Solicitud de certificados de riego, padrón de usuarios y planos técnicos a la Comunidad de Regantes Salva García con resultado estimatorio parcial

Resolución reclamación art. 24 LTAIBG I. ANTECEDENTES 1. Según se desprende de la documentación obrante en el expediente, el 8 de marzo de 2023 el reclamante solicitó a la COMUNIDAD DE REGANTES SALVA GARCÍA, al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante, LTAIBG), la siguiente información: « (…) SOLICITA: - Nos aporten certificado de riego de nuestras fincas que pertenecen a esta comunidad de regantes, donde se exprese que están amparadas por la concesión de aguas en vigor y a todos los efectos y además estén inscritas y amparadas por el Registro de aguas. S/REF: N/REF: 1463-2023 Fecha: La de firma. Dirección: D DE REGANTES SALVA GARCÍA. Información solicitada: Documentación expediente de concesión y certificado de riego. Sentido de la resolución: Estimatoria parcial. R CTBG Número: 2023-0898 Fecha: 27/10/2023 - Copia del Del Padrón de Usuarios aprobado en la resolución de la concesión de 18/10/2004, vigente de la comunidad donde se indique el nombre y cabida de cada finca en hectáreas y el derecho que la misma posee al aprovechamiento del agua por volumen o por turno y tiempo. Caso de existir datos protegidos, únicamente se estaría interesados en los datos de las fincas, no personales de ningún comunero. - Copia de los planos geométricos y orientados de todo el terreno regable por las aguas de esta Comunidad, presentados en la solicitud de formación de la Comunidad y resuelto en la resolución de concesión de 18/10/2004. Donde se pueda apreciar con total claridad y exactitud los planos. - Copia de los planos de captaciones, impulsión a la balsa de almacenamiento, construcción de balsa de almacenamiento, redes primarias, secundarias y terciarias y de todos sus componentes para la distribución del agua a las fincas integradas en la Comunidad, los cuales fueron aportados para a la apertura en competencia de proyectos, en el expediente TC-17/5253». 2. No consta respuesta de la Administración. 3. Mediante escrito registrado el 20 de abril de 2023, el solicitante interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (en adelante, CTBG) en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG poniendo de manifiesto que no ha recibido respuesta. Esta reclamación fue inicialmente interpuesta ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, organismo que trasladó la misma a este Consejo, por ser de su competencia. 4. Con fecha 27 de abril de 2023, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno trasladó la reclamación a la COMUNIDAD DE REGANTES SALVA GARCÍA solicitando la remisión de la copia completa del expediente derivado de la solicitud de acceso a la información y el informe con las alegaciones que considere pertinentes. El 26 de mayo de 2023 se recibió respuesta con el siguiente contenido: « (…) La resolución por la que se otorgó concesión administrativa a esta Comunidad de Regantes, dictada en el expediente TC-17/5253, es de fecha 25 (no 18) de octubre de 2004. (…) Con dicha resolución no se aprobó ningún padrón de usuarios, como se comprueba de la mera lectura de dicha resolución. R CTBG Número: 2023-0898 Fecha: 27/10/2023 Sin perjuicio de lo anterior, interesa añadir que, en relación al padrón de comuneros, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha mantenido de forma reiterada que se trata de información propia del ámbito de actuación privado de la Comunidad de Regantes y, por tanto, no le resulta de aplicación la LT AIBG. (…) Es por ello que en relación a este punto procede inadmitir la s olicitud en virtud del motivo previsto en la letra e) del artículo 18 de la Ley 19/2013, (…) habiendo tenido acceso al expediente completo con referencia TC -17/5253, en el que se dictó la resolución por la que se otorga concesión administrativa a esta Comunidad de Regantes, la solicitud de información debe considerarse repetitivita, manifestando un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. (…) Los planos acompañados a la solicitud de concesión administrativa es una información que ya debe obrar en poder del solicitante pues el 16 de marzo de 2021 se personó en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el objeto de acceder al referido expediente. Es por ello que en relación a este punto procede inadmitir la s olicitud en virtud del motivo previsto en la letra e) del artículo 18 de la Ley 19/2013 (…). El proyecto de puesta en riego de la zona regable obra en el expediente TC-17/5253, al que el solicitante tuvo acceso el 16 de marzo de 2021, al personarse en las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con el objeto de acceder al referido expediente. Es por ello que en relación a este punto procede inadmitir la s olicitud en virtud del motivo previsto en la letra e) del artículo 18 de la Ley 19/2013 (…)». 