Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una persona solicitó al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya información detallada sobre inspecciones educativas en un centro. La GAIP desestima parcialmente la solicitud por considerar que existe un abuso de derecho debido a la reiteración de peticiones, pero estima la parte relativa a la relación de dietas por ser información pública según el Decret 8/2021.
Una ciudadana solicitó acceso a diversa información y certificados al Ayuntamiento de Benifaió. Tras alegar la administración que algunas peticiones eran repetitivas o requerían reelaboración, el Consell Valencià de Transparència desestimó la reclamación por considerar que el derecho de acceso no cubre la emisión de certificados y que el volumen de solicitudes constituye un uso abusivo del derecho.
El Partit Alacantí Regionalista Esperança Ciutadana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid una copia de la auditoría del sistema Gestiona sobre el Decret 346A/2017. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consell Valencià de Transparència estima la reclamación y reconoce el derecho de acceso.
El Partit Alacantí Regionalista Esperança Ciutadana solicitó al Ayuntamiento de Monforte del Cid certificados de inversiones y copias de facturas de 2005-2008. Tras la denegación municipal, el reclamante interpuso recurso. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación alegando que la información requiere una acción previa de reelaboración.
Un ciudadano solicitó a la Empresa de Servicios Funerarios de Madrid la copia digital de los expedientes de adquisición de material sanitario desde la declaración de la pandemia de COVID-19. La administración alegó que la petición era genérica y de volumen desproporcionado. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid desestimó la reclamación por considerar la solicitud abusiva.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el acceso a las minutas de honorarios de servicios jurídicos y documentación de procesos judiciales. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando necesidad de reelaboración, propiedad intelectual y carácter abusivo. El Consejo de Transparencia desestima la reclamación porque la documentación forma parte de expedientes judiciales, sujetos a un régimen especial.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Reinosa los currículos y títulos universitarios del alcalde y del interventor. Tras varias respuestas y una oferta de exhibición presencial de los documentos, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), que desestimó la reclamación al considerar que la administración actuó conforme a derecho.
La Comunidad de Propietarios Benatalaya solicitó al Ayuntamiento de Estepona información sobre la recepción de infraestructuras de saneamiento por parte de Hidralia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando al Ayuntamiento a responder por no haber contestado la solicitud de 2019, rechazando la petición de expedientes adicionales por ser una ampliación del objeto inicial.
La Asociación de Vecinos/as de Erripagaina solicitó al Ayuntamiento de Pamplona datos sobre inversiones en infraestructura e ingresos por licencias urbanísticas. El Ayuntamiento no respondió. El Consejo de Transparencia de Navarra estima la solicitud de inversiones por ser una mera aglutinación de datos, pero inadmite la de licencias por considerarla un abuso desmedido del derecho de acceso.
La Asociación de Vecinos/as de Erripagaina reclamó ante el Consejo de Transparencia de Navarra la falta de respuesta del Ayuntamiento de Burlada a cuatro solicitudes de información. El Consejo estima parcialmente las reclamaciones: ordena entregar las licencias de obras y datos de inversión, inadmite la solicitud de ingresos por tasas urbanísticas por abusiva y declara sin objeto la del Plan Deportivo por inexistente.
La Asociación de Vecinos/as de Erripagaina solicitó cuatro expedientes de información al Ayuntamiento del Valle de Egüés. Ante la falta de respuesta y de alegaciones del Ayuntamiento, el Consejo de Transparencia de Navarra estima tres de las solicitudes y desestima una por considerarla abusiva debido a la carga administrativa que supondría su gestión.
La Asociación de Vecinos/as de Erripagaina solicitó al Ayuntamiento de Huarte licencias de obras, inversiones en infraestructura e ingresos por licencias urbanísticas. Tras la falta de respuesta y una entrega parcial e insuficiente, el Consejo de Transparencia de Navarra estima parcialmente las reclamaciones, obligando a entregar licencias y presupuestos, pero inadmitiendo la solicitud de ingresos por ser abusiva.
Un delegado sindical solicitó al Parque Móvil del Estado el detalle de servicios ordinarios y extraordinarios de cada conductor (fecha y hora) entre 2018 y 2023. El solicitante alegó falta de motivación en la denegación y posible arbitrariedad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud requiere una reelaboración compleja de información dispersa.
Una persona solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya gestiones sobre un registro previo, los motivos de la falta de respuesta y el detalle de reuniones del Presidente. La GAIP desestima la reclamación al considerar que los dos primeros puntos constituyen un abuso del derecho, pues el solicitante pretende forzar una cita con el Presidente.
La Asociación Eleuteria solicitó al Ministerio del Interior información detallada sobre la contratación de un sistema de captación de imágenes para la DGP. Tras alegar que la respuesta fue insuficiente y carente de motivación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar el desglose presupuestario y las fases de ejecución.
