Reclamación de acceso a información pública y expedientes municipales por parte de una concejala contra el Ayuntamiento de Navalpino con estimación parcial

RESOLUCIÓN 18/2025 S/REF: 1397965T REF Interna RE0625 Fecha: La de la firma Reclamante: Entidad: Ayuntamiento de Navalpino ( Ciudad Real) RESOLUCIÓN: ESTIMAR PARCIALMENTE I. ANTECEDENTES DE HECHO Con fecha 22 de noviembre de 2024, se presenta en la sede electrónica del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha escrito de reclamación de acceso a la información dirigido contra el Ayuntamiento de Navalpino. Este documento, con registro de entrada nº 625, ha sido presentado por . I. ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO: El 24 de septiembre de 2024, solicita ante el Ayuntamiento reclamado, “Fotocopia del Decreto de la Alcaldía en el que renuncia a su puesto de trabajo que da servicio desde el Punto de inclusión Digital. Fotocopia de todos los expedientes solicitados desde hace 15 meses que expongo a continuación: . - Expedientes relacionados con el PID desde que se creó este nuevo puesto de trabajo. . - Expedientes de los puestos relacionados con el servicio de Ayuda a domicilio desde la convocatoria del 2020. . - Solicitud de un histórico de los cuadrantes de las empleadas del SED desde el 2020. . - Solicitud de la bolsa de empleo de SAD donde aparecen las personas que aprobaron examen y las notas que obtuvieron. . - Expedientes relacionados con el Cole de Verano. . - Expedientes de las bases de yoga de nuestro municipio. . - Expediente de selección del socorrista de este verano. . - Expediente de la convocatoria del puesto de Auxiliar administrativo del Ayuntamiento. . - Todas las convocatorias de bolsas de empleo público en el municipio para peón desde el 2020. . - Facturas desde el año 2020, pagadas y pendientes. . - Expediente y bases para la creación y nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Local de Pastos. . - Expediente de arrendamiento de las Rañas municipales. . - Contrato de arrendamiento de la Finca Local de caza “Las Riojas y Mohedano Artuña”. . - Proyecto y expediente de la construcción de la sala de despiece. . - Proyecto y expediente de la reforma de las oficinas del Ayuntamiento. . - Proyecto y expediente de la construcción de baños públicos en el mes de agosto de 2024. . - Expedientes del Colegio seguro desde 2020. . - Expedientes (presupuestos y facturas) relacionadas con la celebración de nuestras fiestas patronales desde el 2020. . - Factura de la empresa de jardinería que podó los árboles del cementerio. . - Factura de la empresa que suministró los resaltos. SEGUNDO: El 22 de noviembre de 2024, presenta una reclamación ante el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha (en adelante, CRT). En ésta se expone, de manera literal, que el motivo de esta es: “Se deniega el acceso a la información solicitada “. TERCERO: Con la misma fecha, se realiza un requerimiento al Ayuntamiento, instándole a que alegue o manifieste lo que considere pertinente en un plazo de un mes respecto a la reclamación presentada por CUARTO: El 20 de diciembre de 2024, este CRT recibe dentro del plazo la respuesta al requerimiento efectuado, en la que se exponen lo siguiente: “En contestación a su escrito, con referencia Expediente 1397965T, por el que se ofrece al Ayuntamiento que represento, plazo de alegaciones, en relación a la queja formulada por , en su condición de concejal, en la que se denuncia a ese Consejo que ha solicitado a este Ayuntamiento documentación mediante escrito presentado en el registro de entrada con número 344 de 24/09/24 y que no se le ha facilitado, y no considerando ajustada a derecho la queja interpuesto, vengo en presentar las siguientes ALEGACIONES: no solicita información o determinados y concretos documentos sino, que solicita copia de: 1. Expedientes relacionados con el PID desde que se creó este nuevo puesto de trabajo en nuestro municipio. 2. Expedientes de los puestos relacionados con el Servicio de Ayuda a Domicilio desde la convocatoria del 2020. 3. Un histórico de los cuadrantes de las empleadas del Servicio de ayuda a domicilio desde la convocatoria 2020. 4. Expediente de la bolsa de empleo de Ayuda a Domicilio, donde aparecen las personas que aprobaron el examen y las notas que obtuvieron. 5. Los expedientes relacionados con el Cole de Verano. 6. El expediente de las clases de yoga que ha habido en nuestro municipio. 