Reclamación contra la Diputación Provincial de Córdoba por denegación de acceso a cuestionarios de un proceso selectivo de Oficial 1ª Preimpresión

RESOLUCIÓN 702/2021, de 18 de octubre Artículos: 2, 24 LTPA Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Diputación Provincial de Córdoba por denegación de información pública Reclamación: 483/2020 ANTECEDENTES Primero. La persona ahora reclamante presentó, el 10 de enero de 2020, la siguiente solicitud de información dirigida a la Diputación Provincial de Córdoba: “Que con fecha 30 de diciembre de 2019 se ha publicado en el BOP de Córdoba la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Córdoba correspondiente a ejercicio 2019. “Que entre las plazas ofertadas se encuentra una de Oficial 1ª Preimpresión (Personal laboral, turno libre). “Es por ello que solicito: “Se me envíe al correo electrónico arriba indicado: “1º.- Copia de las Bases de convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizado por la Diputación Provincial de Córdoba. “2º.- Copia de los exámenes que se realizaron en ese proceso selectivo anterior de oficial 1ª Preimpresión. “3º.- Copia de las normas reguladoras de la Bolsa creada en el año 2015, por la Diputación Provincial de Córdoba para cubrir, entre otros puestos, el de Oficial 1ª Preimpresión”. Segundo. El 28 de octubre de 2020, el Diputado Delegado de Recursos Humanos, de la Diputación reclamada dicta resolución por Decreto con, en lo que ahora interesa, el siguiente contenido literal: “Con respecto a la copia de las Bases de la convocatoria la misma se deberá adjuntar al Decreto en virtud del cual se resuelva la petición. Ciertamente las Bases no quedan afectadas por ningún límite de acceso a la información ni prevalecen en las mismas ningún dato personal o similar más digno de protección. Obra igualmente en poder de esta Diputación la información sin que se desprenda ninguna causa de inadmisión de las previstas legalmente. Por tanto se deberá conceder el acceso. “En el mismo sentido se ha de resolver la petición referente de copia de normas reguladoras de las bolsas. En concreto la citada información se encuentra en cualquier caso disponible en la medida en que ha sido y es publicada en la Web de Diputación a través de su portal de transparencia por lo que, de conformidad con artículo 22 de Ley 19/2013 se indica a continuación el enlace donde se contiene la citada información. https://www.dipucordoba.es/uploads/attachments/37187/reglamentoregulador.pdf “A conclusión distinta hemos de llegar en referencia a la petición de copia de los exámenes que se realizaron en el anterior proceso selectivo de Oficial 1ª Preimpresión. “Consideramos de aplicación los razonamientos contenidos en Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo n.º 5 de 5 de noviembre de 2019 dada la similitud de peticiones. “No existe un derecho absoluto de los ciudadanos a acceder a la información que obra en poder de la Administración. Y prueba de ello es que la Ley 19/2013 contempla unas causas de inadmisión y unos límites al acceso a la información. “Tampoco se puede prescindir la necesaria aplicación de las normas con arreglo al esquema de fuentes definido en nuestro ordenamiento jurídico, y a otros principios que inspiran todo nuestro derecho. “Alude a la prohibición del abuso de derecho y del ejercicio antisocial del mismo o la necesaria interpretación teleológica de las normas jurídicas. “El art. 18.1 e) alude a la inadmisión de las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo «no justificado con la finalidad de transparencia de esta ley». “El solicitante de información no participa en ningún proceso selectivo y por lo tanto no es una persona interesada en «revisar» una actuación administrativa, como puede ser un aprobado o un suspenso en un examen de acceso. “La petición que se formula por el solicitante desborda claramente la finalidad perseguida por la Ley 19/2013, de transparencia, y por ello es perfectamente inadmisible, al amparo del artículo 18.1.e) de dicha Ley. “A lo anterior se ha de añadir que permitir el acceso a la información solicitada es decir a los cuestionarios de preguntas de un proceso selectivo supone una gran cantidad de información que reduciría el margen de actuación de los órganos de selección a la hora de valorar preguntas diferenciadas de los exámenes futuros y además se estaría facilitando al solicitante y a quienes a través de él pudieran tener acceso a las mismas mediando o no comercialización, en situación privilegiada, caso de presentarse a futuros procesos selectivos, respecto de otros aspirantes que carecen de dicha información. Repárese en que lo que pide el Sr. [apellidos de la persona interesada] es incluso las copias de los exámenes que hicieron los aspirantes, es decir a través de dicha petición puede acceder a fuentes de información y documentación especialmente útiles de cara a una futura preparación de una oposición. Entendemos que por el contrario esa información no se ha de proporcionar ya que existe un interés público superior cual es el acceso a la función pública en condiciones de mérito, capacidad e igualdad de todos los candidatos sin que en este caso el solicitante por esta vía parta de mejores condiciones que el resto de ciudadanos