Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Un concejal solicitó las actas de las juntas de gobierno del primer trimestre de 2025 al Ayuntamiento de Puigverd de Lleida ante la falta de respuesta. La GAIP inadmitió parcialmente la reclamación por ser reiterativa respecto al periodo de enero a febrero de 2025, pero estimó parcialmente el resto, reconociendo el derecho de acceso a las actas de febrero y marzo de 2025.
Se solicitó al Consejo General de Procuradores de España información sobre su actividad de lobby ante instituciones europeas, incluyendo contratos y costes, relacionada con un procedimiento de infracción. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, argumentando que dicha actividad defiende intereses privados y no está sujeta a Derecho Administrativo, quedando fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia.
Se solicitó al Ayuntamiento de Tarancón el expediente del contrato, subvenciones y criterios de admisión de la escuela de música municipal. El reclamante alegó falta de respuesta y aportó pruebas de pagos. El Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestimó la reclamación porque el Ayuntamiento sostiene que dicho servicio no existe ni se subvenciona.
Un solicitante pidió a CRTVE información detallada sobre el Benidorm Fest 2025 (actas del jurado, puntuaciones, artistas invitados, costes 2024/2025 y sueldos de presentadoras). CRTVE inadmitió las solicitudes por considerarlas abusivas y repetitivas. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, ordenando a CRTVE entregar la información, al no justificar el carácter abusivo con datos objetivos ni la afectación a sus funciones, y habiendo facilitado información similar previamente y a otros solicitantes.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior normativa específica de la Comandancia de Ceuta sobre citaciones y entrega de partes de baja médica para guardias civiles. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación, argumentando que la petición busca una interpretación jurídica de normativa ya facilitada y no encaja en el concepto de información pública del artículo 13 LTAIBG.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre el parque informático (ordenadores, licencias, etc.) de la entidad Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por carácter abusivo de la solicitud. Consideró que la reiteración e intensidad de las peticiones del reclamante excedían los límites normales del derecho de acceso y no respondían a una finalidad legítima de transparencia, sin entrar a valorar la necesidad de reelaboración.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre órdenes de servicio, manuales, resolución de incidencias y reparaciones de TPVs en Instituciones Penitenciarias. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, considerando que las solicitudes eran abusivas y carecían de justificación en la finalidad de transparencia, dado el elevado número de peticiones repetitivas de un empleado con acceso interno a la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior un listado de homicidios y asesinatos no esclarecidos en 8 provincias andaluzas desde 2018, incluyendo fecha, municipio y nombre de la víctima. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación del solicitante, confirmando la denegación del Ministerio. Aunque la solicitud no se consideró abusiva, el Consejo dictaminó que la información requeriría una reelaboración compleja y un esfuerzo técnico desproporcionado, al no estar disponible en el Sistema Estadístico de Criminalidad con el nivel de detalle solicitado.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior datos sobre TPVs (número, modelos, reparaciones) en centros penitenciarios. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión por carácter abusivo. Consideró que la reiteración e intensidad de las solicitudes del reclamante, con objetos muy diversos y escasa relevancia para la transparencia, excedían los límites normales del derecho y afectarían la gestión diaria.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Barcelona acceso a la documentación de dos expedientes específicos. Debido a que ya existía una reclamación previa (1013/2025) con idéntico contenido en tramitación, la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) decidió inadmitir la reclamación por falta de fundamento.
El reclamante solicitó información sobre bienestar animal al Ayuntamiento de Molló. Alegó que la información recibida era insuficiente y desactualizada. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) de Cataluña inadmitió la reclamación por falta de fundamento, al tratarse de una reiteración de una reclamación idéntica (1049/2025) ya en trámite.
Se solicitó al Ayuntamiento de Olivares documentación sobre un proceso selectivo anulado. El reclamante alegó silencio administrativo por falta de respuesta. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar información sobre pagos del tribunal, funciones del personal y declaraciones de intereses, al no acreditar la administración la inadmisión alegada.
