Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la situación administrativa de un policía nacional (excedencia, cargo, destino) y detalles de una condecoración (Orden del Mérito Policial). El Ministerio inadmitió la solicitud por abusiva y luego alegó protección de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que la información es pública y prevalece el interés en la transparencia sobre la protección de datos en este caso.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación de GESTHA contra la AEAT/Ministerio de Hacienda. Se solicitaban datos detallados de productividad PEIA 2024, que la AEAT denegó alegando necesidad de reelaboración. El Consejo consideró que la información era extraíble con herramientas existentes (ZUJAR) y que la justificación de reelaboración no era válida, basándose en precedentes propios y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El reclamante solicitó a AENA el desglose de su inversión publicitaria en medios de comunicación en 2024, incluyendo beneficiarios y cuantías. AENA denegó la información alegando intereses económicos/comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que AENA no justificó los límites y que la información es de interés público, conforme a la LTAIBG y el Reglamento europeo sobre libertad de medios.
Un ciudadano solicitó a Renfe Operadora información sobre costes de mantenimiento de trenes, número de reclamaciones de usuarios, resultados de pruebas de fiabilidad de trenes Avril y el coste de contenidos de la app PlayRenfe. Renfe denegó parcialmente el acceso, alegando que parte de la información no era pública, requería reelaboración o afectaba intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando a Renfe entregar los datos de mantenimiento, reclamaciones detalladas y pruebas de fiabilidad, al considerar que el interés público en servicios esenciales prevalece, pero mantuvo la denegación para los costes de PlayRenfe por ser una estrategia comercial.
El interesado solicitó copias de expedientes sancionadores de urbanismo al Ayuntamiento de Churriana de la Vega. La administración denegó el acceso alegando abuso de derecho por la falta de condición de interesado y la carga de trabajo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para garantizar el derecho de terceros.
La reclamante solicitó información sobre la gestión de gatos comunitarios y servicios de animales a quince ayuntamientos de Álava. Ante la desestimación presunta, interpuso múltiples reclamaciones. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decidió inadmitirlas por considerar que el ejercicio del derecho es abusivo y carece de legitimación al no existir vínculo con el territorio.
Una ciudadana solicitó al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) datos de ocupación de tres líneas de autobús interurbanos (2022-2024). El CRTM alegó que no era una solicitud formal y que era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y obliga al CRTM a facilitar la información.
El Partit Alacantí Regionalista Esperanza Ciutadana solicitó acceso a información pública al Ayuntamiento de Monforte del Cid. Tras la inadmisión de 37 solicitudes por considerarlas abusivas, el reclamante alegó nulidad por falta de conexión entre expedientes. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al considerar que la solicitud masiva e indiscriminada es abusiva.
Un funcionario solicitó al Ministerio de Industria y Turismo información detallada sobre productividades extraordinarias y gratificaciones, incluyendo objetivos, criterios y desglose por perceptor. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva, basándose en una petición anterior del mismo solicitante que había desistido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la inadmisión, considerando que el desistimiento no anula el derecho y que la solicitud no era abusiva. Sin embargo, suspendió la resolución sobre la identificación de perceptores y el desglose detallado de cuantías, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ponderación entre el interés público y la protección de datos en este tipo de información.
El reclamante solicitó a la CNMC información diversa sobre cuotas profesionales (ICAM) y competencia en varios sectores. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de 17 solicitudes. La decisión se basó en que el conjunto de peticiones constituía un abuso del derecho de acceso, por su número, heterogeneidad e intensidad, lo que paralizaría la gestión de la CNMC y desvirtuaba la finalidad de transparencia.
El reclamante solicitó a la CNMC 17 informaciones y preguntas sobre competencia en diversos sectores (colegios profesionales, fiscalidad, medios, farmacia, ferroviario, digital). La CNMC inadmitió las solicitudes por abusivas y desproporcionadas, alegando que requerían elaboración *ex novo* y paralizarían su actividad. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando el carácter abusivo y la falta de justificación en la finalidad de la ley, pese al posible interés público individual.