El solicitante pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores el listado de viajes y gastos de sus altos cargos desde 2018. Tras el silencio administrativo y alegaciones del Ministerio sobre volumen abusivo y perjuicio a relaciones exteriores, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena la entrega de la información.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior acreditar la remisión íntegra de un escrito y copia de la documentación sobre la activación de un protocolo de acoso laboral (marzo 2023). El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información del segundo protocolo.
El ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Alicante información detallada sobre cursos específicos de la Policía Local RADAR.MULTACAR desde 2005. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud por carácter abusivo y necesidad de reelaboración. El Consell Valencià de Transparència desestima la reclamación al considerar que la solicitud es desproporcionada y requiere una reelaboración compleja.
Se solicitó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones microdatos de bajas de la Seguridad Social desde 2015. El solicitante alegó que la anonimización no constituye reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a entregar la información al no justificarse las causas de inadmisión invocadas.
Un agente de la Guardia Civil solicitó al Ministerio del Interior información sobre donaciones recibidas por la Comandancia de Las Palmas y expedientes disciplinarios de su unidad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, pues la información sobre sanciones está clasificada como reservada según la Ley de Secretos Oficiales y la información de donaciones ya fue concedida en otra resolución.
La Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales solicitó a la Consejería de Sanidad el desglose individualizado de gratificaciones extraordinarias de 2020 y 2021. Tras la inadmisión por considerarse solicitud repetitiva, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima parcialmente la reclamación y ordena retrotraer el procedimiento para realizar el trámite de audiencia.
Se solicitó a la Diputación de Granada documentación sobre expropiaciones, trazado de la carretera GR-3417 y subsanación de informes sectoriales. El reclamante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información sobre el informe sectorial no notificada.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda y Función Pública información sobre la reclasificación de puestos A1 y A1A2. El Ministerio denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación al considerar que la información obra en poder del órgano y no se justifica la complejidad técnica alegada.
El solicitante pidió a la AEAT los informes que justificaran el incremento de gastos de personal en los PGE 2023. La AEAT alegó que dichos informes no existían y que la solicitud era inadmisible por pretender la creación de información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, obligando a la AEAT a facilitar las razones y documentación disponible sobre dicho incremento.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio del Interior especificaciones técnicas y datos de contratación de la aplicación VeriPol. El Ministerio denegó el acceso alegando carácter abusivo y perjuicio a la investigación policial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a entregar la información por falta de motivación en los límites invocados.
D. XXX solicitó a la Diputación de Burgos información sobre contrataciones publicitarias, convenios de promoción y expedientes de la Vuelta Ciclista a Burgos de los últimos 5 años. Tras una desestimación presunta, la Comisión de Transparencia de Castilla y León estima la reclamación al considerar que las remisiones web eran incorrectas y no se justificaron las causas de inadmisión.
El solicitante pidió a la Comunidad de Regantes Salva García certificados de riego, el padrón de usuarios y diversos planos técnicos. Tras la falta de respuesta y alegaciones de la entidad sobre el carácter abusivo de la petición, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los planos técnicos.
Una ciudadana solicitó copia de su expediente administrativo al Ayuntamiento de San Fernando de Henares. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era repetitiva y que debía acudir presencialmente por falta de digitalización. El Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad de Madrid estima la reclamación y ordena la entrega de la información mediante cita presencial.
Un ciudadano solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre las gestiones y motivos para no ser invitado a la Taula de l'Esport. Tras el silencio administrativo, presentó reclamación. La GAIP inadmitió la solicitud por considerarla un abuso del derecho, al intentar forzar una acción administrativa mediante el derecho de acceso.
Una asociación solicitó al Ayuntamiento de Castellar del Vallès expedientes de subvenciones (2018-2022). El Ayuntamiento inadmitió la petición alegando tarea compleja y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación, determinando que la información es pública y que la carga de trabajo puede solventarse ampliando el plazo de entrega.
El solicitante pidió a la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía la fecha de publicación de la convocatoria del primer puesto de trabajo de un empleado. El solicitante alegó que la denegación era injustificada. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por ser la solicitud manifiestamente repetitiva.
Una UTE solicitó a ADIF el informe de un accidente ferroviario y las grabaciones relacionadas. ADIF denegó el acceso alegando que el informe era interno y la solicitud abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a ADIF a entregar la información al considerar que el informe es relevante para la rendición de cuentas y que el interés privado no justifica la denegación.
Un ciudadano solicitó a la Conselleria de Economía Sostenible el expediente de autorización de un centro comercial en Valencia. La administración denegó parcialmente el acceso alegando secreto comercial y protección de datos. El Consejo Valenciano de Transparencia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar casi toda la documentación excepto el plan de negocio e inversión.
