Reclamación de acceso a información sobre la recepción de infraestructuras de saneamiento y aguas pluviales en el sector SUP-E6 El Marqués

RESOLUCIÓN 778/2023 DE RECLAMACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Reclamación 764/2023 Persona reclamante Comunidad de Propietarios Benatalaya Representante XXX Entidad reclamada Ayuntamiento de Estepona Artículos 32 y 33 LTPA; 18.1. e) y 33 LTAIBG Normativa y abreviaturas Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (LTPA); Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG); Reglamento Gene- ral de Protección de Datos (RGPD). ANTECEDENTES Primero. Presentación de la reclamación. Mediante escrito presentado el 16 de octubre de 2023 la persona reclamante, interpone ante este CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA (en adelante Consejo) Reclamación en materia de acceso a la información pública contra la entidad reclamada, al amparo del artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante LTPA). Segundo. Antecedentes a la reclamación. 1. La persona reclamante presentó el 1 de septiembre de 2015, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a la información en los siguientes términos: “Que por medio del presente escrito al amparo de lo dispuesto en el art. 35, párrafo g) de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, solicito se me informe, en relación a las obras de urbanización e infraestructuras del sector SUP-E6 “El Marqués”, acerca de los siguientes extremos: 1°.- Si las obras autorizadas por el Ayuntamiento de Estepona en el expediente de Licencia de Obras núm. 1101/11 tienen por objeto la reconstrucción de un tramo de la red de pluviales y fecales perteneciente a las infraestructuras generales del sector SUP-E6 “El Marqués”. 2°.- Si las obras autorizadas en el expediente núm. 1101/11 han sido realizadas sobre terrenos e infraestructuras de titularidad pública municipal. 3°.- Se informe si en la situación actual la responsabilidad de la reparación de los defectos o averías, así como en el mantenimiento y conservación de las infraestructuras municipales del sector SUP-E6 “El Marqués”, corresponde ala concesionaria HIDRALIA”. 2. La persona reclamante presentó el 16 de octubre de 2019, ante la entidad reclamada, solicitud de acceso a información en los siguientes términos: “Información sobre la fecha en la que Hidralia recepcionó las infraestructuras Que fuimos informados de que Hidralia había recepcionado por parte del Ayuntamiento, las infraestructuras públicas de saneamiento y aguas pluviales pero no conocemos la fecha exacta de dicha recepción. Ya en el año 2015 se presentó escrito en la delegación de Hidralia para que nos provea de la información oportuna, pero tras ese escrito y varios correos electrónicos enviados durante dos años, a la fecha seguimos sin recibir respuesta alguna al respecto. Solicita: Que se expida la certificación oportuna en la que se recoja la fecha e información relativa sobre la recepción de Hidralia de las infraestructuras públicas de saneamiento y aguas pluviales en la zona de la Entidad Urbanística de Conservación El Marqués ya que llevamos 4 años solicitando dicha información a Hidralia sin obtener respuesta al respecto.” 3. En la reclamación, la persona reclamante manifiesta que no ha obtenido respuesta de la entidad reclamada. Tercero. Sobre la reclamación presentada En la reclamación presentada se indica, en lo que ahora interesa: “PRIMERO.- Que con fecha 1 de Septiembre de 2.015 se presentó solicitud de información ante el Ayuntamiento de Estepona (Documento núm. 1), en relación con las redes de saneamiento y agua ubicadas en la Urbanización de mi representada. Mi representada tiene claramente la condición de interesada en los citados expedientes administrativos citados, en virtud del artículo 4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. SEGUNDO.- Ante la falta de contestación, la Comunidad de Propietarios el día 18 de Diciembre de 2.015 interesó idéntica solicitud ante Hidralia (Documento núm. 2), por ser también la entidad relacionada con las instalaciones cuya información se solicita, siendo el requerimiento efectuado el siguiente: "Que se expida la certificación oportuna en la que se recoja la fecha e información relativa sobre la recepción de Hidralia de las infraestructuras públicas de saneamiento y aguas pluviales en la zona de la Entidad Urbanística de Conservación El Marqués ya que llevamos 4 años solicitando dicha información a Hidralia sin obtener respuesta al respecto." TERCERO.- Tras cuatro años sin recibir contestación por parte de ambas Administraciones y entidades públicas consultadas, se realizó nueva solicitud frente al Ayuntamiento de Estepona (Documento núm. 3), con fecha 16 de Octubre de 2.019: ¿Que se expida la certificación oportuna en la que se recoja la fecha e información relativa sobre la recepción de Hidralia de las infraestructuras públicas de saneamiento y aguas pluviales en la zona de la Entidad Urbanística de Conservación El Marqués ya que llevamos 4 años solicitando dicha información a Hidralia sin obtener respuesta al respecto.