Reclamación por acceso a la información profesional y títulos académicos de miembros de un tribunal calificador en el Ayuntamiento de Reinosa

Página1de 8 Resoluciónreclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación que obra en el expediente, el reclamante solicitó al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG) al Ayuntamiento de Reinosa, el 13 de noviembre de 2020, la siguiente información: “Información de los currículos que obran en poder del Ayuntamiento, incluidos los títulos universitarios, acreditaciones de experiencia profesional y técnica, de las personas que se relacionan a continuación: x . x ” La solicitud cita también la ley autonómica de transparencia, constituida por la Ley 1/2018 de Transparencia de la Actividad Pública , así como una Ordenanza municipal 2https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-5393 N/REF:Expte. 1044-2023 Fecha: La de la firma Dirección: Administración/Organismo: Ayuntamie nto de Reinosa (Cantabria). Información solicitada: Información profesional sobre miembros de un tribunal calificador. RA CTBG Número: 2023-1034 Fecha: 28/11/2023 JJOS EE LUI SS RODRIGUE ZZ ALVARE ZZ ( 11 d ee 1) Presidente de 2 de marzo de 2017 sobre transparencia y acceso a la información pública. La motivación confesada de la solicitud es haber sido candidato a las pruebas selectivas para la empresa pública municipal , convocadas en 2016 para cubrir la plaza de gerente mediante concurso-oposición, en concreto publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 25 de noviembre de 2016. El segundo de los citados prestaba servicios en dicha empresa pública municipal, en el momento de la convocatoria, y tanto él como el alcalde fueron miembros del tribunal calificador de las pruebas de selección, siendo ésa la razón de que los incluya a ambos en la solicitud. Se solicita expresamente la información en formato electrónico “pdf”. El 24 de febrero de 2021 recibió comunicación del Alcalde relativa a que su solicitud se remitía a la empresa municipal por no obrar en el ayuntamiento la documentación solicitada, al tratarse de un concurso oposición para gerente de dicha entidad. El 29 de junio de 2021 volvió a reiterar su solicitud, recibiendo entonces una resolución expresa, de fecha 26 de julio de 2021, firmada por el Concejal de Transparencia, con el siguiente contenido y fundamentos: “En respuesta a la solicitud de (…), en "Asunto: información de Transparencia Municipal", de fecha 28 de junio de 2021, registrada de entrada en el Ayuntamiento el día 29 de junio de 2021, solicitando en concreto información de los currículos que obran en poder del Ayuntamiento, incluidos los títulos universitarios, acreditaciones de experiencia profesional y técnica, de las personas (…) y (…), este Ayuntamiento, a través del Concejal de Transparencia, tiene a bien responder lo siguiente: 1 .- No es cierto que el resultado a la solicitud de 13 de noviembre de2020 fuese negativo, sino que, al quedar claro (pues lo dice el mismo solicitante, sin necesidad de hacerlo) que se refería a un proceso selectivo tramitado en la empresa municipal , estuviese o no en fase de extinción, de acuerdo con el artículo 11.2 de la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública, aplicable (según su artículo 4.2) a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial de Cantabria, así como cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público y privado vinculados o dependientes de aquellas, en los términos establecidos en el apartado anterior, lo que hizo el Ayuntamiento, correctamente desde el punto de vista legal, al considerar en principio que no obraba 3 https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306433 RA CTBG Número: 2023-1034 Fecha: 28/11/2023 la información solicitada en poder del sujeto al que se dirigió, es decir, el Ayuntamiento de Reinosa, éste remitió la solicitud al competente ), al conocerlo, e informó de esta circunstancia al solicitante, con indicación de la fecha de remisión e identificación del órgano al que se había dirigido la solicitud; sin entrar en la cuestión de si es precisa o no la aportación de títulos por los miembros del Tribunal de un proceso selectivo, es cierto que de haberse materializado dicha aportación el lugar sería do nde se tramitó el mismo, no el Ayuntamiento, sea esto dicho además en pro de un mejor ejercicio del principio de transparencia legalmente exigido, pero ya que se insiste el Ayuntamiento debe ceñirse a lo que obra en sus dependencias. 2.- Se accede a lo solicitado, transfiriendo la información solicitada, en los siguientes términos: a).