El Consejo de Transparencia estima parcialmente la reclamación de la Asociación Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel contra el Ministerio para la Transición Ecológica. Se solicitaba la identidad de funcionarios y personal no funcionario implicado en la DIA del Clúster Maestrazgo. Se desestima la petición sobre funcionarios por ser repetitiva y extemporánea, pero se estima la de personal no funcionario, al no justificarse la denegación y prevalecer el interés público según el art. 15.2 LTAIBG.
Se solicitó a la Fundación del Teatro Real información sobre arrendamientos de espacios en 2024 (tipo de arrendatario, nombre si jurídico, espacio, fecha, precio, descuentos, objeto del evento) y criterios/tarifas de alquiler. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, rechazando el argumento de solicitud abusiva. Decidió que el precio individual de cada alquiler perjudica intereses comerciales, pero la Fundación debe proporcionar el total de ingresos por alquileres en 2024 y la relación de eventos con información pública, así como los criterios/tarifas globales.
Una concejala del Cabildo Insular de Gran Canaria solicitó el desglose de una factura de 8.000€ de una subvención a una asociación. La administración denegó el acceso alegando que la información no existía y que la solicitante realizaba peticiones abusivas. El Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación al considerar que existen documentos con los datos requeridos.
Se solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre modelos específicos de cinemómetros de la DGT, incluyendo su estado técnico, fecha de adquisición y tipo (fijo/móvil). El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que las limitaciones alegadas por el Ministerio (seguridad, prevención de ilícitos, carácter abusivo de la solicitud) no estaban justificadas ni eran proporcionadas, y la información no estaba disponible públicamente como se afirmó.
El reclamante solicitó acceso a la documentación de dos expedientes de concesión de ocupación de dominio público marítimo-terrestre a la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Granada. La administración inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia de Andalucía desestima la reclamación al constatar que la información ya había sido facilitada.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Torrelodones documentación técnica, informes y actas de inspección de licencias de obras. El Ayuntamiento concedió acceso parcial alegando desproporción y protección de datos. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los informes técnicos y jurídicos.
El reclamante solicitó información sobre licencias ambientales, ruido y contaminación en el Aeropuerto de Lleida-Alguaire al Departamento de Territorio, Hábitat y Cambio Climático de la Generalitat de Catalunya. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) decidió inadmitir la reclamación por ser reiterativa y carecer de fundamento, al tratarse de la misma información ya concedida en resoluciones previas.
Una entidad solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas expedientes administrativos sobre licencias de un campo de golf. Tras el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación, considerando que la solicitud es abusiva debido al volumen excesivo de peticiones que interfieren con el funcionamiento del servicio público.
El solicitante pidió a la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme los asientos del registro de instalaciones técnicas de seguridad industrial (ascensores) de un periodo concreto. La administración inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consell Valencià de Transparencia desestima la reclamación porque la información es accesible vía portal web público.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación sobre gestiones de su comunidad de propietarios (1983-2014). La administración inadmitió la solicitud alegando condición de interesada en procedimiento en curso, reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, considerando que la petición exige reelaboración técnica compleja y carece de justificación en la finalidad de transparencia, por lo que resulta abusiva.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid documentación sobre gestiones de una comunidad de propietarios desde 1983. La administración inadmitió la petición alegando condición de interesada, necesidad de reelaboración y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación, estimando que la solicitud exige reelaboración técnica y digitalización por su extensión temporal y dispersión, y que carece de justificación en fines de transparencia.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior información sobre la aplicación del Real Decreto 2487/1998 a la Policía Local. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla una interpretación jurídica, no acceso a información pública. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando que las consultas jurídicas o la creación de nueva información no se encuadran en el concepto de información pública del artículo 13 LTAIBG.
El reclamante solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense información sobre presuntas "corruptelas" de mandos y otras cuestiones diversas. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión de la solicitud. La decisión se basó en el carácter abusivo y manifiestamente repetitivo de las solicitudes (73 en 2025), que, por su volumen y heterogeneidad, suponían una extralimitación del derecho y un gravamen desproporcionado para la administración, según el art. 18.1.e) LTAIBG.
