Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Una ciudadana solicitó a la Comunidad de Madrid datos detallados y desglosados por registro de citas sanitarias (fecha, tipo, centro, edad y sexo del paciente). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación parcialmente, validando que la solicitud requiere una reelaboración de más de 46 millones de registros, lo que constituye una causa de inadmisión.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Fuentelencina informes urbanísticos y actas de juntas de gobierno de 2017. La administración desestimó la solicitud alegando carácter abusivo y falta de competencia del órgano citado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al ayuntamiento a facilitar la información.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad datos actualizados de los viajeros registrados en el sistema Spain Travel Health. El Ministerio inadmitió la solicitud por considerarla repetitiva y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, coincidiendo en que la solicitud es repetitiva según el art. 18.1 e) de la LTAIBG.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Marchamalo copias digitales de informes de Secretaría de dos contratos menores de 2021. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y que la información se regía por la Ley de Contratos del Sector Público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por ser información pública.
Una persona solicitó al Ayuntamiento de Casares acceso a diversos expedientes urbanísticos y licencias de obra. Tras la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación, ya que el Ayuntamiento concedió el acceso a la información, ya hubiera sido facilitada previamente o estuviera disponible para consulta presencial.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Marchamalo copias digitales de los informes de Secretaría de dos contratos menores de 2021. La administración alegó que la solicitud era abusiva y que la materia se regía por la Ley de Contratos del Sector Público. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se probó el abuso.
Un trabajador y representante sindical solicitó 63 expedientes de información diversa a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Sevilla. El solicitante alegó desamparo institucional y falta de respuesta previa de sus superiores. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por considerar que el volumen y frecuencia de las peticiones constituyen un ejercicio abusivo del derecho.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Ses Salines la documentación sobre el pago de honorarios y liquidación de gastos de informes encargados a un arquitecto. La administración alegó que las peticiones eran abusivas y repetitivas. La Comisión para las Reclamaciones estima la reclamación al considerar que la administración no motivó debidamente la inadmisión.
Un ciudadano solicitó al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany la copia de tres expedientes de contratación menor relativos a obras de demolición de su finca. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando carácter abusivo. La Comisión para las Reclamaciones de Acceso a la Información Pública estimó la reclamación al considerar que existe un interés legítimo y que la inadmisión no está motivada.
El solicitante pidió a Navantia, S.A. S.M.E. los salarios desglosados de la alta dirección. La entidad inadmitió la solicitud por considerarla abusiva y la desestimó alegando intereses económicos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, ordena retroactuar las actuaciones y solicita que se facilite la información en cómputo anual.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Transportes (ADIF) las carátulas de certificaciones de obras del AVE a Murcia. El solicitante alegó que se trataba de copias de información ya elaborada y de volumen irrisorio. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y repetitiva, basándose en precedentes anteriores del mismo interesado.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el desglose detallado de exportaciones e importaciones de armas y explosivos desde 2019. El Ministerio denegó el acceso por carácter abusivo y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que el volumen de datos y el detalle requerido paralizarían la gestión del organismo.
El reclamante solicitó documentación digital de los expedientes de adjudicación y ejecución de las obras de la biblioteca municipal al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua. La administración alegó que la solicitud era reiterativa y abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que concurren causas de inadmisión por solicitud manifiestamente repetitiva y abusiva.
El interesado solicitó documentación técnica y administrativa sobre las obras de la biblioteca municipal al Ayuntamiento de Villamediana de Iregua. Tras alegar la administración que la petición era reiterativa, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerar que la solicitud es manifiestamente repetitiva y abusiva.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Fuentelencina informes urbanísticos y actas de gobierno de 2016 y 2018. El Ayuntamiento desestimó la solicitud alegando carácter abusivo y falta de competencia del órgano. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a la administración a facilitar la información.
Un ciudadano solicitó 79 expedientes de información diversa al Servicio Andaluz de Empleo. El reclamante alegó interés laboral y sindical, así como la falta de respuesta previa de sus superiores. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestimó la reclamación por considerar que el volumen y la frecuencia de las peticiones constituyen un ejercicio abusivo del derecho.
El ciudadano solicitó al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática el detalle de todas las personas que accedieron al Complejo de la Moncloa desde enero de 2021. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque los datos se recaban exclusivamente para fines de seguridad y prevalece la protección de datos personales sobre el interés público.