¿ CUARTO.- Habiendo transcurrido ocho años desde la primera solicitud de información aún no se ha recibido contestación por parte del Ayuntamiento de Estepona, ni por parte de Hidralia. Por todo lo expuesto, se solicita al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de la Junta de Andalucía, que requiera al Ayuntamiento de Estepona y/o HIDRALIA para que: 1. Se nos facilite la información solicitada en los escritos de fecha 1 de Septiembre de 2.015, 28 de Diciembre de 2.015 y 16 de Octubre de 2.016. 2. Se nos remita copia de los Expedientes Administrativos que contienen la información solicitada, por tener claramente la C.P. BENATALAYA la condición de interesada” Se adjunta a la reclamación un informe fechado el 15 de septiembre de 2015 redactado en contestación a la solicitud presentada el día 1 de septiembre de 2015; y un informe del Jefe de Bomberos de 1 de febrero de 2016. Cuarto. Tramitación de la reclamación. 1. El 31 de octubre de 2023 el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la entidad reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 2 de noviembre de 2023 a la Unidad de Transparencia respectiva. 2. El 21 de noviembre de 2023 la entidad reclamada presenta escrito de respuesta a este Consejo, en el que se incluye cierta documentación relacionada con la petición de información. Entre la misma se incluye un informe con el siguiente contenido, en lo que ahora interesa: “Primera: Con carácter previo se ha de advertir que, según relata la interesada en la reclamación, la misma trae causa de la supuesta falta de contestación a la solicitud de información registrada ante el Ayuntamiento con fecha 01/09/2015, escrito presentado por [nombre y apellidos], actuando como mandatario de la Comunidad de Propietarios Benatalaya, cuya copia adjunta. Pues bien, como se desprende de la documentación que la interesada acompaña a dicha reclamación por supuesta denegación de información, la solicitud de información formulada ante el Ayuntamiento mediante el referido escrito de 01/09/2015, con n.º de Registro de Entrada [nnnnn], fue en su momento objeto de contestación expresa como evidencia la propia documentación aportada por la reclamante y de la que - obvio resulta decir - efectivamente dispone; concretamente el Ayuntamiento de Estepona contesta y resuelve expresamente a su solicitud con el traslado del Informe de 15/09/2015, emitido por el Técnico Municipal, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, [nombre y apellidos], complementado por el Informe técnico de fecha 01/02/2016, emitido por [nombre y apellidos], a requerimiento del anterior (apartado 3 del informe de 15/09/2015), como técnico adscrito al Departamento de Servicios Externos, informe con el que se viene a dar respuesta a todas las cuestiones planteadas. Es decir, no existe tal denegación de solicitud de información: el Ayuntamiento contesta a lo solicitado mediante los dos informes citados, tal y como resulta de la propia documentación aportada por la reclamante. En consecuencia, consideramos que la reclamación que nos ocupa carece de objeto en lo relativo a dicha solicitud de información por cuanto fue cumplida y oportunamente contestada, por lo que procedería su inadmisión. Segunda: Pero es más, debemos significar que las solicitudes de información realizadas por la Comunidad de Propietarios Benatalaya en relación con el saneamiento y pluviales, en definitiva, sobre la recepción de las obras de urbanización del Sector SUP-E6 “El Marqués”, han sido cumplida y oportunamente satisfechas en cada momento por el Ayuntamiento de Estepona. Al efecto, como Documento núm. UNO acompañamos copia del acta de comparecencia de fecha 19/01/2016, suscrita por [nombre y apellidos], en representación de la Comunidad de Propietarios Benatalaya, al objeto de retirar del Área de Fomento, Infraestructuras y Turismo, copia de los siguientes documentos: «- Copia del expediente [nnnnn] Recepción Infraestructuras DSUP-E6 “El Marqués” - Copia planos saneamiento (pluviales y fecales).» Como se ha expresado, con el n.º UNO de los Documentos se acompaña copia de la citada acta de comparecencia para retirada de documentación, incluyendo copia de los documentos que integran el expediente de recepción de infraestructuras, en el que, previos los informes oportunos entre ellos, los relativos a la red de saneamiento y pluviales, consta que mediante Decreto de 20 de abril de 2009 se resuelve “Aceptar la recepción de la infraestructura referida a la Urbanización del Sector SUP- E6 “El Marqués”. Dado el formato de los planos de saneamiento incorporados al expediente (pluviales y fecales), en este momento no acompañamos copia de los mismos. No obstante, como resulta acreditado con el acta de comparecencia, reiterar que los mismos fueron entregados al representante de la Comunidad de Propietarios Benatalaya. Sin perjuicio de lo anterior, expresamos nuestra plena disposición para enviar los planos en su momento entregados a la interesada, en caso de que consideren necesario disponer de los mismos a los efectos de la reclamación que nos ocupa. Y aun más, sin ánimo exhaustivo, no son sólo esas las únicas solicitudes de información oportunamente contestadas por el Ayuntamiento a la Comunidad de Propietarios Benatalaya con relación igualmente a las redes del servicio de saneamiento. Así, mediante escrito con registro de entrada n.