Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ministerio de Igualdad el número de cartas recibidas por la ex Ministra Irene Montero, desglosado por mes y año. Inicialmente inadmitida, el Ministerio rectificó y proporcionó la información tras la reclamación. El Consejo de Transparencia estima la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en el plazo legal establecido.
Una entidad solicitó al Servicio Extremeño de Salud datos estadísticos y económicos sobre la terapia electroconvulsiva (2019-2024). La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información estadística y de costes.
Una entidad solicitó al Servicio Extremeño de Salud datos estadísticos sobre diagnósticos e ingresos psiquiátricos de menores (2018-2024). La administración denegó la información alegando carácter abusivo, protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Reclamante solicitó a la Universidad de Sevilla datos sobre un profesor. La Universidad inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia de Andalucía estimó la reclamación, considerando que la Universidad no acreditó el abuso y que el interés público prevalece sobre la protección de datos.
El interesado solicitó a la Guardia Civil la autorización de actividad secundaria de un efectivo y su cuadrante de servicio. La administración alegó inadmisión por carácter abusivo y denegó el cuadrante por motivos de seguridad. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización, pero manteniendo la denegación del cuadrante.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la autorización de segunda actividad de un Cabo de la Guardia Civil y el cuadrante de efectivos de una compañía para julio de 2025. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la autorización de compatibilidad laboral por ser información de publicación obligatoria, pero denegó el acceso al cuadrante de efectivos por motivos de seguridad pública, rechazando la inadmisión por solicitud abusiva.
El interesado solicitó expedientes de arrendamiento de locales de Correos (1915-1935) y un traslado de 1977. Correos inadmitió la solicitud alegando antigüedad y plazos de conservación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación porque la administración no justificó la búsqueda exhaustiva en archivos ni indicó otros organismos donde buscar.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Venturada inventarios de zonas verdes, titularidad y licencias de piscinas y bares. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por requerir reelaboración y ser abusiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación confirmando ambas causas de inadmisión.
Una ciudadana solicitó a la EMT de Madrid el acceso a tres expedientes relacionados con reclamaciones de su hermana. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación porque el acceso debe tramitarse vía procedimiento administrativo al ser la solicitante interesada y por considerar que existe un ejercicio abusivo del derecho.
Una entidad solicitó al Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra información sobre la relación laboral, el acta de nombramiento y los actos suscritos por un técnico municipal como presidente de una asociación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, instando a entregar el acta de nombramiento, pero desestima el acceso a todos los actos por considerarlo abusivo.
Un ciudadano solicitó a Correos expedientes de arrendamiento de locales (1915, 1925, 1935) y traslado de oficina (1977) en [localidad], Asturias. Correos inadmitió la solicitud alegando antigüedad y no disponer de la información. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que Correos no justificó la ausencia de la información ni la búsqueda en sus archivos, ni orientó sobre otros posibles depósitos, incumpliendo la LTAIBG.
El reclamante solicitó a RENFE-OPERADORA información sobre la inversión en periódicos de papel para pasajeros (2015-2024), desglosada por año y medio. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, confirmando la denegación. Argumenta que la información es parte de la estrategia comercial de RENFE, no de funciones públicas, y su divulgación afectaría sus intereses económicos y comerciales (Art. 14.1.h LTAIBG).
Solicitud de datos estadísticos sobre sanciones de la Ley de Protección Animal al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El interesado alegó que el organismo tiene el deber legal de coordinar dicha información. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación al confirmarse que la información aún no obra en poder del Ministerio por falta de remisión de las CCAA.
El reclamante solicitó al Ministerio de Derechos Sociales información estadística sobre expedientes sancionadores y fondos recaudados bajo la Ley 7/2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque, aunque el Ministerio es competente para coordinar la estadística, la información solicitada no obraba en su poder al no haber sido remitida aún por las administraciones autonómicas y locales, estando la estadística en fase de elaboración.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Torres de la Alameda copias de informes técnicos y jurídicos de licencias concedidas entre 1982 y 1984. El Ayuntamiento no respondió y el Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación por requerir una reelaboración de la información y por considerarse una solicitud abusiva y desproporcionada.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Val de San Lorenzo los apuntes contables del Capítulo 62 del Libro Mayor (2015-2018). La administración denegó el acceso alegando que la información ya había sido puesta a su disposición. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación al no acreditarse la entrega efectiva de la documentación.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Burgos información sobre expedientes sancionadores por colocación de carteles en los últimos 10 años. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando abuso de derecho y falta de personal. La Comisión de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar el número de expedientes y la identidad de las personas jurídicas sancionadas.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la situación administrativa y condecoraciones de un policía nacional. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que la información es de interés público para fiscalizar la actividad administrativa y no vulnera la intimidad.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre la situación administrativa de un policía nacional (excedencia, cargo, destino) y detalles de una condecoración (Orden del Mérito Policial). El Ministerio inadmitió la solicitud por abusiva y luego alegó protección de datos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, considerando que la información es pública y prevalece el interés en la transparencia sobre la protección de datos en este caso.
