Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible datos detallados sobre horarios reales, retrasos y pasajeros de Renfe Cercanías Barcelona. El solicitante alegó fines periodísticos y cuestionó los tests de daño. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería una reelaboración de datos desproporcionada.
La asociación Defensa Ciudadana Activa solicitó a ARCGISA la forma de provisión, formación y puestos ocupados por una empleada. ARCGISA denegó el acceso alegando falta de legitimación y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la solicitud: ordena facilitar la forma de provisión y formación, pero deniega los puestos específicos para proteger la integridad de la empleada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Lora del Río los contratos y pagos realizados a dos empresas de ambulancias desde 2004. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declaró la terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad entregó la información solicitada durante la tramitación.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Tordesillas los motivos de la nulidad del 'Toro de la Vega' de 2009, 2010 y 2012. El Ayuntamiento alegó que la petición era abusiva por su antigüedad y que los documentos no constaban en el archivo. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información o notificar formalmente su inexistencia.
Electricidad Amaro, S.A. solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza diversa documentación sobre contratos, facturas y certificaciones de alumbrado público. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación: obliga al Ayuntamiento a entregar la información de expedientes concretos, pero inadmite la solicitud de facturas genéricas y obras del año 2000 por ser indeterminadas y abusivas.
El solicitante pidió a la Xunta de Galicia el detalle del gasto en publicidad institucional (2022-2023) desglosado por medio, empresa y CIF. Alegó que los enlaces facilitados eran insuficientes y no requerían reelaboración. La Comisión de la Transparencia desestimó la reclamación al considerar que la información es accesible vía portal y que el desglose solicitado implicaría una reelaboración abusiva.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de A Coruña el acuerdo de 2013 con Repsol. El organismo denegó el acceso alegando seguridad pública, intereses comerciales, carácter abusivo de la solicitud y un proceso judicial en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación y ordena entregar el documento con tachaduras justificadas.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Cádiz actas del Consejo Escolar, contratos del bar, resúmenes de gastos y presupuestos de un IES. El solicitante alegó que la información existía en sistemas informáticos y que la denegación era injustificada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a facilitar la información o retrotraer el proceso.
Una persona solicitó a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Sevilla informes relativos a un Recurso Extraordinario de Revisión sobre calificaciones escolares. La entidad inadmitió la petición por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse la identidad objetiva entre solicitudes.
El reclamante solicitó acceso a información a la Autoridad Portuaria de A Coruña mediante un escrito sin petición concreta. El organismo inadmitió la solicitud por abusiva y carente de objeto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque el escrito original no constituía una solicitud de información pública según la LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Tendilla copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de 2014 y 2015. Ante la falta de respuesta, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la solicitud por considerarla abusiva, al requerir un esfuerzo desproporcionado que paralizaría la gestión municipal.
Se solicitó información estadística sobre alumnos, notas de selectividad, EBAU, promoción en ESO y procesos de admisión de centros educativos a la Consejería de Educación de Castilla y León. La administración inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y requería una reelaboración desproporcionada. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estimó la reclamación.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de El Tejado balances detallados y extractos bancarios de 2014 a 2018. Tras una presunta desestimación por silencio administrativo, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación por considerar la solicitud manifiestamente repetitiva, ya que la información fue ya concedida y remitida en procedimientos anteriores.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible copias anonimizadas de los planes mensuales y cantidades percibidas por miembros de la Comisión Paritaria del III Convenio de Puertos del Estado. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso y vulneración de la libertad sindical. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
El interesado solicitó a la Diputación de Guadalajara el acceso a los expedientes de concesión de retribuciones por productividad desde 2019. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerarla reiterativa y por prevalecer la protección de datos personales sobre el interés de transparencia.