º [nnnnn], de fecha 17/12/2015, [nombre y apellidos], actuando también en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios Benataya, solicita que por parte de los Servicios Técnicos se informe sobre diversos extremos. Recibida dicha solicitud, al igual que las anteriores, fue oportunamente contestada por el Ayuntamiento facilitando la información interesada. Conjuntamente, como Doc. Núm. DOS acompañamos copia de dicha solicitud de información y actuaciones realizadas para su contestación, entre las que constan documento de comparecencia para entrega de la documentación. Tercera: Tras la referencia a la solicitud de información de 01/09/2015 presunta e inciertamente denegada como se acredita con la propia documentación que aporta, la reclamante continúa su relato indicando que “Ante la falta de contestación…”, la Comunidad de Propietarios interesó “idéntica solicitud” ante “Hidralia”, ésta con fecha 18/12/2015. Debemos precisar que “Hidralia” no es ninguna entidad pública, como afirma la reclamante, sino una empresa privada, desde hace largo tiempo y actualmente concesionaria de la gestión del servicio de abastecimiento de agua potable, que por otro lado, igualmente resultó adjudicataria de la gestión del servicio de alcantarillado, formalizándose el correspondiente contrato en fecha 30/01/2012, Expte n.º [nnnnn] de Contratación, cuya documentación, incluyendo Pliego de Cláusulas Administrativas y Técnicas, así como formalización del contrato, se encuentra a disposición de cualquier persona en el Perfil de Contratante (Histórico) del Ayuntamiento de Estepona, incluido en web municipal. Volviendo a la reclamación, teniendo en cuenta lo expresado en el apartado primero, si de solicitudes idénticas se tratara en palabras de la reclamante, resuelta y contestada la primera, dicha respuesta bastaría para tener por contestadas las que posteriormente la reiteran. Pero como también puede comprobarse fácilmente a la vista de los escritos reseñados 01/09/2015 y 18/12/2015 (con n.º [nnnnn] de registro de entrada en Hidralia) resulta evidente que las solicitudes no son exactamente iguales. Al efecto, se ha de significar que, en primer lugar, la interesada y ahora reclamante, se dirige a la citada mercantil. Al efecto, recibida la reclamación que nos ocupa y solicitada información a los diversos Servicios y Departamentos Municipales con competencias en el asunto, por parte del Departamento de Servicios Externos se ha requerido a la empresa Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A. copia de la solicitud y, en su caso, respuesta que se hubiese dado al escrito registrado el día 18/12/2015, requerimiento recibido por la destinataria el día 17/11/2023. Con el n.º TRES de los Documentos, acompañamos conjuntamente, escrito de requerimiento, minuta de registro de salida y justificante de recepción en sede electrónica. Según la información facilitada por dicha empresa, la solicitud formulada por la Comunidad de Propietarios interesada fue en su momento contestada desde la misma. No obstante, en este momento estamos a la espera de recibir dicha documentación que pondremos inmediatamente a disposición del Consejo de Transparencia de Andalucía, una vez que se reciba. Cuarta: En consecuencia, expuesto lo anterior y acompañada la documentación correspondiente (a salvo lo expresado con respecto a la documentación pendiente de recibir y que remitiremos inmediatamente después a ese Consejo), difícilmente puede considerarse que el Ayuntamiento de Estepona pretenda o haya podido denegar acceso a ninguna información interesada por la Comunidad de Propietarios Benatalaya. En definitiva, constando la contestación a la solicitud de información de la que trae causa la reclamación que nos ocupa -que incluso la propia reclamante acompaña-, resulta evidente que, pese al sesgado e interesado relato realizado por la reclamante, en modo alguno se ha pretendido limitar u obstaculizar derecho alguno de acceso a información pública, ni por supuesto, realizar actuación alguna en detrimento de su ejercicio, debiendo significarse que, como ya se ha expuesto, los servicios municipales competentes atendieron oportunamente la solicitud. Por todo lo expuesto, Solicitamos que, presentado este escrito tenga por cumplimentado el trámite conferido, y en atención a lo expuesto, teniendo en cuenta que ha sido satisfecha la solicitud de acceso a la información a que se refiere, resuelva la reclamación planteada sin afección alguna a dicho derecho, declarando la terminación del procedimiento y procediendo a su archivo. No obstante, mediante escrito complementario, a la mayor brevedad posible en cuanto dispongamos de la misma, se remitirá la documentación acreditativa de la contestación ofrecida por la empresa Hidralia Gestión Integral de Aguas de Andalucía, S.A. a la solicitud de información formulada por la Comunidad de Propietarios Benatalaya mediante escrito de 18/12/2015, con Registro de entrada de dicha entidad n.