El solicitante pidió al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT. Alegó posibles conflictos de intereses con empresas tecnológicas. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por vulnerar la privacidad y presentar un carácter abusivo.
El reclamante solicitó al Ministerio de Hacienda información detallada sobre la formación, retribuciones, trayectoria profesional y vínculos personales/financieros de inspectores de la AEAT que supervisaban a una empresa tecnológica. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que parte de la información es privada, abusiva o inexistente como dato público.
Se solicitó a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. información sobre criterios de evaluación del desempeño, número de evaluados negativamente y relación de personas decaídas de bolsas de empleo en A Coruña. El interesado alegó insuficiencia de datos y denegación indebida. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar actas, cargos de responsables y bolsas específicas.
El interesado solicitó información al Ayuntamiento de Massalavés sobre proyectos de obras, licencias, subvenciones y facturas de alumbrado y sanidad. Tras alegar la administración que algunas peticiones no eran por medios oficiales o ya habían sido atendidas, el Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de la información pública concreta.
La presidenta de la asociación CES GATOS VILLAYOJOSA solicitó al Ayuntamiento de la Vila Joiosa información sobre los permisos para un evento con caballos en la playa. Tras la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestimó la reclamación al considerar que las solicitudes del interesado tienen un carácter abusivo y repetitivo.
Una representante de la Protectora de Animales Ohana solicitó al Ayuntamiento de la Vila Joiosa cens de gatos, tratamientos médicos y partidas presupuestarias de alimentación felina. Tras recibir una respuesta insuficiente, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desestimó la reclamación al considerar que la solicitud es parte de un ejercicio abusivo del derecho.
Se solicitó a la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura los enunciados de ejercicios y documentación de corrección de las oposiciones docentes de 2021. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva y que la documentación de corrección tiene carácter auxiliar o de apoyo.
Se solicitó a la Presidencia del Gobierno documentación y costes asociados a una llamada telefónica del Presidente a Rocío Carrasco. La solicitante alegó falta de respuesta administrativa. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva y no se ajusta a la finalidad de la ley al no existir documentación de interés público.
Ecologistas en Acción solicitó al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María importes recaudados por multas urbanísticas y sus adquisiciones de suelo. El Ayuntamiento denegó parcialmente alegando reelaboración y reiteración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a facilitar la información sobre adquisiciones de suelo.
Una asociación solicitó a la Dirección Xeral Patrimonio Cultural documentación de 2019-2021 sobre el yacimiento Castro da Vela. La administración inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, considerando que la búsqueda de registros recientes no constituye una reelaboración prohibida.
Una asociación solicitó a la Consellería de Cultura de Galicia documentación (2019-2021) sobre el yacimiento Mámoa da Granda de Ouro. La administración inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia estima la reclamación, considerando que la mera agregación de datos no justifica la denegación del acceso.
Una asociación solicitó a la Consellería de Cultura de Galicia documentación (2019-2021) sobre el yacimiento As Engrovias da Croa. La administración inadmitió la petición alegando necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, considerando que la mera agregación de datos no constituye reelaboración.
Una asociación solicitó a la Consellería de Cultura de Galicia documentación de 2019 a 2021 sobre el yacimiento Castro de Illade. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, considerando que la mera agregación de datos no constituye reelaboración y que la denegación no estaba motivada.
Una entidad solicitó a la APLU y a la Consellería de Medio Ambiente de Galicia el expediente completo (2011-2021) de una vivienda en Moaña, incluyendo subvenciones, auditorías e informes. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación, validando la inadmisión previa por requerir una labor de reelaboración y presentar un carácter abusivo.
Una empresa reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia contra la resolución que permitió a una asociación acceder a documentación sobre autorizaciones mineras en Mondoñedo. La empresa alegó falta de legitimación de la asociación y carácter abusivo de la solicitud. La Comisión desestimó la reclamación, ratificando el derecho de acceso a la información pública.
Una asociación solicitó la documentación sobre autorizaciones mineras e industriales en Lourenzá. La administración alegó falta de legitimación, carácter repetitivo y abusivo de la solicitud. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima los argumentos de la administración, señalando que el derecho de acceso es amplio, no requiere motivación ni acreditar interés legítimo.