- Respecto a lo solicitado sobre (…), aclarando previamente que para ser alcalde (cargo que en la actualidad ocupa) o concejal de un Ayuntamiento no es necesario por ley disponer de ninguna titulación, y, por lo tanto, no es información que necesariamente obre en poder de un Ayuntamiento, no es menos cierto que en la actualidad sí consta en estas dependencias municipales lo reflejado en la página web municipal, que es lo siguiente: (…) b).- Respecto a lo solicitado sobre (…), obran en el expediente de selección del mismo como lnterventor de este Excmo. Ayuntamiento los siguientes títulos: (…) Asimismo, obran en dicho expediente las siguientes acreditaciones de experiencia profesional y técnica: . lnterventor del Ayuntamiento de , desde abril de 2006.” Posteriormente, tras un nuevo escrito del solicitante, de 27 de octubre de 2021, en el que se solicitaba “vista o copia” de los respectivos títulos académicos, citó presencialmente al interesado en las dependencias municipales, para poder visionar la documentación disponible, mediante oficio de 1 de diciembre de2021. 2. Disconforme con las respuestas recibidas, el solicitante presentó una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG), el 17 de marzo de 2023, registrada con número de expediente 1044-2023. En su reclamación expresa que solicita los títulos universitarios de alcalde e interventor del Ayuntamiento de Reinosa, porque se presentó al concurso oposición para optar una plaza laboral de la empresa municipal . Alega que el RD 896/1991 (Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local ), en su artículo 4º.e) establece que la composición de los tribunales debe ser predominantemente técnica y los vocales deben poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. Aduce que pide la documentación en calidad de interesado por formar parte del proceso, y que la acción del ayuntamiento de remitir la solicitud a la citada es baldía, puesto que se trata de una empresa actualmente en liquidación. También argumenta que presentó una nueva solicitud el 29 de junio de 2021, la cual fue contestada el 27 de julio de 2021; y otra nueva el 27 de octubre de 2021, recibiendo respuesta el 1 de diciembre de 2021. Alega que el ayuntamiento debe disponer de los títulos, pues se trata de cargos o empleados públicos del municipio; y que la resolución de acceso última no se ha materializado aún. 3. El 17 de octubre de 2023 el CTBG remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Reinosa, al objeto de que pudieran presentar las alegaciones que se considerasen oportunas. El 2 de noviembre de 2023 se recibe oficio de alegaciones del Alcalde junto con una copia del expediente. Dicho expediente contiene copia de las resoluciones administrativas recaídas, en las cuales se relacionan los títulos y méritos de esas dos personas (en la de 26 de julio de 2021); y en las que se ofrece citación presencial para examinar los archivos locales (en la de 1 de diciembre de 2021). En dicho oficio se alega, por parte de la administración, lo siguiente: “En consonancia con lo solicitado (“vista o copia” concretamente) por el interesado en su escrito de fecha 27 de octubre de 2021 (documento nº 10), y como puede comprobarse en el documento nº 11 del expediente adjunto (Recepción por el interesado de Oficio Concejal Transparencia), el Ayuntamiento puso a disposición del interesado el acceso a la información solicitada sin que, según indica el responsable del archivo municipal, el interesado se pusiera en contacto con dicho responsable o mostrara interés alguno respecto al acceso en las Oficinas del Ayuntamiento. 4 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-15126 Asimismo, este Ayuntamiento entiende que, existiendo un claro y notorio interés subjetivo por parte del solicitante, su solicitud pudiera tener un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia establecido, tanto en la Ley 19/2013 antedicha, como en la Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública: “un instrumento para facilitar el conocimiento por la ciudadanía de la actividad pública”. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta autoridad administrativa independiente es competente para resolver las reclamaciones que en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información. 