Causas que permiten inadmitir a trámite una solicitud de acceso a información pública.
Se solicitó información técnica sobre el sistema de CCTV (grabación de audio y análisis inteligente) del Centro penitenciario de Pamplona al Ministerio del Interior. El ciudadano alegó que la denegación era genérica y carecía de motivación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al no haberse entregado la información directamente al interesado.
Se solicitó a ADIF información detallada sobre el uso de la infraestructura ferroviaria para transporte de mercancías (empresas, trayectos, mercancía, toneladas, cánones y fechas). El interesado alegó que la respuesta de ADIF era insuficiente y que los límites invocados no estaban justificados. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información solicitada requiere una reelaboración previa.
Se solicitó al IDAE el detalle individualizado de cada operación de compraventa y achatarramiento vinculada a los Planes PIVE desde 2012. El IDAE denegó el acceso alegando reelaboración, carácter abusivo y afectación a intereses comerciales. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la solicitud es abusiva por su volumen y falta de justificación.
El interesado solicitó al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el detalle de las quejas y sugerencias recibidas en 2015 y 2016. La administración alegó que la información estaba en curso de elaboración y requería reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, ordenando la entrega de la documentación debidamente anonimizada.
Se solicitó a la AEAT información sobre cantidades liquidadas por deuda tributaria e identificación de deudores de los planes PIVE y 2000E. La AEAT alegó que no disponía de la información desglosada y la inadmitió por no ser competente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, obligando a la entrega del número de cartas remitidas por año.
El interesado solicitó al Servicio Murciano de Salud información sobre la gestión de las bolsas de trabajo del cupo de discapacidad (orden, puntuación y contratos) y su publicación en la web. La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de la Región de Murcia estima la reclamación por considerar que la información debe ser pública y transparente.
Se solicitó a RTVE el desglose de gastos de la gala de Nochevieja 2015, incluyendo costes de presentadores, personal y subcontratas. La administración denegó el acceso alegando protección de datos, intereses comerciales y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar los gastos de eventos, contratos y el régimen de contratación de presentadores.
Se solicitó al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación información sobre el número de solicitudes de voto por correo y votos en urna en oficinas consulares (Elecciones 2015). El Ministerio denegó el acceso alegando falta de competencia y reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación y ordena retrotraer las actuaciones para que el Ministerio remita la solicitud al órgano competente.
El interesado solicitó acceso al expediente completo de la obra del nuevo enlace en la AC-415 con el puerto de A Coruña al Ministerio de Fomento. El Ministerio denegó el acceso alegando protección de datos, confidencialidad en la toma de decisiones, información auxiliar y necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de la Presidencia un listado detallado de solicitudes enviadas por el Portal de la Transparencia. La administración denegó parte de los datos alegando que requerían una labor de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales al haberse facilitado información adicional durante el trámite.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Lleida el detalle de denuncias y sanciones archivadas entre 2010 y 2015, incluyendo la identificación de cargos públicos. El Ayuntamiento alegó dificultades técnicas y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, ordenando la entrega de los datos anonimizados y una lista nominal restringida de los cargos públicos.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Lleida información sobre expedientes sancionadores archivados entre 2010 y 2015, incluyendo la identificación de cargos públicos. La GAIP estima parcialmente la reclamación, ordenando la entrega de una lista detallada anónima y una lista nominal restringida de cargos públicos para garantizar la fiscalización sin vulnerar la intimidad.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Lleida información sobre expedientes sancionadores archivados entre 2010 y 2015. El Ayuntamiento alegó dificultades técnicas y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar los datos detallados sin identidad de personas físicas, pero permitiendo una lista nominal de cargos públicos con el número de expedientes archivados.
Un grupo municipal solicitó al Ayuntamiento de Lleida el detalle de denuncias y sanciones archivadas entre 2010 y 2015, incluyendo la identificación de cargos públicos. El Ayuntamiento alegó dificultades técnicas y protección de datos. La GAIP estima parcialmente la solicitud, obligando a entregar una lista detallada anónima y una lista nominal restringida de los cargos públicos.
Se solicitó al Ministerio de Fomento (ADIF) una relación de obras y proyectos suspendidos entre 2013 y 2016, sus motivos, duración y fechas de reactivación. La administración alegó que la información no era de publicación preceptiva y que su entrega requeriría una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por considerar que la información ya consta en poder de ADIF.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de internos en colectivos especiales (Fuerzas de Seguridad y Funcionarios de Instituciones Penitenciarias) desglosado por tipo de delito. La administración alegó que la información requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el fichero FIES permite dicha identificación.
El interesado solicitó al Ministerio de Defensa datos estadísticos sobre suicidios, incapacidades por enfermedades mentales y bajas por estrés postraumático en militares. El ciudadano alegó inicialmente silencio administrativo y luego la denegación de acceso a ciertos puntos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información solicitada requiere una reelaboración.