7. El expediente de la selección de socorrista de este verano. 8. El expediente de la convocatoria del puesto de Auxiliar administrativo del Ayuntamiento. 9. Todas las convocatorias de bolsas de empleo público en el municipio para peón desde el 2020. 10.Las facturas desde el año 2020, pagadas y pendientes. 11. El expediente y las bases para la creación y nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Local de Pastos. 12.El expediente de arrendamiento de las rañas municipales. 13.El contrato de arrendamiento de la Finca Local de caza de "LAS RIOJAS Y MOHEDANO ARTUÑA" 14. El proyecto y el expediente de la construcción de la sala de despiece. 15.El proyecto y el expediente de la reforma de las oficinas del Ayuntamiento. 16.El proyecto y el expediente de la construcción de baños públicos en el mes de AGOSTO DE 2024. 17.Todos los expedientes de Colegio Seguro desde sus inicios en 2020. 18.Los expedientes (presupuestos y facturas) relacionadas con la celebración de nuestras fiestas patronales en honor a San Bartolomé Apóstol desde el año 2020. 19.La factura de la empresa de jardinería que podó los árboles del cementerio. 20.La factura de la empresa que nos suministró los resaltos. Es decir, son 20 peticiones que integran una cantidad ingente de documentación, llamando la atención, por ejemplo, la solicitud de copia de todas las facturas desde 2020, cuando cada vez que se aprueba la Cuenta General de cada ejercicio, se ponen a sus disposición todos los documentos del ejercicio económico anterior, incluidas, naturalmente las facturas; pero, en cualquier caso, solo las facturas de los años 2020 a 2024 supone distraer de sus funciones a los escasísimos efectivos del Ayuntamiento, realizando fotocopias. Y como esa petición, nos encontramos otras que son claramente abusivas, como todas las convocatorias de bolsas de empleo, todos los expedientes relacionados con el servicio de ayuda a domicilio desde 2020, los cuadrantes del servicio desde esa fecha, todos los expedientes de colegio seguro, proyectos de obras…, y recordemos, que no solicita el acceso a determinada documentación, sino que requiere copias de todo ello. Pues bien, esta Alcaldía entiende que nos encontramos ante un claro caso de abuso del derecho. El derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos (y que últimamente se considera incluido en este concepto a los concejales, aun a pesar de contar con una normativa especial que regula su acceso), viene regulado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia , acceso a la información pública y buen gobierno -LT-, en relación con la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, norma aplicable en el ámbito territorial de Castilla la Mancha, Comunidad Autónoma a la que pertenece el municipio de Navalpino. A tal efecto, el art. 12 LT nos dice que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el art. 105.b) de la Constitución -CE-, desarrollados por la propia LT y la normativa autonómica. Mediante la implantación de normas como la LT y la LTPCLM, arriba citadas, vemos cómo el ciudadano dispone de un reforzamiento del derecho de acceso a la información pública, del que son titulares todas las personas y que podrá ejercerse sin necesidad de motivar la solicitud. Dicho derecho sólo se verá limitado en aquellos casos en que así sea necesario por la propia naturaleza de la información –derivado de lo dispuesto en la CE– o por su entrada en conflicto con otros intereses protegidos, según las previsiones del art. 14 LT. En todo caso, se recuerda que el art. 16 LT prevé el supuesto de acceso parcial a la información, en los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el art. 14 LT no afecte a la totalidad de la información, de forma que, conforme señala el citado art. 16 LT, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido, hecho que implicará que deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. Las causas de inadmisión de acceso a la información vienen previstas en el art. 18 LT, que en su apartado primero prevé que se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la LT. En el ámbito de Castilla la Mancha, por su parte, el art. 25.1 LTPCLM incide en que será de aplicación al derecho de acceso el régimen de los límites a tal derecho establecido en el art. 14 LT, mientras que el art. 23 LTPCLM incide en que los ciudadanos están obligados a ejercer su derecho de acceso con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso