Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El solicitante pidió registros de salida de Puertos del Estado (2018-2024) en un formato Excel detallado y copias en PDF. La administración alegó que ello requería una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la petición implica la creación de un informe ad hoc con datos complejos, lo cual no es exigible por la ley.
La Fundación Ciudadana CIVIO solicitó al Ministerio del Interior datos comparativos de las valoraciones de riesgo del sistema Viogen desde 2007. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la extracción de los datos requiere una programación compleja y un análisis que constituye una labor de elaboración de informe no exigible.
Una empresa solicitó al Ayuntamiento de Salobreña la devolución de bienes, diligencias de una ejecución subsidiaria y datos sobre el tractor y conductor utilizados. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la devolución de bienes y las diligencias (por ser un procedimiento administrativo en curso), pero estimó parcialmente la solicitud de datos del vehículo y conductor.
El reclamante solicitó a Puertos del Estado copia electrónica de registros de salida entre 2018-2024 relacionados con él, incluyendo datos específicos y PDFs. El organismo concedió acceso parcial, alegando que la petición implicaba reelaboración. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud requería una reelaboración de información no disponible directamente, lo que constituye una causa de inadmisión según el artículo 18.1.c) de la LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre el patrimonio cultural de Santiago de Cadós (Ourense), incluyendo actas de visita, identificación de bienes y expedientes de ruina. El Consejo de Transparencia desestimó las reclamaciones, confirmando la inadmisión por el Ministerio, al considerar las solicitudes manifiestamente repetitivas y abusivas, dada la gran cantidad de peticiones del mismo interesado en poco tiempo, que colapsaban la administración y carecían de una finalidad legítima de transparencia.
La Fundación CIVIO solicitó al Ministerio del Interior datos comparativos de valoraciones de riesgo de Viogen y agentes policiales para víctimas mortales de violencia de género (últimos 3 años). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión. Argumentó que la información no está elaborada y su extracción requeriría una programación nueva y compleja, lo que excede la noción de información pública y constituye una reelaboración desproporcionada para la Administración.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda los ratios de criterios medioambientales de las subvenciones de transporte urbano (2014-2022). El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. Tras la reclamación, la administración facilitó los datos. El CTBG estima la reclamación por motivos formales al no haberse garantizado el acceso en plazo sin recurrir.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de San Fernando saber si ciertos inmuebles estaban al corriente de pago de tasas de vado y los motivos por los que carecían de señalización. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era repetitiva y que los datos tributarios eran reservados. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente: ordena retrotraer el trámite para alegaciones de terceros en la primera petición e inadmite la segunda.
Se solicitó al Ministerio de Hacienda información sobre los ratios de criterios medioambientales para subvenciones de transporte urbano (2014-2022). El Ministerio inadmitió la solicitud por abusiva. El Consejo de Transparencia estima formalmente la reclamación porque el Ministerio, tras la interposición de esta, concedió el acceso a la información solicitada, reconociendo un error en su interpretación inicial.
Una persona solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona documentación sobre un caso de amenazas de género en la Escola del Treball (2020). El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP inadmitió parcialmente la petición por no ser información pública, desestimó lo reiterativo por abuso de derecho y estimó parcialmente el acceso a datos identificativos y propios.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Lleida la resolución y el pago de una indemnización por responsabilidad patrimonial relativa a la reparación de un muro. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña desestimó la reclamación por inadmitirla, ya que el objeto no es el acceso a información existente, sino la resolución de un expediente administrativo.
Un periodista solicitó al Ayuntamiento de Barcelona el coste del alquiler del Parc Güell para un desfile de Louis Vuitton. Tras una denegación inicial por alegar carácter repetitivo, el ciudadano reclamó ante la GAIP. Finalmente, la administración facilitó la información durante el procedimiento, lo que provocó la pérdida de objeto de la reclamación.