º [nnnnn].” FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. Sobre la competencia para la resolución de la reclamación. 1. De conformidad con lo previsto en los artículos 24 LTAIBG y 33 LTPA, en relación con lo dispuesto en el artículo 3.1. d) LTPA, al ser la entidad reclamada una entidad local de Andalucía, el conocimiento de la presente reclamación está atribuido a la competencia de este Consejo. 2. La competencia para la resolución reside en el Director de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1. b) LTPA. 3. Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Sobre el cumplimiento del plazo en la presentación de la reclamación. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo en el artículo 24.2 LTAIBG la reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común (LPAC). Sobre el plazo máximo de resolución, el artículo 32 LTPA establece que las solicitudes deberán resolverse y notificarse en el menor plazo posible. En el ámbito de la entidad reclamada, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, salvo que la entidad hubiera establecido uno menor. Sobre el silencio administrativo, establece el artículo 20.4 LTAIBG que transcurrido del plazo máximo de resolución sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. A su vez, los artículos 20.1 LTAIBG y artículo 32 LTPA establecen que el plazo máximo de resolución podrá ampliarse por el mismo plazo, respectivamente, en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 2. En el presente supuesto la primera solicitud fue presentada el 1 de septiembre de 2015. Al respecto, debemos tener en cuenta que de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de la Disposición Final Quinta de la LTPA, las entidades locales andaluzas disponían de un plazo máximo de dos años, desde la entrada en vigor de la LTAIBG para adaptarse a las obligaciones contenidas en la Ley. Dicho plazo cumplió el 10 de diciembre de 2015, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Final Novena de la LTAIBG. La solicitud por tanto fue presentada antes de la entrada en vigor para las entidades locales de la normativa de transparencia, por lo que su respuesta no pudo regirse por el régimen jurídico previsto en la LTAIBG y LTPA. Por lo tanto, procede la inadmisión a trámite de la reclamación interpuesta con base en lo establecido en la Disposición Final Tercera, apartado 2, de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 3. La segunda solicitud fue presentada el día 16 de octubre de 2019 y la reclamación fue presentada el 16 de octubre de 2023. Así, considerando producido el silencio administrativo transcurrido el plazo máximo para resolver desde la solicitud, la reclamación ha sido presentada en plazo, conforme a lo previsto en el artículo 24.2 LTAIBG y el artículo 124 LPAC. Tercero. Consideraciones generales sobre el derecho de acceso a la información pública 1. Constituye “información pública” a los efectos de la legislación reguladora de la transparencia, “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones” [art. 2 a) LTPA]. Según establece el artículo 24 LTPA, “[t]odas las personas tienen derecho de acceder a la información pública veraz […] sin más limitaciones que las contempladas en la Ley”. Y el artículo 6 a) LTPA obliga a que su interpretación y aplicación se efectúe tomando en consideración el “principio de transparencia, en cuya virtud toda la información pública es en principio accesible y sólo puede ser retenida para proteger otros derechos e intereses legítimos de acuerdo con la Ley”. La legislación reguladora de la transparencia, pues, se fundamenta y estructura en torno a una regla general de acceso a la información pública, que únicamente puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten su restricción o denegación. 2. Las causas de inadmisión se encuentran enumeradas en el artículo 18 («Causas de inadmisión») LTAIBG, y su aplicación debe ser objeto de una interpretación restrictiva y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado (Resolución CTPDA 451/2018, FJ 5º). Sobre ello nos dice el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013 como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). 