de derecho, concretando sus solicitudes de la forma más precisa posible. El Consejo de Transparencia, en su Criterio Interpretativo 3/2016, de 14 de julio, del CTBG, parte de la premisa de que el art. 18.1 e) LTBG 19/2013 asocia el carácter «abusivo» de la solicitud a la condición de que la petición «no esté justificada con la finalidad de la ley». Y a partir de ahí sienta la pauta de que existen, a juicio de dicho organismo, dos elementos esenciales para la aplicación de esta causa de inadmisión: a) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo, pues el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. b) Y, por otra parte, que el ejercicio del derecho no se ajuste o llegue a conjugase a la finalidad de transparencia que persigue la ley, al punto de resultar excesivo. A partir de estas dos premisas, el CTBG aprecia que «una solicitud puede entenderse abusiva cuando se encuentre en alguno de los supuestos o se den algunos de los elementos» siguientes, todos ellos, hay que reconocerlo, con un alto grado de apreciación subjetiva en su decisión, al constituir la misma expresión de «solicitud abusiva» otro concepto jurídico indeterminado: 1) Con carácter general, en aquellos casos en que pueda considerarse incluida en el concepto de abuso de derecho recogido en el artículo 7.2 del Código Civil y avalado por la jurisprudencia, esto es: «Todo acto u omisión que, por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho». El ejercicio abusivo de un derecho ha sido analizado por reiterada jurisprudencia [por todas se destaca la STS 20/2006, de 1 de febrero de 2006, recurso 1820/2000 (LA LEY 11121/2006)]. Esta doctrina jurisprudencial se basa en la existencia de unos límites impuestos al ejercicio de los derechos, límites de orden moral, teleológico y social. 2) Cuando, de ser atendida, requiera un tratamiento que exigiera paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. Criterio que, evidentemente, habrá de ponerse en conexión con los eventuales medios de todo orden de que disponga el sujeto al cual se le ha requerido la información. 3) Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. 4) Y finalmente, cuando la petición sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. En el presente supuesto, es evidente que la solicitud de tal cúmulo de copias se enmarca dentro del concepto de abuso que ampara el CTBG, no solo de forma cuantitativa, sino que también cualitativa, teniendo su solicitud a juicio de esta Alcaldía un fin espurio, que no es si no aprovechar la LT, no como el instrumento para el que el legislador ideó, sino como arma política, ya que la concesión de lo solicitado llevaría a la paralización de la actividad municipal, ya que no sólo ha de procederse a realizar las copias, sino además a anonimizar gran parte de documentos o eliminar datos de los mismos para conjugar los derechos reconocidos por la Ley de Transparencia con los derechos de terceros amparados por la Ley de Protección de datos. Lo que conllevaría un trabajo imposible de realizar por el escaso personal municipal. Del mismo modo, nos encontramos ante peticiones genéricas o indiscriminadas, no hay sino comprobar uno de los términos empleados: Los expedientes relacionados con…, Todas las convocatorias de bolsas de empleo público…, … desde 2020. La LTAIBG no ampara solicitudes de información indiscriminada o demasiado genéricas, entendiendo por genéricas la falta de precisión y considerando que el carácter indiscriminado, por su parte, se refiere a aquellas peticiones en las que se solicita información sin ningún tipo de concreción. Por ejemplo, aquellas que se refieren a “toda la información sobre…” o “todos los expedientes en materia. Que es precisamente lo que hace la aquí reclamante. Por todo lo cual, SOLICITO: Que por ese Consejo se desestime la reclamación interpuesta por , por ser su contenido manifiestamente abusivo e indeterminado, conforme al artículo 31 de la LTCLM, pretendiendo la paralización de los servicios administrativos, ejerciendo una coacción o presión indebida de la Administración con la pretensión de sobrecargar de trabajo al Ayuntamiento, forzándolo a desatender sus funciones ordinarias.” II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO: vista la disposición adicional cuarta en su apartado 1, de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG), se indica que la resolución de las reclamaciones del artículo 24 corresponderá en los supuestos de resoluciones dictadas por las Comunidades y su sector público y las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial , al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas, que en el caso de Castilla- La Mancha es el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, regulado por ley 4/2016 de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha. SEGUNDO: visto el artículo 11.