o participantes. “Tal y como señala la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso 120/2019 facilitándose el acceso se otorgaría una evidente ventaja con respecto al resto de participantes y además se le estaría ofreciendo acceso en definitiva a una obra realizada por la Administración, con su correspondiente coste y/o valor comercial y sometida asimismo al secreto profesional y a la propiedad intelectual. “En definitiva el hecho de poder contar con los exámenes, enunciados y resultados de unas pruebas de acceso nada tiene que ver con el objeto y fin de transparencia que promulga la Ley 19/2013 sino que lo que cabe pensar es que lo que subyace en la solicitud es que el solicitante pueda aprovecharse del trabajo de unos órganos de selección e incluso del trabajo de unos aspirantes, en perjuicio de otros ciudadanos que no contarían con esa valiosa información, lo que se traduce en vulneración del derecho de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, derecho que ostenta el mayor nivel de protección constitucional. “En virtud de cuanto antecede procede dictar resolución por Decreto de Delegación de fecha 13 de enero de 2020 el Sr. Diputado Delegado de Recursos Humanos con el siguiente contenido: “PRIMERO.- Estimar parcialmente la solicitud de información formulada por D. [nombre de la persona interesada] con domicilio en [dirección de la persona interesada] Córdoba en lo referente a entrega de copia de las Bases de la convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizada por la Diputación Provincial de Córdoba, copia que se deberá adjuntar a la resolución. “SEGUNDO.- Estimar asimismo la petición de información del Sr. [nombre de la persona interesada] en lo relativo a las normas reguladoras de las bolsas de empleo de esta Diputación cuyo acceso se podrá efectuar en el siguiente enlace: https://www.dipucordoba.es/uploads/attachments/37187/reglamentoregulador.pdf “TERCERO.- Desestimar la petición de copia de los exámenes que se realizaron en el anterior proceso selectivo de Oficial 1ª Preimpresión por las razones contenidas en el presente informe.” En virtud del presente y en el ejercicio de la Competencia delegada mediante Decreto de fecha 13 de enero de 2020 resuelvo: “PRIMERO.- Estimar parcialmente la solicitud de información formulada por D. [nombre de la persona interesada] con domicilio en [dirección de la persona interesada] Córdoba en lo referente a entrega de copia de las Bases de la convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizada por la Diputación Provincial de Córdoba, copia que se deberá adjuntar a la resolución. “SEGUNDO.- Estimar asimismo la petición de información del Sr. [nombre de la persona interesada] en lo relativo a las normas reguladoras de las bolsas de empleo de esta Diputación cuyo acceso se podrá efectuar en el siguiente enlace: https://www.dipucordoba.es/uploads/attachments/37187/reglamentoregulador.pdf “TERCERO.- Desestimar la petición de copia de los exámenes que se realizaron en el anterior proceso selectivo de Oficial 1ª Preimpresión por las razones contenidas en el presente informe. Se incorpora a este Decreto, en cumplimiento del punto primero, la copia del Boletín Oficial de la Provincia (B.O.P.) de Córdoba n.º 104, de 3 de junio de 2015, en el que se publicó el anuncio de la convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de relación de candidatos para la cobertura de necesidades transitorias de personal temporal al servicio de la Diputación Provincial de Córdoba. Consta la notificación al interesado del Decreto anterior, practicada el 1 de noviembre de 2020. Tercero. El 15 de noviembre de 2020 tuvo entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación ante la respuesta a la solicitud de información: “Que con fecha 10 de enero de 2020 presentó en la Diputación Provincial de Córdoba, solicitud de remisión de la siguiente documentación: “[contenido de la solicitud de información] “Que con fecha 25 de agosto de 2020 presentó queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, ante la inexistencia de notificación de resolución expresa a dicha solicitud de documentación. “Que con fecha 1 de noviembre de 2020 recibió notificación telemática de Decreto dictado por el Diputado Delegado de Recursos Humanos, en el que se accede parcialmente a la solicitud de documentación, puesto que se estima lo solicitado en el punto 3º, no ocurriendo lo mismo con los otros dos puntos, pues respecto al punto 1º solicitado, la documentación que se envía no se ajusta a lo peticionado, y en lo que se refiere al 2º punto no se accede a lo solicitado. “Que, considerando no ajustado a Derecho dicho acto administrativo notificado el día 1 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y demás normativa aplicable, interpone RECLAMACIÓN ANTE EL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS DE ANDALUCÍA, en base a los siguientes, “FUNDAMENTOS DE DERECHO “PRIMERO.- Conviene tener presente desde este mismo momento que, como ya se indicó en la solicitud de documentación que se presentó el día 10 de enero de 2020, el motivo del solicitante no es otro que informarse sobre los conocimientos y pruebas de acceso que puedan exigirse en la futura convocatoria de la plaza de Oficial 1ª Preimpresión incluida en la Oferta de Empleo Público de la Diputación de Córdoba correspondiente al ejercicio 2019 (BOP de Córdoba de 30/12/2019). “Asimismo, hay que señalar que no existe limitación legal alguna para permitir el acceso a la documentación requerida por el Sr. [apellido de la persona interesada]. “SEGUNDO.