3. Los límites al derecho de acceso están contenidos en el artículo 14 LTAIBG, y al igual que las causas de inadmisión, deben ser interpretados restrictivamente y el supuesto de hecho de su concurrencia debe ser acreditado por el órgano reclamado en cada caso concreto. Cuarto. Consideraciones de este Consejo sobre el objeto de la reclamación: 1. El objeto de la solicitud de información fue el siguiente: “Que se expida la certificación oportuna en la que se recoja la fecha e información relativa sobre la recepción de Hidralia de las infraestructuras públicas de saneamiento y aguas pluviales en la zona de la Entidad Urbanística de Conservación El Marqués ya que llevamos 4 años solicitando dicha información a Hidralia sin obtener respuesta al respecto.” La entidad reclamada ha alegado que ya había respondido a la solicitud de información, para lo que remite documentación que acredita este hecho, en relación con anteriores solicitudes de información de la persona reclamante. Parece pues que la entidad considera que la solicitud presentada el día 16 de octubre de 2019 era repetitiva, por lo que considera que resultaría de aplicación la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG. Este Consejo se ha pronunciado en reiteradas ocasiones sobre las solicitudes repetitivas (por todas, la Resolución 37/2016): “A la hora de enjuiciar si las solicitudes reúnen tal condición (de reiterativas) es preciso tomar en consideración y valorar los siguientes criterios: un criterio subjetivo, puesto que la petición de información debe ser formulada por el mismo solicitante y ha de ser dirigida al mismo sujeto obligado al cumplimiento de la legislación de transparencia; un criterio objetivo, ya que la solicitud ha de ser idéntica o sustancialmente similar a otra formulada con anterioridad; un criterio cronológico, toda vez que el tiempo transcurrido entre la contestación dada a la previa petición de información y la nueva solicitud puede ser relevante desde el punto de vista de la actualización de la información, decayendo el carácter repetitivo de la misma; y, por último, para que pueda apreciarse el carácter manifiestamente reiterativo de una solicitud, es necesario que la formulada con anterioridad haya generado una respuesta expresa de la entidad a la que se pide la información (sea o no denegatoria), o, en caso de silencio, que el solicitante haya reclamado contra la resolución presunta y se haya resuelto la reclamación por este Consejo o por la jurisdicción contencioso administrativa” La entidad ha remitido documentación que podría justificar la aplicación de la causa de inadmisión. Sin embargo, a la vista de los antecedentes de hecho descritos anteriormente, este Consejo no puede desestimar la reclamación interpuesta, ya que el Ayuntamiento no ha contestado la petición de información posteriormente reclamada, y no ha sido sino en el trámite de alegaciones en el procedimiento de reclamación cuando ha esgrimido los motivos que podrían haber justificado la inadmisión de la solicitud, que en puridad nunca se produjo. La falta de diligencia de la entidad reclamada no debe privar al reclamante de conocer los motivos que fundamentarían la inadmisión de la solicitud, motivos que solo se han dado conocer en fase posterior y que impidieron que el reclamante pudiera argumentar su defensa ante los mismos al presentar la reclamación. Debemos recordar la obligación de las entidades sujetas a la normativa de transparencia de responder a las solicitudes de información, contenida tanto en el artículo 32 LTPA como en la obligación general de respuesta del artículo 20 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Procede pues estimar la reclamación presentada por ausencia de respuesta a la solicitud de información presentada. La entidad reclamada deberá comunicar una respuesta a la solicitud de la persona reclamante en el plazo de diez días contados a partir de la notificación de esta Resolución, respuesta en la que podrá considerar y valorar los argumentos ofrecidos en los anteriores fundamentos jurídicos. La respuesta podrá ser reclamada ante este Consejo por la persona reclamante. Debemos aclarar que la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1. e) LTAIBG exige que la entidad reclamada justifique a la persona reclamante que ya dispone de la información, identificando si fuera necesario la fecha de respuesta, documento que contiene lo solicitado, la acreditación de la recepción y otros aspectos. En caso que no concurrieran las circunstancias que justificaran la inadmisión de la reclamación, la entidad deberá facilitar la información solicitada. Debemos aclarar que el acceso se concederá a la información existente. Esto es, la entidad reclamada deberá poner a disposición de la persona reclamante la información solicitada que existiera, pero no deberá elaborar un documento no existente ni certificar información que ya obre en su poder. En este último caso, lo solicitado no tendría la consideración de información pública que, según establece el artículo 2 a) LTPA, se circunscribe a “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. 