Una empresa reclamó ante la Comisión da Transparencia de Galicia contra la resolución que permitió a una asociación acceder a documentación sobre depósitos de combustible en Mondoñedo. La empresa alegó falta de legitimación, solicitud abusiva y genérica. La Comisión desestimó la reclamación, confirmando el derecho de acceso a la información pública sin necesidad de motivación.
El solicitante pidió a la Consellería de Medio Ambiente de Galicia certificaciones y el expediente completo del Tecor. Alegó falta de respuesta y posibles ilegalidades en la constitución del organismo. La Comisión da Transparencia de Galicia desestimó la reclamación por considerarla repetitiva y un ejercicio abusivo del derecho de acceso.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Villanueva de la Torre copias digitales de informes técnicos y jurídicos de expedientes urbanísticos de los años 2014, 2015 y 2017. Ante la falta de respuesta, interpuso reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y la solicitud no es abusiva.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Venturadora copia de informes técnicos y jurídicos de expedientes de licencia de obra de los años 2017 a 2019. La administración alegó que la solicitud podría ser abusiva e inadmisible por falta de precisión. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que no se probó el carácter abusivo y la información es pública.
El solicitante pidió al Ayuntamiento de Calella datos sobre el estacionamiento de un vehículo, distancias entre puntos y motivos del comportamiento de la Policía Local. La GAIP inadmitió la reclamación por considerar que no se busca información pública, sino que se trata de un ejercicio de polémica y un abuso de derecho para confrontar a la Administración.
Se solicitó al Ayuntamiento de Venturada el acceso a informes técnicos y jurídicos de expedientes de licencia de obra (2017-2019). El Ayuntamiento alegó que la petición era abusiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima este argumento y estima la solicitud, al no acreditarse un ejercicio abusivo del derecho ni una afectación a la gestión pública.
El solicitante pidió a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid datos sobre solicitudes de FP y criterios de apertura de grupos. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración y carácter abusivo de la solicitud. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a facilitar la información.
Una ciudadana solicitó a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) datos sobre contratos con un despacho de abogados, retribuciones de la gerente y el manual de protección de datos. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, pero deniega la emisión de certificaciones nuevas.
El solicitante pidió al Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario detalles sobre la venta de tomates a Alcampo, S.A. Tras la inadmisión de la solicitud, el interesado reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestima la reclamación por considerar que la solicitud es abusiva según el art. 18.1 e) de la LTAIBG.
El reclamante solicitó a la Diputación Provincial de Córdoba las bases, exámenes y normas de bolsa de un proceso selectivo para Oficial 1ª Preimpresión. Tras recibir parcialmente la información, el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima la reclamación y ordena entregar los cuestionarios, rechazando que su acceso sea abusivo o cree privilegios injustos.
El Real Aeroclub de España solicitó a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) copias de sentencias judiciales desde enero de 2021. AESA inadmitió la solicitud alegando que era abusiva y que debía tramitarse vía judicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que no hay abuso de derecho y que la información es pública.
Se solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga el número de horas e importes de servicios extraordinarios de los cabos jefes (2019-2020). El Consorcio denegó la petición por considerarla reiterativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2020, pero inadmitiendo los de 2019 por ser efectivamente repetitivos.
Se solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga el número de horas e importes de servicios extraordinarios de los sargentos jefes (2019-2020). El Consorcio denegó la solicitud por considerarla reiterativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de 2020, pero inadmitiendo los de 2019 por ser repetitivos.
Un ciudadano solicitó al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga el número de horas e importes de servicios extraordinarios de oficiales. El Consorcio denegó la petición por considerarla reiterativa. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información del año 2020, pero inadmitiendo la del año 2019 por ser efectivamente repetitiva.
Se solicitó a ESPIMSA un informe detallado de ingresos por tasas de terrazas de cinco bares específicos. El reclamante alegó una posible doble imposición y uso incorrecto de tasas de mercado ambulante para locales fijos. La GAIP desestimó la reclamación porque la administración no está obligada a redactar informes inexistentes y la información tributaria individual es confidencial.
El interesado solicitó las especificaciones del software para la asignación de vacantes de docentes interinos a la Comunidad de Madrid. Alegó que la información previa era insuficiente y que el programa había cambiado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerarla manifiestamente repetitiva, al haberse entregado ya la información técnica sin cambios.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Hontoba información sobre proyectos de obra, informes técnicos y expedientes de contratación de la arquitecta municipal. El Ayuntamiento alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la petición constituye un abuso de derecho.
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