- Respecto al punto 1º de la documentación solicitada, esto es, «Copia de las Bases de convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizado por la Diputación Provincial de Córdoba», la documentación enviada por la Diputación Provincial de Córdoba el día 1 de noviembre de 2020, no se ajusta a lo solicitado, pues lo que se envía por la Diputación es la «Convocatoria de pruebas selectivas para la elaboración de relación de candidatos para la cobertura de necesidades transitorias de personal temporal al servicio de la Diputación Provincial de Córdoba»; es decir, estas bases se refieren a necesidades transitorias de personal temporal, y a determinadas categorías entre las que ni siquiera se encuentra la de Oficial 1ª Preimpresión. “Y es que, existiendo en la actualidad varios puestos de Oficial 1ª Preimpresión en la plantilla de la Diputación de Córdoba, lo que se pide por el solicitante son las bases de la última convocatoria que haya habido para acceder a dicha categoría de personal laboral fijo. En caso contrario, esto es, si todos los puestos de Oficial 1ª Preimpresión están cubiertos de forma temporal, que así se indique este extremo por la Diputación Provincial de Córdoba, y cuándo y cómo se accedió a los mismos. “TERCERO.- Relacionado con la documentación que se pedía en el punto anterior, también se solicitaba en el punto 2º «Copia de los exámenes que se realizaron en ese proceso selectivo anterior de oficial 1ª Preimpresión». “En primer lugar, hay que señalar que lo solicitado por el Sr. [apellido de la persona interesada] no es otra cosa que el examen (o exámenes) que se hayan realizado en ese proceso de selección anterior para cubrir plaza laboral fija de Oficial 1ª Preimpresión, no las respuestas de los distintos aspirantes. No hay que olvidar que el solicitante pide la documentación que se menciona en aras de informarse sobre los conocimientos y pruebas que se puedan exigir en la futura convocatoria de la plaza incluida en la OEP de 2019. Por tanto, en ningún caso, como afirma la resolución denegatoria, el solicitante tiene intención de revisar nada realizado por otros aspirantes, simplemente se pide el cuestionario/s y/o supuesto/s que se realizaron en el anterior proceso selectivo para cubrir plaza laboral fija de Oficial 1ª Preimpresión. “Por consiguiente, esta parte nada tiene que decir sobre si el Sr. [apellido de la persona interesada] tiene o no derecho a acceder a los exámenes de los distintos aspirantes, puesto que en ningún momento ha pedido tal cosa. “No obstante, en la argumentación expuesta por la Diputación para denegar el acceso (no solicitado por el Sr. [apellido de la persona interesada]) a los exámenes realizados por otros aspirantes, parece rechazar también lo que realmente se pidió en la solicitud de 10 de enero de 2020, esto es, el acceso a los cuestionarios o supuestos, en tanto que señala que «A lo anterior se ha de añadir que permitir el acceso a la información solicitada es decir a los cuestionarios de preguntas de un proceso selectivo supone una gran cantidad de información que reduciría el margen de actuación de los órganos de selección a la hora de valorar preguntas diferenciadas de los exámenes futuros y además se estaría facilitando al solicitante y a quienes a través de él pudieran tener acceso a las mismas mediando o no comercialización, en situación privilegiada, caso de presentarse a futuros procesos selectivos, respecto de otros aspirantes que carecen de dicha información». Es decir, LA PROPIA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ESTÁ AFIRMANDO QUE, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL PROCESO SELECTIVO ANTERIOR Y NO OBTUVIERON PLAZA, TIENEN «UNA GRAN CANTIDAD DE INFORMACIÓN» QUE LOS SITÚA EN «SITUACIÓN PRIVILEGIADA» RESPECTO A LOS DEMÁS FUTUROS PARTICIPANTES (lo mismo se puede decir de los participantes que obtuvieron plaza, pues pueden facilitar esa «gran cantidad de información» a familiares o conocidos que pretendan presentarse al próximo proceso selectivo). “En definitiva, LOS ARGUMENTOS EMPLEADOS POR LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA PARA DENEGAR EL ACCESO A LOS EXÁMENES DEL PROCESO SELECTIVO ANTERIOR, PRECISAMENTE LO QUE JUSTIFICAN ES LO CONTRARIO, ES DECIR, SE DEBE PERMITIR EL ACCESO AL SR. [apellido de la persona interesada] (Y A CUANTOS OTROS LO SOLICITEN), PUESTO QUE LA NEGATIVA DE LA DIPUTACIÓN SITÚA A DETERMINADAS PERSONAS, SEGÚN SUS PROPIAS PALABRAS, EN «SITUACIÓN PRIVILEGIADA» RESPECTO A OTRAS, VULNERÁNDOSE CLARAMENTE EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD EN EL ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO (Art. 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: «Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico»). “Es por ello que, “SOLICITO, previos los trámites legales oportunos, se acepte el presente documento, así como los que lo acompañan, se tenga por presentada RECLAMACIÓN CONTRA EL ACTO ADMINISTRATIVO NOTIFICADO EL DÍA 1 DE NOVIEMBRE DE 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, se efectúe requerimiento a la Diputación Provincial de Córdoba en los siguientes términos: “Se remita a D. [nombre de la persona interesada] la siguiente documentación: “1º.