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, el Presidente es el competente de acuerdo con las previsiones que marca la Ley para la resolución. TERCERO: igualmente el artículo 12 de la LTAIBG, reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública” en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución. CUARTO: la LTAIBG, a tenor de su preámbulo, tiene por finalidad «ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento». Por su parte, en el artículo 13 de la LTAIBG y el artículo 3.a) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se define la «información pública» como «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». QUINTO: en relación con la reclamación presentada, es conveniente abordar y aclarar varias cuestiones al respecto. En primer lugar, aclarar que la reclamante es concejal del Ayuntamiento de Navalpino que solicita acceso a la información en base al derecho que le reconoce el artículo 77 de la Lay 7/1985, de 2 de abril por el que se aprueba la Ley Reguladora de las bases del Régimen Local ( en adelante LRBRL) todos los miembros de las Corporaciones locales tienen derecho a obtener del Alcalde o Presidente o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función. Existiendo un derecho del corporativo al acceso a la documentación (en principio vista), debe autorizarse por la Alcaldía la puesta a disposición del Corporativo de los concretos expedientes administrativos solicitados. A pesar de que la solicitud realizada por la misma se ampara en la LRBRL, son muchos ya los pronunciamientos que avalan la posibilidad de aplicar la LTAIBG de manera supletoria en estos casos, así por ejemplo lo avala la Comisión de Garantía de Acceso a la Información pública de Cataluña ( en adelante GAIP) porque considera la mejora evidente que supone esta instancia y este procedimiento, para el ejercicio de derecho de acceso, al proporcionar una vía rápida, gratuita y voluntaria, previa eventualmente al Contencioso- Administrativo, para garantizar la efectividad de su derecho de información, lo que razona del siguiente modo: «Una de las cuestiones no reguladas por la Ley municipal y de régimen Local de Cataluña ( LMRLC) (…) es la previsión de una vía específica de garantía que pueda proteger el ejercicio de este derecho, de modo que, si las solicitudes de información no son atendidas debidamente, el único remedio que tendrían los concejales o concejalas solicitantes sería el recurso Contencioso-Administrativo”, concluye la GAIP «la garantía del derecho de acceso proporcionada por la reclamación ante esta Comisión es aplicable en defensa del derecho de los concejales y de las concejalas a obtener información de su propio Ayuntamiento, con la condición de que para la resolución de estas reclamaciones la GAIP debe aplicar preferentemente el derecho a la información regulado por el artículo 164 LMRLC y por las demás disposiciones de la legislación de régimen local que sean de aplicación, especialmente si son más favorables al acceso, y sólo supletoriamente las disposiciones de la LTAIBG (esto no quita que, si se diera el caso, en virtud de la especial relevancia que nuestro ordenamiento jurídico vigente da al derecho de acceso a la información pública, seguramente habría que aplicar las disposiciones de la LTAIBG , que son posteriores, más favorables al acceso, con preferencia a las de la LMRLC) 1». Otros organismos son también favorables a esta cuestión, como el Consejo de Transparencia de Aragón, Valencia o Canarias, que en su Resolución del Comisionado de Transparencia de Canarias 28/2020, de 30 de marzo 2, que el derecho de acceso de los concejales es un derecho constitucionalmente reforzado y privilegiado en comparación con el que ostentan los ciudadanos particulares. Y añade «Representando un claro contrasentido que no pudiera beneficiarse de las mismas garantías que se reservan al acceso ciudadano, se ha de entender que será de aplicación supletoria la normativa de la LTAIP [LTAI- Canarias], en