Reclamación por denegación de información sobre criterios de valoración de concursos de méritos y codificación de grupos profesionales

RESOLUCIÓN 237/2018, de 14 de junio, del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía Asunto: Reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía por denegación de información (Reclamación núm. 186/2017). ANTECEDENTES Primero. La ahora reclamante presentó, el 20 de abril de 2017, la siguiente solicitud de información dirigida a la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía (en adelante, CHAP): “1) ¿Existen criterios interpretativos de valoración o consideraciones que la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para las Comisiones de Valoración del concurso de 2016 y del concurso de 2012? “2) De existir tales criterios de la DGRRHHFP, solicito se me indiquen, así como si se remiten por escrito a las Comisiones de Valoración y si les vinculan, y si se remiten por escrito, en cuyo caso quiera conocer su contenido. Así mismo quisiera conocer los establecidos para todos los méritos que se valoran en concurso y saber si los mismos que se aplican para la valoración del trabajo desarrollado a efectos de experiencia profesional, de los méritos de los funcionarios en activo en la Comunidad Autónoma, que obtuvieron su plaza por concurso, procedentes de la Administración Local. En concreto aclaración sobre la forma de valoración que según dichos criterios, debe realizarse de los servicios prestados en la Comunidad Autónoma y en la Entidad Local, en idénticas condiciones de grupo profesional y complemento de destino correspondiente al puesto de trabajo desempeñado. De no aplicarse los mismos criterios para el trabajo desarrollado que para los restantes méritos, quisiera conocer los fundamentos legales o la motivación. “3) A efectos de concurso de méritos, cuáles son los derechos de los funcionarios de la Comunidad Autónoma procedentes de la Administración Local y cuáles los restantes funcionarios de la Comunidad Autónoma. “4) Los funcionarios de Grupo A1 procedentes de otras Administraciones por Concurso de méritos, aunque estemos en activo, estamos codificados en SIRhUS como Grupo A10 en tanto los funcionarios de la Comunidad Autónoma del mismo grupo lo están en Grupos A11 y A12. ¿Cuál es la equivalencia del Grupo A10 con referencia a los restantes? ¿Cuándo se creó el Grupo A10 y cuál fue la norma por la que se crearon? ¿Tienen cuerpo preferente?” Segundo. Con fecha 20 de abril de 2017, el órgano reclamado inadmitió la solicitud de información pública con base en el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante LTAIBG) y el artículo 30 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Así se argumentó dicha decisión: “La petición contenida en la solicitud sobre criterios interpretativos de aplicación por las Comisiones de Valoración del Concurso de 2016", al referirse a un procedimiento en curso, no se regula por la Ley 19/2013, (LTAIBG), en base a lo establecido en la disposición adicional primera de la citada Ley: "1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. “En consecuencia se le remite a la regulación contenida en las bases de las respectivas convocatorias del citado concurso de mérito de personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía nº 140 de 22/07/2016). “Por lo que se refiere a criterios de valoración aplicados en procedimientos de concursos finalizados, se le informa que la competencia para aplicar las bases reguladoras de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario, de conformidad con las prescripciones normativas del citado procedimiento de provisión es de las comisiones de valoración (artículos 48 y 49 del Decreto 2/2002,de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de lngreso, Promoción lnterna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía) en la medida que son los órganos que ostentan la discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido, conforme establece la doctrina del Tribunal Constitucional en su Sentencia 34/1985, de 7 de marzo. “En relación con las cuestiones planteadas en la solicitud sobre la forma de valorar los servicios prestados en la Comunidad Autónoma y en la Entidad Local, a efectos de la experiencia profesional de funcionarios de la Administración local que ocupan puestos de trabajo por concurso en la Administración autonómica, así como sobre los derechos de los participantes en los concursos de méritos que se convoquen por esta Administración, y las cuestiones relativas a la codificación en Sirhus del personal no integrado en la Administración de la Junta de Andalucía, se le informa que conforme a las previsiones contenidas en el articulo 18.1 c) de la citada Ley 19/2013 (LTABG), incurre en motivo de inadmisión, en la medida que solicita un informe jurídico «ad hoc», de las cuestiones planteadas en la misma; no incardinándose en el concepto de transparencia el citado tratamiento de la información. En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en Resoluciones como la 34/2016; 37/2017 y 73/2016, considerando la concurrencia de la citada causa de inadmisión por reelaboración «informar de los motivos jurídicos que fundamentaron una decisión», a la vez que requiere un nuevo tratamiento de la información que implica la elaboración del informe jurídico ad hoc sobre la solicitud planteada”. Tercero. El 17 de mayo de 2017, tiene entrada en