D. XXX solicitó al Ayuntamiento de Aguilar de Campoo copias de minutas y justificantes de registro de una solicitud de prórroga y requerimiento de pago de renta de un expediente de arrendamiento de finca para placas fotovoltaicas. El Ayuntamiento denegó la petición alegando cumplimiento del portal de transparencia y causas de inadmisión. La Comisión de Transparencia estima la reclamación, ordenando la entrega de la información o la declaración de su inexistencia, al considerar que no concurren las causas de inadmisión alegadas.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander la respuesta de un cuestionario de 14 puntos dirigido al Jefe de RRHH sobre su proceso de contratación y cese. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que no consistía en información pública. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud pretendía obtener justificaciones y no documentos preexistentes.
XXXXXX reclamó ante el Consejo de Transparencia de Navarra la inadmisión de su solicitud de información sobre función pública por la Dirección General de Función Pública, alegando silencio positivo. La Dirección General había inadmitido la solicitud por su carácter abusivo. El Consejo inadmite la reclamación, rechazando el silencio positivo al considerar que la denegación se basó en causas de inadmisión expresas de la Ley Foral de Transparencia, ya valoradas previamente.
Doña XXXXXX reclamó contra la inadmisión de su solicitud de acceso a la grabación de una llamada al 112, tras recibir solo la transcripción. La Dirección General de Interior alegó que la solicitud era abusiva y que la transcripción era suficiente para proteger datos de terceros. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al no considerar la solicitud abusiva y estimar que la justificación para denegar el formato original no es válida, ordenando la entrega de la grabación con las debidas cautelas.
El reclamante solicitó a la AP de Santander un cuestionario de 14 puntos sobre su proceso de selección, cese y condiciones laborales. La AP inadmitió la solicitud por no ser información pública y por abuso de derecho. El CTBG desestimó la reclamación, confirmando que las preguntas que buscan justificaciones o creación de nueva información no se encuadran en el concepto legal de información pública del art. 13 LTAIBG.
El solicitante pidió datos de incidencias ferroviarias en el Eje Atlántico a ADIF. La administración denegó el acceso alegando intereses económicos y carácter abusivo de la petición. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que no se justificó el daño real a la competencia ni se acreditó el abuso del derecho.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Elche de la Sierra acceso y copia de diversos expedientes sancionadores urbanísticos para fundamentar una querella. El Ayuntamiento denegó el acceso por ser información en curso y solicitud abusiva. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha estima parcialmente la reclamación, permitiendo conocer el estado de tramitación pero denegando las copias.
El reclamante solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes información detallada sobre incidencias en el Eje Atlántico de alta velocidad (A Coruña-Vigo) desde septiembre de 2023. El Ministerio denegó el acceso alegando perjuicio a intereses económicos y comerciales, y carácter abusivo/reelaboración. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al considerar que ADIF no justificó el daño real a la competencia ni el carácter abusivo de la solicitud, y que el interés público prevalece.
El solicitante pidió aclaraciones y motivaciones sobre su cese laboral en la Autoridad Portuaria de Santander. La administración inadmitió la solicitud alegando que no constituye información pública y que es abusiva. El CTBG desestima la reclamación porque el derecho de acceso no ampara la solicitud de explicaciones o respuestas a cuestionarios, sino el acceso a documentos preexistentes.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander respuesta a un cuestionario de 13 preguntas sobre su situación laboral. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que la información no era pública por no existir documentos con tales respuestas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque lo pedido no es información pública, sino la obligación de responder preguntas.
AECINE solicitó a RTVE detalles de contratos de adquisición de largometrajes extranjeros y copias de los mismos. RTVE inadmitió las peticiones alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la nueva solicitud, aunque fragmentada, es una reiteración sustancial de una petición previa ya resuelta.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre el Protocolo 0 en Viogén y formación policial. El Ministerio alegó la necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la extracción de los datos requiere una programación compleja y un esfuerzo técnico desproporcionado.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón confirmar su derecho de acceso a una finca a través de un callejón y el título que autoriza el uso exclusivo de este a un vecino. El Ayuntamiento no respondió expresamente alegando que la solicitud era coincidente con una anterior. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos estima la reclamación por vulnerar la obligación de resolver.