la medida que refuerce el acceso a la información de los cargos electos locales en el ejercicio de sus funciones, en contraste con las previsiones que supongan un tratamiento más restrictivo. Y ello por la evidente razón de que el derecho de los ciudadanos no puede ser mejor condición que el de los representantes políticos de las administraciones locales. Este ha sido el criterio interpretativo seguido por dicho Comisionado desde el año 2016, en numerosas resoluciones relativas al acceso por parte de un cargo electo a información pública» (FJ VI). Y se apoya en la repetida STS, al reseñar, en el mismo FJ VI de la referida Resolución 28/2020, que el Tribunal Supremo ha validado esta mayor protección al derecho de acceso de los cargos representativos locales en la STS 2876/2015, que, aunque referida a los representantes autonómicos, es plenamente aplicable al ámbito local. En dicha sentencia, se indica que tras la LTBG 19/2013 «el derecho de acceso de los parlamentarios a la información pública no puede sino verse fortalecido. En efecto, a fin de que estén en condiciones adecuadas para hacer frente a la especial responsabilidad que se les ha confiado al elegirlos, habrán de contar con los medios necesarios para ello, los cuales en punto al acceso a la información y a los documentos públicos no sólo no podrán ser inferiores a los que tiene ya a su disposición cualquier ciudadano en virtud de esas leyes, sino que deben suponer el plus añadido imprescindible». El TS ha declarado la posibilidad de acudir al mecanismo de reclamación y garantía previsto en la LTBG 19/2013 supletoriamente también en el caso de que el acceso a la información se halle sometida a un régimen especial, como el previsto en la legislación de régimen local. Con este pronunciamiento queda todavía más delimitado el alcance que ha de darse a la D.A. Primera.2 de la LTBG 19/2013 en conexión con la normativa de régimen local y reconoce a los concejales el derecho a poder formular reclamaciones ante los órganos de garantía creados por la legislación de transparencia, en línea como ha venido entiendo la GAIP y otros comisionados de transparencia en coherencia con su fundamentación (STS 312/2022). Por ello la reclamante se encuentra legitimada y debe ser abordada la cuestión por vía de la LTAIBG, y más cuando el propio Ayuntamiento en su resolución se ampara en ella para inadmitir su petición. SEXTO: sentado lo anterior se debe analizar si debe tener acceso a lo solicitado o no, por la reclamante. El Ayuntamiento en su escrito alega que la petición es manifiestamente abusiva e indeterminada, conforme al artículo 31 de la LTCLM, pretendiendo la paralización de los servicios administrativos, ejerciendo una coacción o presión indebida de la Administración con la pretensión de sobrecargar de trabajo al Ayuntamiento, forzándolo a desatender sus funciones ordinarias. La STS de fecha 20 de junio de 2003, recurso 5191/2000 , haciéndose eco de otras anteriores recoge, en su Fundamento de Derecho cuarto, los criterios establecidos por el mismo: “La facultad de acceder a la documentación e información existente tiene por finalidad que la actividad del Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa, sin que ello pueda añadir otro complemento que exceda del fin de estar plenamente informados de todo lo que conste en los diversos servicios municipales.” Más recientemente la STS 167/2022 de 10 de febrero, recurso 681/2021 , tras refrendar el expresado criterio, subrayando que la «… participación efectiva en la actuación pública se manifiesta en una amplia gama de asuntos concretos, entre los que cabe destacar el derecho de fiscalización de la actuaciones municipales y al control, análisis, estudio e información de los antecedentes necesarios, obrantes en los servicios municipales, tanto para esa labor de control como para documentarse con vista a decisiones a adoptar en el futuro», señala a continuación, en consecuencia con lo indicado, que «… el derecho de acceso a expedientes y documentos por parte de los concejales, que materialmente reconocen los artículos 77 de la LBRL y 14 del ROF, no puede quedar condicionado a que se trate de asuntos a debatir por el Pleno municipal». La facultad de acceso a la información de cualquier expediente o antecedente documental reconocida por la Ley solo puede obtenerse mediante el libramiento de copias en los casos legalmente autorizados de acceso libre de los