5. El 6 de junio de 2023, se concedió audiencia al reclamante para que presentase las alegaciones que estimara pertinentes. El 11 de junio de 2023, se recibió un escrito en el que se expone que: « (…) No pudiendo ni debiendo esta junta de gobierno manifestar libremente un carácter abusivo a la información solicitada, sin aportar las pruebas que justifiquen fielmente haber recibido la información que se le solicita. Entendiendo con total claridad que solicitamos el padrón de usuarios donde se representen las referencias catastrales de las parcelas integradas en la comunidad, presentadas con anterioridad a la resolución de concesión, siendo esto información pública, además de no solicitar datos protegidos. (…) Pues bien esta junta de gobierno con el objetivo de no aportar lo solicitado, una vez más en sus argucias de enredar y ocultar la verdad, basándose para ello en la suposición de que esta información debe de obrar ya en nuestro poder, donde manifiesta que nos personamos el 16 de Marzo de 2021 en las oficinas Confederación, no aportando ningún documento que justifique nuestra asistencia a dicho expediente y en todo caso probar la documentación a la que se hubiese tenido acceso, además como bien indica la información debe obrar, actuando supuestamente en su decisión sin demostrar fielmente haberla recibido. Determinando sin justificación de ningún tipo de ser una información abusiva y repetitiva, como mínimo debería de justificar lo que supone o da por hecho sin ningún documento que lo respalde. (…) A la solicitud de planos de captación, impulsión a la balsa, construcción balsa, redes de riego y todos sus componentes para el suministro de riego a las fincas integradas en dicho proyecto, basándose esta junta de gobierno para su denegación en que el día 16 de Marzo de 2021 nos personamos en Confederación y nos fue proporcionado el proyecto de transformación en riego presentado anterior a la apertura en competencia de proyectos en 2003, no aportando ningún documento que justifique la asistencia por parte nuestra a Confederación y menos aún la documentación que se hubiese aportado en dicho caso, solo basándose en suposiciones sin demostrar en absoluto documentalmente en lo que se basa y con esto solo lo consideran abusivo y repetitivo, sin demostrar nada que justifique su suposición. (…) Solicitado nos emitan certificado de la pertenencia de nuestras fincas a la comunidad, aportado este y firmado por dos personas que se identifican como presidente y secretario, desconociendo la validez jurídica que tienen estos señores para representar los cargos que indican poseer y por ello la validez de los documentos que firman, pues han sido reiteradamente solicitados por registro de entrada en esta comunidad y por diversos recurso en reposición presentados, sin contestar en nada hasta la fecha para que aportasen los documentos que acrediten jurídicamente, reunir los requisitos indispensables dictado en las Ordenanzas y Leyes que deben reunir para representar cargos (…). Por todo lo expuesto; solicito a este Consejo (…): -Anteproyecto y Proyecto de Transformación en Riego, completo, suscrito por técnico competente y visado, presentado por la comunidad de regantes en 2003, anterior a la apertura en competencia de proyectos. Pues en este deben de estar representados todos los planos solicitados (…). -Certificado de nuestras fincas, donde se refleje y conste jurídicamente la pertenencia a la zona de riego autorizada, donde nos aporte la zona de Écija, debidamente inscrita en el Registro de Aguas y con ello la posibilidad de poder ejercer el derecho legal al riego». II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.2.c) de la LTAIBG y en el artículo 8 del Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno , el Presidente de esta Autoridad Administrativa Independiente es competente para resolver las reclamaciones que, en aplicación del artículo 24 de la LTAIBG , se presenten frente a las resoluciones expresas o presuntas recaídas en materia de acceso a la información . 