamente repetitiva, dado que el objeto de la solicitud ya había sido objeto de una resolución previa de este organismo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz información sobre gastos en publicidad institucional y patrocinios de medios del último cuatrimestre de 2025. La administración inadmitió la solicitud alegando que era manifiestamente repetitiva y que la información ya estaba en su portal de datos abiertos. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por falta de motivación reforzada.
Una empresa solicitó información sobre inspecciones mineras y autoridades responsables a la Administración de las Islas Baleares. La empresa Salinas de Levante S.A. reclamó alegando intereses comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que no se probó un daño real y la solicitud tiene un fin legítimo.
El reclamante solicitó acceso a información sobre la gestión de fondos RRF y el sector transporte al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El organismo inadmitió las peticiones por ser abusivas, auxiliares y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, confirmando la inadmisión por carácter abusivo y desproporcionado.
El reclamante solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible una serie de documentos y respuestas sobre la gestión de fondos europeos (RRF), contratos ferroviarios y el caso Air Europa. El Ministerio inadmitió las solicitudes por ser abusivas, auxiliares y requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar el carácter abusivo de las peticiones.
El interesado solicitó documentación financiera, contratos y detalles de gastos de la Junta Vecinal de San Miguel de las Dueñas desde 2019. La administración no respondió, alegando posteriormente que la solicitud era abusiva por haber sido el solicitante vocal de la Junta. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al no probarse el carácter abusivo ni la posesión previa de la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Aspe el calendario de plazos para el programa de gestión de colonias felinas y los informes anuales 2023-2024 sobre gatos comunitarios. El Ayuntamiento alegó que la información ya es pública y que la solicitante realiza peticiones reiterativas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación al considerar que la respuesta fue extemporánea y que el Ayuntamiento debe facilitar enlaces directos y precisos.
Se solicitó al Ayuntamiento de Aspe información sobre el remanente de tesorería (2022-2024), su uso en bienestar animal y facturas de cumplimiento de la Ley 7/2023. La reclamante alegó que la respuesta era insuficiente al no detallar las ampliaciones de partida. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que la administración cumplió con indicar dónde acceder a la información ya publicada.
Se solicitó información sobre presupuestos y facturas relacionados con la gestión de colonias felinas al Ayuntamiento de Aspe. La administración remitió al portal de transparencia, pero el recurrente alegó que la información no estaba disponible. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación por ser reiterativa y por incurrir en una solicitud genérica tipo 'fishing expedition'.
Una madre solicitó copia del expediente e historial académico de su hija en formato PDF a la Consejería de Educación de Castilla y León. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva/repetitiva y que, por protección de datos, la entrega debía ser presencial. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación, ordenando el envío por vía electrónica.
El interesado solicitó a la UNED modelos de exámenes de una asignatura. La universidad facilitó un enlace cuyo acceso estaba restringido a alumnos. La UNED alegó que la solicitud era abusiva y que el acceso podía afectar a la prevención de ilícitos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al no acreditarse el carácter abusivo ni el perjuicio para la prevención de ilícitos.
El interesado solicitó a la UNED modelos de exámenes de la asignatura Derecho de la Función Pública (2013-2019). La UNED concedió el acceso mediante un enlace que requería autenticación universitaria, impidiendo el acceso a no alumnos. El interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no es abusiva.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Lanjarón convenios, conexiones de redes de agua y volúmenes de suministro relacionados con Aguas Danone. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva por la ingente cantidad de documentación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que no se acreditó la abusividad.
El interesado solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acceso a documentos TC1, TC2, LO3 y fichas físicas de cotización de 1991 a 1995. La administración denegó el acceso alegando que la información requería una reelaboración compleja y que la solicitud era repetitiva. El CTBG desestimó la reclamación al considerar que la tarea es excesiva y la petición reiterativa.
Se solicitó copia del contrato o convenio entre el Ayuntamiento de Aspe y la asociación Projecte CES. El Ayuntamiento alegó que la información estaba en fase de formalización y que la solicitante presentaba solicitudes repetitivas y abusivas. El Consell Valencià de Transparència estimó la reclamación al considerar que la información es pública y que no se han acreditado causas de inadmisión.
El interesado solicitó documentos históricos (TC1, TC2, L03 y fichas físicas) sobre sus cotizaciones a la Seguridad Social de los años 1991-1995. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información requiere una reelaboración compleja y que la solicitud es repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la tarea de extracción es desproporcionada.
