Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un representante sindical solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) las Descripciones de Lugares de Trabajo (DLT). El ICS inadmitió la petición alegando carácter abusivo y complejidad por el volumen de plazas. La GAIP estima la reclamación porque la DLT se refiere a tipos de puestos y no a plazas individuales, y el solicitante tiene un derecho de acceso reforzado por su función sindical.
Se solicitó al Institut Català de la Salut (ICS) copias de informes de gestión de una profesional sanitaria en residencias. El ICS inadmitió inicialmente la petición alegando que no era información pública. La GAIP decide finalizar la reclamación por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el ICS acabó entregando la información solicitada durante la tramitación.
El solicitante pidió a la Conselleria de Sanitat las actas de las comisiones de Farmacia y Terapéutica de hospitales públicos y la actualización de protocolos clínicos. Tras la denegación basada en confidencialidad y reiteración, el Consell Valencià de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas pero denegando la actualización de protocolos por requerir reelaboración.
El solicitante pidió a la Consejería de Justicia de Andalucía saber si el Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa había remitido el acta de una sesión plenaria telemática. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al determinar que la información solicitada es distinta a la de peticiones previas.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navata la relación de secretarios municipales (2009-2023) y quién autorizó pagos al alcalde. Tras la denegación municipal, la GAIP decidió inadmitir la reclamación por falta de fundamento, ya que se trata de una reiteración idéntica de una solicitud previa ya resuelta (Reclamación 512/2024).
Una ciudadana solicitó a Renfe y Adif cifras detalladas de viajeros en diversos trayectos de 2023 para un estudio académico. Tras una estimación parcial que remitía a datos públicos generales, la solicitante reclamó por la falta de datos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva e incoherente con la finalidad de la ley.
Una ciudadana solicitó a ADIF cifras detalladas de viajeros de 2023 en diversas estaciones gallegas para un análisis académico. Tras una respuesta parcial de RENFE que remitió a datos ya publicados, la interesada reclamó la falta de datos específicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva y ajena a la finalidad de la ley.
Se solicitó a la Diputación de Guadalajara documentación sobre convenios de delegación de funciones de recaudación e inspección con el Ayuntamiento de Pastrana. La Diputación alegó que el solicitante ya obtuvo dicha información en expedientes previos. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por ser manifiestamente repetitiva.
El solicitante pidió al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las actas de la Junta Directiva de la Mutua MAZ (2007-2023). La Mutua denegó el acceso alegando confidencialidad, secreto empresarial y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega parcial de la información.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Autoridad Portuaria de Cartagena) datos sobre contratos y gastos de la carrera 10k del puerto. La administración denegó el acceso alegando un proceso judicial abierto y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Ecologistes en Acció solicitó al Ayuntamiento de la Pobla Llarga copias digitales de analíticas de agua potable de agosto de 2023. El Ayuntamiento alegó que la información ya estaba publicada y que la solicitud era repetitiva. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación porque la solicitud concretaba información no disponible en el enlace previo y no hubo abuso de derecho.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Santander información sobre un plan urbanístico y reuniones con asociaciones vecinales. La administración no respondió. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que parte de la solicitud son quejas o consultas normativas ajenas al derecho de acceso, y el resto es información repetitiva ya tratada en reclamaciones previas.
El solicitante pidió a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acceso a expedientes, actas e informes de órdenes de servicio. Alegó que la solicitud era nueva pues se basaba en información obtenida previamente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud era manifiestamente repetitiva, al coincidir con una petición anterior ya resuelta.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena copia de expedientes de contratación menor de servicios TIC. La entidad denegó el acceso alegando intereses comerciales, secreto profesional y la existencia de un proceso judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que los límites fueron invocados de forma genérica y no justificada.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato menor de asesoría jurídica. La APC denegó el acceso alegando que la solicitud era repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información, ya que no es idéntica a peticiones previas ni afecta a procesos judiciales actuales.