2. La LTAIBG reconoce en su artículo 12 el derecho de todas las personas a acceder a la información pública, entendiendo por tal, según dispone en el artículo 13, «los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones». De este modo, la LTAIBG delimita el ámbito material del derecho a partir de un concepto amplio de información, que abarca tanto documentos como contenidos específicos y se extiende a todo tipo de “formato o soporte”. Al mismo tiempo, acota su alcance, exigiendo la concurrencia de dos requisitos que determinan la naturaleza “pública” de las informaciones: (a) que se encuentren “en poder” de alguno de los sujetos obligados, y (b) que hayan sido elaboradas u obtenidas “en el ejercicio de sus funciones”. Cuando se dan estos presupuestos, el órgano competente debe conceder el acceso a la información solicitada, salvo que justifique de manera clara y suficiente la concurrencia de una causa de inadmisión o la aplicación de un límite legal. 3. La presente reclamación trae causa de una solicitud, formulada en los términos que figuran en los antecedentes, en la que se pide el acceso a diversa información relacionada con la concesión administrativa de uso aguas públicas que gestiona la Comunidad de Regantes. En concreto, se solicita certificado de riego de las fincas, padrón de usuarios vigente y planos relacionados con la distribución del agua. La mencionada corporación no dictó resolución en el plazo legalmente establecido para ello. Con posterioridad, en el trámite de alegaciones instado en el seno de este procedimiento de reclamación, acordó su inadmisión al considerar de aplicación la causa contemplada en el artículo 18.1.e) LTAIBG, al resultar manifiestamente repetitiva y, en relación con la petición del padrón de comuneros, por tratarse de información del ámbito privado de la Confederación. La entidad responde en su escrito en relación con los puntos 2 a 4 de la solicitud. El reclamante, en fase de audiencia, rechaza el carácter abusivo de la solicitud, y reconoce haber recibido el certificado de pertenencia de sus fincas, aunque entiende que el mismo tiene varias irregularidades. Finalmente añade, en este momento, la petición de Anteproyecto y Proyecto de Transformación en Riego, completo, suscrito por técnico competente y visado, presentado por la comunidad de regantes en 2003. 4. Antes de entrar a examinar el fondo de asunto, procede recordar que el artículo 20.1 LTAIBG dispone que «[l] a resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante». En el presente caso, el órgano competente no respondió al solicitante en el plazo máximo legalmente establecido, sin que conste causa o razón que lo justifique. A la vista de ello, es obligado recordar a la Administración que la observancia del plazo máximo de contestación es un elemento esencial del contenido del derecho constitucional de acceso a la información pública, tal y como el propio Legislador se encargó de subrayar en el preámbulo de la LTAIBG al manifestar que «con el objeto de facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública la Ley establece un procedimiento ágil, con un breve plazo de respuesta». 5. Sentado lo anterior y con carácter preliminar resulta procedente delimitar el objeto de esta resolución partiendo de la naturaleza estrictamente revisora de la reclamación prevista en el artículo 24 LTAIBG; carácter revisor que impide modificar la solicitud inicial de información —si no es para acotarla— y que impide, por tanto, un pronunciamiento de este Consejo sobre informaciones no incluidas en la solicitud formulada ante el órgano cuya decisión se revisa. Este caso, el acceso que se pretende al anteproyecto y proyecto de transformación de riego se ha solicitado por primera vez en este procedimiento de reclamación, por lo que no puede ser objeto de esta resolución. 6. Por otro lado, en la línea de lo señalado en el fundamento jurídico 2, convertido ya en un criterio firmemente asentado de esta Autoridad Administrativa Independiente, el ejercicio del derecho constitucional de acceso no puede tener por objeto más que «información pública» en el amplio concepto contemplado por el artículo 13 LTAIBG con la condición de que exista en el momento de formularse la solicitud. Quiere esto decir que en el presente caso las peticiones respecto de las que la Comunidad de Regantes ha manifestado que no existe la información requerida quedan fuera del objeto de esta resolución; supuesto en el que se encuentra la petición número 2 de la solicitud de información dado que, según manifiesta dicha corporación, con la resolución de