El reclamante solicitó a la TGSS el libro de actuaciones, listados de firmas de limpieza (2023-2024) y actas de reunión. La administración alegó carácter abusivo y necesidad de reelaboración para inadmitir la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al no haberse justificado adecuadamente las causas de inadmisión.
Una secretaria municipal solicitó al Ayuntamiento de Pravia una ingente cantidad de documentos sobre pagos, resoluciones y la identificación de funcionarios responsables. Ante la falta de respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia. El Consejo desestimó la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva, ya que la reclamante, por sus funciones, ya tiene acceso a dicha información.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Marbella un listado de fechas de actas de inspección/denuncia y fechas de inicio de expedientes de infracción urbanística desde enero de 2024. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación por falta de justificación de las causas de inadmisión.
El interesado solicitó acceso al libro de registro de actuaciones, listados de firmas de personal de limpieza (2023-2024) y actas de reuniones a la TGSS. La administración inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al no acreditarse la repetitividad ni la complejidad técnica requerida.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre la cesión de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV. El PNV alegó que la petición era abusiva y que la información estaba vinculada a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la mayoría de los documentos pero excluyendo los detalles de reuniones.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre la cesión de la sede del Instituto Cervantes en París al PNV. La administración denegó parte de la información alegando que la solicitud era abusiva y no estaba justificada en la finalidad de transparencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la documentación.
Un ciudadano solicitó copias de diversos expedientes relativos al contrato de servicio de hamaqueros al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ante la falta de respuesta, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación, desestimando los argumentos de la administración sobre carácter abusivo y extemporaneidad, y ordena la audiencia de terceros antes de la entrega.
Vacaciones eDreams, SL reclama contra la resolución de la Consejería de Salud de las Illes Balears que concedió a Ryanair el acceso a un expediente sancionador de Consumo. El reclamante alega que la entrega de información afecta a sus intereses comerciales y que la solicitud es abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por no acreditarse daño real ni abuso de derecho.
La mercantil Hidraqua solicitó a la Diputación de Valencia expedientes, informes y acuerdos sobre la gestión del ciclo del agua y colaboraciones de ayuntamientos. La administración entregó parte de la información, pero el reclamante la consideró insuficiente. El Consell Valencià de Transparència estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar solicitudes restantes si existen.
El reclamante solicitó datos sobre la evolución en tiempo real de desastres naturales y emergencias (incendios, inundaciones, rescates) para fines académicos de su tesis doctoral. La AVSRE no respondió en plazo, pero solicitó al interesado concretar la petición. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por considerar la solicitud una "expedición de pesca" (fishing expedition) abusiva y genérica.
Se solicitó al Ayuntamiento de Aspe copia del contrato o convenio de recogida de animales muertos. La administración respondió remitiendo al portal de transparencia. La reclamante alegó que la respuesta era insuficiente y cuestionó la veracidad de la información. El Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación al considerar que la administración cumplió con indicar dónde acceder a la información publicada.
El reclamante solicitó a Correos un certificado de servicios prestados que cumpliera con unos requisitos específicos. Tras la inadmisión de sus solicitudes por parte de la entidad, presentó una reclamación ante el CTBG alegando disconformidad con la certificación recibida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por entender que la emisión de certificados no es acceso a información pública, sino la generación de un nuevo contenido.
El solicitante pidió datos estadísticos del CIS sobre rechazos en encuestas telefónicas y entrevistas calificadas como válidas (2018-2024). El CIS remitió a enlaces genéricos y denegó la parte de los rechazos por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación al considerar que los enlaces no son precisos y la denegación por reelaboración carece de justificación.
El reclamante solicitó a Correos, S.A. un certificado de servicios prestados ajustado a unas bases específicas. La administración inadmitió la solicitud alegando que no era información pública y que era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la emisión de certificados que requieren requisitos particulares no constituye acceso a información pública preexistente.
El interesado solicitó al CIS datos estadísticos sobre rechazos de entrevistas y calificaciones de las mismas entre 2018 y 2024. El CIS denegó el acceso alegando que la información requería reelaboración y que la solicitud era excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la remisión a enlaces genéricos es insuficiente y que no se justificó la reelaboración.
El solicitante pidió a la Diputación de Cáceres la copia completa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) incluyendo las funciones de todos los puestos. La administración alegó que la petición era genérica e inconcreta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por incompetencia, al entender que el asunto no es de acceso a información, sino de publicidad activa.
La reclamante presentó 53 reclamaciones contra 34 ayuntamientos vascos y el Gobierno Vasco tras la desestimación de sus solicitudes de acceso. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decide la inadmisión de todas ellas, basándose en un criterio de abusividad y reiteración ya establecido en resoluciones previas (Resolución 4/2026) por el tenor idéntico de las solicitudes.