- Copia de las Bases de convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizado por la Diputación Provincial de Córdoba. En su defecto, si todos los puestos de Oficial 1ª Preimpresión existentes en la Diputación de Córdoba están cubiertos de forma temporal, se indique esta circunstancia, y cómo y cuándo se accedió a ellos. “2º.- Copia de los exámenes que se realizaron en ese proceso selectivo anterior de oficial 1ª Preimpresión (del cuestionario/s y/o supuesto/s, no de los exámenes de los participantes)”. Cuarto. Con fecha 11 de diciembre de 2020, el Consejo dirige a la persona reclamante comunicación de inicio del procedimiento para la resolución de la reclamación. El mismo día se solicitó a la Diputación reclamada copia del expediente derivado de la solicitud de información, informe y alegaciones que tuviera por conveniente plantear en orden a resolver la reclamación. Dicha solicitud es comunicada asimismo por correo electrónico de fecha 14 de diciembre de 2020 a la Unidad de Transparencia correspondiente. Quinto. El 19 de diciembre de 2020 tiene entrada en este Consejo escrito de la persona interesada en el que comunica lo siguiente: “Que con fecha 16 de diciembre de 2020 recibió notificación telemática de la Diputación de Córdoba en la que se dice lo siguiente: “«Habiéndose recibido en esta Corporación escrito del interesado en el que se aclara que con respecto a dicha solicitud la documentación no se ajusta a lo peticionado, dado que se interesan las Bases para categoría de personal laboral fijo y no así para personal temporal, se remite mediante el presente la copia de las Bases solicitadas referidas a pruebas selectivas para acceso en propiedad, concretamente una plaza de oficial primera de preimpresión Oferta de Empleo Público 2007». “Que, con dicha notificación, se da cumplimiento a la petición de la documentación señalada en el punto 1º, sin embargo, sigue sin cumplirse la petición de la documentación referida en el punto 2º. “Es por ello que, “SOLICITA, previos los trámites legales oportunos, se acepte el presente documento, así como los que lo acompañan, se siga la tramitación de la reclamación presentada el día 15 de noviembre de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y teniendo como base los argumentos expuestos en el mencionado escrito de 15 de noviembre de 2020, se efectúe requerimiento a la Diputación Provincial de Córdoba en los siguientes términos: “Se remita a D. [nombre de la persona interesada] copia de los exámenes que se realizaron en ese proceso selectivo anterior de oficial 1ª Preimpresión (del cuestionario/s y/o supuesto/s, no de los exámenes de los participantes)”. Sexto. El 8 de julio de 2021 tuvo entrada en este Consejo escrito de alegaciones de la Diputación reclamada aportando copia del expediente e informando lo siguiente: “[…] con fecha 16 de diciembre de 2020 se ha remitido al peticionario lo solicitado en su punto primero, es decir, copia de las bases referentes a la provisión de una plaza de Oficial Preimpresión, dado que por error se le remitió en un primer momento copia de bases de personal temporal. Tal incidencia se ha subsanado y se ha remitido ejemplar correcto de las bases, según consta en la documentación que forma parte del expediente que se le remite. “[…]. “En tal sentido, ya a través de Decreto de fecha 26 de octubre de 2020 se facilitó al solicitante la parte sustancial de su petición. Es decir, que de las tres peticiones contenidas en su solicitud (copia de Bases de convocatoria, copia de los exámenes y copia de las normas reguladoras de las bolsa) ya se ha remitido la información con respecto tanto a las Bases como a la Bolsa siendo el único punto objeto de discrepancia la solicitud de petición de copia de los exámenes que se realizaron”. La Diputación añade que en el texto de la reclamación presentada ante este Consejo la persona interesada aclara y concreta el objeto de la pretensión relativa a los exámenes, en el sentido siguiente: “a) la petición se centra ya no en exámenes de terceros sino en el cuestionario y/o supuesto. “b) el solicitante alega que en cuanto a una posible situación privilegiada derivada de su acceso a la información, en contrapartida, quienes se presentaron al proceso sí que dispondrían de dicha situación privilegiada en su opinión y por tanto entiende que no es válido el argumento empleado por la Diputación Provincial. “Frente a los anteriores argumentos se entiende desde esta Diputación que efectivamente el debate se centra no en exámenes de terceros sino en cuestionarios o supuestos concretos. El hecho de que las personas que se presenten a un proceso selectivo obtengan por el mero hecho de presentarse más información y en concreto los cuestionarios planteados forma parte del propio mecanismo de preparación de oposiciones y las vicisitudes que ello supone en un opositor concreto. Dicho de otra manera, a nadie escapa que un opositor que prepara y se presenta en varias administraciones y