Se solicitó al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el detalle de unas gestiones y la razón de no haber obtenido una reunión con una alta responsable. El solicitante alegó la inadmisibilidad de la respuesta administrativa. La GAIP inadmitió la reclamación por considerarla abusiva, ya que busca forzar una actividad administrativa y no obtener información pública preexistente.
El solicitante pidió al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya detalles sobre gestiones administrativas y motivos para no concederle una reunión con la Consellera. La GAIP inadmitió la reclamación por considerar que no se busca información pública, sino forzar una acción administrativa, incurriendo en un abuso de derecho.
Se solicitó al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya información sobre las gestiones para obtener una reunión con la Cap de Gabinet. El solicitante alegó falta de respuesta administrativa. La GAIP inadmitió la reclamación por considerarla abusiva, ya que se utilizaba el derecho de acceso para forzar la actividad administrativa y no para obtener información pública.
Se solicitó al Departamento de Presidencia de la Generalitat de Catalunya la identidad de una persona, la fecha de entrega de handbikes y el futuro de proyectos de deporte adaptado. El reclamante alegó falta de respuesta. La GAIP inadmitió la reclamación por considerarla abusiva, ya que busca forzar una acción administrativa y no obtener información pública preexistente.
Se solicitó al Departamento de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya conocer las gestiones de una petición de reunión y los motivos para no ser invitado a la Taula de l'Esport. El reclamante alegó falta de respuesta. La GAIP inadmitió la reclamación por abuso de derecho, al considerar que se usó la transparencia para forzar acciones administrativas y no para obtener información pública.
Se solicitó al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona información sobre los salarios de altos cargos. El solicitante recurrió a la GAIP tras la negativa del organismo. La GAIP decidió inadmitir la reclamación porque la información salarial no forma parte de las funciones públicas del colegio y por considerar que la reiteración de la solicitud es abusiva.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes información sobre licencias de actividad, padrones de mascotas y vehículos, y datos médicos del personal de limpieza. El Ayuntamiento alegó abuso de derecho y falta de medios. La GAIP estima parcialmente la solicitud: ordena entregar la información administrativa y censal, pero deniega los datos médicos por vulnerar la intimidad personal.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes documentación sobre el concurso, adjudicación y tasas del servicio de alcantarillado. El Ayuntamiento se opuso alegando falta de medios y abuso de derecho. La Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP) estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a entregar la información.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes diversos informes, facturas y contratos. El Ayuntamiento se opuso alegando falta de medios, volumen excesivo de solicitudes y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información, ya que no se acreditó la intención de colapsar la Administración ni concurren límites legales al acceso.
Un concejal solicitó al Ayuntamiento de Calldetenes documentación sobre una denuncia ante la Oficina Antifrau por presunta doble facturación, relación de empresas sancionadas y asistencia jurídica de la Diputación. El Ayuntamiento alegó falta de medios y abuso de derecho. La GAIP estima la reclamación y ordena la entrega de la información por ser pública y no concurrir límites legales.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena los expedientes completos de dos contratos de 2018. El interesado alegó que la denegación era un intento de ocultar información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación basándose en que el acceso actual perjudicaría la igualdad de las partes en un proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena el expediente completo de un contrato de formación de 2019. El interesado alegó que la investigación judicial afecta a la expresidenta y no al Puerto. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque el acceso actual supondría un riesgo real para la igualdad de las partes en el proceso judicial en curso.
El solicitante pidió a la Autoridad Portuaria de Cartagena la copia completa del expediente de un contrato menor de servicios de comunicación. El solicitante alegó que la denegación era un intento de ocultar información y que la investigación judicial afectaba a la expresidenta y no al organismo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por riesgo de perjudicar la tutela judicial efectiva.
Se solicitó al Servicio Canario de la Salud información y documentación sobre el destino y coste de equipos de protección individual (mascarillas). El reclamante alegó que la inadmisión de su solicitud fue incorrecta. El Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública declara la terminación de la reclamación al comprobarse que la información ya había sido facilitada previamente.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Casas del Monte información sobre la previsión de arreglar un camino público. El Ayuntamiento alegó protección de datos y abuso de derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud no pedía un documento existente, sino que instaba a la Administración a realizar una actuación material futura.
El solicitante pidió a MUFACE información sobre reconocimientos médicos, fechas de cambio de aseguradora y recetas médicas. Tras recibir respuesta, reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) cuestionando la veracidad de los datos sobre la baja en Adeslas. El CTBG desestima la reclamación al comprobar que MUFACE facilitó toda la información disponible.
Un agente solicitó a la Comandancia de la Guardia Civil datos detallados sobre comisiones de servicio. El interesado alegó que la información es pública y accesible vía SIGO. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque atender la solicitud requeriría la elaboración de un informe ad hoc, incurriendo en la causa de inadmisión del art. 18.1.c) LTAIBG.
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