el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía (en adelante, el Consejo) reclamación contra la resolución de inadmisión antes citada, con el siguiente contenido: “El artículo 24 de la constitución prohíbe la indefensión. «La idea de indefensión engloba, entendida en un sentido amplio, a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que puedan colocarse en el marco del artículo 24 CE» (STC 48/1984 y SSTC 146/2003, 199/2006 y 28/2010). Se origina por tanto la indefensión, siguiendo la abundante jurisprudencia constitucional, cuando se privan o limitan los medios de defensa producida en el seno de un proceso, produciendo en una de las partes, sin que le sea imputable, un perjuicio definitivo en sus derechos e intereses sustantivos. En parecidos términos se manifiesta el Tribunal constitucional al indicar que «viene declarando reiteradamente que, en el contexto del artículo 24.1 CE, la indefensión es una noción material que se caracteriza por suponer una privación o minoración sustancial del derecho de defensa; un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de las partes que impide o dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de alegar y acreditar en el proceso su propio derecho, o de replicar dialécticamente la posición contraria en igualdad de condiciones con las demás partes procesarles. Por otro lado, para que la indefensión alcance la dimensión constitucional que le atribuye el artículo 24 CE se requiere […], que la indefensión sea causada por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional» (STC 40/2002). ”En este caso, al no facilitarme la información demandada y habiendo solicitado en el concurso de méritos una plaza que me sería adjudicada si se me valorara la experiencia profesional cual establecen las bases selectivas, y no en base a criterios técnicos del tribunal, que no tienen en cuenta los servicios prestados en la Administración Local en puesto de nivel de complemento de destino, superior a la plaza a la que se opta, se me está impidiendo obtener los datos precisos para recurrir ante el superior jerárquico, al término del proceso selectivo, y poder fundamentar mi recurso, así como poder conocer cuestiones que me atañen en materia de personal, lo que es contrario a la transparencia pública. “Solicito por ello del Consejo de Transparencia, tenga por interpuesto en tiempo y forma la presente reclamación, y propicie me sean contestadas las preguntas formuladas, con la pertinente información, en los términos establecidos por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía”. Cuarto. El 25 de mayo de 2017, se comunica al reclamante el inicio del procedimiento para resolver su reclamación. El mismo día el Consejo solicitó al órgano reclamado copia del expediente derivado de la solicitud así como informe y antecedentes que considerara oportunos para la resolución de la reclamación. Quinto. El 20 de junio de 2017 tiene entrada en el Consejo escrito del órgano reclamado en el comunica lo siguiente: “La solicitud relativa a los criterios interpretativos de las Comisiones de Valoración del Concurso de Méritos de 2016, se inadmite conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la ley 19/2013 […], en la medida que resulta aplicable la normativa reguladora de correspondiente procedimiento para el acceso por la interesad, a la información contenida en procedimiento en curso. A tal efecto, se remite a las bases reguladores de las respectivas convocatorias del citado concurso […]. “En relación con el resto de cuestiones contenidas en la solicitud [...]se inadmiten por requerir un informe jurídico “ad hoc” […] en base a lo dispuesto en el artículo 18.1.c de la LTAIBG. “Por lo que se refiere a las alegaciones formuladas por la interesada en el escrito de reclamación, basado en la indefensión alegada, no se comparte por esta Dirección General la concurrencia de la misma por la aplicación del régimen jurídico de la transparencia en relación a un procedimiento en curso respecto del que la solicitante participa en el mismo y al que puede acceder conforme a las previsiones contenidas en las bases reguladoras de citado procedimiento (disposición adicional primera de la LTAIBG). “En consecuencia como participante en el citado concurso de méritos la Sra Martín Castillo dispone de todos los medios de defensa previstos en las normas reguladoras del mismo (Bases de la respectiva Convocatoria y demás normas concordantes), en condiciones de igualdad que el resto de participantes, frente a la actuación de la Administración en la tramitación y resolución del procedimiento específico del concurso de méritos referenciado”. Sexto. El 17 de julio de 2017 dictó este Consejo acuerdo por el que se amplía el plazo de resolución de la reclamación. FUNDAMENTOS JURÍDICOS Primero. La competencia para la resolución de la reclamación interpuesta reside en el Director del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 48.1.b) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía (en adelante, LTPA). Segundo. La primera pretensión del reclamante es acceder a los “criterios interpretativos de valoración o consideraciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para las Comisiones de Valoración del concurso 2016 y 2012”. En lo que hace a la información referida al concurso de 2016, el órgano reclamado resuelve su inadmisión al entender aplicable el apartado primero de la Disposición Adicional Primera