2. Respecto a la solicitud presentada ante la entidad Hidralia, efectivamente se trata de una empresa privada que no está incluida en el ámbito de aplicación de la normativa de transparencia en lo que corresponde al ejercicio del derecho de acceso (artículo 3 LTPA). Por ello, este Consejo carece de competencias para analizar la respuesta o falta de respuesta a la petición de información. Procede por tanto la inadmisión de la reclamación en lo que corresponde a esta petición. 3. Respecto a la petición incluidas en la reclamación (“2. Se nos remita copia de los Expedientes Administrativos que contienen la información solicitada, por tener claramente la C.P. BENATALAYA la condición de interesada”), a juicio de este Consejo, no cabe estimar esta pretensión e imponer al órgano reclamado que ofrezca respuesta a esta específica petición de información adicional, que no fue planteada sino en la propia reclamación. A este respecto, no podemos soslayar nuestra consolidada línea doctrinal, según la cual la entidad reclamada “sólo queda vinculado a los términos del petitum tal y como quedan fijados en el escrito de solicitud de la información sin que pueda admitirse un cambio en dicho petitum a lo largo del procedimiento (…)” (así, por ejemplo, Resoluciones 138/2018, de 24 de abril, FJ 4º y 110/2016, de 30 de noviembre, FJ 2º). En consecuencia, según venimos sosteniendo, debe desestimarse toda pretensión de ampliar la petición inicial en los correspondientes escritos de reclamación. Debemos, por tanto, desestimar este extremo de la reclamación. Esta resolución desestimatoria no impide -claro está- que la persona reclamante pueda volver a dirigir a la Administración las concretas peticiones que formuló en vía de reclamación, sin que aquélla pueda invocar el carácter reiterativo de la solicitud a los efectos previstos en el artículo 18.1 e) de la LTBG. Quinto. Cuestiones generales sobre la formalización del acceso. La entidad reclamada ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, previa disociación de los datos personales que pudiera contener (art. 15.4 LTAIBG). La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono…), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física. En este sentido, el artículo 4.1 del Reglamento General de Protección de Datos define dato personal como: “toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona”. En el caso de que en algunos de los documentos solicitados ni siquiera la supresión u ocultación de información llegara a impedir la identificación de la persona, la entidad reclamada no pondrá a disposición de la persona reclamante aquellos documentos afectados por dicha circunstancia. A los efectos de la adecuada disociación u ocultación de los datos que puedan aparecer en los documentos, es preciso reseñar que la firma manual también se considera un dato personal y está sujeta a lo expresado anteriormente. Por otra parte, el código seguro de verificación (CSV) de los documentos firmados electrónicamente deberá ser ocultado en caso de que se haya suprimido algún dato del documento en cuestión cuya copia se facilite como respuesta a la solicitud de acceso a la información, o bien cuando el acceso a la correspondiente verificación pueda permitir la consulta de algún dato personal, no revelado en el documento, de la persona firmante, como puede ser, por ejemplo, el DNI. Y en la hipótesis de que no exista alguna de la información solicitada, la entidad reclamada deberá transmitir expresamente esta circunstancia a la persona reclamante. La información obtenida podrá usarse sin necesidad de autorización previa, con las únicas limitaciones de las que se deriven de la LTPA y otras leyes, según lo previsto en el artículo 7 d) LTPA. Asimismo, según el artículo 8 a) LTPA, las personas que accedan a información pública en aplicación de la normativa de transparencia deberán ejercer su derecho con respeto a los principios de buena fe e interdicción del abuso del derecho. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la Reclamación en cuanto a la solicitud de: “Que se expida la certificación oportuna en la que se recoja la fecha e información relativa sobre la recepción de Hidralia de las infraestructuras públicas de saneamiento y aguas pluviales en la zona de la Entidad Urbanística de Conservación El Marqués ya que llevamos 4 años solicitando dicha información a Hidralia sin obtener respuesta al respecto.” La entidad reclamada deberá responder la solicitud de información según lo previsto en el apartado primero del Fundamento Jurídico Cuarto y en el Quinto, todo ello en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución. Segundo. Inadmitir la reclamación en lo referente a la petición contenida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado segundo. Tercero.Desestimar la Reclamación en lo referente a la petición contenida en el Fundamento Jurídico Cuarto, apartado tercero. Cuarto. Instar a la entidad reclamada a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.