concejales a la información o bien cuando ello sea expresamente autorizado por el presidente [artículo 16.1 a) del ROF/1986]. El acceso a la información para el ejercicio de la función de concejal deriva del artículo 14 del ROF/1986, no así el derecho a la obtención de copias, y que es el derecho de acceso directo a la información el que se integra en el artículo 23.2 de la CE y no el de obtener copias de documentos. SÉPTIMO: Sobre la obtención de copias, la STS de fecha 29 de abril de 1998, recurso 2824/1995 , señala en su Fundamento de Derecho cuarto: «… la jurisprudencia de esta Sala, reflejada en las sentencias de 19 de julio de 1989, 5 de mayo de 1995 y 21 de abril de 1997, viene entendiendo que el derecho de información derivado del art. 23.2 CE no incluye, como contenido propio del derecho fundamental, el derecho a la obtención de fotocopias, y lo mismo ha de entenderse para las copias legitimadas. En la sentencia de 19 de julio de 1989 (FJ 2.º), después de destacar que el derecho a participar en asuntos públicos implica, con relación a los asuntos públicos municipales, que los concejales tengan acceso a la documentación y datos de que disponga la Corporación a la que pertenecen, se expresaba lo siguiente respecto a la cuestión en litigio, similar a la actual: Indicado el núcleo sustancial del derecho que corresponde a los concejales en relación con el tema que nos ocupa, observamos que el mismo supone una facultad de acceder a la documentación e información existente, de forma que su actividad en el Ayuntamiento pueda desarrollarse con el debido conocimiento de causa, pero sin añadir ningún otro complemento que exceda del fin de estar plenamente informados de todo lo que conste en los diversos servicios municipales. En la sentencia de 5 de mayo de 1995 se distinguía igualmente entre el derecho de acceso a la información y el derecho a la obtención de fotocopias, diciendo sobre el particular (FJ 5.º) que la facultad de acceso a la información de cualquier expediente o antecedente documental reconocida por la Ley sólo puede obtenerse mediante el libramiento de copias en los casos legalmente autorizados de acceso libre de los concejales a la información o bien cuando ella sea expresamente autorizado por el presidente de la Comisión de Gobierno [art. 16.1 a) en relación con el 15 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, de 28 de noviembre]. Finalmente, en la sentencia de 21 de abril de 1997 exponíamos que es el acceso a la información para el ejercicio de la función de concejal lo que cubre el art. 14 del Reglamento de Organización mencionado, no así el derecho a la obtención de copias, debiéndose destacar que es aquel derecho de acceso directo a la información el que se integra en el art. 23.2 CE, no así el de obtener copias de documentos...» En el desarrollo del artículo 23.2 de la CE no existe norma que consagre el derecho de los concejales a obtener de modo indiscriminado copias legitimadas o fotocopias de los documentos que integran expedientes completos. El derecho a la información debe ejercitarse, como ya se apunta, con mesura y prudencia, sin menoscabo del funcionamiento de los servicios locales. Así lo confirma la STS de fecha 8 de noviembre de 1988 , en recurso seguido por varios concejales del Ayuntamiento de Candelaria —Santa Cruz de Tenerife— contra denegación por este de la solicitud formulada en orden al acceso de documentación necesaria para el cumplimiento de sus funciones, en cuyo Fundamento de Derecho tercero se declara: «… la petición de datos producida… ha de reputarse "precisa para el desarrollo de su función" (art. 14.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales) y su negativa, vulneradora del derecho fundamental alegado por los concejales recurrentes, y sin que pueda calificarse su petición como un uso o abuso desmedido del derecho que les asiste ya que lo que se solicita es que "se nos conceda permiso para tener acceso directo a la siguiente información" que relacionan pormenorizadamente; es decir, piden tomar conocimiento de expedientes, actos cuentas, etc. Sin que tal proceder que sólo comporta una decisión permisiva sin incidencia administrativa grave, pueda suponer, como se alega, por el Ayuntamiento apelante, una práctica paralización o entorpecimiento de la Administración ordinaria municipal, toda vez que los peticionarios lo único que solicitan es el "acceso directo" a una información que