LTAIBG, (que se corresponde con la Disposición Adicional Cuarta LTPA), que establece que “La normativa reguladora del correspondiente procedimiento administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes tengan la condición de interesados en un procedimiento administrativo en curso a los documentos que se integren en el mismo”. A este respecto, al realizarse la solicitud de información por persona interesada en procedimiento en curso, este Consejo considera en efecto de aplicación la referida Disposición Adicional, por lo que resulta procedente la desestimación de este extremo de la reclamación. Tercero. Distinta consideración nos merece, por el contrario, la inadmisión de la petición referente al Concurso de 2012, ya finalizado. En efecto, el órgano reclamado argumenta su inadmisión arguyendo que “la competencia para aplicar las bases reguladoras de los concursos de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionario […] es de las comisiones de valoración […] , en la medida que son los órganos que ostentan la discrecionalidad técnica en el desarrollo de su cometido […]” Debemos notar, sin embargo, que la solicitud se refiere literalmente a si existen “criterios interpretativos de valoración o consideraciones de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para las Comisiones de Valoración”. En consecuencia, según se desprende de su tenor literal, este Consejo considera que el objeto de la pretensión de la solicitante es que se le informe de los criterios interpretativos o valoraciones que, en su caso, haya emitido dicho órgano directivo en relación con el Concurso en cuestión. Una vez delimitado el alcance de su petición, conviene recordar que el artículo 24 LTPA dispone que todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública sin más limitaciones que las contempladas en la Ley. Esto supone que rige una regla general de acceso a la información pública que sólo puede ser modulada o limitada si se aplican, motivadamente y de forma restrictiva, alguno de los supuestos legales que permiten dicha limitación, lo que no opera en el caso que nos ocupa. Por otra parte, el artículo 2 a) LTPA entiende por información pública “los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguna de las personas y entidades incluidas en el presente título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.” Por consiguiente, es incontrovertible que un documento de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública que contenga criterios interpretativos o consideraciones referidas al Concurso de Méritos de 2012 es información pública a los efectos de la LTPA, por lo que el órgano reclamado ha de ofrecer dicha información, o en caso de que no exista, ha de poner en conocimiento de la reclamante esta circunstancia. Cuarto. En lo concerniente a las restantes peticiones objeto de la solicitud, este Consejo considera que las consultas planteadas no se refieren a cuestiones que previamente estén documentadas, sino que la respuesta a las mismas precisa de la confección de un documento ad hoc, a saber, un informe relativo a cómo se aplican los criterios, a los derechos de funcionarios de otras Comunidades Autónomas, aclaraciones sobre aplicación de méritos y a la equivalencia de un grupo (A 10) con otros. En definitiva, dichos extremos incurren, al parecer de este Consejo, en la causa prevista en el artículo 18.1 c) LTAIBG, que establece que “[s]e inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes: [r]elativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.” A este respecto, la Sentencia de 24 de enero de 2017, de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, dictada en el recurso de apelación 631/2016, argumenta en su Fundamento de Derecho Cuarto lo siguiente: “(...) el derecho a la información no puede ser confundido con el derecho a la confección de un informe por un órgano público a instancia de un particular. Es por ello por lo que el mencionado art.18.1.c) permite la inadmisión de una solicitud cuando la información que se solicita requiere una elaboración y tarea de confección por no ser fácilmente asequible acceder a ella, pero sin que ello signifique deba ser objeto de una interpretación amplia. Por consiguiente, es indiferente que dicha información obre en poder de la Administración o ente público encargada de dispensarla. Y en estos términos hay que interpretar el art.13 de dicha Ley [19/2013]”. En conclusión, y en la medida en que para satisfacer la pretensión del solicitante sería imprescindible la elaboración de un nuevo documento, resulta, en efecto, de aplicación al presente caso la causa de inadmisión prevista en el art. 18. 1 c) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en virtud del cual se inadmitirán a trámite la solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. En virtud de los Antecedentes y Fundamentos Jurídicos citados se dicta la siguiente RESOLUCIÓN Primero. Estimar parcialmente la reclamación interpuesta por XXX contra la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, por denegación de información pública. Segundo. Instar a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía a que, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente al que se le notifique la presente resolución, ofrezca a la reclamante la información según lo expuesto en el Fundamento Jurídico Tercero, dando cuenta de lo actuado, a este Consejo, en el mismo plazo.