que concurre a los exámenes de forma periódica, con independencia del resultado obtenido, está coadyuvando con su actitud al logro del buen fin de su preparación, que no es otro que la obtención de una plaza y a nadie debe extrañar que quien más exámenes efectúa, con el esfuerzo no solo intelectual sino físico (en lo que supone desplazamiento a las distintas sedes donde se efectúan) cosechará, si no finalmente la plaza ambicionada, sí al menos un bagaje que formará parte de su preparación y que no se puede equiparar a quien meramente dirige una solicitud con respecto a un proceso en el que ni siquiera fue parte. Por tanto, quien se presenta a los exámenes queda no ya privilegiado sino más bien premiado en su actitud y esfuerzo, de suerte que lo que no conllevó su aprobado en un proceso sí puede por el contrario servirle de experiencia previa, sobre todo de cara a su corrección y mejora ulterior, razón por la cual no compartimos el argumento del solicitante. De hecho si el solicitante es un opositor o aspirante (circunstancia que no ha sido comunicada ni conocemos) y desea obtener una determinada experiencia en la realización de exámenes, nada impide que utilice el canal adecuado y utilizado por el resto de aspirantes, esto es, concurrir a los diversos procesos selectivos tanto de esta como de cualesquiera otras administraciones e ir perfilando y mejorando continuamente su preparación. Por el contrario, acceder a lo solicitado lo colocaría en mejor posición que precisamente cualesquiera aspirantes de cualquier localidad que ya hubiesen realizado una preparación previa y concurrido a los distintos exámenes. Incluso en algunos casos como mecanismo de prueba en su preparación y que por tanto entendían que el sistema más adecuado para obtener la información no es otro que el de concurrir a los ejercicios. A lo anterior se ha de añadir que esta Diputación no tiene inconveniente alguno antes bien facilita completamente el acceso a los ejercicios o supuestos a cuantos aspirantes concurrentes así lo deseen”. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Debe destacarse a su vez que, en virtud del artículo 16.5 del Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, “[e]l personal funcionario del Consejo, cuando realice funciones de investigación en materias propias de la competencia del Consejo, tendrá el carácter de agente de la autoridad”, con las consecuencias que de aquí se derivan para los sujetos obligados en relación con la puesta a disposición de la información que les sea requerida en el curso de tales funciones investigadoras. Segundo. Según establece el artículo 24 LTPA todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Por su parte, el artículo 2.a) de dicho texto entiende por información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas o entidades incluidas en el ámbito subjetivo de esta Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública, que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permitan dicha limitación. Así ha venido por lo demás a confirmarlo el Tribunal Supremo en la Sentencia n.º 1547/2017, de 16 de octubre (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera): “La formulación amplia en el reconocimiento y en la regulación legal del derecho de acceso a la información obliga a interpretar de forma estricta, cuando no restrictiva, tanto las limitaciones a ese derecho que se contemplan en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, como las causas de inadmisión de solicitudes de información que aparecen enumeradas en el artículo 18.1, sin que quepa aceptar limitaciones que supongan un menoscabo injustificado y desproporcionado del derecho de acceso a la información. [...] Asimismo, la posibilidad de limitar el derecho de acceso a la información no constituye una potestad discrecional de la Administración o entidad a la que se solicita información, pues aquél es un derecho reconocido de forma amplia y que sólo puede ser limitado en los casos y en los términos previstos en la Ley...” (Fundamento de Derecho Sexto). Tercero. La presente reclamación trae causa de una solicitud de información con la que la persona interesada pretendía obtener, con relación a las pruebas selectivas de un puesto incluido en la Oferta de Empleo Público de 2019 de la Diputación reclamada, en concreto el puesto de Oficial 1ª Preimpresión, los siguientes documentos: bases de la convocatoria del anterior proceso selectivo, exámenes de convocatoria anterior y normas reguladoras de la Bolsa. En su primera resolución, la Diputación facilita a la persona interesada las “normas reguladoras de la Bolsa creada en el año 2015, por la Diputación Provincial de Córdoba para cubrir, entre otros puestos, el de Oficial 1ª Preimpresión”. Posteriormente, y tras la interposición de la reclamación ante este Consejo, la Diputación admite el error cometido en cuanto a la primera de las pretensiones y rectifica remitiendo a la persona interesada (el 16 de diciembre de 2020) la copia de las “Bases de convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizado por la Diputación Provincial de Córdoba”. Por tanto, han quedado satisfechas dos de las inicialmente tres pretensiones realizadas por la persona ahora reclamante, siendo la única cuestión