Se solicitó a la Autoridad Portuaria de Cartagena información detallada sobre contratos con empresas específicas en periodos acotados. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la APC no justificó adecuadamente la denegación por información ya publicada, carácter abusivo de la solicitud, necesidad de reelaboración o afectación a procesos judiciales, instando a la entrega de la información.
El reclamante solicitó al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación información sobre su inversión publicitaria en medios en 2024. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, confirmando la inadmisión ministerial por considerar la solicitud abusiva y repetitiva, no justificada con la finalidad de la Ley de Transparencia, debido al elevado número y diversidad de peticiones previas del mismo interesado que afectaban la gestión del organismo.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid datos detallados sobre 2.935 inspecciones de estética de 2022. La administración alegó carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, considerando que el volumen y la complejidad de la información requerida paralizarían la gestión administrativa y no se ajustan a la finalidad de la ley.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Cobeña expedientes, actas y contratos de 2019-2022. La administración inadmitió las peticiones por considerarlas abusivas y excesivas. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestimó la reclamación, entendiendo que el volumen y la sucesión de solicitudes perturbarían el funcionamiento municipal y no estarían amparadas en la finalidad de la ley.
Se solicitó al Ministerio de Industria y Turismo información sobre productividades extraordinarias y gratificaciones abonadas a puestos de nivel 29 y 30 en 2023-2024, incluyendo periodicidad, importes y datos de perceptores. El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación, al considerar que el Ministerio ya había proporcionado información completa y ajustada a la ley, explicando la naturaleza no periódica de las retribuciones y la imposibilidad de identificar perceptores por protección de datos.
Un concejal del Grupo Popular de Fuensanta de Martos solicitó información sobre ingresos, pagos y expedientes administrativos. La administración estimó parcialmente las solicitudes pero no concretó citas para el acceso, alegando carga de trabajo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, al considerar que la administración debe garantizar la efectiva puesta a disposición.
Se solicitó al Ayuntamiento de Hinojos información sobre denuncias contra el anterior alcalde por falta de recaudación de tasas y la identidad del instructor del expediente. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter repetitivo y abusivo. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación por falta de motivación de la entidad.
Se solicitó a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno información sobre vuelos oficiales del Presidente (destinos, fechas, motivo, costes, acompañantes) de 2023-2024. El Consejo de Transparencia estimó parcialmente la reclamación, obligando a entregar la relación de acompañantes (excepto personal de seguridad), al considerar que la Administración no justificó el carácter abusivo de la solicitud ni la prevalencia de la protección de datos sobre el interés público en datos meramente identificativos de actividad pública.
Se solicitó al Col·legi de Metges de Barcelona (COMB) la información sobre salarios y retribuciones de los miembros de su Junta para 2024 y 2025. El reclamante también pidió un procedimiento sancionador. La GAIP (Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública) inadmitió la reclamación porque la información solicitada no es pública y la petición es abusiva y reiterativa.
Una persona física solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) actas y comunicaciones internas sobre reuniones de tutores y reducciones de jornada. La GAIP desestima la reclamación considerando que existe un abuso de derecho, dado el volumen reiterativo de solicitudes (64 contra el CEB) y que se buscan explicaciones para un conflicto laboral, no información pública.
La parte reclamante solicitó al Ayuntamiento de Baeza el expediente completo de contratación de la bolsa de peón de cementerio. El Ayuntamiento alegó que parte de la petición era repetitiva y abusiva, pero facilitó la documentación durante la tramitación. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía declara la pérdida de objeto al haberse satisfecho la petición.
Se solicitó al Ayuntamiento de Boadilla del Monte (remitido a la Comunidad de Madrid) el censo de núcleos de población ilegales y los expedientes sancionadores asociados. El reclamante impugnó la denegación de acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con límites de seguridad, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud abusiva y repetitiva.
Se solicitó a la Comunidad de Madrid el censo de núcleos de población ilegales en suelo no urbanizable de San Lorenzo del Escorial. El reclamante impugnó la denegación del acceso. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación por colisionar con la prevención de ilícitos, requerir reelaboración de datos y ser una solicitud repetitiva y abusiva.
