Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
El reclamante solicitó a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública información legal y reglamentaria sobre la responsabilidad patrimonial y una audiencia personal. La Conselleria denegó la audiencia y alegó que la información ya había sido facilitada. El Consell de Transparència de la Comunitat Valenciana decide inadmitir la reclamación por no ser una solicitud de acceso a la información pública.
La reclamante solicitó al Ayuntamiento de Alcázar de San Juan informes detallados sobre horas extraordinarias de 2016 y el primer trimestre de 2017. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación: la información de 2016 ya había sido entregada en una solicitud previa y la de 2017 no es información pública existente, sino un informe ad hoc que requiere elaboración.
El ciudadano solicitó a la Universidad de Santiago de Compostela información detallada sobre expedientes disciplinarios. La administración denegó parcialmente la solicitud alegando necesidad de reelaboración de datos y límites de confidencialidad. La Comisión da Transparencia de Galicia estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la relación de expedientes de los puntos a y b.
El ciudadano solicitó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el detalle desagregado de las denuncias anónimas recibidas en el buzón de lucha contra el fraude laboral. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la información requerida exigiría una labor de reelaboración y búsqueda específica que no es obligatoria para la Administración.
El Comité de Empresa de la Agencia EFE solicitó al organismo información sobre colaboradores, contratos, retribuciones y gastos. La administración denegó parcialmente el acceso alegando protección de datos e intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que el solicitante ejercía abusivamente el derecho de acceso para cumplir funciones sindicales, un ámbito que debe resolverse por cauces laborales específicos y no mediante la Ley de Transparencia.
Se solicitó información sobre la identificación de médicos en historias clínicas y las funcionalidades de edición del software de soporte al Servicio de Salud del Principado de Asturias. El interesado alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: ordenó entregar la información sobre identificación de profesionales, pero denegó la relativa a la valoración de la adecuación del software.
La ASOCIACIÓN APEDANICA solicitó a la AEPD información sobre sanciones a Google, importes recaudados, agendas de cargos públicos y estadísticas globales de recaudación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la AEPD ya había respondido a casi todo y la información estadística restante requeriría una reelaboración de datos.
El solicitante pidió al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital información detallada sobre contratos de publicidad institucional y ayudas a medios (2013-2016). Alegó que los enlaces proporcionados eran insuficientes y ocultaban el reparto real de fondos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide suspender la resolución hasta que haya sentencia judicial por litispendencia.
Se solicitó al Cabildo Insular de Gran Canaria información y copias del Plan de Movilidad y del Informe de Viabilidad del tren de Gran Canaria. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia estima parcialmente la reclamación: ordena entregar el Informe de Viabilidad, pero desestima lo relativo al Plan de Movilidad por ser información inexistente al no haber sido licitado.
El ciudadano solicitó a la Deputación Provincial de Lugo la relación de contratos publicitarios con medios de comunicación desde 2015. La administración inadmitió la solicitud alegando falta de condición de interesado, carácter abusivo y necesidad de reelaboración. La Comisión da Transparencia estima la reclamación y ordena entregar la información.
El sindicato IAC-CATAC solicitó al Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat el listado de puestos de trabajo (RLT) con sus complementos retributivos. El Ayuntamiento alegó que la información no estaba disponible y dependía de una nueva aplicación informática. La GAIP estima la reclamación porque la RLT es una obligación de publicidad activa y no puede usarse la complejidad de su elaboración para denegar el acceso.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad un listado histórico de medicamentos con problemas de suministro (2012-2017). La administración denegó la solicitud alegando que requeriría una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación, considerando que se trata de datos ya publicados que no requieren nueva elaboración.
El reclamante solicitó al Ayuntamiento de Madrid información sobre objetivos de políticas de multas, desglose de recaudación anual desde el año 2000 y datos de inversión en prevención de accidentes. El Ayuntamiento denegó o inadmitió parte de la solicitud por requerir reelaboración o falta de competencia. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación.
Se solicitó al Ayuntamiento de Castelldefels el desglose de multas por ejercer y solicitar prostitución (2009-2016). El solicitante alegó que otros ayuntamientos sí facilitan dicha información. La GAIP desestima la reclamación porque la información solicitada no existe en los archivos municipales, ya que la ordenanza y las denuncias no distinguen entre ambas actividades.
Se solicitó al Ayuntamiento de Batea el detalle de dietas y kilometrajes del Alcalde (2007-2010) en formato digital. El Ayuntamiento ofreció la consulta presencial en papel alegando entorpecimiento del funcionamiento. La GAIP estima la reclamación porque la administración no justificó la complejidad del formato digital ni motivó el cambio de formato mediante resolución.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social las bases de cotización de trabajadores en excedencia por cuidado de hijos (2005-2016). El solicitante alegó que la protección de datos no impide el acceso a datos anonimizados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por requerir una reelaboración de la información.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Puerto del Rosario datos sobre licencias, contratos e informes de morosidad. Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la entrega de datos no categorizados.