debatida si se debe poner a disposición del reclamante la copia de los exámenes que se realizaron en un anterior proceso selectivo. Cuarto. Pues bien, como es sabido, el artículo 2 a) LTPA conceptúa como “información pública” “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades” incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley, “y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones”. Pero es que además, este Consejo ha tenido ocasión de subrayar la relevancia que, para nuestro sistema de transparencia, tiene la información incluida en este ámbito material, afirmando reiteradas veces que: “«En lo que se refiere a la gestión de recursos humanos al servicio de la Administración Pública las exigencias de transparencia de la información deben ser escrupulosamente atendidas, pues, además de suponer un evidente gasto de fondos públicos, los procesos selectivos correspondientes han de estar basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad. Dada la relevancia de este sector de la gestión pública, no ha de extrañar que la propia LTPA lo mencione repetidas veces entre los asuntos objeto de publicidad activa, ya que exige a las entidades incluidas en el ámbito subjetivo de la Ley que publiquen información relativa a “las relaciones de puestos de trabajo, catálogo de puestos o documentos equivalentes referidos a todo tipo de personal, con indicación de sus retribuciones anuales” [art. 10.1 g)], así como a “los procesos de selección del personal” [art. 10.1 k)]. »Así pues, en cuanto exigencia de publicidad activa, las administraciones públicas están ya obligadas a publicar por su propia iniciativa, sin que medie solicitud alguna, los procesos de selección del personal a su servicio. Pero, como es obvio,el hecho de que exista este deber ex lege de publicar de oficio dicha información no empece, en modo alguno, a que pueda ser reclamada por cualquier ciudadano a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como ha sucedido en este caso. E incluso, como no es menos evidente, nada impide que, por esta vía, se solicite información suplementaria que vaya más allá de la que deba proporcionarse en cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa» (Resolución 32/2016, de 1 de junio)”: En suma, la información solicitada se encuentra incontrovertiblemente incluida en el ámbito objetivo del art. 2 a) LTPA antes transcrito. Como argumento para desestimar la pretensión la Diputación considera que “permitir el acceso a la información solicitada, es decir a los cuestionarios de preguntas de un proceso selectivo, supone una gran cantidad de información que reduciría el margen de actuación de los órganos de selección a la hora de valorar preguntas diferenciadas de los exámenes futuros y además se estaría facilitando al solicitante y a quienes a través de él pudieran tener acceso a las mismas mediando o no comercialización, en situación privilegiada, caso de presentarse a futuros procesos selectivos, respecto de otros aspirantes que carecen de dicha información”. La Diputación invoca expresamente la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1 e) LTBG, en la interpretación realizada por la Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso- Administrativo n.º 5 de 5 de noviembre de 2019. Sin embargo, el reclamante matiza y aclara que no pretende los concretos exámenes realizados por los aspirantes con sus respuestas sino el cuestionario que se les presentó para su cumplimentación. La Diputación manifiesta, tanto en su resolución denegatoria como en sus alegaciones ante la reclamación que resolvemos, que la entrega de dichos cuestionarios situaría al solicitante en una situación de privilegio comparable a aquellos que se presentaron al proceso selectivo. Esgrime la Diputación que “quien más exámenes efectúa, con el esfuerzo no solo intelectual sino físico (en lo que supone desplazamiento a las distintas sedes donde se efectúan) cosechará, si no finalmente la plaza ambicionada, sí al menos un bagaje que formará parte de su preparación y que no se puede equiparar a quien meramente dirige una solicitud con respecto a un proceso en el que ni siquiera fue parte”, considerando que la concurrencia a los exámenes supone un “premio” para los aspirantes por la experiencia que les supone de cara a futuras convocatorias. La Diputación entiende que el “canal adecuado” para obtener la información requerida, es decir, los exámenes, es “concurrir a los diversos procesos selectivos tanto de esta como de cualesquiera otras administraciones e ir perfilando y mejorando continuamente su preparación” y no la transparencia. Este Consejo no comparte los argumentos esgrimidos por la Diputación respecto a la aplicación de la causa de inadmisión prevista en el artículo 18.1.e) LTBG y por tanto no puede este Consejo compartir los argumentos esgrimidos por la Diputación reclamada, por los motivos que se indican a continuación. Este Consejo mantiene una línea doctrinal relacionada con las solicitudes abusivas que exige, entre otros requisitos, un cierto volumen de información que suponga importantes cargas de trabajo que puedan poner en riesgo el funcionamiento ordinario del órgano al que se dirige la solicitud (por todas, la Resolución 106/2021): “Pues bien, partiendo