2. En virtud del apartado 2 de la disposición adicional cuarta de la LTAIBG , las comunidades autónomas pueden atribuir la competencia para la resolución de las reclamaciones al CTBG mediante la celebración del correspondiente convenio con la Administración General del Estado. En desarrollo de dicha previsión, existe convenio vigente suscrito con las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha e Illes Balears, así como con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 3. A tenor de lo dispuesto en su preámbulo, la LTAIBG tiene por objeto “ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento”. De este modo, su artículo 12 reconoce el derecho de todas las personas a acceder a la “información pública”, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución y desarrollados por dicha norma legal. En este sentido, el artículo 13 de la LTAIBG define la “información pública” como “los contenidos o econ/convenios/conveniosCCAA.html documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 4. La información solicitada es información pública en la medida en que obra en poder de un sujeto obligado por la LTAIBG, el Ayuntamiento de Reinosa, dispone de ella en ejercicio de la competencia municipal en materia de recursos humanos, derivada de su propia autonomía y capacidad de auto-organización. La Ley de Cantabria 1/2018, de 21 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pública resulta aplicable a las entidades que integran la Administración Local en el ámbito territorial de Cantabria, así como cualesquiera organismos públicos y entidades de derecho público y privado vinculados o dependientes de aquellas. El propio ayuntamiento, tras su remisión inicial a , y ante la segunda solicitud dirigida al mismo, remitió al interesado una lista-relación exhaustiva de títulos, diplomas, cursos y méritos contraídos por las dos personas sobre las que trata su solicitud de información. Por lo que se refiere al alcalde, el ayuntamiento alegaba disponer de datos sin documentos de respaldo, debido a que no es un requisito imprescindible el tener una titulación universitaria. Y también alega que su currículum ha sido objeto de publicidad activa. Respecto del interventor municipal, su condición de funcionario público titulado superior le hace acreedor de la presunción de ostentar el título que le confiere acceso a dicha condición. Posteriormente, ante la insistencia del solicitante, en lugar de entregar copia de los citados títulos, el ayuntamiento optó por exhibirlos presencialmente. A este respecto hay que precisar que el documento original de cada título universitario debe estar en poder de la persona a la que se la expidió, habiéndose sometido a compulsa cada vez que se pretendía justificar la titulación ante las diversas instancias administrativas. Respecto de funcionarios públicos, sus datos están inscritos en los correspondientes registros de personal (el Registro Central de Personal, en el caso de funcionarios estatales o de habilitación estatal) y existe un expediente personal en el que constarán copias fehacientes en respaldo de su titulación. Además, es lógico pensar que exista un expediente administrativo cuando los puestos se proveen a través de los procedimientos legales, como es el caso del puesto de interventor municipal. También hay que tener en cuenta que la información solicitada tiene carácter personal, y que las titulaciones universitarias están sujetas a un régimen de restricción en la expedición de duplicados, según la normativa en vigor divulgada por el Ministerio de Universidades . 5. En el caso que nos ocupa se ha producido una sucesión de solicitudes, como se ha indicado en los antecedentes. En la de 27 de octubre de 2021 el reclamante solicitó “vista” de los documentos, cuando inicialmente había solicitado copia en formato “pdf”. Como respuesta a esta última solicitud, se ofreció la posibilidad de exhibición de los documentos de manera presencial, constando en el expediente una copia de la resolución de 1 de diciembre de 2021 con una firma del interesado con la que acusa recibo de su recepción. Por ello, el Consejo entiende que la opción ulterior elegida por al ayuntamiento de mera exhibición, en sus archivos, se antoja adecuada a lo solicitado y conforme a derecho. A dichos efectos hay que tener en cuenta la cláusula de salvaguardia del artículo 15 de la LTAIBG (“5. La normativa de protección de datos personales será de aplicación al tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso”), y que el artículo 22 de la LTAIBG dispone que “1. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica, salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse, en cualquier caso, en un plazo no superior a diez días”. Por todo ello, se debe considerar la actuación administrativa conforme a la LTAIBG, ya que el reclamante ha tenido la posibilidad de acudir presencialmente al ayuntamiento a comprobar la documentación, sin haberlo hecho, motivo por el cual procede en definitiva desestimar la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede DESESTIMAR la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Reinosa. De acuerdo con el artículo 23, número 1, de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno , la Reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 9 https://www.universidades.gob.es/expedicion-de-titulos-universitarios/ 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas . Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo: José Luis Rodríguez Álvarez