Se solicitó información detallada sobre un convenio ferroviario en Navia (convenio, expedientes de contratación e inversiones) al Ministerio de Fomento (ADIF). El interesado alegó silencio administrativo sobre varios puntos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima parcialmente la reclamación, ordenando entregar la información relativa a la inversión ejecutada y reclamada.
Se solicitó al Ayuntamiento de Cabrils un listado digital de facturas de 2015. La administración denegó inicialmente la petición alegando que requería la elaboración de listados ad hoc. Tras la reclamación ante la GAIP, el Ayuntamiento entregó la información, por lo que la GAIP decide finalizar el procedimiento por pérdida de objeto al darse el solicitante por satisfecho.
La Fundación Social Ignacio Ellacuria solicitó al Ministerio del Interior diversas estadísticas sobre extranjería. La administración denegó parte de la información alegando la necesidad de reelaborar datos y proteger las relaciones exteriores. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el número de expedientes de devolución tramitados en 2015.
El solicitante pidió al Ministerio de Economía y Competitividad el coste final de obras superiores a 50.000€ entre 2009 y 2015 en formato accesible. El Ministerio respondió remitiendo enlaces a la Plataforma de Contratación. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, al considerar que la respuesta inicial fue parcial y no atendió toda la petición.
Se solicitó al Ministerio del Interior la base de datos completa y desagregada del Registro Central de Sanciones Deportivas. El interesado alegó que la respuesta de la administración (remitir a un anuario estadístico con datos agregados) era insuficiente y no respondía a lo pedido. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información requerida exigiría una reelaboración.
Se solicitó al Ministerio del Interior información sobre el número de vigilantes de seguridad privada en centros penitenciarios, desglosados por centro, número de vigilantes armados, empresas adjudicatarias y su número de empleados. El reclamante alegó que la respuesta era incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó parcialmente la reclamación, ordenando entregar el dato de vigilantes armados.
El reclamante solicitó al Ministerio del Interior la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de Instituciones Penitenciarias (2010-2016) desglosados por centros y anualidades. La administración alegó que la información requería una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que el Ministerio puede extraer los datos sin esfuerzo extraordinario.
El solicitante pidió al Ministerio del Interior la relación de puestos de trabajo de funcionarios de Instituciones Penitenciarias amortizados (2010-2016) desglosados por centros y anualidades. La administración alegó que la información requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación, considerando que el Ministerio puede extraer los datos del Registro Central de Personal.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de funcionarios jubilados por incapacidad permanente tras accidentes en acto de servicio en 2015. El interesado alegó que la administración no respondió adecuadamente y que la información ya existe en informes previos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales.
Un miembro de la ACAIP solicitó al Ministerio del Interior datos desglosados (años, centros y empresas) sobre expedientes sancionadores a empresas de mantenimiento penitenciario (2010-2015). La administración inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información solicitada requiere una acción previa de reelaboración.
Se solicitó al Ministerio del Interior el número de vigilantes de seguridad privada (altas y bajas) en centros penitenciarios desde 2013, desglosado por años. El reclamante alegó que la respuesta era incompleta. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación por considerar que la información facilitada es suficiente y que la desagregación exacta no es necesaria.
Un representante de la ACAIP solicitó al Ministerio del Interior el número de internas a las que se les aplicó el art. 75.1 del Reglamento Penitenciario en 2015, desglosado por centros. La administración inadmitió la solicitud alegando que requiere reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que extraer y cruzar esos datos constituye una reelaboración.
Un representante de ACAIP solicitó al Ministerio del Interior el número de internos sancionados por infracciones disciplinarias en 2015, desglosado por tipo de falta y centro. El Ministerio inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información efectivamente requiere una acción previa de reelaboración.
Una entidad solicitó al Ayuntamiento de Les Masies de Voltregà diversas facturas de proveedores, expedientes de obras y espacios en el boletín municipal. El Ayuntamiento denegó el acceso alegando falta de interés público y complejidad de elaboración. La GAIP estima parcialmente la reclamación, reconociendo el derecho a la información económica y expedientes, pero desestima la solicitud de espacios publicitarios.
Se solicitó a la Universidad de Oviedo información académica (notas, convocatorias), quejas sobre una profesora, cambios de grupo y sus retribuciones. El reclamante impugnó la respuesta por considerarla genérica e insuficiente. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación: considera que los datos académicos requieren reelaboración, que las quejas no existen y que las retribuciones están protegidas por privacidad.
El ciudadano solicitó al Servicio Andaluz de Empleo datos provincializados y totales sobre el número de trabajadores con contrato indefinido y de obra o servicio (especificando antigüedad y tipo de relación). La administración inadmitió la solicitud alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar la mayoría de los datos.