El reclamante solicitó el desglose detallado de la inversión publicitaria de AENA en 2024, incluyendo beneficiarios y montos por campaña. AENA alegó la protección de intereses comerciales de las agencias (art. 14.1.h) y el carácter abusivo de la solicitud (art. 18.1.e). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser la información de interés público y necesario para la rendición de cuentas.
El sindicato GESTHA solicitó a la AEAT el desglose detallado de la productividad PEIA de 2024. La AEAT denegó el formato alegando que supondría una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que los datos pueden extraerse mediante la aplicación ZUJAR sin requerir tareas complejas, aplicando una interpretación restrictiva de la inadmisión.
El Consejo de Transparencia estimó la reclamación de GESTHA contra la AEAT/Ministerio de Hacienda. Se solicitaban datos detallados de productividad PEIA 2024, que la AEAT denegó alegando necesidad de reelaboración. El Consejo consideró que la información era extraíble con herramientas existentes (ZUJAR) y que la justificación de reelaboración no era válida, basándose en precedentes propios y jurisprudencia del Tribunal Supremo.
El reclamante solicitó a AENA el desglose de su inversión publicitaria en medios de comunicación en 2024, incluyendo beneficiarios y cuantías. AENA denegó la información alegando intereses económicos/comerciales y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que AENA no justificó los límites y que la información es de interés público, conforme a la LTAIBG y el Reglamento europeo sobre libertad de medios.
El reclamante solicitó a Renfe datos sobre mantenimiento de trenes, reclamaciones, pruebas de fiabilidad y costes de PlayRenfe. La administración denegó parte de la información alegando intereses comerciales, necesidad de reelaboración y falta de carácter público. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar datos de mantenimiento, reclamaciones y pruebas de trenes, pero manteniendo la denegación de los costes de contenidos de PlayRenfe por ser información estrictamente comercial.
Un ciudadano solicitó a Renfe Operadora información sobre costes de mantenimiento de trenes, número de reclamaciones de usuarios, resultados de pruebas de fiabilidad de trenes Avril y el coste de contenidos de la app PlayRenfe. Renfe denegó parcialmente el acceso, alegando que parte de la información no era pública, requería reelaboración o afectaba intereses económicos y comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando a Renfe entregar los datos de mantenimiento, reclamaciones detalladas y pruebas de fiabilidad, al considerar que el interés público en servicios esenciales prevalece, pero mantuvo la denegación para los costes de PlayRenfe por ser una estrategia comercial.
El interesado solicitó copias de expedientes sancionadores de urbanismo al Ayuntamiento de Churriana de la Vega. La administración denegó el acceso alegando abuso de derecho por la falta de condición de interesado y la carga de trabajo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para garantizar el derecho de terceros.
La reclamante solicitó información sobre la gestión de gatos comunitarios y servicios de animales a quince ayuntamientos de Álava. Ante la desestimación presunta, interpuso múltiples reclamaciones. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública decidió inadmitirlas por considerar que el ejercicio del derecho es abusivo y carece de legitimación al no existir vínculo con el territorio.
Una ciudadana solicitó al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) datos de ocupación de tres líneas de autobús interurbanos (2022-2024). El CRTM alegó que no era una solicitud formal y que era repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación y obliga al CRTM a facilitar la información.
El Partit Alacantí Regionalista Esperanza Ciutadana solicitó acceso a información pública al Ayuntamiento de Monforte del Cid. Tras la inadmisión de 37 solicitudes por considerarlas abusivas, el reclamante alegó nulidad por falta de conexión entre expedientes. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al considerar que la solicitud masiva e indiscriminada es abusiva.
El interesado solicitó al Ministerio de Industria y Turismo información sobre productividades extraordinarias y su desglose por empleados. El Ministerio alegó que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo determina que no es abusiva ni repetitiva, pero decide suspender la resolución respecto al desglose por perceptores hasta que el Tribunal Supremo resuelva un recurso de casación pendiente.
Un funcionario solicitó al Ministerio de Industria y Turismo información detallada sobre productividades extraordinarias y gratificaciones, incluyendo objetivos, criterios y desglose por perceptor. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que era repetitiva y abusiva, basándose en una petición anterior del mismo solicitante que había desistido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la inadmisión, considerando que el desistimiento no anula el derecho y que la solicitud no era abusiva. Sin embargo, suspendió la resolución sobre la identificación de perceptores y el desglose detallado de cuantías, a la espera de un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ponderación entre el interés público y la protección de datos en este tipo de información.
El reclamante solicitó información sobre diversos mercados a la CNMC. El organismo inadmitió las solicitudes por ser abusivas y requerir reelaboración. El CTBG desestima la reclamación y confirma la inadmisión, al considerar que la intensidad, volumen y heterogeneidad de las peticiones constituyen un abuso de derecho que busca instrumentalizar la administración y paralizar su gestión.
El reclamante solicitó a la CNMC información diversa sobre cuotas profesionales (ICAM) y competencia en varios sectores. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de 17 solicitudes. La decisión se basó en que el conjunto de peticiones constituía un abuso del derecho de acceso, por su número, heterogeneidad e intensidad, lo que paralizaría la gestión de la CNMC y desvirtuaba la finalidad de transparencia.