Un reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cáceres copias de expedientes de subvenciones deportivas. Ante la desestimación por protección de datos personales y posible abuso, el Consejo de Transparencia estima la reclamación. Ordena al Ayuntamiento facilitar la información anonimizada, al considerar que la denegación total no fue justificada ni proporcionada y que no hubo abuso de derecho.
Un solicitante pidió a la AP de Santander/Ministerio de Transportes explicaciones y justificaciones sobre su cese laboral. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que la solicitud no se encuadra en el concepto de información pública del art. 13 LTAIBG, ya que requiere la creación de información específica y no el acceso a documentos preexistentes.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior datos sobre casos Viogen derivados del Protocolo 0, reincidencia y formación. El Ministerio inadmitió los dos primeros puntos por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la extracción de datos solicitada implicaría una programación nueva y desproporcionada, lo que justifica la inadmisión según el art. 18.1.c) LTAIBG. La información sobre formación se consideró satisfecha.
Se solicitaron a CRTVE detalles y copias de contratos de adquisición y emisión de largometrajes no españoles de 2013-2024. El CTBG desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de CRTVE. La información requería reelaboración y las solicitudes eran abusivas y repetitivas de una petición anterior, a pesar de haber sido fragmentadas artificialmente, generando una sobrecarga operativa insostenible.
El reclamante solicitó a la Autoridad Portuaria de Santander información detallada sobre su situación profesional durante su periodo de prueba (reuniones, recursos, cese, sistemas IT, etc.). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación porque la información solicitada no se encuadra en el concepto legal de "información pública" (Art. 13 LTAIBG), ya que requiere la elaboración de respuestas nuevas y no la entrega de documentos preexistentes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Berja copia de expedientes y licencias de una finca catastral concreta. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que era abusiva por la antigüedad de las edificaciones. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación al considerar que no se justificó la abusividad ni se agotó la vía de colaboración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Erandio copia de un informe de auditoría de 2019 y datos de obligaciones reconocidas (2019-2023). Tras una desestimación presunta, el interesado reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública. El organismo decidió inadmitir la reclamación por ser manifiestamente repetitiva, al existir un expediente previo idéntico ya resuelto.
La solicitante pidió a ADIF información sobre la concesión de terrenos en Chamartín. La administración alegó que era una solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque lo solicitado no es información pública preexistente, sino consultas jurídicas que requerirían la elaboración de informes nuevos (ex novo) por parte de la Administración.
El reclamante solicitó al Ajuntament de Blanes copias de expedientes de licencias de obras y urbanismo de un camping. La reclamación fue interpuesta ante la GAIP debido a la falta de respuesta. La GAIP decide la inadmisibilidad de la reclamación porque el interesado ya había presentado una reclamación idéntica (número 503/2025) que se encuentra actualmente en tramitación.
Se solicitó información digital sobre el Plan Director Urbanístico del Aeropuerto de Lleida-Alguaire a Aeroports Públics de Catalunya, SL. El reclamante presentó una nueva reclamación idéntica a una anterior aún en trámite. La Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña decidió la inadmisión por falta de fundamento al tratarse de una reiteración.
Se solicitó a ADIF/Ministerio de Transportes información sobre la concesión administrativa de Chamartín (naturaleza, modificación, financiación y derechos de reversión). El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud no versaba sobre información pública preexistente, sino que requería la elaboración de informes o respuestas a consultas jurídicas ex novo, lo cual excede el ámbito de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa información sobre contratos y procesos selectivos de un puesto de peón de limpieza. Ante la falta de respuesta, el interesado reclamó. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, ya que la entidad facilitó la información durante la tramitación.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior el número anual de policías infiltrados (según la Ley Orgánica 2/1986) desde el año 2000 al 2023. Alegó que su petición era distinta a una anterior sobre agentes encubiertos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es manifiestamente repetitiva y que la información ya había sido denegada.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior el número de policías infiltrados (art. 11 LO 2/1986) entre 2000 y 2023. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión ministerial por ser la solicitud manifiestamente repetitiva de otra ya denegada. Además, la información no está disponible en bases de datos estadísticas y está sujeta al límite de seguridad pública (art. 14.1.e LTAIBG).