del carácter excepcional que tiene la consideración de una solicitud como abusiva, indiscutiblemente consolidada la regla general del libre acceso a la información pública, tal consideración se sujeta a la observancia de los siguientes requisitos: en primer lugar, recae sobre el sujeto al que se dirige la solicitud la tarea de argumentar y acreditar el carácter manifiestamente irrazonable de la carga administrativa que le supone atender a la petición en cuestión. Motivación explícita de la cantidad desproporcionada de examen e investigación requerida para afrontar la solicitud que, además, debe fundamentarse en datos objetivos. Así, sin ánimo de ser exhaustivos, han de ser tomados en consideración el número y naturaleza de los documentos objeto de la petición, en el bien entendido de que un cuantioso número no predetermina necesariamente una desmesurada carga de trabajo, ya que ésta depende asimismo de la dedicación que precise un adecuado examen de los mismos. Asimismo, cabe ponderar a este respecto el periodo de tiempo al que se extiende la solicitud, pues la pretensión de abarcar un elevado número de años puede hacer irrazonable una petición que, aisladamente considerada, resultaría plenamente atendible sin mermar el regular funcionamiento de la institución. Y en segundo término, y de conformidad con lo establecido en el arriba transcrito artículo 8 b) LTPA, antes de acordar sin más la inadmisión a limine de la solicitud la Administración ha de agotar la vía de la colaboración para dar ocasión al interesado a que acote en términos razonables su petición inicial, armonizándose así en la medida de lo posible la pretensión del solicitante con el normal desenvolvimiento de la actividad propia del órgano interpelado” El reducido número de documentos solicitados impiden que podamos considerar aplicable el citado motivo de inadmisión, si bien es cierto que el Ayuntamiento argumentó sobre el volumen excesivo cuando consideraba que la solicitud hacía referencia a todos los exámenes realizados por los opositores, consideración que fue posteriormente aclarada por el reclamante. Respecto a la ilegítima intención o finalidad del reclamante invocada por el órgano reclamado, el concepto de información pública previsto en el artículo 2 a) LTPA no incluye ninguna referencia a los intereses u objetivos a alcanzar con la solicitud, por lo que su falta de respuesta no puede ampararse en dicha finalidad. Así lo ha declarado el Tribunal Supremo en Sentencia de 12 de noviembre de 2020, resolviendo un recurso de casación, indicando que “Respecto a las causas de inadmisión del artículo 18 [LTBG], entre las mismas no se incluye la persecución de un interés meramente privado, y la atención a la finalidad de la norma opera como causa de de inadmisión de la solicitud, de acuerdo con el artículo 18.1. e), en los supuestos de solicitudes en las que concurran los requisitos de presentar un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la Ley”. En este sentido, el órgano reclamado vinculó la finalidad de la solicitud con el carácter abusivo de la misma. Sin embargo, este Consejo no puede entender que el acceso a un cuestionario tenga un carácter abusivo y que no esté relacionado con la finalidad de la Ley. La doctrina generada por este Consejo respecto al carácter abusivo ha venido utilizado el Criterio Interpretativo 3/2016, del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que si bien no resulta de aplicación , establece pautas generales de aplicación de la causa de inadmisión que hemos compartido en anteriores resoluciones. El Criterio requiere para la aplicación de esta causa de inadmisión dos circunstancias: a) Que el ejercicio del derecho sea abusivo cualitativamente, no en sentido cuantitativo: el hecho de que una misma persona presente un número determinado de solicitudes no determina necesariamente un ejercicio abusivo del derecho. b) Que el ejercicio del derecho pueda considerarse excesivo, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la Ley. Seguidamente, el Criterio Interpretativo especifica que podrán entenderse como abusivas las solicitudes en las que se dé alguno de estos elementos: • Con carácter general, si puede incluirse en el concepto de abuso del derecho del artículo 7.2 del Código Civil. • Cuando de atenderse, requeriría un tratamiento que obligara a paralizar el resto de la gestión de los sujetos obligados a suministrar la información, impidiendo la atención justa y equitativa de su trabajo y el servicio público que tienen encomendado, y así resulte de acuerdo con una ponderación razonada y basada en indicadores objetivos. • Cuando suponga un riesgo para los derechos de terceros. • Cuando sea contraria a las normas, las costumbres o la buena fe. Igualmente, el Criterio considera que la solicitud estará justificada con la finalidad de la Ley cuando se fundamenta en el interés legítimo de: • Someter a escrutinio la acción de los responsables públicos. • Conocer cómo se toman las decisiones públicas. • Conocer cómo se manejan los fondos públicos. • Conocer bajo qué criterios actúan las instituciones públicas. Respecto a este último requisito, el Preámbulo de la LTBG ofrece nuevas pautas para la valoración de la finalidad de una solicitud de