Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una ciudadana solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones datos sobre el sistema nacional de acogida (2010-2022) por nacionalidad y CC.AA. Tras alegar silencio administrativo y una respuesta parcial insuficiente, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2010-2021 al rechazar la causa de reelaboración.
Un ciudadano solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social detalles sobre el viaje de la Vicepresidenta Segunda al Vaticicano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar el coste del almuerzo y la identidad de los acompañantes, aunque deniega las horas de vuelo y el nombre del restaurante.
El sindicato CSIF solicitó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) el desglose de plazas vacantes y necesidades asistenciales. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que concurre la causa de inadmisión de información en curso de elaboración.
El reclamante solicitó al SESCAM información sobre la plantilla y el plan de estabilización de empleo temporal. El SESCAM inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la administración no justificó suficientemente la aplicación de dicha causa de inadmisión.
El Ayuntamiento de Coria del Río solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los trabajos de la primera fase del anteproyecto de la Autovía SE-40. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la documentación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el número de sanciones por consumo de drogas en vía pública, detallando localidad e importe. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio respondió fuera del plazo legal, aunque posteriormente facilitó la información disponible.
Una persona solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía saber si una plaza vacante específica estaba bloqueada para el proceso de estabilización. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía decidió terminar el procedimiento ya que la entidad respondió a la solicitud durante la tramitación de la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Montgat información sobre beneficiarios y costes del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD). El Ayuntamiento inadmitió parcialmente la solicitud alegando complejidad técnica y fase de elaboración. La GAIP estima la reclamación debido a que la resolución fue notificada fuera de plazo y carecía de motivación suficiente.
Un sindicat solicitó al Departament de Justícia llistados de plazas de la OEP 2017-2018 y datos sobre personal interino. La GAIP inadmitió las peticiones que no eran de acceso a la información, desestimó las ampliaciones por falta de solicitud previa y declaró la pérdida del objeto de la información solicitada originalmente al manifestar la Administración que es inexistente.
Un concejal del Ayuntamiento de Valencia solicitó acceso al expediente de actuaciones de la Agència Antifrau. El Ayuntamiento autorizó el acceso pero pospuso la entrega de un informe de investigación por ser provisional. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación, considerando que al ser un informe provisional elaborado por otro organismo, se trata de información en curso de elaboración.
El ciudadano solicitó a la Universidad Rey Juan Carlos el número de funcionarios PAS que solicitaron teletrabajo y si fue concedido. Alegó falta de respuesta y el cómputo incorrecto de plazos por la universidad. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestima la reclamación ya que la universidad facilitó la información, aunque fuera extemporáneamente.
El solicitante pidió a la SELAE datos detallados de ventas y premios de las administraciones de lotería (2017-2021), incluyendo el municipio. El interesado alegó que prevalece el interés público y la rendición de cuentas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarse que revelar el municipio vulneraría el secreto comercial de los gestores.
El solicitante pidió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana los proyectos y trazados de las autovías A57, A59, A54 y A56. El Ministerio denegó el acceso alegando que estaban en fase de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información de tramos ya aprobados, en servicio o en ejecución.
Una empresa solicitó al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Aragón la Memoria de Gestión de residuos 2019 de la sociedad DOMEC SL. El organismo concedió acceso parcial anonimizando la cartera de clientes basándose genéricamente en la Ley de Secretos Empresariales. El Consejo de Transparencia de Aragón ordena retrotraer el procedimiento por falta de motivación y de audiencia al tercero afectado.
El solicitante pidió al Consejo de Estado el dictamen 821/2021 sobre el Código de Conducta de la Guardia Civil. Tras la denegación del organismo por estar el asunto en tramitación, el interesado alegó que el dictamen ya estaba aprobado y no era material auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno inadmitió la reclamación por falta de competencia.
El representante del sindicato STAS solicitó al Ayuntamiento de Almassora el desglose de los conceptos que integran el complemento específico de las nóminas de la policía local. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba en proceso de elaboración. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación por falta de motivación y detalle en la respuesta.
El Sindicato Interinok_Taldea reclamó ante la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública el incumplimiento de los plazos de respuesta por parte del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno en cuatro expedientes. La Comisión desestima la reclamación ya que no posee potestad sancionadora para aplicar regímenes disciplinarios a los responsables.