Alcalabus, SL solicitó a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori el acceso a expedientes completos de subvenciones para tres empresas de transporte. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consell Valencià de Transparencia estima la reclamación, obligando a facilitar la información.
Un solicitante pidió a la Consejería de Territorio de Asturias información detallada sobre viviendas protegidas en alquiler. Ante la falta de respuesta, presentó una reclamación. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El reclamante reformuló su petición. El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación, rechazando las causas de inadmisión y ordenando a la Consejería facilitar la información reformulada.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Guriezo acceso a asientos contables y comprobantes de liquidaciones de maderistas por subasta de montes. El Ayuntamiento denegó por datos personales y carácter abusivo (art. 18.1.e LTAIBG). El Consejo estima la reclamación, desestimando el carácter abusivo y ordenando la entrega de la información anonimizada, ya que la protección de datos es posible mediante anonimización.
Una reclamante solicitó al Principado de Asturias acceso a la documentación íntegra de un proceso selectivo de 61 plazas, en el que era interesada. La administración inadmitió la solicitud alegando que era un procedimiento en curso. La reclamante interpuso recurso, argumentando que la información ya estaba elaborada. El Consejo desestima la reclamación porque, al ser la solicitante interesada en un procedimiento administrativo en curso, se aplica la normativa específica del procedimiento (Ley 39/2015), no la Ley de Transparencia.
La reclamante solicitó información sobre pagos y servicios técnicos de un contrato de recursos humanos a la Autoridad Portuaria de Cartagena. La administración denegó el acceso alegando que la información era auxiliar y la solicitud abusiva. El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que la información solo fue entregada tras la interposición de la reclamación, incumpliendo los plazos legales.
El interesado solicitó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible el desglose de personal de mantenimiento de trenes por comunidades (2017-2024). Renfe inadmitió la solicitud alegando reelaboración, carácter abusivo y protección de secretos comerciales. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación al considerar que es información pública y que no se justificó la reelaboración ni el daño comercial.
Se solicitó a RENFE-Operadora, a través del Ministerio de Transportes, información sobre el personal de mantenimiento de trenes desglosado por comunidades (2017-2024). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la información es pública, no requiere reelaboración compleja, no es una solicitud abusiva y no se justificó un perjuicio a intereses económicos o comerciales.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información sobre un contrato de servicios externos de RRHH, incluyendo pagos, informes técnicos y consultas durante un periodo de 80 días. El CTBG estimó formalmente la reclamación porque el organismo, aunque inicialmente denegó el acceso, finalmente proporcionó la información durante el proceso de reclamación, incumpliendo el plazo legal de respuesta.
El ciudadano solicitó 53 informaciones diversas al Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. El recurrente alegó vulneración del derecho de acceso y falta de motivación. La Comisión de Transparencia de la Región de Murcia desestimó la reclamación, al considerar que la administración justificó debidamente la inadmisión por carácter abusivo, debido al volumen y la intensidad de las peticiones.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Sanidad de Madrid datos sobre abortos en hospitales públicos y clínicas privadas (2021-2023) y el gasto económico asociado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar que la solicitud era reiterativa y que la información ya había sido facilitada en un expediente previo.
Un concejal solicitó al Ajuntament de Puigverd de Lleida el proyecto definitivo y el expediente de una obra de cambio de tuberías de agua potable. La reclamación fue interpuesta ante la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña alegando falta de entrega de la información. La GAIP decidió inadmitir la reclamación por ser redundante.
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