no, necesariamente, ha de serles facilitada en bloque —lo que sí podría producir, en su caso, el efecto paralizante aducido— sino que puede serles ofrecida paulatina y progresivamente y que al haberles sido negada, impide su efectivo ejercicio del derecho fundamental reconocido en el art. 23.1 de la Constitución y que si, efectivamente, los derechos constitucionales son ejercitables dentro de los límites en que su ejercicio no interfiera otro derecho, toda actuación impeditiva o tendente a hacer inane el mismo debe reputarse nula…» Con apoyo en tales razonamientos se ha pronunciado también el TSJ de Navarra en Sentencia 692/2001, de 7 de mayo . Se considera en la misma la negativa de acceso a expedientes y entrega de fotocopias a un concejal. Estima la Sala que algunas de las resoluciones denegatorias de entrega de fotocopia están de acuerdo con el Ordenamiento jurídico y no vulneran el derecho del actor previsto en el artículo 23.1 de la Constitución, en la medida que la documentación cuyas fotocopias se solicitan son excesivas atendiendo a la capacidad de trabajo de la Secretaría municipal y ello sin perjuicio de su derecho a ver y estudiar los correspondientes expediente, pero otras resoluciones impugnadas son nulas por vulnerar el Ordenamiento jurídico y el Derecho fundamental del actor, al negarle el acceso a ver el expediente por la inconsistente razón de que el mismo está aún abierto o sin finalizar o falta todavía algún informe. En su Fundamento de Derecho sexto se recoge la argumentación que sustenta el fallo: «En este caso si la entrega de fotocopias es masiva, como parece lo es en este caso, la preparación de toda esta documentación puede paralizar la actividad de la Secretaría del Ayuntamiento atendida por un solo funcionario. En este sentido estimamos correcta la decisión municipal. Por el contrario, si lo solicitado son concretos documentos y reducido el número de las fotocopias estimamos que se vulnera el derecho fundamental del concejal previsto en el artículo 23.1 de la Constitución y sin que tenga éste que estar sometido al régimen general del resto del vecindario para solicitar fotocopias de un concreto documento o unos concretos y limitados documentos». Sobre el acceso y conocimiento por los concejales de los decretos o resoluciones de la alcaldía, la STS de fecha 11 de octubre de 2002, recurso 8687/1998 , estima justificada su limitación en cuanto a los que ya han sido sometidos a conocimiento del Pleno. Tras indicar en su Fundamento de Derecho décimo que «... la razón de la limitación, según la propia resolución de la Alcaldía, es que en todas las sesiones ordinarias del Pleno de la Corporación se da cuenta a los señores concejales de todos los decretos del alcalde producidos desde la última sesión plenaria tal y como establece el artículo 42 del ROF/1986...», se concluye que «... se estima no vulnerado el derecho a la información que tienen los concejales con el ejercicio de la función de control y fiscalización de los órganos municipales». Sentado lo anterior parece claro que la petición excesiva de de fotocopias de un número tan elevado de expedientes puede ocasionar perjuicios al Ayuntamiento en su normal funcionamiento, pero sí es pertinente garantizar el acceso a los mismos por otros mecanismos que no supongan ese exceso de trabajo y carga adicional, como acceso electrónico por la sede o permitir su estudio en las dependencias municipales sin ocasionar paralización de los servicios, ya que la información solicitada es pública y tiene un derecho especial que le ampara para el ejercicio de sus funciones de control. III. RESOLUCIÓN A tenor de lo expuesto, procede con respecto a lo solicitado En cuanto a lo solicitado por la reclamante, se ESTIMA PARCIALMENTE la solicitud presentada. Se indica que no se proporcionarán copias de los documentos solicitados debido a su carácter excesivo e indeterminado en algunos casos. Sin embargo, se debe facilitar el acceso para su estudio de la manera más cómoda y que cause menos perjuicios al Ayuntamiento. Es importante destacar que, aunque el Consejo es consciente de las dificultades que pueden surgir por los medios disponibles para proporcionar la información, esto no justifica la denegación del acceso a un concejal. Debe existir un equilibrio entre los recursos con los que cuenta la administración y el derecho de los concejales a acceder a la información necesaria para el ejercicio de sus funciones.