información: “La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. La aplicación de estos criterios al caso concreto impiden que la solicitud presentada pueda ser considerada como abusiva por no estar justificada con la finalidad de la ley. El acceso a los cuestionarios de un proceso selectivo permitiría a cualquier persona evaluar el funcionamiento de la Administración en el desarrollo de un proceso selectivo, interés que sin duda no solo beneficia a los participantes en el mismo sino a toda la ciudadanía, ya que permitiría someter a escrutinio la acción de los responsables públicos y conocer bajo qué criterios actúan. Pero es que por otra parte el solicitante no motivó su solicitud inicial ni incluyó en la misma una concreta finalidad: fue la Diputación la que, en la respuesta ofrecida, interpretó la finalidad de la solicitud en un determinado sentido, sentido que utilizó posteriormente para fundamentar su carácter abusivo y consecuente inadmisión. Quinto. Por otra parte, este Consejo entiende que la Sentencia 120/2019 invocada no resulta de aplicación a este supuesto, porque el supuesto de hecho es muy diferente al ahora analizado. En efecto, la petición de información juzgada se realizaba de “las pruebas de conocimientos y plantilla de resultados de cada una de las especialidades siguientes de los cinco últimos años, Cuerpo Jurídico, Medicina, Enfermería y Psicología, así como las pruebas de inglés y plantilla de resultados, así como los casos prácticos, y si existe la resolución correcta de cada uno de los mismos todo ello de los últimos cinco años”, petición que a todas luces excede de la que ahora se realiza, que se limita a los cuestionarios de una sola prueba. Tampoco entiende este Consejo que resulten de aplicación los argumentos sobre la presunta posición ventajosa que el solicitante obtendría en futuros procesos selectivos de obtener la información. Conviene recordar que la LTPA y LTGB reconocen el derecho de acceso a todas la personas, por lo que cualquiera podría solicitar el acceso a los cuestionarios. Y en todo caso, la Diputación podría publicar voluntariamente estos documentos, si la considerara información pública de interés. De hecho, órganos especializados en la tramitación de procesos selectivos, como es el Instituto Andaluz de Administración Pública, viene publicando en su página web, accesible a cualquier persona, tanto los exámenes realizados como las plantillas, lo cual redunda nítidamente en la transparencia de su actuación. Sexto. En la documentación que ha facilitado la Diputación al reclamante como respuesta a su pretensión de conocer las “bases de la convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión” consta el anuncio de las mismas publicado en el B.O.P. n.º 77, de 25 de abril de 2008. En dichas bases se establece que el sistema de selección de la plaza convocada será el que se especifica en el Anexo correspondiente, que en el caso que nos ocupa es el Anexo VII, y es concurso oposición. En lo referente a la fase de oposición se establece que consta de dos ejercicios: el primero, “consistirá en la realización de un cuestionario de 50 preguntas con tres respuestas alternativas, de la que sólo una es válida, de las que 10 versarán sobre el Bloque I (Materias Comunes) y 40 sobre las materias del Bloque II (Materias específicas) del programa. El Tribunal añadirá al cuestionario 5 preguntas adicionales de reserva, en previsión de posibles anulaciones que, en su caso sustituirá por su orden a las anuladas”. Y el segundo ejercicio, de carácter práctico, “se determinará por el Tribunal en relación con las funciones encomendadas a la categoría de que se trata”. Se publica el programa de temas (materias comunes y materias específicas) que regirá en dicha convocatoria. Por tanto, la Diputación debe facilitar a la persona interesada la copia de ambos ejercicios: el primero, es decir, el cuestionario de 55 preguntas con tres respuestas alternativas y el segundo ejercicio de carácter práctico que el Tribunal hubiera determinado. Y si no dispusiere de alguno de los contenidos hará saber expresamente al solicitante esta circunstancia. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX, contra la Diputación Provincial de Córdoba por denegación de información pública. Segundo. Declarar terminada la reclamación respecto a las pretensiones referidas al acceso a “normas reguladoras de la Bolsa creada en el año 2015, por la Diputación Provincial de Córdoba para cubrir, entre otros puestos, el de Oficial 1ª Preimpresión” y a las “Bases de convocatoria del anterior proceso selectivo para cubrir una plaza de Oficial 1ª Preimpresión realizado por la Diputación Provincial de Córdoba”, por lo expuesto en el Fundamento jurídico Tercero. Tercero. Instar a la Diputación Provincial de Córdoba a que, en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se practique la notificación de la presente resolución, ponga a disposición del reclamante la información indicada en en Fundamento Jurídico Sexto. Cuarto. Instar a la Diputación Provincial de Córdoba a que remita a este Consejo en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta Resolución, las actuaciones realizadas, incluyendo la acreditación del resultado de las notificaciones practicadas.