El reclamante solicitó a la CNMC 17 informaciones y preguntas sobre competencia en diversos sectores (colegios profesionales, fiscalidad, medios, farmacia, ferroviario, digital). La CNMC inadmitió las solicitudes por abusivas y desproporcionadas, alegando que requerían elaboración *ex novo* y paralizarían su actividad. El Consejo desestimó la reclamación, confirmando el carácter abusivo y la falta de justificación en la finalidad de la ley, pese al posible interés público individual.
Un ciudadano solicitó a la AEAT una copia íntegra de una resolución administrativa de un recurso de alzada sobre empleo público. La AEAT inadmitió la solicitud, pero durante la tramitación de la reclamación ante el Consejo de Transparencia, concedió el acceso. El Consejo estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse respetado el derecho de acceso en plazo, requiriendo la intervención del Consejo.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Huelva información sobre concesiones vigentes y expedientes de Fertiberia y Atlantic Copper. Alegó que la respuesta era incompleta al no incluir las concesiones originales de los años 60. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la solicitud pedía documentos 'vigentes', lo que excluye legalmente a las concesiones ya extinguidas.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Venturada relaciones de expedientes de licencias urbanísticas y proyectos de promoción privada vinculados a un arquitecto municipal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación confirmando la inadmisión por requerir una reelaboración de datos.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de El Escorial información diversa sobre personal, urbanismo y subvenciones. El Ayuntamiento denegó gran parte alegando que la petición era abusiva y excesiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar enlaces a datos publicados y desestimando lo demás por requerir reelaboración.
La solicitante pidió al Servicio Extremeño de Salud las actas de las Comisiones de Farmacia y Terapéutica de sus hospitales. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración, carácter abusivo de la solicitud y confidencialidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por concurrir la causa de inadmisión por reelaboración previa.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Huelva información sobre concesiones administrativas vigentes y sus renovaciones de Fertiberia y Atlantic Copper. La APH entregó documentación desde 2004. El reclamante alegó que faltaban las concesiones originales de los años 60. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, interpretando que "vigentes" no incluye concesiones extinguidas y que su función revisora impide ampliar la solicitud inicial.
Una persona física solicitó al Ayuntamiento de Salt información sobre la localización de poleas en fachadas. Tras la inadmissión del Ayuntamiento, el interesado recurrió a la GAIP. La Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) decidió inadmitir la reclamación por ser reiterativa y declaró la existencia de un abuso de derecho por parte del solicitante.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pineda de Mar la captura y conservación de imágenes de videovigilancia policial. La GAIP inadmitió la reclamación por ser reiterativa, ya que existía una resolución previa sobre el mismo objeto y debido a que el acceso a grabaciones policiales se rige por un procedimiento específico fuera de la competencia de esta Comisión.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid la documentación técnica y presupuestaria de la obra de la losa de Ventas. Alegó falta de respuesta (silencio administrativo). El Presidente del Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación porque sí hubo resolución expresa de inadmisión y la solicitud era manifiestamente repetitiva.
Un ciudadano (concejal) solicitó acceso a diversa información pública y denunció falta de publicidad activa al Ayuntamiento de Muro d'Alcoi. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación por considerar que la presentación de 71 solicitudes dispersas y vagas constituye un ejercicio abusivo del derecho de acceso.
La Asociación H2O de Mislata solicitó al Ayuntamiento de Mislata información sobre los kilómetros de red de agua potable renovados entre 2008 y 2022. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación, obligando a la administración a entregar la información.
El reclamante solicitó información sobre la retirada de productos agrarios al Ministerio de Derechos Sociales. El MAPA inadmitió la solicitud por carácter abusivo. El CTBG determina que la inadmisión fue improcedente por la baja frecuencia de peticiones en 2025, pero desestima la reclamación porque la información pedida requiere la creación de un informe ad hoc (elaboración ex novo).
Se solicitó al MAPA información sobre el uso del Reglamento europeo de mercados agrarios para retirar productos en los últimos 10 años. El MAPA inadmitió la solicitud por abusiva. El CTBG desestimó la reclamación, aunque no por abusiva, sino porque la petición requería la elaboración de un informe ad hoc, lo cual excede el derecho de acceso a la información pública.
El reclamante solicitó al Ministerio de Sanidad el currículum detallado, la acreditación de nombramientos/contratos de experiencia laboral y la declaración de bienes del Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. El Ministerio facilitó el CV y la declaración, pero denegó los documentos acreditativos. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que el Ministerio confundió las obligaciones de publicidad activa con el derecho de acceso a la información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Climent de Llobregat el expediente de contratación de mantenimiento del espacio público y jardinería (2023-2025). No hubo alegaciones nuevas ya que se trata de una solicitud idéntica a una anterior. La GAIP decidió inadmitir la reclamación por ser reiterativa y carecer de fundamento al haber sido ya resuelta favorablemente en un procedimiento previo.
Una plataforma solicitó a la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid datos detallados y desglosados sobre el sistema de protección de la infancia 2024. El reclamante alegó que la información es necesaria para monitorizar la desinstitucionalización. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por requerir reelaboración, ser abusiva y estar en curso de publicación.
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