El portavoz del Grupo Popular solicitó al Cabildo Insular de Gran Canaria la relación de entidades con reintegros de subvenciones (documentos DRI), importes e intereses de demora. El Cabildo inadmitió la solicitud alegando protección de datos y carácter abusivo. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la lista y los importes, pero no los intereses de demora por no existir dicha información.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Llinars del Vallès la publicación de los acuerdos de la Junta de Govern Local. Tras alegar la falta de publicación y la demora administrativa, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) inadmitió la reclamación por centrarse en obligaciones de publicidad activa y no en un derecho de acceso individual.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes y Renfe cifras detalladas de viajeros en diversos trayectos de 2022 para un estudio académico. El reclamante alegó que los servicios están financiados con fondos públicos y que no es necesaria la motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
La Asociación Club Ciclista Los Dalton solicitó al Ayuntamiento de San Roque el número exacto de planes de seguridad de 2021 y 2022 firmados por un técnico concreto. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva por la carga irrazonable de trabajo que supone revisar 176 expedientes uno a uno.
Se solicitó al Ayuntamiento de Gérgal el acceso al Libro de control de las Resoluciones de Alcaldía (2022 y parte de 2023). El Ayuntamiento denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo/repetitivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para que el solicitante concrete su petición.
Una trabajadora solicitó a la Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra las instrucciones sobre las funciones de su puesto de trabajo. La administración denegó el acceso alegando un interés puramente privado y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud tiene una finalidad laboral y particular ajena al control de la gestión pública.
Un ciudadano solicitó al Servicio Canario de la Salud información sobre empleo público, contratos y convenios. El interesado alegó que la inadmisión en bloque de sus peticiones era discriminatoria y obstruccionista. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación, validando la inadmisión por uso abusivo y repetitivo de los medios públicos.
Un ciudadano solicitó al Servicio Canario de la Salud información detallada sobre los nombramientos y expedientes personales de diversos profesionales. El reclamante alegó que no se realizó una ponderación adecuada de los derechos. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación porque la información solicitada afecta a datos personales de empleados no directivos.
Un ciudadano solicitó información sobre puestos de trabajo a la Dirección General de Función Pública de Navarra. La administración inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva respecto a peticiones del año anterior. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la reclamación, argumentando que el paso de un año permite variaciones en los datos de la plantilla.
El solicitante pidió al Ministerio para la Transición Ecológica información sobre inspecciones en parcelas de Doñana. Tras la inadmisión del Ministerio alegando protección de datos y carga administrativa, el reclamante alegó que se le podía entregar la información no restringida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar los datos anonimizados.
Un ciudadano presentó una reclamación ante el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Canarias solicitando la aclaración y retractación de una resolución previa que calificaba su conducta de abusiva y revelaba su actividad laboral. El Comisionado estima parcialmente la reclamación, limitándose a aclarar los fundamentos jurídicos del abuso de derecho y la protección de datos.
Una ciudadana solicitó al Ministerio del Interior información sobre el gasto ejecutado en la Medida Segunda del Acuerdo Administración-Sindicatos de 2019 y resoluciones de la CECIR. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando reelaboración y abuso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las resoluciones de la CECIR pero denegando el dato del gasto.
Un funcionario solicitó al SEPE información sobre comisiones de servicio en Zaragoza (nombres, puestos y plazos). El SEPE denegó los datos personales y inadmitió la solicitud de motivos de la gestión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos identificativos, pero desestima la petición de justificaciones administrativas.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un proceso selectivo de Policía Portuario, incluyendo costes, contratos de consultoría y motivos de cambios en el tribunal. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los costes y la justificación del contrato de consultoría, pero deniega el resto por no ser información preexistente o ser auxiliar.
Se solicitó a la Universidad Pablo de Olavide copia de expedientes académicos de alumnos premiados. La Universidad inadmitió la petición alegando que se pretendía reabrir un procedimiento finalizado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, pues la gestión de fondos públicos (premios) justifica el interés público y el acceso.
D.ª XXX solicitó al Ayuntamiento de Bustillo de Chaves copias de advertencias de ilegalidad dirigidas al alcalde. Tras la denegación del Ayuntamiento por considerar la solicitud abusiva o repetitiva, la interesada presentó reclamación ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León, quien finalmente acuerda el archivo del expediente debido al desistimiento expreso de la solicitante.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente de contratación de una réplica del Submarino Peral. La APC denegó el acceso alegando protección de propiedad intelectual y ejercicio abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación ya que la APC facilitó la información durante el proceso, obligándola a formalizar la resolución.