El Sindicato Interinok Taldea solicitó al Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco el desglose de plazas interinas según la Ley 20/2021. Tras la inadmisión administrativa, la Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación por motivos formales, ya que la Administración acabó facilitando la información solicitada.
Se solicitó al Ministerio de Justicia un listado detallado de puestos de trabajo de diversos cuerpos judiciales. El Ministerio alegó que los datos estaban en proceso de depuración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que la información ya existe y la motivación para denegarla es insuficiente.
Se solicitó al Ministerio de Cultura y Deporte copia de los informes y estudios del proyecto de Ley del Deporte. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la norma estaba en tramitación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, pues los documentos ya estaban finalizados y el expediente gubernamental concluido.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación la posición del Gobierno español sobre enmiendas al Reglamento de control de la pesca de la UE. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por considerar que no concurre dicha causa de inadmisión.
Se solicitó al Ministerio de Trabajo y Economía Social el coste de los viajes de la ministra Yolanda Díaz y la financiación del viaje al Vaticano. El Ministerio inadmitió la primera parte por estar la información en curso de elaboración y respondió vagamente a la segunda. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena facilitar la información.
El solicitante pidió al Consejo Superior de Deportes (CSD) informes y documentos sobre el proyecto LaLiga Impulso. El CSD inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y era de carácter interno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena entregar la información al no concurrir causas de inadmisión.
Se solicitó al Ministerio de Sanidad el desglose diario y provincial de reinfecciones por COVID-19 desde enero de 2021. El Ministerio denegó el acceso alegando que la información estaba en proceso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos ya consolidados y confirmados.
Una sección sindical solicitó al Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat información detallada sobre la contratación del servicio médico de empresa. El sindicato alegó que la respuesta municipal dilataba el acceso a la información. La GAIP finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El solicitante pidió al Ministerio de Cultura y Deporte el expediente de elaboración del Reglamento de la Ley Orgánica 3/2013. El Ministerio denegó el acceso alegando que estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al constatar que la información es pública y que la entrega parcial realizada fue insuficiente.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad datos de viajeros registrados en el sistema Spain Travel Health. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración (verificación semestral). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al constatar que, pese al compromiso de la Administración, no se facilitó la información en enero de 2022.
El ciudadano solicitó actas de la Mesa Delegada y del Consejo Rector del Parque Móvil del Estado, así como relaciones nominales de componentes sociales. Alegó que la información remitida era incompleta y sesgada. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las actas y relaciones, aunque permitiendo la anonimización de datos personales y opiniones.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad datos sobre el volumen de nitratos en zonas de abastecimiento de 2020 y 2021. Alegó que la información de 2021 fue denegada y que la de 2020 no era satisfactoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información de 2020 ya estaba disponible y la de 2021 estaba en curso de elaboración.
La solicitante pidió al Ministerio de Justicia el estado de tramitación y los documentos del expediente de transposición de la Directiva (UE) 2019/1937. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y era de carácter auxiliar. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que las causas de inadmisión eran aplicables.
La Asociación Observatorio Ciudadano Municipal de Jerez solicitó al Ayuntamiento de Jerez el estado detallado de su deuda al 31/12/2021. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación al validar que la información no existía materialmente en ese momento.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Sant Fost de Campsentelles el listado de bajas, comisiones de servicio y ausencias de la Policía Local. Tras alegar falta de respuesta, la GAIP admitió la reclamación. Finalmente, la GAIP decidió finalizar el procedimiento por pérdida sobrevenida del objeto, ya que el Ayuntamiento entregó la información extemporáneamente.
Se solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza información sobre los gastos del contrato de mediación de prensa de 2020. El Ayuntamiento alegó falta de recursos personales por la pandemia y ofreció consulta presencial. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y obliga al Ayuntamiento a facilitar la URL exacta de la información, ya publicada en su portal.
Un ciudadano solicitó al Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de Aragón el listado de residencias de mayores, su tipo de gestión y el detalle de sanciones impuestas entre 2014 y 2019. El organismo denegó parte de la información alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación y ordena entregar los datos.