Una entidad solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas los expedientes completos del Convenio Urbanístico SAU-1 “Los Carriles” y su modificación. El Ayuntamiento no respondió, alegando que la solicitud era abusiva. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos desestima la reclamación al considerar que el volumen y naturaleza de las peticiones interfieren con el funcionamiento del servicio público.
Una ciudadana solicitó al Ayuntamiento de Santa Olalla copia del proyecto de obras de la calle San Juan. Tras alegar la solicitante que el derecho de propiedad intelectual no impide el acceso a expedientes administrativos, el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha desestima la reclamación por considerarla reiterativa, ya que el esposo de la solicitante ya había pedido la misma información en múltiples ocasiones.
El Consejo de Transparencia desestimó la reclamación de acceso a información sobre seguimiento, vigilancia o recopilación de datos personales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al Ministerio del Interior. La denegación se fundamenta en que la divulgación de dicha información perjudicaría la prevención e investigación de ilícitos, aplicando el límite del artículo 14.1.e) LTAIBG, al tratarse de una investigación en curso.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones las actas de varios órganos de representación del personal desde enero de 2024, previa anonimización. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla abusiva. El Consejo de Transparencia estima la reclamación, al no apreciar carácter abusivo ni falta de justificación en la finalidad de transparencia, y porque la información es pública y su anonimización no es impedimento.
La reclamante solicitó al SEPE toda la documentación de su expediente de Renta Activa de Inserción (RAI) desde 2011 hasta 2025. El SEPE denegó el acceso alegando que era un procedimiento en curso y que la solicitante era interesada. El Consejo de Transparencia estimó la reclamación, al considerar que la administración no acreditó que el procedimiento estuviera en curso, requisito indispensable para aplicar la excepción.
El ciudadano solicitó al Departamento de Salud del Gobierno Vasco información sobre la denominación de puestos, titulaciones requeridas y número de inspectores según su titulación. Ante el silencio administrativo, reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública, que estimó parcialmente la solicitud, inadmitiendo los puntos ya resueltos previamente por ser repetitivos.
Una persona física solicitó información diversa al Consorci d’Educació de Barcelona sobre reducciones de jornada, correos electrónicos, expedientes disciplinarios y gestión de horas. La administración inadmitió las solicitudes alegando abuso de derecho. La Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al confirmar que las solicitudes son abusivas y carecen de finalidad legítima.
Una persona física solicitó información diversa al Consorci d’Educació de Barcelona sobre reducciones de jornada, correos electrónicos, expedientes disciplinarios y gestión de horas. La administración inadmitió las solicitudes alegando abuso de derecho. La Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al confirmar que las solicitudes son abusivas y carecen de finalidad legítima.
Una persona física solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona información diversa sobre reducciones de jornada, correos electrónicos, reuniones y expedientes disciplinarios. La administración inadmitió las solicitudes por considerar que constituían un abuso de derecho. La Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación al confirmar que el ejercicio del derecho era abusivo y sin interés público real.
Una persona física solicitó al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) diversa información sobre reducciones de jornada, correos electrónicos, expedientes disciplinarios y gestión de horas. El CEB inadmitió las solicitudes alegando abuso de derecho y carácter reiterativo. La Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por considerar que existe un uso abusivo y sin beneficio real.
Una persona física solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona (CEB) información sobre reducciones de jornada, gestión de correos, expedientes disciplinarios y otros asuntos laborales. El CEB inadmitió las solicitudes alegando abuso de derecho y carácter reiterativo. La Garantía de la Comisión de Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) desestima la reclamación por considerar que existe un uso abusivo del derecho.
Una persona física solicitó al Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) diversa información sobre reducciones de jornada, correos electrónicos, expedientes disciplinarios y gestión de horas. El CEB inadmitió las solicitudes alegando abuso de derecho y carácter reiterativo. La Garantía del Acceso a la Información Pública (GAIP) desestimó la reclamación por considerar que existe un uso abusivo y sin beneficio real.
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