Solicitud de identificación de agente y origen de datos por llamada policial sobre redes sociales, estimada formalmente por silencio administrativo

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I.ANTECEDENTES 1.Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 15 de junio de 2024 el reclamante solicitó en una comisaría de la Policía Nacional la siguiente información: « 3. EXPONE Que presentó el día 15 de junio del presente determinada información pública a la Comisaría de Policía Nacional de Algeciras, tales como identificación de la agente que me llamó en un determinado día y hora, origen de mis datos personales utilizados para localizarme, número de expediente o denuncia por el cual me llaman, sin respuesta hasta la fecha». 2.No consta respuesta de la Administración. 3.Mediante escrito registrado el 10 de septiembre de 2024, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en la que pone de manifiesto que no ha recibido respuesta a su solicitud; reclamación que fue remitida por razón de competencia a este Consejo de Transparencia y Buen S/REF: N/REF: 1626/2024 Fecha:La de firma. Información solicitada: Actuación policial. R C T B G N ú m e r o : - F e c h a : / / P s id n t F h a ir m S d d b Gobierno (en adelante, el Consejo) en aplicación del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), en fecha 13 de septiembre de 2024. 4.Con fecha 16 de septiembre de 2024, el Consejo trasladó la reclamación al Ministerio requerido solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 20 de septiembre de 2024 tuvo entrada en este Consejo escrito en el que se señala lo siguiente: « La Subdirección General de Reclamaciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha dado traslado a esta Unidad de Información y Transparencia, para alegaciones, de la reclamación presentada por D. (…), al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, contra la Dirección General de Policía, en referencia a la solicitud formulada por el interesado, de fecha 15 de junio de 2024, en la que se solicitaba la siguiente información: “En el día y hora indicados recibo llamada telefónica del número preguntándome sobre publicaciones en mis redes sociales, y concretamente sobre una fotografía que había compartido de grafitis que creo eran en Que al preguntarle su identificación se niega a dármela indicando únicamente que todo constaría en un informe que haría de la llamada. Igualmente añadió que yo era responsable de la publicación al haberla compartido así como que era "responsable de una Delegación", indicando posteriormente que me llamaba como de una Asociación de Vecinos. En ese momento le recordé que la Asociación tiene un teléfono diferente al mío personal sin contestarme por qué utilizan mi teléfono privado si, como me dice, me llaman como de la Asociación.” Que igualmente tampoco me informó de dónde había sacado mi teléfono ni si estaban vigilando mis perfiles de redes sociales, o el objeto del interrogatorio, indicando únicamente que "lo que usted tenga con el Alcalde no es mi problema", cuando entiendo que si la llamada se debe a requerimiento del Alcalde al menos debería informarme, dado que de otro modo se produce una clara indefensión al G ú o - interrogarme sin dar a conocer el objeto o identificación de quien lo lleva a cabo, de forma que actualmente desconozco en qué expediente han incorporado mis datos personales, mis publicaciones en redes sociales y el contenido de la llamada/interrogatorio. Por ello solicito en primer lugar la identificación de la supuesta agente de Policía Nacional que realizó la llamada para interrogarme sobre mis publicaciones en redes sociales, origen de mis datos personales (incluido número de teléfono móvil) que utilizaron para localizarme, número del expediente o denuncia por la cual me llamaron para consultarme, así como audiencia para informarme y, en su caso, poder recurrir cualquier acusación contra mi persona.” En este sentido, la Dirección General de Policía informa de lo siguiente: «Una vez analizada la petición este Centro Directivo ha resuelto inadmitir a trámite la solicitud de información conforme al artículo 18.1 e) de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (LTAIPBG), al presentar un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. A juicio de este Centro Directivo, lo solicitado por don (…), no reúne las características de información pública como objeto de una solicitud de información al amparo de la LTAIBG En el presente caso, el ciudadano solicita de la Administración la realización de un acto y no el acceso a una información concreta tal y como delimita la LTAIBG, lo que, como el propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha establecido, “supondría hacer equivalente la normativa de