La Fundación Montescola solicitó al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el expediente e informes de un proyecto de competitividad turística. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y era de carácter auxiliar. El CTBG estima parcialmente la reclamación al considerar que la información entregada es incompleta.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Sant Feliu de Guíxols la identidad de quienes instruyeron su cambio de puesto laboral y copias de los organigramas de valoración. El Ayuntamiento denegó el acceso exigiendo motivación y alegando que los organigramas estaban en curso. La GAIP estima la reclamación, señalando que el derecho de acceso no requiere motivación ni interés público.
Se solicitó a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de La Rioja una relación detallada de plazas ocupadas por interinos. La administración inadmitió la solicitud alegando reelaboración y posterior elaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información existe y que la demora en su publicación no justifica la inadmisión.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de los Pallaresos datos contables de 2020, 2021 y 2022. Tras una respuesta parcial del Ayuntamiento, el interesado recurrió a la GAIP. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) finaliza el procedimiento debido a que las partes alcanzaron un acuerdo de mediación satisfactorio para el reclamante.
El interesado solicitó el Acuerdo Sectorial para el personal funcionario de la Comunidad de Madrid (reunión del 11/02/2021) a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Tras una inadmisión por publicación general, el Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación, obligando a entregar el acta previa anonimización de datos personales.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Deba copia digital del expediente administrativo completo de la modificación del PERI de Amillaga, incluyendo alegaciones e informes. El Ayuntamiento remitió un enlace web con documentación técnica insuficiente. La Comisión Vasca de Acceso a la Información Pública estima la reclamación y ordena entregar el expediente administrativo completo.
Un representante de los trabajadores solicitó al Ayuntamiento de Sant Feliu de Codines actas de valoración de puestos, el organigrama y datos de personal temporal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando inexistencia de documentos o fase de elaboración. La GAIP estima la reclamación, obligando al Ayuntamiento a entregar la información por ser datos que posee o puede exigir a su consultora.
El reclamante solicitó actas de una comisión de valoración a la Universidad de La Rioja. La Universidad inadmitió la solicitud alegando que la información formaba parte de un procedimiento administrativo en curso en el que el solicitante era interesado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió la inadmisión de la reclamación por no ser aplicable la Ley de Transparencia, sino la normativa del propio procedimiento.
Se solicitó acceso a contratos de crédito, convenios de normalización y desglose de costes de obras a la Autoridad Portuaria de A Coruña. El interesado alegó silencio administrativo tras no recibir respuesta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la información al considerar que son documentos públicos y no concurren límites de secreto comercial.
El interesado solicitó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada de la administración general a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en proceso de elaboración y publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la inadmisión fue correcta.
El reclamante solicitó la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada de la administración general a la Consejería de Hacienda de Castilla-La Mancha. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración y publicación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la información estaba efectivamente en proceso de integración.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el proyecto de ejecución del Paseo Verde del Suroeste. Tras una respuesta extemporánea de inadmisión, el ciudadano alegó que el documento ya estaba redactado. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación porque el proyecto sigue en fase de supervisión y corrección, considerándose en curso de elaboración.
Se solicitó al Departament de Salut el listado de facultativos de la Clínica Salus Infirmorum de Banyoles. El reclamante alegó que el Decret 256/2013 obliga a divulgar dichos datos. La GAIP desestimó la reclamación porque la Administración no posee la información solicitada al estar el Registro de Profesionales en actualización y ser la clínica una entidad privada.
Una periodista solicitó al Departament d'Educació el número de profesorado interino desde 2006. Alegó que no se le facilitó la información de 2015 en adelante bajo la excusa de que estaba en fase de elaboración. La GAIP estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2015 en adelante en los cinco días siguientes a su elaboración, sin esperar a su publicación web.
Se solicitó al Departament de Salut el listado de facultativos del Hospital Sant Joan de Deu de Martorell. Tras una inadmisión inicial, el solicitante alegó la obligatoriedad de divulgar dichos profesionales según el Decret 256/2013. La GAIP finaliza la reclamación por pérdida de objeto, ya que la Administración entregó la información durante el proceso.
Se solicitó al Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat la relación de plazas estructurales vacantes ocupadas temporalmente. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en fase de elaboración. La GAIP estima la reclamación, determinando que no concurren causas legales para denegar el acceso y que la inadmissibilidad fue incorrecta.
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