concesión de aguas «no se aprobó ningún padrón de usuarios, como se comprueba de la mera lectura de dicha resolución». Sin embargo, conviene detenerse en el argumento de la corporación según el cual esta información, siendo propia de su ámbito de actuación privado, no entraría dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG. Debe recordarse con carácter preliminar que la LTAIBG aborda en su artículo 2 el denominado ámbito subjetivo de aplicación de la norma, incluyendo, en su apartado 1.e) a las Corporaciones de Derecho público en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. Por su parte, el apartado 2 del mismo precepto señala que se entiende por Administraciones Públicas los Organismos y entidades incluidas en las letras a) a d) del apartado anterior. En consecuencia, una Comunidad de Regantes tiene la consideración jurídica de Corporación de Derecho Público, por lo que solamente sus actuaciones sujetas a Derecho Administrativo deben considerarse incluidas dentro del ámbito de aplicación de la LTAIBG. En este sentido, cabe recordar que están sujetos a Derecho Administrativo los actos relativos a la organización y funcionamiento de estas Corporaciones y el ejercicio de las funciones administrativas que tienen atribuidas por la legislación que las rige o que les han sido delegadas por otras Administraciones Públicas. El artículo 2.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, prevé que «[l]as Corporaciones de Derecho Público se regirán por su normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas que les hayan sido atribuidas por Ley o delegadas por una Administración Pública, y supletoriamente por esta Ley». Sentado lo anterior, debe analizarse si la información solicitada se integra o no en el ámbito de aplicación de la LTAIBG, puesto que la entidad a la que se formula la solicitud se trata de una Corporación de Derecho Público con un régimen jurídico especial en cuanto al acceso a la información pública. La jurisprudencia constitucional (STC 227/1988 y 207/1994) ha determinado que en ningún caso hay que desconocer el sustrato de base privada que integra a estas Corporaciones sectoriales. De ahí que las potestades o facultades administrativas se ejerzan por delegación o atribución específica. Esta jurisprudencia continúa afirmando que, «en realidad, su conformación como Administraciones Públicas, exclusivamente viene determinada por la medida en que sean titulares de funciones públicas otorgadas por ley o delegadas por la Administración. De esta forma a las Comunidades de Regantes se les asigna la organización de los aprovechamientos de riegos, potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de riego y policía de los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas (…)». Este Consejo de Transparencia estima, y ha considerado con anterioridad —las más recientes, la R CTBG 0793-2023, de 25 de septiembre, y la R/736/2021, de 14 de marzo de 2022—, que si las peticiones de acceso no tienen que ver con la organización de los aprovechamientos de riegos, ni con las potestades jurisdiccionales por medio de los Jurados de Riego o con sus potestades de policía administrativa en relación con los turnos de aguas, canales y demás instalaciones colectivas, no encontrarían amparo en la Ley de Transparencia al tratase de cuestiones privativas de la Comunidad que nada tienen que ver con el desempeño de sus funciones públicas. Desde este punto de vista, no cabe dudar de que el padrón de usuarios vigentes donde se indica el nombre y cabida de cada finca en hectáreas y el derecho que la misma posee al aprovechamiento del agua por volumen o por turno y tiempo, constituye un documento, en caso de encontrarse disponible, directamente ligado a la organización de los aprovechamientos de riegos, por lo que estaría amparado por el derecho de acceso que establece la LTAIBG en el caso de existir —lo que no acontece en este caso— 7. En cuanto a la primera parte de la información solicitada (certificado de pertenencia de sus fincas a la comunidad de regantes), el propio reclamante reconoce (en el trámite de audiencia de este procedimiento) que se le ha facilitado, si bien pone en duda «la validez jurídica que tienen estos señores [presidente y el secretario firmantes] para representar los cargos que indican poseer y por ello la validez de los documentos que firman» y aduce la existencia de ciertas irregularidades que, en su opinión, invalidarían dicho certificado. En relación con lo señalado, es preciso recordar