El interesado presentó una reclamación contra el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha decide inadmitirla debido a que el asunto ya había sido objeto de resolución previa y la administración ya había cumplido con la entrega de la información.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Porzuna información sobre bienes del alcalde y concejales, grabaciones de plenos y gastos detallados. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha inadmitió dos peticiones por falta de competencia, estimó la entrega de una declaración de bienes y estimó parcialmente la entrega de proveedores.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre los criterios de uso de aparcamientos reservados para vehículos oficiales y posibles privilegios según la categoría profesional. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información fue facilitada tardíamente durante el proceso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor para eventos de la Virgen del Carmen. La entidad denegó el acceso alegando que era una solicitud repetitiva y que el interesado no tenía legitimación según la LCSP. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa convenios, expedientes e informes sobre la cesión del Cuartel de Loyola y otras parcelas al Ayuntamiento de San Sebastián. El Ministerio estimó parcialmente la solicitud alegando carácter auxiliar de los documentos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información completa.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Valencia el expediente completo sobre el cambio de ubicación de contenedores en la calle Mestre Josep Serrano. Tras recibir solo un informe, reiteró la solicitud sin obtener respuesta. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y obliga al Ayuntamiento a entregar toda la documentación del expediente.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior los enunciados de las pruebas psicotécnicas de la promoción XXXIX de acceso a Escala Básica del CNP. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información al no acreditarse el carácter abusivo de la petición.
El solicitante pidió al Ministerio de Trabajo y Economía Social las actas de infracción y resoluciones sancionadoras del Ayuntamiento de Madrid desde 2013. El Ministerio denegó el acceso alegando secreto profesional y un régimen jurídico específico. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución de la reclamación a la espera de jurisprudencia firme del Tribunal Supremo.
Se solicitó a la Delegación Territorial de Justicia de Huelva la identificación del empleado público que tramitó una solicitud previa por haber superado el plazo legal. La entidad denegó el acceso alegando que debía tramitarse vía Ley 39/2015. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena facilitar dicha identidad.
El solicitante requirió al Servicio Canario de la Salud información sobre nombramientos, remuneraciones, compatibilidades y contratos. El reclamante alegó que la inadmisión en bloque era discriminatoria y obstruccionista. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación, validando la inadmisión por uso abusivo del derecho de acceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navata la información sobre los cobros de un regidor desde que asumió el cargo hasta 2009. El Ayuntamiento inadmitió la petición por considerarla reiterativa y basándose en la complejidad de la tarea (documentos en papel). La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información.
Se solicitó al Ayuntamiento de Pineda de Mar el acceso a una sentencia judicial de responsabilidad patrimonial. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando que estaba disponible en el CENDOJ. La GAIP estima la reclamación porque el enlace al CENDOJ no funciona y el Ayuntamiento, al ser parte en el proceso, posee la sentencia y debe facilitarla.
Se solicitó al Ayuntamiento de San Roque documentación técnica y proyectos de obra sobre unos estacionamientos específicos. Ante la falta de respuesta y un requerimiento de subsanación no justificado, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, obligando a entregar la información y a retrotraer el proceso para dar traslado a terceros afectados.
Se solicitó al Ayuntamiento de La Palma del Condado la identificación del empleado responsable de tramitar una solicitud previa. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y existencia de procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación, determinando que la identidad del funcionario es información pública y no depende de la finalidad del solicitante.
El reclamante solicitó a la Dirección General de Política Forestal y Biodiversidad la identificación del empleado público que tramitó una solicitud previa. La entidad inadmitió la petición por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía terminó el procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
El interesado solicitó al Ministerio de Justicia acceso a un expediente judicial, alegando falta de respuesta y deficiencias en el acceso al sistema. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque las solicitudes versan sobre actividades sujetas a Derecho Procesal y constituyen quejas o denuncias, no solicitudes de acceso a información pública según la LTAIBG.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz el detalle de gastos en publicidad de enero a abril de 2024 y el presupuesto anual. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de publicación, requería reelaboración y era repetitiva. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación y ordena entregar la información.
La mercantil COCO GOURMET GATRONOMÍA, S.L. solicitó al Consorcio de Compensación de Seguros el acceso a un informe pericial y al expediente de un siniestro por inundación. Tras presentar erróneamente la solicitud como reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide archivar el procedimiento ya que la interesada formalizó la solicitud por la vía correcta y ya obtuvo una resolución de inadmisión.