Un ciudadano solicitó a la AEAT una copia íntegra de una resolución administrativa de un recurso de alzada sobre empleo público. La AEAT inadmitió la solicitud, pero durante la tramitación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia, concedió el acceso. El Consejo estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en plazo, requiriendo la intervención del Consejo.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Venturada relaciones de expedientes de licencias urbanísticas y proyectos de promoción privada vinculados a un arquitecto municipal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación confirmando la inadmisión por requerir una reelaboración de datos.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de El Escorial información diversa sobre personal, urbanismo y subvenciones. El Ayuntamiento denegó gran parte alegando que la petición era abusiva y excesiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar enlaces a datos publicados y desestimando lo demás por requerir reelaboración.
La solicitante pidió al Servicio Extremeño de Salud las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de sus hospitales. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración, carácter abusivo de la solicitud y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de inadmisión por reelaboración previa.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Huelva información sobre concesiones administrativas vigentes y sus renovaciones de Fertiberia y Atlantic Copper. La APH entregó documentación desde 2004. El reclamante alegó que faltaban las concesiones originales de los años 60. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, interpretando que "vigentes" no incluye concesiones extinguidas y que su función revisora impide ampliar la solicitud inicial.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de Salt información sobre la localización de poleas en fachadas. Tras la inadmissión del Ayuntamiento, el interesado recurrió a la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) decidió inadmitir la reclamación por ser reiterativa y declaró la existencia de un abuso de derecho por parte del solicitante.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pineda de Mar la captura y conservación de imágenes de videovigilancia policial. La GAIP inadmitió la reclamación por ser reiterativa, ya que existía una resolución previa sobre el mismo objeto y debido a que el acceso a grabaciones policiales se rige por un procedimiento específico fuera de la competencia de esta Comisión.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid la documentación técnica y presupuestaria de la obra de la losa de Ventas. Alegó falta de respuesta (silencio administrativo). El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque sí hubo resolución expresa de inadmisión y la solicitud era manifiestamente repetitiva.
Un ciudadano (concejal) solicitó acceso a diversa información pública y denunció falta de publicidad activa al Ayuntamiento de Muro d'Alcoi. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por considerar que la presentación de 71 solicitudes dispersas y vagas constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso.
La Asociación H2O de Mislata solicitó al Ayuntamiento de Mislata información sobre los kilómetros de red de agua potable renovados entre 2008 y 2022. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información.
Se solicitó al MAPA información sobre el uso del Reglamento europeo de mercados agrarios para retirar productos en los últimos 10 años. El MAPA inadmitió la solicitud por abusiva. El CTBG desestimó la reclamación, aunque no por abusiva, sino porque la petición requería la elaboración de un informe ad hoc, lo cual excede el derecho de acceso a la información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el currículum detallado, la acreditación de nombramientos/contratos de experiencia laboral y la declaración de bienes del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. El Ministerio facilitó el CV y la declaración, pero denegó los documentos acreditativos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el Ministerio confundió las obligaciones de publicidad activa con el derecho de acceso a la información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat el expediente de contratación de mantenimiento del espacio público y jardinería (2023-2025). No hubo alegaciones nuevas ya que se trata de una solicitud idéntica a una anterior. La GAIP decidió inadmitir la reclamación por ser reiterativa y carecer de fundamento al haber sido ya resuelta favorablemente en un procedimiento previo.
Una plataforma solicitó a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid datos detallados y desglosados sobre el sistema de protección de la infancia 2024. El reclamante alegó que la información es necesaria para monitorizar la desinstitucionalización. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir reelaboración, ser abusiva y estar en curso de publicación.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Carrión de los Condes los expedientes sancionadores urbanísticos de los últimos 5 años. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y se formuló incorrectamente. La Comisión de Transparencia de Castilla y León decide archivar la reclamación al constatar que la interesada, al formar parte ahora del Equipo de Gobierno, ha podido acceder a la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo la copia digital de los movimientos bancarios municipales entre 2015 y 2019. El reclamante alegó que la información es de publicidad activa y citó precedentes favorables. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha decidió inadmitir la solicitud por carácter abusivo y riesgo de paralización del servicio.