que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 LTAIBG, se entiende por información pública aquella que obra en poder de los sujetos obligados por haber sido elaborada o adquirida en ejercicio de sus funciones. Debe entenderse, en este sentido, que la información remitida por la corporación es precisamente la que consta en su poder, y, por tanto, independientemente de las consideraciones del reclamante acerca de su validez — cuestiones sobre las que este Consejo no se puede pronunciar en la medida en que no son de su competencia—, lo cierto es que se ha facilitado al reclamante lo solicitado, debiendo considerarse satisfecha la solicitud de acceso a la información pública correspondiente al apartado primero de la solicitud. 8. Resta pronunciarse, por tanto, acerca de la tercera y cuarta partes de la solicitud de acceso, referida a una serie de planos. Sobre este particular no puede desconocerse que el Consejo ya se ha pronunciado sobre una cuestión idéntica, ante la solicitud de otro reclamante frente a la misma Comunidad de Regantes, si bien en ese caso se trataba de la segunda y tercera parte de su solicitud. Así, la resolución R CTBG 0652-2023, de 21 de agosto, señalaba lo siguiente en lo que aquí interesa (FJ 6): « (…) Sentado lo anterior, la comunidad de regantes aplica la causa de inadmisión establecida en el artículo 18.1.e) de la LTAIBG especificando que la inadmisión se motiva en el carácter repetitivo de las solicitudes 2 y 3 al indicar que la información «ya debe obrar en poder del solicitante pues el 16 de marzo de 2021 se personó en las oficinas de la Confederación hidrográfica del Guadalquivir con el objeto de acceder al referido expediente», concluyendo que «la solicitud de información debe considerarse repetitiva, manifestando un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley». Sobre el contenido y alcance de la primera causa de inadmisión de la letra e) del artículo 18.1.e) LTAIBG, que habilita a rechazar las solicitudes de información que sean «manifiestamente repetitivas», se ha pronunciado el CTBG en su Criterio Interpretativo 3/2016, precisando que para que una solicitud pueda ser inadmitida por este motivo se requiere no sólo que sea repetitiva sino que esta característica sea manifiesta, por lo que únicamente lo serán aquellas que de forma patente, clara y evidente: (i) coincidan con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y hubieran sido rechazadas por concurrir una causa de inadmisión o por aplicación de alguno de los límites legales, siempre y cuando la respuesta haya adquirido firmeza; (ii) coincida con otra u otras presentadas anteriormente por el mismo o los mismos solicitantes y se hubiera ofrecido la información, sin que se haya producido posteriormente modificación alguna sobre los datos facilitados, lo cual deberá justificarse; (iii) el solicitante o los solicitantes conocieran de antemano el sentido de la resolución por habérsele comunicado en un procedimiento anterior; (iv) coincida con otra u otras dirigidas al mismo órgano en períodos de tiempo inferiores a los plazos de tramitación legalmente establecidos, de forma que las presentadas previamente no hubieran finalizado su tramitación; (v) cuando fueran de respuesta imposible bien por el contenido o por razones de competencia y así se hubiera justificado y notif icado al solicitante. En el presente caso no concurren los requisitos determinados ni por la jurisprudencia ni por este Consejo para considerar aplicable la causa de inadmisión de tratarse de solicitudes repetitivas, dado que, por una parte, no concurre ninguno de los supuestos contemplados en el precitado Criterio Interpretativo y, por otra parte, que el solicitante haya comparecido en la vista de un expediente administrativo no implica que obre necesariamente en su poder la información soli citada, no siendo suficiente la presunción manifestada por la corporación. En cuanto a la posibilidad de aplicar la segunda causa de inadmisión prevista en la letra e) del artículo 18.1 LTAIBG (que las solicitudes «tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley»), es necesario tener en cuenta la estricta doctrina establecida por el Tribunal Supremo, que ha señalado que la persecución de un interés meramente privado no está prevista como causa de inadmisión en la ley, y que «la causa de inadmisión del artículo 18.1.e) LTAIBG exige el doble requisito de carácter abusivo de la solicitud y falta de justificación en la finalidad de transparencia de la