La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas solicitó al Ayuntamiento de Tinajo información sobre licencias, contratos, morosidad y requerimientos de intervención (2016-2017). Ante el silencio administrativo, el Comisionado de Transparencia de Canarias estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la información existente, aunque matiza la entrega de datos no categorizados.
Un sindicat solicitó a la Dirección General de Función Pública (DGFP) información sobre ofertas de trabajo en el portal Atri. La DGFP inadmitió la solicitud por complejidad técnica. La GAIP estima parcialmente la reclamación, anulando la inadmisión por incompetencia del órgano y ordenando retrotraer el procedimiento para derivar la solicitud a los departamentos competentes.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Empleo y Seguridad Social datos desglosados por cuerpos inspectores sobre la actividad de la ITSS (2005-2016). La administración denegó inicialmente alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que el Ministerio acabó facilitando la información durante el proceso.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Madrid el detalle desglosado de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial de 2016. La administración facilitó datos globales pero denegó el desglose alegando reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al confirmar que la información requiere un tratamiento manual y una revisión expediente a expediente.
Se solicitó a la FGSHSCSP diversa información sobre protocolos de urgencias, precios y facturación con la empresa ICPA. Tras un acuerdo parcial en mediación, la GAIP resuelve estimar el acceso a la información restante (facturas e importes globales), rechazando que la solicitud fuera abusiva o requiriera una tarea compleja de elaboración.
La Sección Sindical de CC.OO. solicitó a la Agencia EFE información detallada sobre la evolución económica y de plantilla de un ERE. La administración alegó reelaboración de datos y protección de datos personales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar la información sobre el cuadro económico, ascendidos, vacantes y plantilla.
La Sección Sindical de CCOO en la Agencia EFE solicitó información económico-financiera a la empresa. Al no recibir respuesta, interpuso reclamación ante el CTBG. La administración alegó carácter abusivo, necesidad de reelaboración y protección de intereses económicos. El CTBG estimó parcialmente la reclamación, ordenando facilitar datos sobre gastos, salarios de altos cargos y variaciones financieras, al considerar que el interés público en la transparencia de fondos públicos prevalece sobre las limitaciones no suficientemente justificadas.
El reclamante solicitó información detallada sobre normativa sancionadora, procedimientos disciplinarios y protocolos de prevención a la Universidad de Extremadura. La universidad alegó que la solicitud era abusiva y requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información que no requiere reelaboración.
El interesado solicitó a la Universidad de La Rioja información sobre normativa sancionadora, procedimientos disciplinarios, mecanismos de prevención de fraude y datos estadísticos de expedientes. La Universidad alegó que parte de la información requería reelaboración y que otra no existía. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación.
El interesado solicitó información detallada sobre normativa sancionadora, estadísticas de expedientes, mecanismos de prevención y protocolos de exámenes a la Universidad Rey Juan Carlos. Ante el silencio administrativo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega la información estadística por requerir reelaboración, pero ordena entregar la normativa y protocolos.
Un ciudadano solicitó a la Universidad Complutense de Madrid una amplia serie de datos sobre normativa sancionadora, procedimientos, inspección y prevención de conductas como el bullying o fraude en exámenes. La Universidad alegó que parte de la información era reservada y remitió a la web. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
Se solicitó a la Universidad Politécnica de Madrid información estadística y normativa sobre procedimientos sancionadores, prevención de fraude, inspección y mediación. El interesado alegó silencio administrativo. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación: denegó lo que requiere reelaboración o no existe, pero ordenó entregar la información sobre prevención, exámenes y mediación.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el acceso a las bases de datos de sustancias en el agua por municipio. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información ya es accesible a través de la base de datos pública SINAC.
El solicitante pidió al Ministerio de Empleo y Seguridad Social datos sobre centros de atención, población censada, gestión de actividades y plantillas de las Consejerías en el exterior. El Ministerio denegó parcialmente alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar las relaciones de puestos de trabajo.
El interesado solicitó a la Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid datos específicos (código postal, fecha, renta, fianza y referencia catastral) de los contratos de arrendamiento. La Agencia inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaborar la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requiere un tratamiento manual y técnico que constituye una reelaboración.
El interesado solicitó acceso a la información relativa a la ejecución presupuestaria de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La administración denegó la información alegando que el acceso a datos de ejecución presupuestaria requiere una labor de elaboración y análisis que no le corresponde. El Consejo de Transparencia de Castilla-La Mancha estimó la reclamación.