Se solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible información sobre la puntualidad de las líneas C1 y C2 de Cercanías Málaga en 2023. ADIF inadmitió la petición alegando falta de disponibilidad, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
Un delegado sindical de la UGT solicitó al Ayuntamiento de Arrecife diversa documentación sobre personal, contratos y seguros. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que el solicitante debía usar la normativa laboral específica. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la relación de expedientes y la URL de la póliza.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre las compatibilidades y actividades autorizadas de un Guardia Civil concreto. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando abuso de derecho por la multiplicidad de peticiones. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó detalladamente el abuso para esta solicitud concreta.
El solicitante pidió al SEPE copia de todas las denuncias interpuestas contra él desde 2014. Alegó que los procedimientos estaban concluidos y no en curso. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque, al ser el solicitante el afectado, debe acceder a dicha información a través de la normativa de procedimiento administrativo y no por la LTAIBG.
Se solicitó a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha el expediente de intervención arqueológica en la Colegiata de Pastrana y copias de inspecciones de obras. La Consejería alegó extemporaneidad, uso incorrecto del canal de solicitud y reiteración abusiva. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarla reiterativa y desproporcionada.
El solicitante pidió a la Diputación de Guadalajara sentencias judiciales mencionadas en su Plan de Ordenación de Empleo Público. Alegó que la respuesta recibida era insuficiente al remitir un enlace genérico. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación considerando correcta la actuación de la Diputación.
Un ex trabajador solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia actas sobre la reclasificación retroactiva de la Policía Portuaria. La entidad denegó el acceso alegando que era información laboral privada y que podría afectar a procesos judiciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información.
Una concejala solicitó al Ayuntamiento de Noalejos detalles sobre las retribuciones y gastos de representación del Alcalde y la corporación (2019-2024). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando que era abusiva y repetitiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar la información por no acreditarse tales causas.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de El Piñero el expediente de modificación de créditos 2/2023. Tras alegar una denegación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León desestima la reclamación porque el Ayuntamiento ya había resuelto favorablemente la solicitud previa, habiendo sido la notificación rechazada por el propio interesado vía electrónica.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Boecillo los contratos realizados con una empresa específica desde 2015. El Ayuntamiento alegó que la petición requería reelaboración y era abusiva. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a retrotraer el proceso para dar audiencia a la empresa afectada y posteriormente facilitar la información.
D. XXX solicitó a la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León datos detallados sobre grandes incendios de los últimos 10 años. La Consejería inadmitió la solicitud alegando abuso por volumen y necesidad de reelaboración. La Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos, excepto la información sobre labores preventivas.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Santander información sobre el proyecto urbanístico de la Colonia del Mar y el proceso administrativo de ejecución de obras. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la información disponible se facilitó tardíamente y fue necesaria la intervención del Consejo.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Tejeda el acta de la Junta de Gobierno Local del 25/01/2019. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando un uso abusivo de solicitudes que obstaculizaba la eficacia administrativa. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública desestimó la reclamación, aceptando que la carga de trabajo paralizaba la actividad administrativa.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Cartagena actas de la mesa negociadora y documentación sobre la Relación de Puestos de Trabajo. Tras alegar silencio administrativo, la Comisión de Transparencia de la Región de Murcia declaró la pérdida de objeto porque el Ayuntamiento ya había facilitado la información y atendido las dudas, e inadmitió nuevas peticiones por ser reiterativas.
Se solicitó a Mercasevilla, S.A. copia de los títulos de cesión de inmuebles y naves vigentes desde enero de 2019. El reclamante alegó falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación porque la entidad respondió a una solicitud anterior distinta y no justificó legalmente la denegación de la petición actual.
Un funcionario solicitó al SEPE una descripción detallada de sus funciones, normativa aplicada y experiencia técnica en un periodo concreto. El solicitante alegó que la Administración posee dicha información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque lo solicitado no es información pública, sino un certificado de funciones de carácter particular.
Se solicitó al Ministerio de Defensa copia de las Instrucciones Técnicas (IT) vigentes para la gestión de expedientes de militares del Ejército de Tierra. El solicitante alegó que son información de relevancia jurídica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información al no concurrir causas de inadmisión.
751–800 de 3094