ley» (STS de 12 de noviembre de 2020 - ECLI:ES:TS:2020:3870). Por tanto, la resolución que inadmita una reclamación con fundamento en el artículo 18.1.e) LTABIG debe justificar, por un lado, el carácter abusivo de la reclamación, por incurrir en un abuso de derecho conforme al artículo 7 del Código Civil (acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero,) y, por otro, la ausencia de justificación en la finalidad de transparencia, sin que para ello resulte suficiente la persecución de un interés meramente privado. Y, para estimar que el ejercicio de un derecho tiene carácter abusivo se tendrá que acreditar que se dan los presupuestos establecidos por el Tribunal Supremo en reiterada jurisprudencia, que el propio Tribunal recopiló y sistematizó en el fundamento jurídico octavo de su Sentencia de 15 noviembre de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:6592) en los siguientes términos: “La doctrina del abuso de Derecho, en palabras de la STS de 1 de febrero de 2006 (RC nº. 1820/2000 ) se sustenta en la existencia de unos límites de orden moral, teleológico y social que pesan sobre el ejercicio de los derechos, y como institución de equidad, exige para poder ser apreciado, una actuación aparentemente correcta que, no obstante, representa en realidad una extralimitación a la que la ley no concede protección alguna, generando efectos negativos (los más corrientes daños y perjuicios), al resultar patente la circunstancia subjetiva de ausencia de finalidad seria y legítima, así como la objetiva de exceso en el ejercicio del derecho ( Sentencias de 8 de julio de 1986 , 12 de noviembre de 1988 , 11 de mayo de 1991 y 25 de septiembre de 1996 ); exigiendo su apreciación, en palabras de la Sentencia de 18 de julio de 2000, una base fáctica que proclame las circunstancias objetivas (anormalidad en el ejercicio) y subjetivas (voluntad de perjudicar o ausencia de interés legítimo).” Ninguna de estas condiciones de carácter subjetivo y objetivo se ha justificado de manera suficiente en el caso de esta reclamación. Ni hay una extralimitación en la conducta carente de finalidad seria y legítima, con voluntad de perjudicar o huérfana de interés legítimo, ni se observa un exceso en el ejercicio del derecho que pueda calificarse como anormal. En consecuencia, de todo lo expuesto se deriva que la reclamación ha de estimarse en este punto concreto al no apreciarse la concurrencia de las causas de inadmisión contempladas en el artículo 18.1.e LTAIBG respecto de las peticiones números 2 y 3 de la solicitud». Los anteriores argumentos resultan plenamente trasladables a este caso, por lo que procede la estimación de la reclamación en este punto a fin de que se le proporcione el acceso pretendido en los puntos 3 y 4 de la solicitud. 9. En conclusión, con arreglo a todo lo expuesto, procede la estimación parcial de la reclamación. III. RESOLUCIÓN En atención a los antecedentes y fundamentos jurídicos descritos, procede PRIMERO: ESTIMAR parcialmente la reclamación presentada por frente a la COMUNIDAD DE REGANTES SALVA GARCÍA. SEGUNDO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES SALVA GARCÍA a que, en el plazo máximo de 10 días hábiles, remita al reclamante la siguiente información: x Copia de los planos geométricos y orientados de todo el terreno regable por las aguas de esta Comunidad, presentados en la solicitud de formación de la Comunidad y resuelto en la resolución de concesión de 18/10/2004. Donde se pueda apreciar con total claridad y exactitud los planos. x Copia de los planos de captaciones, impulsión a la balsa de almacenamiento, construcción de balsa de almacenamiento, redes primarias, secundarias y terciarias y de todos sus componentes para la distribución del agua a las fincas integradas en la Comunidad, los cuales fueron aportados para la apertura en competencia de proyectos, en el expediente TC-17/5253. TERCERO: INSTAR a la COMUNIDAD DE REGANTES SALVA GARCÍA a que, en el mismo plazo máximo, remita a este Consejo de Transparencia copia de la información enviada al reclamante. De acuerdo con el artículo 23.1 , de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la reclamación prevista en el artículo 24 de la misma tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre , de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de conformidad con lo previsto en el apartado quinto de la Disposición adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa . EL PRESIDENTE DEL CTBG Fdo.: José Luis Rodríguez Álvarez