Una concejala del PSOE solicitó al Ayuntamiento de Tinajo información sobre créditos, obligaciones y anticipos de caja. La administración alegó extemporaneidad, que la información ya estaba publicada o facilitada, y carácter abusivo de las peticiones. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias desestimó las reclamaciones por considerar cumplida la obligación de facilitar la información y no acreditar el abuso, permitiendo nuevas solicitudes acotadas.
La concejala del PSOE solicitó al Ayuntamiento de Tinajo documentación sobre la autorización y gasto de un almuerzo de Navidad. La administración denegó el acceso alegando carácter abusivo, carga administrativa y protección de datos. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación por considerar que el acceso es un derecho reforzado para cargos electos y que la denegación carece de justificación objetiva.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tinajo la documentación administrativa y económica del evento “Cena de la Mujer 2025”. La administración denegó el acceso alegando petición abusiva, carga desproporcionada y protección de datos. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima la reclamación, entendiendo que el acceso es un derecho reforzado para concejales, que no se exige motivación, y que los datos personales deben ponderarse o anonimizarse, no denegarse totalmente.
Una concejala del Ayuntamiento de Tinajo solicitó documentación administrativa de la “Cena de Fin de Año”. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando carga desproporcionada, protección de datos y carácter abusivo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias estima la reclamación, entendiendo que el acceso es un derecho reforzado para cargos locales y que la administración no justificó suficientemente los límites ni remitió la documentación para su análisis.
El interesado solicitó microdatos de contratos indefinidos a la TGSS. La administración entregó datos agregados en vez de microdatos. El reclamante alegó que la información era distinta a la pedida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, considerando que la información agregada y los enlaces a estadísticas facilitados satisfacen el derecho de acceso.
Reclamación por acceso a microdatos de contratos indefinidos. La TGSS aportó datos agregados alegando reelaboración y carácter abusivo. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, considerando que la información facilitada satisface el derecho de acceso.
El reclamante solicitó a la Diputación de Salamanca información sobre el gasto de la Escuela de Tauromaquia. La administración inadmitió las peticiones por repetitivas. El reclamante interpuso reclamación ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León. Esta desestimó la reclamación por pérdida de objeto, al haberse concedido posteriormente la información solicitada mediante otro decreto, aunque el interesado discrepara con su contenido.
El solicitante pidió a la AEAT datos históricos de puestos (RPT) y ausencias del Servicio de Vigilancia Aduanera de Tarragona. La AEAT inadmitió la solicitud por ser abusiva y requerir reelaboración. El CTBG desestima la reclamación: considera que la información de puestos es suficiente con el portal, pero el histórico de ausencias exige una reelaboración compleja y un informe ad hoc.
La reclamante solicitó al Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco la identificación de técnicos y la cadena jerárquica del Centro de Patrimonio Cultural (2019-2021). Tras una inadmisión por supuesta naturaleza abusiva, la interesada interpuso recurso de alzada y reclamación ante la Comisión Vasca. La Comisión decide inadmitir la reclamación porque la vía administrativa ya se había agotado.
Reclamación contra AEAT por inadmisión de solicitud de datos de plantilla y ausencias del SVA Tarragona. El CTBG desestima la reclamación, entendiendo que la obtención de los datos de ausencias requiere una reelaboración compleja y desproporcionada (art. 18.1.c LTAIBG), aunque sí se considera que la información de RPT estaba disponible.
El reclamante solicitó al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes información sobre la participación de la UCLM en patronatos de fundaciones. La administración inadmitió la solicitud alegando régimen específico del Registro de Fundaciones y derivó el resto sin identificar el órgano competente. El reclamante alegó incumplimiento del art. 19.3 LTAIBG y vicio de motivación. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando al Ministerio informar sobre el órgano al que derivó la solicitud.
El reclamante solicitó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el marco normativo sobre la subdivisión de un cuerpo de ingenieros y la provisión de plazas. El Ministerio inadmitió la solicitud por ser una consulta jurídica y repetitiva. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación al considerar que no se pedía información preexistente, sino una interpretación.
Se solicitó al Ministerio de Defensa el marco normativo que regula la subdivisión del Cuerpo de Ingenieros Técnicos de Arsenales en subgrupos y los criterios de adjudicación de plazas vacantes. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que se trataba de una consulta jurídica y de una solicitud reiterativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición exige una elaboración de información específica y una explicación del proceder administrativo, no siendo documentos preexistentes, por lo que no constituye información pública.
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