Se solicitó al Ayuntamiento de El Bonillo un informe de intervención sobre resoluciones de alcaldía contrarias a reparos efectuados. El Ayuntamiento alegó falta de medios materiales y un posible ejercicio abusivo del derecho debido a otras peticiones masivas. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima la reclamación al tratarse de un documento concreto y existente.
Un solicitante pidió a TRAGSA información sobre la contratación de un puesto en el Centro de Interpretación de Muniellos. TRAGSA denegó la solicitud por abusiva y afectar datos personales de un tercero. El reclamante alegó "enchufismo". El Consejo de Transparencia desestima la reclamación por extemporánea, ya que fue presentada fuera del plazo legal de un mes. Además, considera que la denegación inicial de TRAGSA fue correcta al no existir interés público legítimo.
El reclamante presentó 20 solicitudes de información a Renfe Viajeros sobre convenios, criterios de taquillas, accesibilidad, cambios de horario y 16 expedientes de contratación. Renfe inadmitió las solicitudes alegando ejercicio abusivo del derecho, que no era información pública, necesidad de reelaboración y protección de intereses comerciales. El reclamante recurrió, argumentando que la información era preexistente y pública. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por ejercicio abusivo del derecho de acceso (Art. 18.1.e LTAIBG), dada la cantidad, heterogeneidad y carga desproporcionada de las solicitudes, que desvirtúan la finalidad de la ley.
Un ciudadano solicitó a Renfe los criterios de elección de WhatsApp como canal de comunicación, las alternativas descartadas y los costes asociados. Renfe inadmitió la solicitud alegando que no era información pública, requería reelaboración y afectaba intereses comerciales. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, instando a Renfe a entregar la información al considerar que sí es pública, no requiere reelaboración compleja y los límites invocados no están justificados.
El 5 de junio de 2025, Observatorio CODE solicitó al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades las memorias trimestrales y anuales de Madrid Network relativas a un convenio de préstamo de 80 millones de euros. El Ministerio denegó inicialmente por carga de trabajo y luego entregó las anuales censuradas por intereses económicos. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega íntegra de todas las memorias, al considerar injustificada la censura y prevalente el interés público en el uso de fondos.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Zalla el registro de entrada de los meses de mayo, junio y julio de 2025. La Alcaldía desestimó la petición alegando que era una solicitud genérica e indiscriminada que podía paralizar la actividad municipal. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación al considerar que la solicitud está justificada para el escrutinio público.
El solicitante pidió a la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid las conclusiones del expediente y penalidades impuestas a Orange por la caída del 112. El organismo denegó el acceso alegando falta de conexión con el contrato modificado y carácter repetitivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por ser una solicitud manifiestamente repetitiva.
El solicitante pidió a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid los exámenes y soluciones de los procesos selectivos del Cuerpo de Bomberos (2004-2024). El reclamante alegó que la administración reconoce la publicidad de la información pero no garantiza el acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por carácter abusivo.
Un ciudadano solicitó diversa documentación técnica y financiera a la EUCC "El Bosque". La entidad alegó que el interesado ya conocía la información por las asambleas y que abusaba de su derecho. El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por ser prematura, presentándose antes de que operara el silencio administrativo.
El reclamante solicitó a Renfe (a través del Ministerio de Transportes) el número total de viajeros por año (2019, 2022, 2024) desglosado por línea y estación (subidas/bajadas) para varias líneas OSP. Renfe inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carga desproporcionada, ofreciendo enlaces a informes genéricos. El Consejo desestima la reclamación, confirmando que la solicitud implica una reelaboración desproporcionada de información existente.
El reclamante solicitó al Ministerio de Defensa el marco normativo que justificara el inicio de oficio de un procedimiento de jubilación por incapacidad permanente para un funcionario civil. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla una consulta jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la petición no era de acceso a información pública preexistente, sino una solicitud de interpretación y aplicación normativa a un caso concreto, lo cual excede el objeto de la LTAIBG.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Coordinación Sociosanitaria informes sobre 7.291 fallecidos en residencias. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación, entendiendo que la petición exige una labor de recopilación y análisis desproporcionada y carece de la finalidad propia de la ley, además de estar sujeta a un régimen específico de protección de datos sanitarios.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Salobreña informes y certificaciones sobre un operativo de la Policía Local con un tractor externo en noviembre de 2024. La administración alegó que la solicitud era repetitiva y que existía un procedimiento judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó la reclamación al considerar que no es repetitiva y que debe entregarse la información existente.