El ciudadano solicitó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la anulación de una cláusula de un pliego de condiciones y la base legal para ejecutar obras de dragado. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la primera petición no es una solicitud de información y la segunda requeriría la reelaboración de un documento inexistente.
El ciudadano solicitó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la base legal para ejecutar obras de dragado y la anulación de una cláusula de un pliego. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la solicitud de anulación excede el ámbito de la ley de transparencia y la petición de base legal requiere una reelaboración de información.
El ciudadano solicitó a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía la base legal para ejecutar obras de dragado y la anulación de una cláusula de un pliego. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía inadmitió la reclamación porque la solicitud de anulación excede el ámbito de la ley de transparencia y la petición de base legal requeriría una reelaboración de información.
Se solicitó a la Direcció General de la Funció Pública el número de funcionarios de la Generalitat con incapacidades reconocidas por el INSS. El ciudadano alegó que la información existía en expedientes personales. La GAIP desestimó la reclamación porque la obtención de los datos requeriría una tarea compleja de reelaboración al no estar en bases de datos informatizadas.
El solicitante pidió estadísticas sobre expulsiones de extranjeras en el País Vasco (2010-2015) al Ministerio del Interior. La Dirección General de la Policía inadmitió la solicitud alegando que requería una reelaboración de datos. Tras la reclamación, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, ya que la administración facilitó la información tras el recurso.
Se solicitó al Ministerio del Interior estadísticas sobre el internamiento de extranjeros procedentes del País Vasco (2010-2015) desglosadas por sexo, provincia y motivo. La Dirección General de la Policía inadmitió la solicitud alegando la necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestimó la reclamación al considerar que la información sí requería una elaboración expresa.
Un miembro de la ACAIP solicitó al Ministerio del Interior datos sobre deducciones salariales por incapacidad temporal de empleados penitenciarios. La administración denegó el acceso alegando que la información requería una reelaboración compleja. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decidió inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo.
Un miembro de la ACAIP solicitó datos sobre el número de aspirantes por rangos de edad que superaron procesos selectivos de Instituciones Penitenciarias desde 2010. La administración denegó el acceso alegando la necesidad de reelaboración de datos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno decide inadmitir la reclamación por haber sido presentada fuera de plazo (extemporánea).
Un miembro de ACAIP solicitó al Ministerio del Interior datos sobre efectivos y horarios de limpieza en centros penitenciarios. La administración denegó el acceso alegando que la información requeriría una reelaboración excesiva. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación por motivos formales, al considerar que la administración debió remitir al interesado a los centros competentes.
Se solicitó información sobre rutas de transporte, autobuses y costes de adjudicación anual del servicio de transporte para personal de centros penitenciarios al Ministerio del Interior. La administración alegó que la solicitud requería una reelaboración de datos que supondría un despliegue ingente de recursos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación.
Un miembro de la ACAIP solicitó al Ministerio del Interior datos sobre ingresos de internos procedentes de libertad en 2015 desglosados por CCAA. La administración denegó el acceso alegando necesidad de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información ya consta en las estadísticas mensuales enviadas periódicamente al sindicato.
El interesado solicitó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas datos estadísticos sobre el acceso al Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información en los últimos 25 años. Tras la denegación parcial de un punto por requerir reelaboración, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación al considerar que la información sí exige un análisis complejo.
Un miembro de la agrupación ACAIP solicitó al Ministerio del Interior el número de internos en el fichero FIES, desglosados por grado y grupo. La administración denegó el acceso alegando que requería una reelaboración excesiva de datos y un uso abusivo del derecho. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la información ya existe en la base de datos.
El interesado solicitó acceso a dos resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado sobre honorarios arancelarios. El Ministerio de Justicia denegó el acceso alegando que la información estaba en proceso de publicación/reelaboración. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que la anonimización no constituye reelaboración.
XXX solicitó a la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación el número de plazas escolares ofertadas y ocupadas en Andalucía. La administración denegó la solicitud alegando que requería una acción de reelaboración. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía estima parcialmente la reclamación, obligando a entregar los datos de plazas ofertadas.
El interesado solicitó al Ministerio del Interior datos sobre fallecimientos, indemnizaciones e incidentes en centros penitenciarios (2005-2015), desglosados por centro. El Ministerio alegó que la desagregación requería una reelaboración de la información. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estimó la reclamación al considerar que solo es un reordenamiento de datos existentes.
La Fundación Ciudadana Civio solicitó al Ministerio de Fomento datos detallados sobre contratos, importes ejecutados y estado de las obras de la línea AVE Antequera-Granada. La administración (ADIF) respondió con enlaces genéricos. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno estima la reclamación por motivos formales, debido al incumplimiento de los plazos de resolución por parte de la administración.
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