El ciudadano solicitó a Correos, S.A. la lista de productos y sus condiciones contractuales. El interesado alegó que la web era incompleta y contradictoria. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la información ya es pública en la web y la creación de un documento único requeriría una reelaboración previa.
La Plataforma Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia solicitó información financiera, institucional y jurídica a la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores de España. Ante la falta de respuesta, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar datos sobre subvenciones y registro, pero denegando presupuestos y cuentas anuales por ser de derecho privado.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda e Información el importe aflorado por contribuyentes que presentaron los modelos 750 y 720. Alegó que la respuesta recibida no correspondía a lo solicitado. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque proporcionar dicha información requeriría una reelaboración de los datos.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Hacienda y Función Pública el número de contribuyentes y los importes aflorados de quienes aparecieron en la lista Falciani (2010) y presentaron el modelo 750 (2012). El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación, validando la inadmisión por requerir una reelaboración de datos no normalizados.
El solicitante pidió al Ministerio de Justicia datos estadísticos históricos sobre servicios de interpretación en causas penales en España y Aragón. El Ministerio inadmitió la solicitud por requerir reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información no está disponible de forma agregada y su obtención exigiría una elaboración expresa.
Se solicitó a la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad (SMAS) la relación de multas ambientales 2007-2017. El ciudadano alegó que la información facilitada era parcial. La GAIP desestima la reclamación porque la extracción manual de los importes de más de 40.000 expedientes supondría una carga de trabajo desproporcionada, justificando el cambio al formato de consulta presencial.
El interesado solicitó al Ayuntamiento de Alcalá de Henares el número de plazas ofertadas en el turno de discapacidad desde 2002. La administración alegó que la información ya era pública y que facilitarla requería una reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, señalando que la información es pública y que la publicidad activa no exime de la obligación de acceso.
El ciudadano solicitó a la Oficina Económica del Presidente una relación de documentos formales elaborados entre enero de 2016 y mayo de 2017. El solicitante alegó falta de motivación en la denegación inicial. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación por considerarse que la solicitud requiere una acción previa de reelaboración de la información.
Se solicitó al Ministerio del Interior información estadística desglosada sobre delincuencia (robos, violencia de género, etc.) en varios municipios para los años 2014-2016. El recurrente alegó que los datos no requerían reelaboración pues constan en actas de juntas de seguridad. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la solicitud exige una acción previa de reelaboración.
El interesado solicitó información sobre las causas y responsables de la demora en la publicación del Real Decreto 954/2015 en el BOE. Tras una respuesta inicial de la administración, el ciudadano reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Consejo desestimó la reclamación porque lo solicitado no constituye información pública, al no existir plazos legales de publicación ni documentación que justifique una supuesta demora.
Un particular solicitó información sobre el régimen disciplinario y procedimientos sancionadores a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La Universidad no respondió, alegando posteriormente que la solicitud requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación: deniega los datos estadísticos por requerir reelaboración, pero ordena entregar la normativa y protocolos.
El interesado solicitó un listado de los stands que operan en la red ferroviaria de Metro de Madrid entre 2012 y 2016 a la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid. La administración alegó que la información no existe y requeriría una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al confirmar que la solicitud exige una elaboración ad hoc.
El ciudadano solicitó a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda información sobre contratos de mantenimiento y facturación de la Urbanización Las Armas. Ante la inactividad de la entidad, el Consejo de Transparencia de Aragón estima la reclamación, obligando a la sociedad a facilitar la información al no concurrir causas de inadmisión.
Se solicitó al INSS y a la TGSS información sobre el Real Decreto 1108/2007 (memorias, dictámenes y resoluciones de aplicación). La recurrente alegó que la administración no respondía adecuadamente y que existía un conflicto de competencias. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que parte de la información requiere reelaboración y otra fue por desistimiento.
Se solicitó a Puertos del Estado la relación detallada de expedientes de dos reuniones de la Comisión Negociadora del II Convenio Colectivo. El interesado alegó que la respuesta incumplía los criterios del CTBG sobre reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación porque la solicitud requería elaborar un documento nuevo mediante el filtrado y ordenación de datos.
El solicitante pidió a Puertos del Estado una relación detallada de expedientes de reconocimiento de perfiles profesionales. La administración inadmitió la solicitud alegando que la información no constaba y debía elaborarse. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación, confirmando que la solicitud requería una acción de reelaboración.
El ciudadano solicitó al Ministerio de Economía y Competitividad una comparativa de campañas de renta (2014-2016). Alegó silencio administrativo y respuesta insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación porque la administración no dispone de medios técnicos para extraer los datos específicos de fechas pasadas sin reelaborar la información.
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