Un concejal solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Comares. La Alcaldesa denegó el acceso alegando que el solicitante no era el portavoz del grupo municipal. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a facilitar la información, ya que el derecho de acceso es individual y no depende de la portavocía.
D. XXX solicitó a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León datos del Registro de Ascensores (2017-2018). La Administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de la información. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de inscripciones, ubicación y empresas instaladoras.
Se solicitó al Ayuntamiento de Úbeda información sobre tasas de ocupación de suelo público en la feria de San Miguel 2023 y una solicitud de exención de tasas de la Unión de Cofradías. El Ayuntamiento inadmitió las peticiones alegando que eran repetitivas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al no acreditarse dicha reiteración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa la identificación del empleado responsable de una tramitación extemporánea. El reclamante alegó el incumplimiento de criterios previos del Consejo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación porque lo solicitado no constituye información pública al requerir un análisis previo.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa copia de un informe y la identificación del empleado responsable de tramitar una solicitud previa. El Ayuntamiento inadmitió lo segundo por considerarlo repetitivo y no información pública. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar la identidad del empleado.
El interesado solicitó información sobre la diferencia entre ingresos por tasas y costes de servicio a la Diputación de Guadalajara. Tras la inadmisión de la administración, presentó reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. El Consejo decidió archivar la reclamación debido a que el solicitante no subsanó el requerimiento de aclaración.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana copias de inscripciones de Puertos del Estado en el Registro de órganos de representación. Tras la inadmisión por inexistencia de la información y reiteración de la solicitud, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al acreditarse que la información no obra en poder del sujeto obligado.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y copias de contratos menores desde el año 2000 con las empresas Medip Health SL y Bointel Telecomunicaciones. El reclamante alegó que la inadmisión inicial fue incorrecta. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información de los últimos cinco años.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y copias de contratos menores desde 1997 con diversas empresas. El organismo inadmitió las solicitudes alegando falta de competencia y carácter repetitivo. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los últimos cinco años.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y copias de contratos menores con Laberit Sistemas SL y Qwerty Sistemas Informáticos SL desde 2010. El organismo inadmitió las solicitudes alegando falta de obligación de conservación documental y carácter repetitivo. El Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de los últimos cinco años.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Carcastillo la suspensión de adjudicaciones de parcelas comunales y los avisos de pago de estas desde 2016. El Consejo de Transparencia de Navarra inadmitió la primera petición por no ser una solicitud de información, y estimó la segunda, obligando al Ayuntamiento a entregar los avisos de pago tras disociar datos bancarios.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena los cambios y modificaciones (oficiales y no oficiales) de las bases de un proceso selectivo de policías portuarios. La solicitante alegó que la inadmisión fue infundada y que la ampliación del plazo de respuesta fue irregular. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse información auxiliar.
Una ciudadana solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre el proceso selectivo de consolidación de policías portuarios y sus bolsas de trabajo. Tras la denegación del organismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de los seleccionados y bolsas, pero deniega la comparativa de bolsas por no ser información preexistente.
Se solicitó al Ayuntamiento del Prat de Llobregat copia de un expediente de contrato menor sobre defensa letrada. El Ayuntamiento alegó que el solicitante no era interesado y que la solicitud era abusiva o referida a información en curso de publicación. La GAIP estima la reclamación, determinando que es información pública y que no concurren límites legales para denegar el acceso.
La asociación HUERMUR solicitó al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana el expediente completo de contratación sobre el yacimiento de la Arrixaca y Jardín de San Esteban. Tras una inadmisión parcial del Ministerio, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la documentación no finalizada.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el expediente de obras de un pabellón de la Guardia Civil y certificados de silencio administrativo. El Ministerio denegó la solicitud alegando que era repetitiva de una petición anterior. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información técnica, pero excluye la solicitud de explicaciones y los certificados.
El solicitante pidió a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública la identificación del empleado responsable de tramitar un expediente anterior. La entidad inadmitió la solicitud alegando que era reiterativa y que debía tramitarse por la Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar dicha identidad.
La Real Federación Española de Tiro Olímpico solicitó al Ministerio del Interior copia de un informe de la Asesoría Jurídica de la Guardia Civil y circulares sobre licencias de armas tipo F. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla información auxiliar y repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
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