transparencia a la obligación de dar cuenta de la gestión (o de la falta de ella), con desvinculación de que exista o no un contenido o documento al que acceder”. La información que requiere el solicitante forma parte de unas actuaciones policiales con motivo de una cuestión particular, quedando por tanto, al amparo de un interés exclusivamente privado que no se engloba en el interés general en el control de la actuación pública que preside el derecho de acceso derecho reconocido en la LTAIBG”. En este sentido, con el fin de ofrecer y tramitar tanto las manifestaciones de insatisfacción de los usuarios con los servicios, como las iniciativas para mejorar su calidad, se crea el Programa de quejas y sugerencias, regulado en RD. 951/2005 de fecha 29 de julio, organismo competente en estas cuestiones, y donde la solicitante podrá formular la queja, presencialmente, por correo postal o vía telemática utilizando la Sede electrónica del Ministerio del Interior, a través del siguiente enlace: servicios/formularqueja-o-sugerencia/index.html. Dicho lo anterior, y dado que se resuelve en fase de alegaciones la solicitud de información, de acuerdo con lo establecido en el art. 82.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se solicita que, por razones de celeridad en este procedimiento se abra el trámite de audiencia a la interesada con el fin de que alegue lo que estime pertinente en relación a la información proporcionada. » 5.El 20 de septiembre de 2024, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes; sin que, habiendo comparecido a la notificación, haya presentado observación alguna. II.FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 13.2.d) del Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, A.A.I. , el presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para conocer de las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2.La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de algunode los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3.La presente reclamación trae causa de una solicitud en la que se pide el acceso a información que ha quedado consignada en los antecedentes de esta resolución. El solicitante entendió desestimada su solicitud y presentó reclamación frente al silencio ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que la remitió a este Consejo por razón de competencia. Con posterioridad, en el trámite de alegaciones de esta reclamación, el Ministerio requerido señala que procede la inadmisión de la solicitud con arreglo al artículo 18.1.e) LTAIBG al no reunir la pretensión las características propias de las solicitudes de acceso a la información y exigir la realización de una actuación material de la Administración frente a lo que, en realidad, es una queja. 4.Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l]a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5.No obstante lo anterior, no puede desconocerse que, aun con carácter tardío, el Ministerio ha dado respuesta señalando que no se trata de una solicitud de acceso a la información pública por lo que corresponde su inadmisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18.1.e) LTAIBG, sin que el reclamante haya manifestado objeción alguna en el trámite de audiencia que la ha sido concedido. Sentado lo anterior, y a la vista del contenido de la solicitud de acceso que reproduce el órgano competente en sus alegaciones, debe confirmarse que lo pretendido no era el acceso a información pública preexistente en los términos previstos por el artículo 13 LTAIBG, si no, más bien, la formalización de una queja frente a una actuación policial que el reclamante considera inadecuada (en la medida en que afirma haber sido requerido por la Policía Nacional, por vía telefónica, a dar explicaciones sobre determinado contenido en la red, sin haberse identificado la agente). No se trata, por tanto, de una solicitud abusiva, como erróneamente afirma el Ministerio al invocar la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG, sino de una pretensión que no tiene encaje en el concepto de información pública que recoge el artículo 13 LTAIBG y que constituye el objeto del derecho de acceso reconocido en el artículo 12 LTAIBG. 6.En consecuencia, de acuerdo con lo expuesto, procede la estimación por motivos formales de la reclamación al no haberse respetado el derecho del solicitante a acceder a la información en el plazo máximo legalmente establecido, habiendo sido necesaria la interposición de una reclamación ante este Consejo para ver plenamente reconocido su derecho. III.RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede ESTIMAR por motivos formales la reclamación interpuesta frente al MINISTERIO DEL INTERIOR. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez