Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó al Ayuntamiento de Zaragoza una sentencia específica sobre plusvalía municipal y copias de todas las sentencias desfavorables similares, junto con sus actuaciones de ejecución. El Consejo de Transparencia de Aragón estima parcialmente la reclamación, instando al Ayuntamiento a entregar la sentencia específica y sus actuaciones, al haber incumplido el procedimiento. Desestima la petición de "todas las sentencias similares" por falta de concreción.
La Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) solicitó al Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) acceso a diversas actas, informes jurídicos, estadísticas de sanciones y datos de gestión. La administración alegó que parte de la información era privada o no sujeta a derecho administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior datos de asilo admitidos e inadmitidos por tipo de puesto fronterizo y provincia entre 1995 y 2015. La administración alegó que la información requería una reelaboración manual inviable. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la solicitud exige una elaboración expresa de datos.
Se solicitó al Ministerio de Justicia el coste de implantación, órganos afectados y plan de cronograma de las nuevas oficinas judiciales de Ponferrada y Murcia. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los costes generales, órganos y planes, pero validando la denegación de los desglose específicos y costes medios por funcionario por suponer reelaboración.
Se solicitó al Ministerio de Fomento la información detallada de los contratos adjudicados entre los años 2000 y 2005. El interesado alegó que la administración incurrió en una dilación excesiva y que la información ya constaba en otros registros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que, por la antigüedad de los datos, su entrega requiere una reelaboración.
El interesado solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid información desglosada (nombre, dirección y resultados) de las inspecciones higiénico-sanitarias en bares y restaurantes, así como copia de las actas. La administración denegó el acceso alegando confidencialidad, protección de datos y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación.
El interesado solicitó al IDAE copia electrónica del expediente completo de la liquidación del Presupuesto 2015. La administración entregó un informe distinto al solicitado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, al considerar que la liquidación presupuestaria es parte de las cuentas anuales y debe ser pública íntegramente según la Ley 19/2013.
El ciudadano solicitó al INSS memorias, dictámenes y resoluciones relacionadas con el RD 1108/2007 sobre cotización de cargos políticos locales, así como el coste económico generado. El INSS denegó parte de la información alegando falta de codificación y cometió un error procedimental al no derivar la solicitud a la TGSS. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento un listado detallado de modificados y costes adicionales de obras adjudicadas desde 2008. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, instando al Ministerio a facilitar la información desde diciembre de 2014.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Educación de Andalucía datos comparativos de vacantes y justificaciones normativas sobre la gestión de bolsas de interinos. Tras una respuesta parcial, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que desestimó la reclamación al considerar que la información requerida exigiría una reelaboración de datos e informes jurídicos ad hoc.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Educación de Andalucía comparativas de vacantes y justificaciones normativas sobre la gestión de bolsas de interinos. Tras una respuesta parcial de la administración, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que desestima la reclamación por requerir una acción de reelaboración.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía datos comparativos de vacantes y justificaciones normativas sobre la gestión de plazas de maestros. Tras una respuesta parcial, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo desestima la reclamación al considerar que la información requerida exige una reelaboración de datos y la emisión de informes jurídicos ad hoc.
Una ciudadana solicitó a la Consejería de Educación de Andalucía datos comparativos de vacantes y justificaciones normativas sobre la gestión de bolsas de interinos. Tras una respuesta parcial, la interesada reclamó ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. El Consejo desestima la reclamación al considerar que la información requerida exige una reelaboración de datos y la emisión de informes jurídicos ad hoc.
El interesado solicitó a RENFE-Operadora datos pormenorizados de viajeros (día, estación y tramo horario) en Cercanías Madrid. La administración denegó el acceso alegando que la información no existe y su entrega requeriría una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, al considerar que, aunque el desglose exacto es una reelaboración, RENFE debe facilitar los datos de viajeros por estación y su evolución.
El Comité de Empresa solicitó información sobre la acción social y sus importes (2011-2014) a la CNMC. Tras no recibir respuesta en plazo, presentó reclamación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al haberse incumplido los plazos legales de respuesta, aunque la administración ya había aportado parte de la información posteriormente.
Dos ciudadanos solicitaron al Concello de Lousame acceso a 55 documentos del archivo municipal. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración de la información. La Comisión da Transparencia de Galicia estima la reclamación, instando al municipio a entregar la información respetando los límites legales.
Se solicitó a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid un listado detallado de contratos menores del ejercicio 2015. La administración denegó el acceso alegando que la información estaba publicada o requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: ordena entregar la información de la segunda mitad de 2015, pero valida la denegación de la primera.
El ciudadano solicitó a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía una comparativa de vacantes entre las especialidades de Primaria y Francés, así como la justificación normativa de diversas decisiones de gestión. Tras una respuesta parcial de la administración, el interesado reclamó por insuficiencia. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía desestima la reclamación por requerir reelaboración de datos.
Se solicitó al Ministerio del Interior información desglosada sobre condecoraciones de la Orden del Mérito de la Guardia Civil en Burgos (2010-2015). La administración denegó el acceso alegando la necesidad de una reelaboración compleja de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los datos de número de condecorados.
La solicitante pidió al Ayuntamiento de Xixona conocer las razones de la negativa a visualizar expedientes de crédito y la copia de una diligencia de visita. Tras no recibir respuesta, reclamó ante el Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana. El organismo inadmitió la reclamación por falta de competencia, al tratarse de cuestiones ajenas al derecho de acceso a la información.
La Fundació Civio solicitó al Consorci d'Educació de Barcelona estadísticas detalladas por centro sobre demanda y matriculación escolar. El Consorci denegó el detalle por centro alegando protección de la imagen de los centros y complejidad técnica. La GAIP estima la reclamación, obligando a entregar la información detallada por centro.
Se solicitó a RTVE el desglose de costes de programas y emisiones especiales (Nochebuena y Nochevieja). La administración alegó que la información requería reelaboración, afectaba a intereses comerciales y vulneraba la protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, obligando a facilitar los costes de producción pero excluyendo salarios.
Se solicitó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo el desglose de campañas publicitarias y presupuestos (2012-2015) por medio. La administración denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que la información ya existe en informes de ejecución, que no requiere reelaboración y que el interés público de controlar el gasto prevalece sobre los intereses comerciales de las agencias.
El ciudadano solicitó al SERGAS información sobre listas de espera, criterios de derivación a centros privados y costes asociados. El SERGAS inadmitió la solicitud alegando publicación general y necesidad de reelaboración. La Comisión da Transparencia de Galicia decide retrotraer las actuaciones para que la administración aclare qué información posee y la facilite correctamente.
El ciudadano solicitó a la Vicepresidencia de la Xunta de Galicia datos sobre el número de becarios entre 1997 y 2005 y cuántos obtuvieron reconocimiento de servicios. La administración estimó parcialmente la solicitud, denegando los datos específicos alegando reelaboración. La Comisión da Transparencia de Galicia desestima la reclamación confirmando que la obtención de los datos requiere una reelaboración.
El solicitante pidió al Ministerio de Empleo y Seguridad Social el desglose de inversión por medio y campaña de publicidad institucional (2012-2015). Tras una respuesta insuficiente que remitía a webs generales, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando al Ministerio a facilitar los datos detallados del Plan de Medios.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el desglose de campañas publicitarias y presupuestos ejecutados (2012-2015). El Ministerio denegó parte de la información alegando reelaboración y perjuicio a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar los datos.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior el listado de campañas y presupuesto ejecutado (2012-2015) desglosado por medios. El Ministerio denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por no concurrir la causa de inadmisión alegada.
El solicitante pidió al Ministerio de Fomento el desglose de campañas publicitarias y presupuestos ejecutados (2012-2015). El Ministerio denegó parcialmente alegando reelaboración e intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, obligando a entregar la información por prevalecer el interés público sobre los límites alegados.
El solicitante pidió al Ministerio de Defensa el listado de campañas y presupuesto ejecutado (2012-2015) desglosado por medios. El Ministerio denegó parte de la información alegando reelaboración e intereses económicos de terceros. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que prevalece el interés público sobre los intereses comerciales.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el desglose de campañas publicitarias y presupuestos ejecutados (2012-2015). La administración denegó parcialmente el acceso alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por falta de motivación y por no concurrir la causa de reelaboración ni el límite de intereses económicos.
Se solicitó a Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU copia de expedientes de adjudicación de contratos y otros documentos internos. El ciudadano alegó que la información es necesaria para su derecho de defensa en un proceso penal. La GAIP desestima la reclamación al considerar justificada la inadmisión por la complejidad de la tarea de elaboración de la información.
Se solicitó una lista desglosada de personal docente interino por cuerpos, especialidad y número de trienios a la Consejería de Educación (implícita por el contexto de personal docente). El reclamante consideraba que la información entregada era insuficiente. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia desestima la reclamación al considerar que la información facilitada es suficiente.
El ciudadano solicitó al Concello de Cedeira información sobre la rescisión del contrato de redacción del Plan Xeral. El Ayuntamiento inadmitió la solicitud alegando que la información estaba en curso de elaboración. La Comisión da Transparencia de Galicia decide inadmitir la reclamación por ser repetitiva, ya que el asunto ya había sido revisado en el expediente RSCTG 105/2017.
Un sindicato solicitó a la Diputación de Zaragoza información sobre horas extras, activaciones nominativas del personal del SPEI y documentación de nuevas dotaciones. El Consejo de Transparencia de Aragón inadmitió las peticiones sobre abono de horas y cobertura de IT por no ser información pública. Estimó parcialmente la solicitud de activaciones, exigiendo datos detallados pero anonimizados por protección de datos, y desestimó la entrega de documentación de nuevas dotaciones al considerarla planificación estratégica.
Un reclamante solicitó a la Universidad de Zaragoza información sobre contratos de servicios jurídicos, incluyendo cuantías pagadas a un abogado particular entre 1985 y 2014. El Consejo de Transparencia de Aragón estimó la reclamación, rechazando la denegación de la Universidad por "reelaboración" y límites temporales, al considerar que la información es pública y accesible con tratamiento informático corriente.
Se solicitó al Gobierno de Aragón (Departamento de Economía, Industria y Empleo) acceso a las poligonales o coordenadas de vértices de proyectos eólicos presentados en concursos de priorización. El Consejo de Transparencia de Aragón desestima la reclamación, al considerar que la información afecta al secreto profesional y la propiedad intelectual/industrial de las empresas, sin que exista un interés público superior que prevalezca sobre los intereses económicos y comerciales de los participantes.
Se solicitó al Ayuntamiento de Navalcarnero la relación de licencias de vallas y estructuras publicitarias, así como información sobre contratos o convenios para su instalación. El recurrente alegó silencio administrativo y una respuesta insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información es pública y no se motivó debidamente la inadmisión.
El interesado solicitó una relación cronológica de los registros de entrada y salida de documentos vinculados a la Fundación Especial Caja Madrid y sus patronos desde 2013. La Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
El Presidente del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP inadmitió las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública, escapando así de su competencia.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversa información al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP decidió inadmitir las reclamaciones porque las solicitudes se basaron en la normativa de régimen local sobre control político y no en el derecho de acceso a la información pública.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP inadmitió las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP inadmitió las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP decidió inadmitir las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP decidió inadmitir las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP decidió inadmitir las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública.
El Regidor-President del Grupo Municipal Popular solicitó diversas informaciones al Ayuntamiento de Barcelona mediante preguntas y precs. La GAIP decidió inadmitir las reclamaciones porque las solicitudes se formularon como instrumentos de control político (precs y preguntas) basados en el ROM y no como solicitudes de acceso a la información pública.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Parla una relación detallada de licencias de estructuras publicitarias de diversas empresas. El Ayuntamiento denegó la solicitud alegando que la información ya estaba disponible en su web y que extraerla supondría una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el derecho de acceso no obliga a la administración a confeccionar informes personalizados.
Una representante sindical solicitó a la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques información sobre la relación de puestos interinos/temporales previos a 2005 y datos sobre personal excedente y vacantes. La administración alegó dificultades técnicas y la aplicación de normativa sindical específica. El Consell de Transparència desestima las solicitudes y declara la pérdida de objeto.
El interesado solicitó información estadística a la AEAT sobre el número de beneficiarios que han aplicado la exención de IRPF por becas de la Fundación Ramón Areces durante un periodo de siete años. La AEAT denegó el acceso alegando que la exención es una aplicación directa del contribuyente y no requiere reconocimiento previo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación.
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