La asociación Tritium Autrigonum solicitó al Ayuntamiento de Monasterio de Rodilla documentación sobre la construcción y gestión del polideportivo municipal, una reunión vecinal y un índice de documentos. Ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación por silencio administrativo. El Ayuntamiento alegó abuso del derecho y que la información ya había sido tratada. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando al Ayuntamiento facilitar la documentación del polideportivo, pero desestima la petición de reunión por no ser información pública.
D. XXX solicitó a la Consejería de Educación de Castilla y León los enunciados y plantillas de exámenes de oposiciones de Biología y Geología de 2000 a 2018. La Consejería estimó parcialmente para 2015 y 2018, denegando el resto por inexistencia de documentos o carácter abusivo. El reclamante alegó que la inexistencia implicaría la nulidad de los procedimientos. La Comisión desestima la reclamación, considerando que parte de la información no existe, otra parte probablemente no se conserva y la solicitud es abusiva al no estar justificada con la finalidad de transparencia, sino para preparar oposiciones, y requerir un esfuerzo desproporcionado.
El 23 de julio de 2025, un ciudadano solicitó a RENFE-Operadora información sobre por qué unos carteles publicitarios en la estación de Barcelona-Sants estaban exclusivamente en catalán y no también en castellano. RENFE inadmitió la solicitud el 12 de agosto de 2025, alegando que no era "información pública" al ser una consulta interpretativa y requerir la elaboración de un informe "ad hoc". El reclamante interpuso una reclamación ante el CTBG, que desestimó la misma, confirmando que la solicitud de motivos o explicaciones no se ajusta al concepto de información pública preexistente del artículo 13 de la LTAIBG.
Una persona física solicitó información sobre contratación al Ayuntamiento de La Floresta. La GAIP ha decidido inadmitir la reclamación debido a que se trata de una reiteración idéntica de una solicitud previa (expediente 1671/2025), considerándola carente de fundamento.
El reclamante solicitó a la CNMC información detallada sobre una licitación de servicios de conductores, incluyendo datos sobre el personal, uniformidad, control horario y posibles conflictos de interés. La CNMC respondió parcialmente, remitiendo a información pública y denegando el resto por afectar a la gestión interna de la empresa adjudicataria. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación porque la CNMC no respondió en plazo.
Se solicitó a ADIF información sobre gestión, incidencias y calidad del servicio de Cercanías Madrid. ADIF inadmitió la petición por considerarla una auditoría, que requería reelaboración y un ejercicio abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, desestimando los argumentos de ADIF y ordenando la entrega de datos consolidados de incidencias y correspondencia institucional.
Se solicitó a Correos información sobre contratos con Sortis (2020-2024). Correos denegó parte alegando investigación penal e intereses comerciales, y remitió a un enlace genérico para otra parte. El Consejo de Transparencia estima la reclamación porque Correos no justificó suficientemente los límites ni proporcionó un acceso preciso a la información contractual básica solicitada.
La parte reclamante solicitó documentación masiva sobre fondos Next Generation EU a la Consejería de Cultura y Deporte. Tras un requerimiento de la administración para concretar la petición, el interesado no subsanó, provocándose el desistimiento. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación por considerar la solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón las actas del Comité de Seguimiento de la concesión de un complejo deportivo. El Ayuntamiento alegó que eran borradores auxiliares y que existía un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación basándose en el riesgo para la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número diario de menores extranjeros no acompañados inscritos por CCAA/Ciudades Autónomas en 2023-2025. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio no respondió en plazo, vulnerando el derecho a una resolución oportuna, aunque la información solicitada implicara un esfuerzo desproporcionado.
151–200 de 3094